Más revelaciones sobre el narcoavión

Gente de las fuerzas armadas y funcionarios del estado en el tráfico Todo se relaciona con todo" en el entramado de la mafia de los medicamentos.

Una y otra vez, por ejemplo, regresan los nombres de los tres traficantes asesinados en General Rodríguez y se revela una red sorprendente de vínculos entre aquellos crímenes, la muerte a tiros de dos narcos colombianos en un shopping de Martínez, los medicamentos adulterados y/o robados en las obras sociales sindicales, el contrabando de cocaína a España y el de todo eso con los caciques de la burocracia y el gobierno nacional.
Gustavo y Eduardo Juliá, se sabe, están detenidos en Barcelona junto con su piloto, Matías Miret, por tratar de introducir casi una tonelada de cocaína en el aeropuerto de El Prat. Sus empresas, Medical Jet y Federal Aviation, fundadas por el fallecido brigadier José Juliá para hacer negocios sucios con el gobierno de Carlos Menem, utilizaban sus aviones para estafar al Pami con traslados de jubilados que nunca se habían hecho y, ahora se sabe, para hacerles de "mulas" lujosas a carteles colombianos y mexicanos. Pues bien: uno de los ejecutivos de esas compañías, Gustavo Luaces, es socio de Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, uno de los traficantes asesinados en General Rodríguez.
Bellone está procesada, acusada de ejecutar maniobras financieras para lavar dinero procedente de la venta de remedios adulterados a las obras sociales de los sindicatos. Por cuerda separada, decenas de llamados telefónicos revelan los vínculos de Forza con Héctor Duque Zeballos, uno de los narcos colombianos acribillados en Martínez. Ahora, el fiscal Diego Grau tiene la casi certeza de que el sicario que le disparó a Duque Zeballos y a otro narco huyó del país en uno de los aviones de Medical Jet.
Gustavo Juliá, preso en Barcelona, fue nombrado gerente financiero del Pami durante el gobierno de Eduardo Duhalde. Así, pudo controlar personalmente los negociados comenzados por su padre en tiempos de Menem. Está probado que, desde entonces, burócratas sindicales de todas las facciones usaron los aviones de Medical Jet para sus viajes privados, igual que funcionarios del gobierno.
En 2003, esas estafas empezaron a salir a la luz. Juliá perdió su puesto en el Pami pero no su operatoria, protegida por el Estado. Nunca nadie investigó a sus empresas y el gobierno de Kirchner lo compensó con un permiso de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) para operar en el aeropuerto de Morón, donde cargaron la tonelada de cocaína en un avión Challenger Bombardier.

Comisario traficante

Durante la investigación de las estafas con medicamentos a las obras sociales por parte de la burocracia, y a la Administración de Programas Especiales (APE) por los burócratas y el gobierno, fue allanado el hospital Posadas y detenida la directora del depósito de drogas de ese establecimiento, Susana Yannacaccio. Con ella apresaron a un personaje clave en todo este asunto: el ex comisario José Luis Salerno.
Salerno había sido echado de la Bonaerense y estuvo detenido en 2008 por ocultar pruebas en el caso del triple crimen de General Rodríguez. Toda una definición del sujeto, sobre todo si se tiene en cuenta que dos de los traficantes asesinados eran sus socios. En efecto, Salerno era el dueño, en sociedad con Sebastián Forza y Leopoldo Bina, de Pharma Group, proveedora de medicamentos truchos a la obra social de La Bancaria y a decenas de otras. También es el propietario de Tecnopharma, otro de los laboratorios investigados por sus maniobras fraudulentas con las obras sociales.
El ex comisario también estaba vinculado con los negocios de la obra social del sindicato de maestranza, y ahora se lo investiga por el asesinato de Roberto Roger Rodríguez, que era su presidente.
El auto de Salerno tenía un permiso de libre estacionamiento en el Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular es Alicia Kirchner.
No es cierto lo que dice la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre supuestos "agujeros" en los controles estatales en materia de narcotráfico. El Estado es parte orgánica de ese negocio, que no podría desarrollarse sin su amparo y protección. Los trabajadores argentinos no pueden permitir que sus obras sociales -por lo tanto, su salud- sigan en manos de esta mafia infame.

Alejandro Guerrero