Venezuela y la libertad de expresión.

Alessandro Villari

Desde que el presidente venezolano anunciara hace unos meses que el gobierno bolivariano no renovaría la licencia de emisión al canal de televisión RCTV, se ha desatado una feroz campaña en Italia (y en los demás países occidentales), acusando a Hugo Chávez de atacar la libertad de información para “silenciar a la oposición”.
La mayoría de los principales periódicos italianos se han unido a la campaña, pero los argumentos utilizados para apoyar esta campaña carecen definitivamente de argumentos y se basa en acusaciones falsas.
Una de las acusaciones más frecuentes es que el gobierno venezolano cierra uno de los pocos canales de televisión privados, de este modo silencia a una de las escasas fuentes independientes de información. Esto, supuestamente, porque este canal de televisión “era un obstáculo para el proyecto populista de Chávez”.

“Hugo Chávez cierra RCTV”

Hugo Chávez no ha cerrado RCTV. Este canal tenía permiso para emitir sus programas a través de las frecuencias de televisión, un bien público, que periódicamente son asignadas por el gobierno a uno u otro canal de televisión. Cuando la licencia termina, el 28 de mayo, a RCTV no se le renovará la licencia. La ley venezolana (e increíblemente, la ley de cualquier país) no dice que el gobierno tenga que asignar las frecuencias de televisión a las mismas empresas siempre, sino que le permite elegir. Nos ocuparemos ahora de las razones por las cuales el gobierno bolivariano decidió negar la renovación de la licencia.

“RCTV es uno de los pocos canales privados de televisión en Venezuela”

Según un informe oficial de junio de 2006 del Ministerio de Comunicaciones e Información de Venezuela, la gran mayoría de los medios de comunicación venezolanos (televisión, emisoras de radio y periódicos) están hoy en manos de propietarios privados. Concretamente, en el sector televisivo, el 90 por ciento del mercado está en manos de 4 empresas privadas de televisión: RCTV, Globovision, Televen y Venevision. El propietario de RCTV, Marcel Granier, posee canales de televisión por toda Venezuela (la mayoría por supuesto son canales locales de televisión). Para ser más exactos, 79 de los 81 canales de televisión (el 97 por ciento) son privados; 706 de las 709 emisoras de radio (el 99 por ciento) y todos los 118 periódicos están en manos privadas.

“RCTV era un obstáculo para el proyecto populista de Chávez”

El objetivo de este artículo no es ocuparnos de la definición del proyecto de Hugo Chávez. Sin embargo, merece la pena decir que los medios de información que son propiedad de nuestros empresarios locales, tienden a calificar de “populista” todos y cada uno de los proyectos que no se basan en el apoyo o aceptación de la explotación del trabajo.
Se puede explicar más detalladamente qué significa cuando decimos que RCTV era un obstáculo para la política del gobierno bolivariano. La cruda realidad es que RCTV ha estado implicada directa y abiertamente en el golpe de estado del 11 de abril de 2002, que intentó derrocar a un presidente elegido democráticamente, Hugo Chávez. La participación de RCTV en el golpe fue tan evidente que el Director de Producción de RCTV en ese momento, Andrés Izarra, que se opuso al golpe, dimitió rápidamente para no ser partícipe del crimen. En un testimonio oficial ante la Asamblea Nacional de Venezuela, Izarra dijo que recibió instrucciones formalmente de Granier el mismo día del golpe y durante los días siguientes, para que no emitiera ninguna información sobre Chávez, su personal, los ministros o cualquiera que estuviera relacionado con él.
Esto es exactamente lo que ocurrió. RTCV sólo informó que el presidente Chávez dimitió de su cargo (que era una mentira descarada porque él había sido secuestrado por los golpistas). Y cuando dos días después millones de venezolanos tomaron las calles para exigir que el presidente legítimo que ellos habían elegido regresara, ¡RCTV sólo emitió dibujos animados!
Un relato inspirador de aquellos días es el documental formado una cadena de secuencias filmadas por un director irlandés que quedó “atrapado” en el palacio presidencial de Miraflores durante el golpe. El documento lleva un título significativo: La revolución no será televisada.

“Cerrar RCTV significa silenciar a una de las pocas fuentes de información que no depende directamente del Estado”

Como ya hemos explicado ¡en absoluto este es el caso! La mayoría de los medios de comunicación en Venezuela están abiertamente al lado de la oposición al gobierno de Chávez. Es una curiosa paradoja que en un país donde el gobierno es apoyado por casi dos tercios de la población (según los resultados de las elecciones presidenciales de diciembre de 2006), la gran mayoría de los medios de comunicación están haciendo campaña activa contra él.
En 2002 incluso Human Rights Watch, a parte de apoyar la campaña mayoritaria contra el gobierno venezolano, tuvo que admitir que “Lejos de dar una información imparcial y fiel, los medios de comunicación buscan provocar el descontento popular y agitar en apoyo de la oposición de la línea dura”. (Venezuela’s Political Crisis. Human Rights News. Human Rights Watch. 9/2/2002).
A pesar de esto, el gobierno venezolano ha sido demasiado tolerante con los medios de comunicación de la oposición, no se ha cerrado ningún canal de televisión, emisora de radio o periódico y sólo ahora, después de cinco años, el gobierno decidió no renovar la licencia de emisión a RCTV. Nosotros preguntamos ¿qué otro país “democrático” aceptaría que un canal de televisión apoye abiertamente un golpe de estado y que después del fracaso de éste pueda seguir emitiendo? ¿Qué otro país aceptaría que el propietario de ese canal de televisión no fuera llevado a juicio por haber apoyado el golpe?
En Italia, por ejemplo, tuvimos al primer ministro de un llamado país democrático, Berlusconi, con una “imposición” intentando prohibir que dos periodistas populares (Biagi y Santoro) y un actor satírico (Luttazzi) pudieran salir en las pantallas de televisión, sólo porque ¡estaban criticando al gobierno!
Simón Bolívar dijo que un pueblo nunca podría ser libre si no estaba garantizada la libertad de expresión. Eso es decididamente verdad. Pero debemos preguntarnos si esta libertad de expresión está realmente garantizada por un sistema donde los medios de comunicación están en manos de una camarilla, formado por un puñado de personas ricas y que sirven a los intereses de esos pocos contra los intereses de la mayoría de la población.