Eduardo Duhalde, candidato de la represión y la impunidad

VOLVIÓ A PEDIR “ORDEN” Y ANUNCIÓ SU LANZAMIENTO

Tras la represión en Villa Soldati, y junto con ella la visibilidad de la emergencia habitacional que se vive en distintas partes del país, el gobierno acusó a Eduardo Duhalde de estar detrás de un nuevo 19 y 20. Poseedor de una brutalidad y un cinismo inusual, Duhalde respondió contraatacando con una frase de su estilo: se jactó de que bajo su gobierno, “en el momento más difícil de la historia, no hubo un solo herido” por balas federales. Y como ya lo había hecho desde Harvard en los días previos, volvió a intentar mostrarse como el garante del “orden” y la “pacificación” de los reclamos populares.
Hace correr la bola de que los ataques del kirchernismo lo favorecen, porque la polarización lo haría crecer. Aunque sigue cosechando altos niveles de rechazo y desde hace meses que no levanta del 5% de intención de voto, Eduardo Duhalde en los medios hace el papel de optimista, desentendido de los hechos más recordados de su breve presidencia, cuando tras el derrocamiento de De la Rúa vino a disminuir el salario real, pesificar las deudas de los grupos económicos (entre ellos la de Clarín) y reprimir movilizaciones, en busca del orden necesario para que se queden todos. Pero sólo es noticia cuando aparece vinculado a la represión, aún las que no menciona. En esta semana volvió a ganar las primeras planas de los medios con un olvido que no suena creíble en su discurso: la masacre de Avellaneda, que terminó con la vida de dos jóvenes y también con su sueño de ser electo presidente en el 2003
Si bien las balas que asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki fueron disparadas por personal de la Policía Bonaerense, de las evidencias surge ampliamente que el operativo represivo estuvo planificado y ejecutado en coordinación entre cuatro fuerzas de seguridad: tres federales, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura; una provincial, la Bonaerense. Una coordinación inédita en tiempos de democracia parlamentaria, que requirió también de una coordinación política, encabezada por altos funcionarios nacionales, como por ejemplo Juan José Álvarez, secretario de Seguridad, y Carlos Soria y Oscar Rodríguez, jefe y vicejefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y que fue el resultado de una decisión política, alentada por gobernadores oficialistas y exigida por el poder económico, que estuvo representado en declaraciones de Eduardo Escassany, entonces presidente de la Asociación de Bancos, y de Enrique Crotto, en la Sociedad Rural Argentina. En esos momentos, si algo obsesionaba a Duhalde era la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que como contrapartida exigía justamente “orden”, “pacificación del país”. Cualquier persona que se haya informado sobre la masacre de Avellaneda llega a la conclusión de la ineludible responsabilidad de Eduardo Duhalde. A pesar de esto, y de una recomendación judicial sobre la necesidad de avanzar en las responsabilidades políticas de la represión, el ex presidente continúa su campaña e intenta hacer como si nada.

Un 20 de diciembre

Continuando con su alto nivel de hipocresía, en las últimas horas anunció que el lanzamiento de campaña será el próximo lunes, en Costa Salguero. Intentar relanzar su candidatura a presidente el 20 de diciembre, en el caso de Duhalde, es casi una provocación. No sólo por el rol que le cupo en los hechos en torno a la caída de De la Rúa, nunca debidamente aclarados pero donde no parece haber sido ajena la estructura del PJ del conurbano. También por el rol activo en el espionaje, persecución clandestina y represión abierta a integrantes de asambleas barriales y movimientos piqueteros, ejercido sistemáticamente entre los primeros días de enero de 2002, cuando las patotas debutaron apaleando caceroleros en el Congreso, hasta mediados de año, con el sangriento despeje del Puente Pueyrredón y cacería posterior por Avellaneda hasta la estación de trenes. Desde el Frente Popular Darío Santillán también recordaron el asesinato de Javier Barrionuevo, ocurrido el 6 de febrero de 2002 en Esteban Echeverría, a manos de Batata Bogado, un puntero duhaldista con amparo policial y judicial.
El día de su lanzamiento desde el norte de la Capital Federal, en todo el país se realizarán actividades de movilización a 9 años de la insurrección popular, y en muchas de ellas nuevamente volverá a repudiarse la figura de Eduardo Duhalde, como expresión de una salida más represiva a las crisis. En este marco, familiares y compañeros de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki repudiaron los dichos de Duhalde y Alberto Santillán, el papá de Darío, volvieron a expresar que es su “candidato a la cárcel”.

Prensa de Frente en Kaos en la Red