Declaración del MORENO.

Argentina: Se reafirma la política de entrega petrolera

El gobierno de la Provincia del Chubut, con el acuerdo del Gobierno nacional, acaba de prorrogar la concesión que el gobierno de Carlos Menem otorgara en 1997 a la firma británica BP o British Petroleum, del yacimiento de Cerro Dragón.

Con esta decisión se resuelve mantener la entrega petrolera de los años 90, sin consulta de ningún tipo, ni al pueblo de Chubut ni al de la Nación.

Así, a pesar de las declamadas frases, estos gobiernos continúan sosteniendo el modelo de saqueo del subsuelo argentino. En los años 90, cuando reinaba el neoliberalismo y pretendía imponerse como pensamiento único, el gobierno nacional negoció con algunas provincias (especialmente Salta, Santa Cruz y Neuquén) junto a las privatizaciones de las grandes empresas públicas, la entrega de acciones de YPF y el reconocimiento de discutidas regalías, a cambio de la escandalosa reelección de Carlos Menem y la promesa de provincializar el subsuelo.

La historia de las acciones de YPF y el destino del ingreso por su venta no finaliza con el siglo XX, manteniéndose hasta hoy el misterio sobre su origen, la renta financiera obtenida y su actual destino. En cuanto a la promesa de la provincialización, fue cumplida con la reforma constitucional reeleccionista de 1994, pero ésta provincialización no sirve a los intereses provinciales, ya que se continúa en una carrera de prórrogas -con una anticipación por demás llamativa- de las concesiones anteriores y otorgamiento de nuevas concesiones de exploración en las provincias. Esta carrera por prorrogar, autorizar y conceder, muestra la perversidad de esta política que entrega el petróleo a cambio de no se sabe qué ventajas. La historia nos dirá para qué se eliminó a YPF, una de las principales empresas petroleras del mundo, cuya sigla incluso la multinacional extranjera mantiene hoy, por el prestigio histórico que alcanzara, a pesar de las miles de campañas realizadas para desprestigiarla y justificar su destrucción.

El perfeccionamiento de la política se consolidó con la promulgación, en enero de 2007, de la Ley 26.197 -conocida por “Ley Corta”- ante la imposibilidad de reformular integralmente la vigente Ley de Hidrocarburos 17.319. Con la “Ley Corta” se reglamentó la norma constitucional de provincialización.

La prórroga, prácticamente hasta el año 2047, de Cerro Dragón, se hace sospechosamente cuando aún faltan 10 años para completar el período de la concesión, otorgada ya originalmente con diez años de prórroga, lo que ahora el gobierno provincial repite. No se cumple con la Ley de Hidrocarburos, que aún no han podido abrogar, en su exigencia de que, para prorrogar la concesión, se debe haber cumplido con principios de racionalidad en la extracción y con los intereses hidrocarburíferos de la Nación.

¡Cómo se puede prorrogar sin haberse definido tales obligaciones! En este modelo concesional, para dar un nuevo período, se debió haber llamado a licitación.

¿Quién se beneficia con esta entrega? Obviamente no el país, ya que una provincia está entregando 40 años de extracción, lo que hará que, en el período más exigente de la necesidad de petróleo en el mundo, los argentinos recibiremos yacimientos agotados tras una exploración de muchas décadas. Es evidente que únicamente la favorecida será la firma británica, con su socia minoritaria y local, Bridas. Recibirán más de 10 mil millones de pesos por el petróleo extraído.

La provincia, que muestra como un triunfo el aumento –condicionado- de un 3% de la regalía, será la primera perjudicada cuando se agote el petróleo y luego de 40 años una mísera regalía del 15% -que no llegará a los 800 millones de pesos- no haya servido para desarrollar nuevas fuentes de trabajo y producción para la próxima generación de chubutenses y argentinos.

El MORENO ratifica la denuncia de esta entrega que muchas instituciones y personas prestigiosas de Chubut y de todo el país vienen censurando, sin que los gobiernos atinen y se animen a consultar a la población de la Provincia y de la Nación.

Argentina, con estas medidas alejadas de las que se realizan en toda Sudamérica y en gran parte del mundo, puede quedar con el desprestigio de ser el último y único país que intenta mantener el neoliberalismo energético, que nos impide crecer a más altos niveles que el presente, desarrollar nuestra industria y realizar una política distributiva más justa.