El juez federal Adrián Charvay se niega a unificar las causas por reducción a la servidumbre y explotación infantil contra la empresa, involucrada en el deceso de un chico de seis años.
El poder es impunidad. Esto queda claro en el caso de la mayor empresa productora y exportadora de huevos en Argentina. Es que la impunidad de la empresa Nuestra Huella S.A. denunciada por trata de personas, esclavitud y explotación de niños no termina de desmoronarse. No pudo ni siquiera el escándalo nacional por la muerte de un niño de seis años, Ezequiel Ferreyra, filmado cuando tenía cuatro años recolectando huevos en un inmenso galpón con miles de gallinas, pisando descalzo el guano de las aves y reconociendo él mismo que manipulaba veneno.
Miradas al Sur supo por el abogado penalista de las víctimas explotadas en las granjas avícolas de Pilar, provincia de Buenos Aires, que los dueños de Nuestra Huella jamás fueron llamados a indagatoria. María Esther García de Luaces, su hija Luz Luaces y Alejandra López Camelo nunca dieron explicaciones en la Justicia. El actuar en su empresa fue registrado en reiterados allanamientos –el primero en el 2008– y hasta por cámaras ocultas realizadas por la Fundación Alameda desde agosto 2008, y sucesivamente en el 2009 y 2010.
Asimismo Mario Ganora, que representa la querella del trabajador y delegado gremial Agustín Navarro Farías, comentó que se presentaron medidas al juez donde tramita la causa iniciada por violación a la leyes de trata de personas y régimen de residuos peligrosos. En el escrito presentado por el abogado de la víctima se solicita unificar causas paralelas que recopilan cuantiosa pruebas. El juez se niega. Puntualmente se solicitó al juzgado federal N° 2 de Campana, a cargo de Adrián Charvay, dar vista de los expedientes contra Nuestra Huella que tramitan en la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2 por reducción a la servidumbre y explotación infantil.
“Transcurrido el tiempo y el estado de alerta de la empresa es muy difícil que en los últimos allanamientos surjan pruebas contundentes”, dice Carlos Beizhun, otro de los abogados de la Fundación Alameda que asesora a los trabajadores de las granjas. “La escena de los delitos hoy está modificada; por eso estamos solicitando el expediente con los primeros allanamientos. La próxima semana presentaremos otro nuevo escrito para ver vista de los expedientes paralelos.” Quedó registrado en filmaciones –que este medio ya difundió– que los allanamientos son avisados con varios días de anticipación. Entonces retiran a los chicos de los galpones, se colocan ropa de trabajo y esconden los agrotóxicos.
El primer allanamiento a Nuestra Huella ocurrió el 16 de abril de 2008 en la localidad de Capilla del Señor, ubicada en el departamento de Exaltación de la Cruz, cerca de Pilar. La Justicia descubrió en ese momento que alrededor de 30 personas, entre ellas 20 niños, trabajaban en situación de servidumbre y bajo condiciones insalubres. Durante el allanamiento, el fiscal de Zárate-Campana Juan José Maraggi confirmó que la productora y proveedora de huevos “electrificaba el perímetro por la noche” para que nadie saliera ni entrara; que en cada galpón trabajaba “de 7 a 21 hs. todo un grupo familiar, incluso niños de cinco a diez años”, y que cada familia –siete en total– cobraba 800 pesos.
Justamente las pruebas recolectadas por el fiscal Maraggi –entre ellas el peritaje de Gendarmería por anfetaminas que la empresa daba a los trabajadores para acelerar y mantener sus tareas– son las que el juzgado federal N° 2 rechaza unificar con su causa. Respecto a la trata existen testimonios que demuestran la metodología de captación por parte de la empresa. “Vos venís de Paraguay o Bolivia, entonces la empresa te dice que traigas gente de allá y por eso te pagan más”, expresó Oscar Taboada, el primer trabajador que denunció a Nuestra Huella y que luego fue despedido.
Las dos causas laborales por reincorporación de Navarro Farías y Taboada, como por sus esposas, también son solicitadas para que sean vistas por el juzgado federal N° 2 de Campana. El primer trabajador fue echado por recorrer las granjas haciendo activismo sindical. Su causa avanzó y según el abogado laboralista con oficina en Pilar, Pablo Sernani, tiene confirmado por un tribunal de Cámara el regreso a su puesto laboral en la granja La Escondida, si fuera necesario hasta con la fuerza pública. Según expresó el propio trabajador a este medio, la Justicia mandó a la policía bonaerense del Parque Industrial a efectivizar la reincorporación “pero pasa que son los mismos policías que reciben los maples de huevos todas las semanas. Así que dudo que cumplan con la orden”, contó el joven paraguayo Agustín Navarro Farías.
También el abogado querellante solicitó al juez Charvay estudios sobre el agua y el suelo en las granjas. Lo hizo amparándose en la ley de residuos peligrosos que penaliza a quien utilizando residuos que “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. En el artículo 55 se agrega que “si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25) años de reclusión o prisión”. Esther García de Luaces, su hija Luz y la presidenta de Nuestra Huella Alejandra López Camelo conocían muy bien a Ezequiel Ferreyra. El nene falleció el 16 de noviembre cuando fue recluido en el Centro Gallego, un sanatorio con convenio con la patronal.
Para que no cante el gallo. Desde la avanzada de La Alameda que forzó algunas actuaciones de la Justicia, el pánico se apoderó de las empresarias. Ellas quieren evitar que más trabajadores cuenten en Tribunales las condiciones laborales y se unan a los pocos trabajadores que vienen denunciando y organizándose gremialmente en la agrupación Unión de Trabajadores de Granjas Avícolas (Utga). Por eso, las primeras medidas que tomaron fue pagar los sueldos a las madres de familia (hasta entonces trabajaba toda la familia cobrando sólo el padre) y arreglar las viviendas de los trabajadores que están en las mismas granjas. Para los chicos, desde la Navidad y el fin de año de 2009 empezaron a hacer regalos, y hasta alquilaron un pelotero inflable.
Pero con la muerte de Ezequiel, la empresa se volcó con especial dedicación para acallar las voces de denuncia, y sobre todo de los familiares directos de Ezequiel. Para ello acompañaron el velorio y el cortejo fúnebre, además de haber recluido a Ezequiel en el Centro Gallego y –a casi un mes de su fallecimiento– haber pagado un asado. Oscar Taboada y María Garzón observaron la llegada de los cajones de cerveza y una ostentosa parrillada. “La madre y el padrastro de Ezequiel estaban con Zeferino Vieira (el capataz de la granja), uno de los gerentes de Nuestra Huella, César, y el abogado Seone dándose una panzada. Además le compraron un auto cero kilómetro”, relató Taboada, despedido pero con un amparo para vivir en la casa.
Eso no fue todo. La empresa montó en diciembre una farsa de entrevista televisiva con el padrastro de Ezequiel, Darío, en la puerta de su vivienda en la granja La Mimosa III. La filmación fue subida a Youtube. Allí Darío desmiente que Ezequiel trabajara, además salió en defensa de la empresa Nuestra Huella S.A y llegó hasta a agradecer a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. “La gente de Uatre estuvo espectacular.” Vale recordar que Jorge Herrera, secretario general de Uatre Pilar, es el cuñado de la presidente de la empresa, Alejandra López Camelo, que a su vez es prima hermana del intendente local, Humberto Zúccaro.
• Incautación de bienes
La Alameda propuso al gobernador Daniel Scioli un proyecto de ley y reforma al Código Procesal bonaerense para incautar los bienes de las empresas que esclavicen o exploten niños. Esta medida fue copiada de la legislación italiana. En el país europeo se creó por ley un ente autárquico que administra y monitorea los bienes confiscados por el Estado a los grupos mafiosos. Esto permite que se preserven los puestos laborales de empresas con origen mafioso, por ejemplo cementeras o hasta fincas en el campo, y que mediante cooperativas sean administradas en forma mixta con los gobiernos locales.
El gobernador bonaerense desde diciembre que no responde la iniciativa presentada en la Casa de la Provincia en Capital Federal. Una iniciativa similar fue la incautación de bienes a un fabricante textil esclavista. El juez federal Sergio Torres allanó un taller clandestino y a diferencias de los anteriores fallos determinó que las maquinas sean entregadas en comodato, hasta tanto concluya el proceso judicial, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). Esto permitió que varias cooperativas encabezadas por La Alameda presionaran al Gobierno de la Ciudad para la compra de un predio. Hace poco más de un año funciona en Barracas, Melgar 46, el Centro Demostrativo de Indumentaria, más conocido como Polo Textil, con capacidad para 200 costureros liberados de la industria textil esclava.
Prensa La Alameda / Miradas al Sur
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