“La sangre de nuestros familiares no se vende”, es la frase que repiten una y otra vez los familiares de CORREPI. Es que así, como hoy lo hacen en José León Suárez, el estado primero alista y dispara sus armas contra el pueblo pobre y luego lo consuela como un padre protector a lo largo y a los ancho del país, gobierne quien gobierne.
La semana pasada, el secretario de Política Criminal bonaerense, César Albarracín, y el jefe de la policía provincial, Juan Carlos Paggi, se reunieron con los familiares de Franco y Mauricio, los chicos asesinados en Suárez por la policía, para “transmitirle a las familias de las víctimas que desde el gabinete provincial se está a su disposición para colaborar en lo que ellos necesiten. Ellos nos pidieron que trabajemos por el esclarecimiento de los hechos para castigar a los culpables.”
Hicieron lo suyo los punteros del PJ y su Movimiento Evita, con el diputado Navarro a la cabeza, llamando a una marcha para pedir justicia. Así, el kirchnerismo garantizó mantener tranquila a la gente para que la gente del barrio no volviera a expresar su legítima bronca frente a la policía asesina.
Todo el circo está montado de manera perfecta. Todos los organismos creados para controlar la situación. El ministerio de Seguridad instruye, disciplina, provee de armas y demás a sus fuerzas armadas para reprimir y combatir al enemigo interno: preventivamente (a los jóvenes pobres) y selectivamente (a los activistas sindicales o militantes políticos y populares).
Consumado el hecho represivo, ya tienen alistados a los funcionarios de la secretaría de Derechos Humanos para salir a recorrer el barrio y prometerles a los familiares que “el hecho se esclarecerá”, “que se hará justicia”, “que cubrirán todos los gastos”, “que los proveerán de ayuda psicológica” y por qué no, “que les darán algún subsidio, unas chapas y algo de mercadería”. Eso sí, “que se queden tranquilos que todo está en manos del estado”, el mismo estado que los mató y que hoy se propone comprar su dignidad.
También están preparados para actuar los jueces “que harán justicia”, utilizando como pruebas siempre el testimonio de la policía y los peritajes de la gendarmería. Sigue todo bajo control.
De paso, los medios siempre dan una mano, haciendo correr versiones que legitiman la represión y los asesinatos y convierten a las víctimas en delincuentes.
Este aceitado aparato que reprime, legitima esta represión y luego coopta, es el que se pone en funcionamiento ante cada hecho. Es que lo hicieron con Julio López, con Luciano Arruga, con los pibes de Bariloche, en Soldati…
Es por eso que tanto insistimos en la necesidad de la lucha independiente, porque en un estado que garantiza la explotación y para eso la represión, como decía el Che, “no puede confiarse ni un tantito así”.
CORREPI
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