La protesta social más amplia, organizada y prolongada de los últimos veinte años -sólo comparable a las manifestaciones en contra de la dictadura militar en la década de 1980-, sacudió a la Región de Magallanes, tres mil kilómetros al sur de Santiago, luego que el gobierno del presidente Sebastián Piñera decidiera aumentar en 16,8 por ciento la tarifa del gas, combustible indispensable para una vida normal en la zona más austral del territorio continental chileno.
Los habitantes de Punta Arenas, capital de Magallanes, se unieron para reclamar por la medida en torno a la Asamblea Ciudadana Magallánica (ACM), instancia pluralista surgida hace poco más de dos meses y que reúne a dirigentes de un amplio espectro de actividades, similar a la organización que en los años 80 desempeñó un papel fundamental en la oposición al régimen militar y en la lucha cívica para conseguir el retorno a la democracia.
Junto a la ACM se alinearon también representantes locales de la patronal Confederación de la Producción y el Comercio, los parlamentarios y alcaldes de la XII Región y la totalidad de los partidos políticos existentes en la zona, incluidos los oficialistas Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente. No obstante, los dirigentes partidarios, los senadores y diputados, fueron ampliamente superados por el clamor de los ciudadanos.
Miles de personas marcharon por las calles de Punta Arenas en días sucesivos, portando banderas negras y el emblema magallánico (una bandera azul y dorada con las estrellas de la Cruz del Sur) adoptado en septiembre de 1996, gritando consignas contra el alza del gas y contra el gobierno de Piñera. Por las noches, los puntarenenses levantaron barricadas, encendieron fogatas y tocaron cacerolas en repudio al alza del precio del gas, que consideraron una medida centralista, autoritaria e inconsulta del gobierno. La intendenta regional, Liliana Kusanovic Marusic, reconoció que la decisión no le fue comunicada ni menos consultada antes de que se hiciera efectiva.
Tras casi una semana de protestas, se contabilizaron dos jóvenes muertas en una barricada luego que un ejecutivo de una empresa naviera, en estado de ebriedad, embistió su camioneta contra un grupo de personas que se manifestaba. Carabineros informó que se habían registrado cerca de 200 detenidos en la primera semana de movilizaciones.
El obispo de Magallanes, el salesiano Bernardo Bastres, actuó como “facilitador” de una mesa de diálogo que intentó aproximar a las partes en conflicto, pero sin resultados. El gobierno estuvo representado en esa instancia por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien claramente no contó con la autoridad suficiente para avanzar en las conversaciones y retornó a Santiago luego de una última oferta consistente en reducir el alza de 16,8 por ciento a 3 por ciento, lo que fue rechazado por la ACM.
Centenares de turistas nacionales y extranjeros quedaron impedidos de moverse libremente luego que piquetes de camioneros, colectiveros y vehículos particulares bloquearon las carreteras y accesos a los terminales aéreos, terrestres y marítimos. Cientos de argentinos se vieron obligados a efectuar largas caminatas para cruzar la frontera y retornar a su país en medio de fuertes ventiscas y bajas temperaturas. Representantes de la ACM, mientras, establecieron contactos con dirigentes nacionales de la CUT, la Anef, el comercio minorista, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones estudiantiles para pedirles apoyo a sus reivindicaciones.
La masiva protesta fue asumida por la mayoría de los puntarenenses, tanto así que el enviado especial del Canal 13 de televisión, el periodista Alvaro Pacci, entrevistado por el diario local El Pingüino , declaró: “Si uno pregunta a la gente, el 99 por ciento está de acuerdo, lo que es muy llamativo. Como señal es muy potente que todos se cuadren por el mismo objetivo y estén dispuestos, incluso, a aguantar el desabastecimiento”. Los informes de Pacci a través de la pantalla del canal del grupo Luksic se vieron claramente morigerados, al igual que en la mayoría de los medios de prensa nacionales, controlados por la derecha, lo que provocó el reclamo de los magallánicos.
Otro abrupto remezón
El presidente Piñera inició enero pidiéndole a sus ministros y subsecretarios que no tomaran vacaciones y que redoblaran sus recargadas agendas de trabajo. A un ritmo que muy pocos pueden (o quieren) seguir, el mandatario pretende que sus colaboradores emulen su jornada laboral de a lo menos 16 horas diarias. Además, controla minuciosamente con sus asesores del segundo piso de La Moneda, capitaneados por María Luisa Brahm, las tareas que encarga a los integrantes del gabinete. Así, empezaron a gestarse los problemas con el ministro de Defensa, Jaime Ravinet, un hombre de carácter fuerte, nada habituado a que se metan en lo que considera son sus deberes, responsabilidades y privilegios. En un encuentro hace algunas semanas, Ravinet se lo enrostró: “Así no se puede gobernar. Tú no puedes inmiscuirte en decisiones de segundo o tercer nivel”, le dijo al mandatario, con quien durante años jugó casi religiosamente un partido de tenis a la semana.
Piñera no soportó lo que consideró una falta de respeto y procedió a buscar de inmediato los argumentos para remover a Ravinet. Bastaron algunas declaraciones infortunadas y dos o tres informes de la Contraloría para que el ex dirigente del Partido Demócrata Cristiano presentara su renuncia. Lo mismo ocurrió con el jefe del estado mayor conjunto de las fuerzas armadas, general Cristián Le Dantec, nombrado por la ex presidenta Michelle Bachelet.
El presidente se había resistido a cambiar su gabinete pese a las presiones de los partidos que sustentan su gobierno. Soñaba con emular a Patricio Aylwin y mantenerse con el mismo equipo de ministros hasta el final de su mandato. Tozudo como es, Piñera no quería políticos de fuste en su entorno, no deseaba tener cerca pares que leyeran su mirada; prefería los técnicos, colaboradores que lo observaran con reverencial respeto. Sus deseos, sin embargo, no se cumplieron. Pragmático, como también lo es, Piñera optó por convocar a dos personas a las que lo une una larga relación de afectos y sueños, pero también de cicuta y cuchilladas: Andrés Allamand y Evelyn Matthei; el primero al Ministerio de Defensa, la segunda al del Trabajo y Previsión Social. “Más valen dos diablos conocidos, que cien por conocer”, dice el refrán, y afirman que el presidente Piñera sabe de refranes.
Los hinchas (o yes men ) han visto una nueva “jugada magistral” en la maniobra de Piñera. En su opinión, el mandatario sacó del Senado a dos “díscolos” del oficialismo, que además se estaban poniendo muy liberales. Serán reemplazados por dos ultraconservadores de probada fidelidad. A su vez, el presidente puso en carrera a cinco precandidatos presidenciales de la derecha, algunos de los cuales -confían- podrían conseguir que La Moneda siguiera habitada por la derecha en el período 2014-2018. Así, Rodrigo Hinzpeter, Joaquín Lavín, Laurence Golborne, Andrés Allamand y Evelyn Matthei, amigablemente, disputarán sus posibilidades presidenciales. Los desconfiados, por su parte, miran con inquietud el escenario que se avecina. Las dudas son muchas.
Las razones de fondo
El alza del precio del gas en Magallanes le reportaría no más de 15 millones de dólares al año a la Empresa Nacional del Petróleo, la segunda en tamaño de las estatales chilenas, después de Codelco. La cifra resulta irrisoria al lado de la subvención para el funcionamiento del Transantiago; o la subvención a la parafina, que llega casi al 40 pr ciento en Santiago. En la zona austral todo el transporte público se mueve con gas y cualquier alza en los precios de este insumo repercute en casi toda la cadena productiva y de abastecimiento de Punta Arenas, Puerto Natales y otras ciudades de la región. Un estudio de Hacienda de hace seis años comprobó que el costo de vida en Punta Arenas era 25 por ciento más caro que en Santiago, cifra que casi no ha variado. Un kilo de pan en Punta Arenas cuesta 1.700 pesos, un kilo de tomates 990, un kilo de uva 2.400 pesos y así sucesivamente. La medida de subir el precio del gas, según el gobierno, se habría tomado con el propósito de prolongar el abastecimiento, pues es un recurso cuyas reservas sólo alcanzan para unos diez años más.
Desde los primeros años de la década del 80, se instaló en Punta Arenas la multinacional canadiense Methanex a la cual Enap le vende -a precios desconocidos por confidencialidad del contrato- gran parte del gas que extrae y que la multinacional convierte en metanol y exporta al resto de mundo. La licitación internacional, realizada en 1982, la condujo el entonces gerente general de Enap, Ernesto Silva Bafalluy, quien se transformó luego en uno de los principales financistas de la UDI, propietario de la Universidad del Desarrollo y muy cercano a los hombres que integran el círculo más íntimo del presidente Piñera. Muchos puntarenenses se preguntan ¿por qué Enap no reserva el gas para consumo de los magallánicos, en vez de vendérselo a Methanex?
La respuesta, con el criterio neoliberal imperante, es simple: la suma que cancela el conjunto de los magallánicos no es suficiente para mantener la existencia de Enap, por lo que debe vender gran parte del recurso a la transnacional canadiense para conseguir subsistir. Fuentes de la empresa estatal han indicado que Enap vende a Methanex un millón 500 mil metros cúbicos de gas al día, mientras que para el consumo domiciliario de Punta Arenas en verano sólo entrega cerca de 700 mil metros cúbicos, cantidad que no alcanza a cubrir el costo de extracción del gas. Los magallánicos tampoco conocen los precios a los cuales Enap entrega gas a la empresa Gasco para que lo distribuya a los usuarios en la ciudad.
La desconfianza de la ciudadanía apunta también al manejo de Enap, empresa donde el sueldo mínimo alcanza a unos 700 mil pesos y donde se han dado casos como el de una secretaria que pasó de ganar 900 mil pesos al mes a nueve millones en breve tiempo.
Una región sensible
El problema del gas, sin embargo, es la punta del iceberg de frustraciones mayores. En 1900 el 77 por ciento de la población de la Patagonia era chileno; hoy, sólo lo es el 22 por ciento. En la actualidad en tres quintas partes de la Tierra del Fuego viven unos siete mil chilenos; en los dos quintos restantes, más de 120 mil argentinos.
¿Y cómo viven nuestros vecinos? En las principales localidades australes argentinas el costo de los servicios básicos y alimentos es mucho más bajo que a este lado de la frontera. El kilo de pan cuesta 610 pesos chilenos; el kilo de carne de buena calidad, menos de 3.000; el pasaje en microbús, 240 pesos; la entrada al cine, 1.900; el cable de TV, con ocho canales de películas, 3.900 pesos; la luz de un hogar común, 2.400 pesos cada dos meses; el gas, también para un hogar promedio, 3.700 pesos cada dos meses; la cuenta del teléfono apenas supera los 4.000 pesos; y así, suma y sigue. ¡Ahh! y además educación básica, media y superior gratuita.
Por otra parte, los magallánicos sólo consiguieron derecho a voto al comenzar la década de 1930. En 1933 fundaron y desarrollaron un poderoso Partido Regionalista que, entre otros muchos logros, consiguió la llegada del Seguro Obrero, y con ello la lucha contra el raquitismo y la tuberculosis; la conexión marítima con Castro, Puerto Montt, Valdivia y Santiago; el camino a Puerto Natales; las primeras subdivisiones de tierras, las comunicaciones telefónicas, el descubrimiento del petróleo; el puerto libre y se abrió la posibilidad para la fundación de los partidos políticos tradicionales.
En la resistencia a la dictadura militar destacó el “Puntarenazo”, de febrero de 1984, cuando cientos de magallánicos recibieron con pifias a Pinochet en la Plaza de Armas de la ciudad, marcando el inicio de las protestas en todo el país.
Manuel Salazar Salvo
Punto Final
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