El fallecimiento de la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar de la educación Rubén Rodríguez luego de la explosión de una garrafa en la Escuela Primaria 49 de Moreno son el emergente trágico de una larga crisis edilicia que afecta a la enorme mayoría de los establecimientos educativos.
Luego del primer relevamiento que realizó el gobierno de Vidal en 2016, Finocchiaro difundió que 8 de cada 10 escuelas presentaba falencias edilicias de distinto tipo. Si bien ello fue alegado como parte de la “herencia” de la gestión Scioli, la realidad es que en estos dos años no han hecho más que agravar esa crisis.
A fines del año pasado, Sánchez Zinny anunció la disolución de la Unidad Ejecutora Provincia (UEP) despidiendo a sus 380 trabajadores, la mayoría de ellos profesionales a cargo de la planificación de las obras de construcción y refacción de escuelas. Más cerca en el tiempo, se viralizó un audio del titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, donde pedía a su secretaria que dibuje los presupuestos para la construcción de 79 cocinas de forma de obtener un sobreprecio de más de 20 millones de pesos. Ello, en medio de la persecución a los trabajadores de la DPI que pelean por el pase a planta y sus condiciones laborales. Mientras los trabajadores encargados de refaccionar escuelas no tienen presupuesto, ni obras asignadas, el presupuesto educativo es embolsado por los funcionarios de Vidal y Sánchez Zinny. No sería de extrañarse que parte de los fondos ingresados a la campaña de Cambiemos 2017 vía aportistas truchos sean fondos públicos desviados de las escuelas públicas por mecanismos como estos.
Esta política de vaciamiento de las áreas que se encargan de la infraestructura escolar ha agravado una situación que ya contaba con antecedentes trágicos. En 2015, en la localidad de Tres Lomas, un trabajador de Mantenimiento murió tras romperse la escalera que le había prestado en el Consejo Escolar del distrito, ya que la Dirección envía a sus empleados a realizar trabajos sin las más elementales herramientas.
Es por esta política que si bien hace cuatro años que venimos insistiendo desde la banca del FIT con un proyecto de emergencia edilicia escolar (que establece un plan de obras bajo control de la comunidad educativa), el mismo ha sido cajoneado sistemáticamente desde el gobierno de Scioli hasta el de Vidal. El control de los sindicatos docentes, de los trabajadores de la educación y los centros de estudiantes sobre el presupuesto, la planificación y la ejecución de las obras se da de patadas con un régimen de vaciamiento y negociados alrededor de los fondos de infraestructura, que tiene en el Fondo Educativo que manejan a discreción los municipios su peor expresión.
El comunicado difundido por los Sutebas Multicolor, que denuncia que Sánchez Zinny y Vidal “mandan a los inspectores a apretar contra los paros, pero ninguno de esos funcionarios jamás pone un pie en las escuelas para ver las pésimas condiciones en las que trabajamos”, pinta de cuerpo entero la orientación que los convierte en responsables políticos de estos asesinatos laborales.
La lucha contra el derrumbe edilicio de los establecimientos educativos ha sido repetidas veces motivo de movilizaciones docentes y de puesta en pie de coordinadoras estudiantiles que se conformaron para pelear por ello. Solo esa lucha puede revertir la crítica situación, terminar con las muertes de trabajadores y conquistar condiciones dignas en los lugares de estudio.
Guillermo Kane
Legislador provincial por el Partido Obrero-Frente de Izquierda
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