viernes, 31 de octubre de 2025

Los votos no dan derechos para destruir el derecho laboral


Además, fueron comprados a crédito al imperialismo norteamericano. 

Nota de tapa de Política Obrera N° 131 edición impresa. 

 El sufragio universal es una gran conquista de la clase obrera: con anterioridad sólo tenían derecho al voto los propietarios masculinos. Fue arrancado por grandes revoluciones sociales o concedido por el poder patronal como un recurso para que ellas no se repitan. 
 Pero el sufragio universal se transforma en reaccionario si se lo toma como “un mandato” para destruir conquistas tanto o más importantes de la misma clase obrera, tales como la jornada de ocho horas, o el derecho a discutir colectivamente con las patronales las condiciones de trabajo, además del derecho a un salario mínimo equivalente al costo de la canasta familiar, y no en función del lucro sin tope del capitalista. 
 En el movimiento obrero, esta contradicción entre el ‘mandato’ del voto y los derechos de los trabajadores fue resuelta por nuestros bisabuelos. Mientras la burguesía liberal se esforzaba por convertir al voto en una forma disfrazada de poder absoluto, la clase obrera internacional multiplicó sus organizaciones sindicales y de otro tipo y, en especial, partidos políticos de masas propios. Con estos instrumentos ha advertido que el derecho de la única fuerza productiva de la sociedad tiene una universalidad de la que carece el sufragio de los individuos aislados etiquetados como ‘ciudadanos’.
 Javier Milei y su cohorte liberticida y corrupta han salido a festejar los resultados electorales del domingo blandiendo la decisión de destruir de raíz el derecho laboral en Argentina, arrancado por más de un siglo de luchas incluso revolucionarias. Lo quiere sacar en el Congreso, donde ocupará poco más de un tercio de las bancas; si no sale a su gusto, vetará las cláusulas que no le conformen. Después de unas elecciones que han sido parlamentarias, seguirá ejerciendo el gobierno del veto, o sea, del poder personal. Las elecciones del domingo han reforzado la tendencia reaccionaria del régimen político, incluso fascista. Los ‘democratizantes’ de todo cuño se rinden ante la supremacía del autoritarismo, como una pseudomanifestación de la soberanía popular. 
 La conclusión fundamental, entonces, de las elecciones del domingo es que debemos prepararnos para luchas cada vez mayores y más profundas. En ese cuadro y con ese espíritu debemos debatir con los compañeros que se encuentran sumidos en una confusión o incluso desmoralizados. Es la tarea que debemos emprender con la nueva generación obrera, principalmente. La camarilla de Milei ha agravado la crisis capitalista y se ha embarrado en sus contradicciones. 
 Pero la LLA ganó las elecciones de medio término gracias a un cheque a plazo, no a la vista, que sería de 40 000 millones de dólares. El Estado norteamericano intervino como tal en el mercado de cambios y de deuda de Argentina, ante el pánico que le produjo la derrota aplastante del mileísmo en la Provincia, el pasado 7 de septiembre. Financió la contención de la caída del peso con la vista puesta en un determinado resultado político-electoral; la banda liberticida sólo se encargó de la parte administrativa de los comicios. Con el despliegue del portaaviones más grande del mundo (el Gerald Ford) en las costas de Venezuela, Trump necesitaba reafirmar a Milei para emprender el asesinato de Maduro y Gustavo Petro, las operaciones de sabotaje en el territorio y la conversión de América Latina en un protectorado del imperialismo norteamericano. El presidente de Argentina es el títere de una potencia extranjera. 
 Es fundamental entender, sin embargo, que los liberticidas consiguieron la delantera frente a un espacio político desierto. Su principal rival electoral, el peronismo, se ha convertido en un aparato sin contenido. Como aparato patronal, no ha sido capaz de articular a la burguesía perjudicada por la depresión industrial. Correlativamente, esta burguesía industrial no se empeñó para nada en armar una oposición política, por el temor de desatar una guerra arancelaria con Trump. Guillermo Moreno, un vocero de Techint, llegó a escribir que el abordaje a Trump y a Bessent, el secretario del Tesoro norteamericano, era un camino correcto, solo que mal instrumentado. La patronal "nacional y popular" y sus representantes políticos ‘keynesianos’, han dejado el terreno libre a las huestes de Trump, del Pentágono y del JP Morgan. 
 El domingo pasado, la clase obrera alcanzó su máxima atomización como clase en un evento político. El crecimiento de luchas parciales no se ha convertido en una tendencia. En Argentina la izquierda se ha convertido en el portavoz de identidades socialmente heterogéneas y hasta antagónicas; ha perdido todo rastro de clase. La salida a esta crisis de la clase obrera parte también “desde el pie”. Es necesario emprender, a partir de una estrategia y un programa, un reclutamiento socialista en las nuevas generaciones. La tendencia histórica del capitalismo no es al progreso (desarrollo de las fuerzas productivas), sino a una guerra destructiva en todos los frentes, que las “nuevas tecnologías” no revierten ni atenúan, sino que la convierten en más catastrófica.

 29/10/2025

jueves, 30 de octubre de 2025

Rosso: “Hay una enorme capacidad de resistencia social, el desafío es organizarla desde ahora”

Jorge Altamira en 10N: "En el mundo y Argentina vivimos un período de profunda crisis y volatilidad"

La Corte Suprema falló a favor de un represor condenado por crímenes de lesa humanidad


Revocó la prórroga de la prisión preventiva a Carlos “Indio” Castillo, de la CNU. 

 La Corte Suprema, con una composición especial, resolvió revocar la prórroga de la prisión preventiva del genocida Carlos “Indio” Castillo, integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata y Mar del Plata. El tribunal dispuso que los jueces inferiores deberán ofrecer una justificación “minuciosa” y con “indicios concretos” para mantener detenidos a los criminales de la dictadura que no tienen condena firme, abriendo así la posibilidad de que decenas de represores reclamen su libertad.
 Con este fallo, la Corte acaba de dar una señal de impunidad celebrada por los sectores más reaccionarios del régimen: los defensores del terrorismo de Estado, los cómplices civiles de la dictadura y los impulsores de la “reconciliación nacional” que desde hace años reclaman la liberación de los genocidas. 
 Lejos de ser un “acto de justicia”, el fallo constituye un paso más en la ofensiva negacionista que impulsa el gobierno de Milei, alentada por personajes como Victoria Villarruel, Patricia Bullrich y el propio obispo castrense Santiago Olivera, quien celebró públicamente la resolución de los supremos y agradeció “la valentía” de los jueces que liberan genocidas. Olivera es un activo lobista de los represores, cercano a Villarruel y al Papa, que ya había pedido públicamente al gobierno “salde la deuda pendiente con los presos políticos” de la dictadura. 

 Un fallo hecho a medida 

El fallo fue firmado por Rosatti y Rosenkrantz, los mismos jueces que en 2017 habían intentado aplicar el 2x1 a los genocidas, junto a los conjueces Alejandro Tazza (Mar del Plata) y Abel Sánchez (Córdoba), ya que no hubo acuerdo entre los miembros del tribunal. 
 Con este pronunciamiento, los cortesanos reinterpretan su propia jurisprudencia y cuestionan los fundamentos con los que se mantuvieron detenidos a los responsables del genocidio. Afirman que “un Estado de Derecho no puede transgredir las garantías del debido proceso sin degradarse en sí mismo”, repitiendo casi textualmente los argumentos de los defensores de los represores, entre ellos el propio Olivera. 
 La Corte sostiene ahora que la prisión preventiva sólo puede extenderse con “indicios concretos” de riesgo procesal o entorpecimiento de la causa, minimizando los elementos que durante años se consideraron determinantes en los crímenes de lesa humanidad: la gravedad de los delitos, la red de complicidades que aún los protege, y la demora deliberada de la propia Corte en confirmar las condenas. 
 El fallo llega en un momento clave. Mientras el gobierno de Milei y los capitalistas avanzan con la reforma laboral, el saqueo jubilatorio y la represión a la protesta social, el mismo poder judicial que persigue a las organizaciones piqueteras que organizan a los más pobres, se dispone a liberar a los genocidas que perpetraron el terrorismo de Estado.

 Los crímenes de la CNU y la lucha de las querellas

 La CNU fue una organización paraestatal de la derecha peronista que actuó en La Plata y Mar del Plata desde 1974, antes del golpe, amparada por el gobierno de Isabel Perón, la burocracia sindical y el aparato represivo del Estado. Su función fue exterminar a la vanguardia obrera, estudiantil y popular que se desarrollaba al calor del ascenso revolucionario. 
 Desde Justicia Ya! La Plata, Apel y otras organizaciones populares que integran las querellas en los juicios contra la CNU, denunciaron desde el primer momento la responsabilidad del tercer gobierno peronista en la gestación del terrorismo de Estado y el papel de los organismos represivos parapoliciales como la CNU, la Triple A y las patotas sindicales. El propio Castillo fue condenado a perpetua en 2017, mientras su socio Juan José “Pipi” Pomares, asesor del PJ en la Legislatura bonaerense, fue absuelto por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, en una muestra de impunidad política. Tras el reclamo de las querellas, Casación anuló esa absolución, pero el mismo tribunal volvió a dejarlo libre, desoyendo las pruebas y testimonios de las víctimas. 
 Esa trama de protección judicial, política y eclesiástica es la que hoy vuelve a activarse con este fallo de la Corte. Quienes siguen ocultando el destino de miles de compañeras y compañeros desaparecidos, quienes se amparan en la impunidad del poder, pueden volver a reclamar libertad. La Corte los habilita, mientras mantiene cajoneadas las condenas firmes de represores como Jaime Smart, ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura. No son ex represores, siguen cometiendo los delitos por los que se los acusa, porque no dicen qué hicieron con sus víctimas. 
 Frente a este nuevo intento de retroceso, reafirmamos que la única justicia es la que conquistan los trabajadores y el pueblo en las calles, como lo hicieron durante décadas para que hoy gran parte de los genocidas esté tras las rejas. Ni perdón, ni olvido, ni reconciliación: juicio y castigo a todos los genocidas y sus cómplices civiles, políticos y eclesiásticos. 

 Camila García

Reforma laboral: la CGT entreguista no debe decidir por los trabajadores


Una burocracia sindical que viene colaborando con el ajuste de Milei y que pretende negociar una nueva entrega. 

 El anuncio del gobierno nacional, respecto a las tratativas para avanzar con una reforma laboral antiobrera, obligó a la burocracia sindical de la cúpula cegetista a emitir alguna opinión pública ante los medios -mas acostumbrada a manifestarse periódicamente por comunicados oficiales-, con declaraciones de Héctor Daer señalando que “si es para retroceder no va a haber ninguna negociación", como si lo adelantado por el gobierno no implicará ya una ofensiva general contra los trabajadores. La mención a un eventual rechazo a la negociación se da porque la burocracia sindical viene pactando el ajuste con el gobierno, integrando el Consejo de Mayo, sin ofrecer ninguna medida de acción directa en respuesta a los ataques contra los trabajadores. La CGT entreguista y colaboradora no debe decidir por los trabajadores.
 Las primeras palabras vinieron del cosecretario general de la CGT, Héctor Daer, quien agregó que de tratarse de una reforma laboral “regresiva” la central de trabajadores evaluaría realizar medidas de “presión política y gremial” para frenarla. Es decir que mientras el gobierno pisa el acelerador con esta ofensiva, desde la CGT esperan conocer la letra del proyecto para, en el peor de los casos, hacer lobby parlamentario, recurrir a la Justicia y alguna marcha de aparato como saludo a la bandera. 
 Para la burocracia sindical peronista, que viene de fracasar electoralmente como resultado de su colaboración con el ajuste, la deliberación y participación de los trabajadores ante el ajuste en marcha y la amenaza real de su profundización no solo no es importante sino que debe ser descartada. Incluso, este jueves en horas de la tarde se reunirá la “mesa chica” de la CGT a deliberar sobre el tema a espaldas de los trabajadores.
 La burocracia sindical viene participando de las mesas de ajuste con el gobierno nacional, con Gerardo Martínez (Uocra) integrado al Consejo de Mayo, razón por la que no solo es difícil creer que aún “desconozcan” los planes del gobierno -cuyas principales reformas fueron adelantadas por funcionarios públicos- sino que se han convertido en un pilar de la gobernabilidad y la viabilidad del ajuste contra los trabajadores. 
 Banco de horas (para evadir el pago de horas extras), extensión discrecional de la jornada laboral hasta 13 horas, salarios “dinámicos” atacando los pisos salariales de los convenios colectivos para transformarlos en techos, despidos baratos sin indemnizaciones, flexibilización y precarización laboral son alguno de los principales ejes de la reforma antiobrera de Milei. 
 Que Gerardo Martínez encabece la representación de la CGT ante el gobierno no es poca cosa: el convenio de la Uocra y el régimen especial de la construcción engloban algunas de las reivindicaciones patronales del momento, como el fondo de cese laboral en detrimento de las indemnizaciones por despido y salarios y condiciones laborales de los más baratos, lo que lo convierte en un convenio utilizado en la industria para precarizar trabajadores por medio de la tercerización y el fraude laboral. 
 Una porción importante de los trabajadores se encuentra bajo regímenes laborales que ya sufren de los efectos de reiteradas reformas laborales de hecho, con modificación de los convenios y regímenes específicos (trabajadores rurales, trabajadoras de casas particulares, construcción), que son el resultado de la colaboración de la burocracia sindical con las patronales y el Estado, entregando a los trabajadores a las peores condiciones.
 En otros gremios importantes, como Comercio -utilizado para maniobras de fraude laboral y tercerización principalmente en los servicios-, el burócrata sindical Armando Cavalieri fue uno de los que anticipó su predisposición para negociar la introducción del fondo de cese de desempleo en las negociaciones paritarias con las cámaras patronales, habilitando la reforma laboral convenio por convenio. 
 Las declaraciones de Daer se ajustan a lo manifestado recientemente por Luis Barrionuevo (Uthgra), respecto a la pasividad-colaboración de la burocracia sindical con el ajuste del gobierno para garantizar la gobernabilidad. No se puede depositar ninguna expectativa en la burocracia sindical entreguista, que ya adelanta que no hará nada por los trabajadores para enfrentar la reforma laboral.
 Los trabajadores debemos reforzar nuestra organización, ampliando la deliberación en los lugares de trabajo, para preparar la lucha contra la reforma laboral esclavista y antiobrera de Milei. Hay que desenvolver una intensa campaña contra la reforma laboral, con la participación de las organizaciones obreras, para derrotar la reforma laboral de plano, sin ninguna negociación y menos aún en manos de esta burocracia sindical entreguista. 

 Marcelo Mache

Brasil: el gobierno de Río celebró la masacre policial en las favelas


Ejecuciones a sangre fría, desapariciones y decapitaciones en el operativo. 
 El operativo del gobierno de Río dejó más de 130 muertos 

El gobierno estadual de Eduardo Castro convirtió a Río de Janeiro en un baño de sangre. La operación lanzada por su administración en las favelas, presentada como una acción contra el grupo narco Comando Vermelho (CV), ha dejado como saldo, hasta el momento, 132 muertos, según la Defensoría Pública Regional. Activistas y organizaciones de DD.HH. denunciaron que se violaron los derechos humanos con ejecuciones a sangre fría, desapariciones y asesinatos. 
 Muchos de los cadáveres fueron encontrados por familiares en la plaza de Penha, favela que, junto a la llamada Alemão, constituyeron los epicentros del operativo policial. Según vecinos y activistas, algunos cuerpos tenían la cabeza cortada, perforaciones de balas en la nuca y varios tenían las manos amarradas. O sea, las personas fueron eliminadas sin brindar resistencia. A pesar de estos hechos, Castro calificó el operativo como un "éxito" y aseguró que "las únicas víctimas fueron los policías", en referencia a los cuatro efectivos que fallecieron durante el operativo.
 La denominada Operación Contención, que incluyó el despliegue de más de 2.500 policías, drones, helicópteros y 32 blindados y vehículos demoledores, se ha transformado en la más sanguinaria de los últimos tiempos. Marcelo Menezes, secretario de la policía militar, aseguró que fue planificada hace meses. En los operativos Jacarezinho (2021), Villa Cruzeiro (2022) y Baixada Fluminense (2005) hubo 28, 23 y 29 muertos respectivamente. 
 Según la Universidad Federal Fluminense, bajo el gobierno de Castro, Río de Janeiro acumula los tres combates más sangrientos desde 1990. Contención superó, en cantidad de muertos, la conocida masacre de Carandiru (1992), que tuvo 111 muertos. La ONG Movimentos ha dicho que se trata de una "política de exterminio", con 2.905 civiles y 31 policías muertos en 707 incursiones desde 2007. 
 Para justificar el operativo y exigir un despliegue de las fuerzas armadas, el gobierno de Río alude a una "guerra" que no es tal, ya que no hay comparación posible entre el poder de fuego de la policía militar y bandas como el CV y el PCC (Primer Comando Capital), por más que estas dispongan de mejores armas que en el pasado. Además, la militarización no resolvería ningún problema, puesto que las fuerzas represivas están ligadas a los grupos delictivos. 
 Los gobiernos capitalistas brasileños nunca terminarán con el narcotráfico, porque para eso habría que expropiar y nacionalizar bajo control obrero el comercio exterior, la banca y todas las empresas capitalistas que sirven como plataforma de impulso a ese tipo de negocios.
 Lo que sí vemos es una política de Estado de ataque en toda la línea contra la población negra y pobre, sometida al miedo constante y a menudo al gatillo fácil. La policía comete muchas más matanzas y víctimas mortales que todos los grupos armados juntos (El País, 6/5/2023). Río de Janeiro tiene 1.018 favelas, según el Censo de Favelas de 2023 realizado por el Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos. Alrededor de 1,5 millones de personas viven allí –23% de la población–. 
 La derecha bolsonarista presiona por tipificar a CV y al PCC como “narcoterroristas” como una pantalla para introducir a las Fuerzas Armadas en la represión interna. Esto, en momentos en que su aliado Donald Trump promueve el golpismo contra Venezuela, con la excusa del “combate contra el narcotráfico”. 
 Tras algunos cruces iniciales por el operativo, el gobierno de Lula y el gobierno de Río llegaron a un acuerdo para la formación de una Oficina para Combatir el Crimen Organizado, con funcionarios de las dos administraciones, que prevé un mayor despliegue de las mismas fuerzas que llevan adelante masacres como la que acaba de enlutar a las favelas por estos días. Ambos niveles del Estado coinciden en profundizar la deriva represiva. 
 Es necesaria una intervención de la clase trabajadora para poner fin a esta barbarie. 

 Nazareno Suozzi

miércoles, 29 de octubre de 2025

La guerra del narcotráfico contra el gobierno de Lula.


El bolsonarismo irrumpe en las favelas de Río de Janeiro con los métodos de la guerra civil 

 Un megaoperativo de 2.500 efectivos de la policía civil y militar, ordenado por el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, irrumpió en los complejos de favelas Penha y Alemão, en la zona norte de Río. El saldo oficial ascendía por estas horas a 120 muertos -entre ellos cuatro policías- y más de 80 detenidos, entre ellos, Thiago do Nascimento Mendes (“Belão do Quitungo”) y el operador financiero de Edgard Alves de Andrade (“Doca”), identificados como líderes del Comando Vermelho, una de las más antiguas y poderosas organizaciones narco de Brasil, sumada a una red extraordinaria de asistencia a los favelados. La intención declarada del operativo “Contención” era ejecutar 100 órdenes de detención. Fue realizado mientras Lula, presidente de Brasil, se encontraba en una cumbre en Malasia y mantenía reuniones con su homólogo Donald Trump. 
 La operación, que recibió el inmediato apoyo de los sectores políticos ligados a Jair Bolsonaro, estuvo precedida por diversas declaraciones del senador Flavio Bolsonaro, su hijo. En su cuenta de X había reposteado un vídeo de las lanchas bombardeadas por Estados Unidos en el Pacífico, “invitando” al gobierno estadounidense a realizar esas mismas operaciones frente a las costas brasileñas. Castro, aliado de Bolsonaro, había asegurado que este operativo era necesario ante los rechazos que imputa al Ejecutivo a enviar a las Fuerzas Armadas y dotarlas de vehículos blindados. “Río estaba sola”, se auto justificó Castro. Calificó el operativo como “una defensa del Estado” ante el “narcoterrorismo”. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde el Ejecutivo de Trump propina golpes de estado contra los estados que protegen a los inmigrantes, en Brasil varios estados urden golpes contra el gobierno nacional.
 El operativo político del bolsonarismo ha sido acompañado por la presentación de un proyecto de Ley impulsado por Unión Brasil, para declarar a ciertas bandas criminales como “terroristas”. Este punto de vista es acompañado por otros bolsonaristas declarados, como Tarcisio da Freitas, gobernador de San Pablo, y Romeu Zema de Minas Gerais. Eduardo Paes, quién ganó la alcaldía de la ciudad (no el estado) de Río con el apoyo explícito del PT y Lula en persona, acompañó el operativo con un video y con el compromiso de que no va a permitir “que la población sea rehén de bandas criminales”. La ultraderecha brasileña, que busca instaurar un estado de excepción para avanzar con medidas extraconstitucionales e imponer un estado policial, ha contado con un guiño de Páez. 
 Las imágenes y videos que se han viralizado muestran un escenario de guerra con todas las letras. La policía cercó los barrios del operativo y acompañó sus actividades terrestres con helicópteros – algo que la Corte Suprema prohibió en 2020, para luego rehabilitar en 2024. Barricadas improvisadas, escuelas cerradas y gente encerrada en sus casas esperando que el sonido de las balas cesara para volver a salir. La brutalidad policial recordó a los operativos de 2010, ejecutados también contra bandas de narcotraficantes con un saldo de más de 30 muertos. En los principales diarios de Brasil, el horror de los entrevistados grafica una jornada de barbarie completa, en una ciudad acostumbrada a redadas policiales y asesinatos cotidianos. 
 La mañana del miércoles ha dejado observar en su totalidad el espectáculo dantesco. Cadáveres trasladados a la plaza del barrio de Penha, luego de que las mujeres del barrio decidieron salir a buscar en los morros cercanos a sus esposos, hijos y familiares desaparecidos. La escena del horror es acompañada por el llanto y los lamentos de las familias que reconocen -sin intervención de autoridad alguna- los cuerpos uno a uno, mientras los cubren con plástico y telas. Hay denuncias de que al menos uno de los hombres se había entregado a la Policía y aun así fue asesinado. Los muertos encontrados esta madrugada no fueron informados por la policía, lo que ha despertado sospechas sobre ejecuciones extrajudiciales.
 El Comando Vermelho compite en diversos barrios de la ciudad por el control territorial. Desde el ascenso de Bolsonaro al gobierno, diversas bandas ligadas políticamente a la ultraderecha fueron al choque de estos grupos, conquistando territorios y monopolizando el control del tráfico de drogas y armas para usufructo personal. "Son todos carteles bolsonaristas que llegaron, inicialmente, para expulsar a los narcos tradicionales y lo hicieron, pero se afincaron y ahora son ellos los que trafican. Río vive una situación de violencia rutinaria", explicó Darío Pignotti, colaborador de Página 12 que reside en Brasil (Página12, 28/10). 
 Los medios definen el operativo como un “cortocircuito” entre Río y la presidencia de Brasil, que según denuncia el gobernador Castro, rechazó en tres oportunidades brindar la ayuda de las Fuerzas Armadas. Ahora, el reclamo es la declaración de Garantía de Orden Público (GLO), que garantiza el despliegue de las FFAA en el territorio. Al ser una competencia del Presidente, se descarta que pueda suceder a la brevedad. En una reunión de emergencia con el gabinete, Lula ha definido enviar una comitiva para reunirse con Castro y ofrecer plazas en cárceles federales para los más de 80 detenidos. La aberración de las acciones policiales ha generado un malestar entre las propias filas del gobierno petista. El presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, calificó a la operación como desastrosa, destaca Página12. 
 El comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) asegura que este operativo viola el derecho internacional más elemental por su brutalidad. Las acciones del bolsonarismo, en su propio territorio, coinciden con el escalamiento de la intervención de Trump sobre el Mar Caribe y el Pacifico en su “acción contra el narcoterrorismo”, que es la pantalla para un cambio de régimen de Venezuela y Colombia. La presión sobre Brasil, desatada por la condena contra Bolsonaro, había disparado sanciones económicas contra las exportaciones brasileñas a Estados Unidos. 
 El bolsonarismo se vale del apoyo trumpista para desarrollar un método de guerra civil, lejos de un “operativo electoral” sobre la seguridad urbana -como han denunciado diversos referentes políticos brasileños- estamos ante un operativo de amedrentamiento contra los trabajadores y las libertades democráticas más elementales. En un plano más general, es la declaración de América Latina como territorio en disputa para alinearlo de manera irremediable en la conflagración mundial del imperialismo norteamericano. 

 Joaquín Antúnez
 29/10/2025

La Reforma Laboral que impulsa el Gobierno y cómo la enfrentamos


La burguesía se declara en un ‘preventivo de crisis permanente’.

 El gobierno de Milei ha colocado en el tope de su agenda una nueva reforma laboral. Aunque todavía no ha presentado su proyecto, el gobierno liberticida salió a buscar en el actual y futuro Congreso el refuerzo de sus habituales aliados, así como de una amplia parte de los gobernadores. La reforma ya había sido planteada en el “Consejo de Mayo”, que integra la CGT a través de Gerardo Martínez, burócrata sindical de la UOCRA. Cristina Kirchner, Itaí Hagman y Juan Grabois se han pronunciado reiteradamente a favor de una “modernización laboral”.
 El Gobierno impulsa la reforma y la “reducción del costo laboral” en nombre de “promover la creación de empleo y las inversiones”. En verdad, el “costo laboral” se encuentra por el piso, sin que ello haya redundado en ningún relanzamiento económico. La crisis industrial se ha agravado en medio de la caída permanente del salario. En las últimas décadas, el retroceso en el derecho laboral va de la mano con la reducción de los planteles, no de su crecimiento. Las patronales reclaman bajar “el costo de contratación”, pero lo que aprovechan es el menor costo de despedir trabajadores.
 La reforma laboral es un intento por legalizar los avances estratégicos antiobreros que ya se han consumado en los lugares de trabajo. El capital no quiere pagar en juicios laborales los derechos que ya incumplen en los hechos. Pero la llamada “industria del juicio laboral” es una impostura, porque sólo una minoría de los trabajadores agraviados van a juicio. La enorme mayoría renuncia a esa instancia, coaccionada económicamente por las patronales. 
 El proyecto de reforma laboral ha sido presentado por la diputada santafecina Romina Diez. El texto replica casi en su totalidad la reforma laboral de la Ley Bases, que fue frenada en primera instancia por la Justicia del Trabajo. Veamos sus principales puntos. 

 Renunciabilidad

 La reforma pretende terminar con la irrenunciabilidad de derechos laborales, un principio legal que invalida cualquier “acuerdo interno” que resulte violatorio del convenio colectivo o de la Ley de Contrato de Trabajo. La derogación de la “irrenunciabilidad” convierte a las leyes laborales y convenios en papel mojado y abre la puerta a las negociaciones por empresa y por trabajador.

 Indemnizaciones 

El proyecto también sustrae a los beneficios sociales y extrasalariales del cálculo de la indemnización. Actualmente, cualquier pago o estipendio que se repita todos los meses (viático, comedor, pago de teléfonos, etc.) es considerado parte del salario por la ley laboral y se contabiliza en el cálculo de las indemnizaciones. 
 El proyecto modifica el régimen de intereses en créditos laborales, estableciendo que “el total no podrá superar al capital -actualizado por la inflación- más una tasa de interés del 3 % anual". Esta disposición salda a favor del capital una larga discusión, porque muchos jueces venían imponiendo tasas de interés punitorias y elevadas a las empresas que dilatasen el pago de los fallos indemnizatorios. Adelantándose a la reforma, la Corte Suprema falló contra estas tasas punitorias, fomentando la dilación en los pagos. Aun así, varios jueces laborales continúan fijando tasas de interés más altas que el 3 % anual.
 La ley permite a las micro, pequeñas y medianas empresas abonar sentencias e indemnizaciones en hasta doce cuotas mensuales. De esa manera, legalizan lo que las empresas vienen haciendo actualmente, con la anuencia de la Secretaría de Trabajo. 

 Vacaciones 

La reforma flexibiliza la época de otorgamiento y permite la fragmentación en períodos no menores a una semana. La garantía de gozar de sus vacaciones en temporada de verano queda reducida a una vez cada dos años. Una vez más, sancionan lo que ya existe en los lugares de trabajo, pues las vacaciones se otorgan según la necesidad productiva del capitalista y no de la familia obrera.

 Banco de horas 

El texto de Romina Diez incorpora los “regímenes adaptados a los cambios en las modalidades de producción, incluyendo la gestión de horas extras, bancos de horas y francos compensatorios, siempre respetando (¡) un mínimo de 12 horas de descanso entre jornadas.” En nombre de la “modernización laboral”, el Gobierno busca derogar la jornada de 8 horas de trabajo, volviendo a jornadas extendidas adaptadas a la necesidad productiva del capital. Además, se busca terminar o reducir sustancialmente el pago por horas extras, que pasarán a ser parte del cómputo de las “horas flexibles". 
El sistema de banco de horas admite la extensión de la jornada a 13 horas diarias. Una disposición similar ha desatado en Grecia una huelga general. 
 Como esto ya ocurre con un sinfín de fábricas y establecimientos que tienen sistema americano de turnos, jornadas de 12 horas y turnos rotativos insalubres, lo que se busca ahora es darle un marco legal para generalizarlo. 

 Licencias médicas

 Se introduce un procedimiento para la verificación de certificados médicos gestionado por la Secretaría de Trabajo, que permite convocar peritos, repetir estudios y aplicar sanciones a los profesionales intervinientes en el otorgamiento de licencias. Si actualmente obtener un certificado médico que otorgue reposo laboral es una tarea compleja, esta disposición intimidatoria lo dificultará hasta lo imposible.

 Incentivos al despido 

La ley incorpora beneficios fiscales para empleadores que inicien nuevas relaciones laborales en los primeros 18 meses de vigencia de la ley, con porcentajes que varían según el tamaño de la empresa: 100 % para microempresas, 75 % para pequeñas, 50 % para medianas y 25 % para el resto, todos aplicables durante doce meses. Estos incentivos favorecen el despido de los antiguos planteles laborales, para reemplazarlos por trabajadores bajo las condiciones de la “reforma”.

 Un ataque al conjunto de la clase obrera 

La reforma laboral busca desmantelar el derecho del trabajo en beneficio del capital. Establece con carácter permanente los efectos de los recursos “preventivos de crisis”, donde se suspenden las leyes laborales y se pagan las indemnizaciones a la mitad y en cuotas. El desconocimiento de convenios colectivos y de leyes laborales, a cambio del contrato individual, conduce al desconocimiento de la organización obrera de fábrica encargada de defender esos derechos colectivos. La reforma, por lo tanto, apunta a imponer la autoridad indisputada de la patronal dentro del lugar de trabajo. 
 Los últimos conflictos obreros tuvieron relación directa con la anunciada reforma laboral y la que ya se implementó con la Ley Bases. En el último período, las patronales explotaron la parálisis de las ventas para despedir masivamente, limpiando la plantilla de trabajadores bajo el régimen de contratación anterior para reemplazarlos por una nueva generación de obreros, ajustados a las nuevas condiciones precarizadoras. Muchos trabajadores dentro de convenio se preguntan si la nueva ley los afectará. Los despidos de ILVA, Cortines, Pirelli, Volkswagen, Toyota, etc., responden por sí mismos a la pregunta. Ni qué decir que la cercanía de una nueva reforma acentuará la escalada de despidos en la industria.
 En todas esas fábricas, las patronales han contado con el concurso de la burocracia de los sindicatos para hacer pasar los despidos. Es claro que este posicionamiento anticipa la connivencia de la CGT con la nueva reforma laboral. 
 La lucha contra la reforma dependerá de las organizaciones de base de los trabajadores, de la reacción que se promueva en las fábricas y del impulso de los activistas. Está planteada una gran campaña de agitación y organización contra la reforma laboral antiobrera de Milei, que debemos desarrollar en directa conexión con la lucha por una nueva dirección, clasista y revolucionaria, en los sindicatos. 

Pablo Busch
 29/10/2025

martes, 28 de octubre de 2025

Socialismo o Barbarie Ep 40: Un balance de las elecciones

Las elecciones como una gran negocio financiero de los especuladores de Wall Street


El triunfo de Milei dejó enormes ganancias a los que apostaron a la timba, pero no despeja la inviabilidad del esquema económico. 
 Rob Citrone visitó a Milei en abril 2025. 

El rescate de Washington no solo hizo posible el triunfo electoral de Milei, sino que además habilita jugosos negocios financieros para un puñado de especuladores, a costa del país. El rebote de los bonos y acciones argentinas representa enormes ganancias para aquellos que compraron cuando había caído su cotización, mientras que la baja del dólar estimula el regreso del carry-trade. 
 Tras la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones de octubre, los bonos argentinos en dólares tuvieron un repunte de alrededor del 20%. También treparon las acciones de empresas locales que cotizan en Nueva York, sobre todo las de los bancos y energéticas que subieron hasta un 50%. Uno de los grandes ganadores de este cambio de tendencia fue Rob Citrone, amigo de Scott Bessent y dueño del fondo de inversión Discovery Capital, quien, gracias a sus vínculos con el secretario del Tesoro norteamericano, pudo acceder a información privilegiada y hacerse de instrumentos argentinos en el mes de septiembre, cuando estaban en plena caída debido a la corrida cambiaria que atravesaba el país. 
 Según la información periodística disponible, operando con los bonos argentinos durante 2024 y 2025, Citrone llegó a ganar 2 millones de dólares diarios. El mecanismo nunca varió: compraba a precio de remate y vendía en momentos de alza. Sus pronósticos eran poco falibles debido al nexo político con Bessent, con quien viajó a la Argentina a visitar a Javier Milei en abril de 2025. Recordemos que la relación entre Citrone y Bessent se remonta a cuando trabajaron juntos para el fondo Soros, protagonizando corridas contra la libra esterlina en 1992 y contra con yen japonés en 2013.
 Como vemos, el salvataje de Estados Unidos a Milei también buscó favorecer esta rapiña buitre por parte de los fondos internacionales. Estos, luego de adquirir deuda argentina a precios irrisorios, buscarán cobrarla a su valor nominal, lo cual implica un vaciamiento constante de las reservas del país, acentuando la bancarrota nacional que pagamos los trabajadores. 
 Por otra parte, llama la atención que, al día siguiente de los comicios, el dólar haya bajado de $1.515 a $1.370, para luego cerrar la jornada en $1.460. Según trascendidos, la divisa norteamericana volvió a recalentarse porque el Tesoro de Estados Unidos -a través de los bancos JP Morgan, Citi y Santander- habría salido a recomprar los dólares que vendió en el mercado local las semanas anteriores para permitirle a Milei llegar a las elecciones sin una disparada del tipo de cambio. Con esta nueva operación, Bessent hizo negocio, ya que vendió dólares cuando su cotización estaba alta, logró bajarla con su intervención, y recompró cuando la misma estuvo cerca del piso de la banda. Un "rulo" orquestado por el imperialismo en desmedro de las finanzas nacionales. Esta jugada ilustra hasta qué punto la Casa Blanca detenta el control de la política cambiaria de Argentina. 
 A su vez, que el dólar haya quedado por debajo del techo de la banda y las tasas continúen elevadas incentiva el armado de una nueva bicicleta financiera. La misma acrecentaría la bola de nieve de la deuda en pesos, abultando los vencimientos y preparando las condiciones para que se produzca una corrida de mayor tenor. Los únicos beneficiados serían los capitalistas que ingresen en el carry-trade, con el que obtendrían importantes rendimientos. 
 Se trata, como sabemos, de un esquema insostenible que, tarde o temprano, termina en devaluación. Mientras tanto, las consecuencias recesivas del atraso cambiario y las tasas positivas las seguimos pagando los trabajadores, con despidos y encarecimiento del crédito para consumir. Ahora bien, si prospera la salida devaluatoria que reclama una parte de la burguesía y sus partidos (como el peronismo), quienes vivimos de nuestro trabajo también saldremos perdiendo, ya que un eventual salto cambiario terminaría de hundir los salarios. 
 Con la ayuda del imperialismo yanqui a Milei, el país se vuelve cada vez más un botín del capital financiero internacional. Solo la izquierda defiende un rumbo opuesto a esta entrega, ya que es la única alternativa que plantea la ruptura con el FMI, el repudio de la deuda usuraria y la creación de una banca única bajo control obrero para detener la fuga de capitales. Nos valdremos de las posiciones conquistadas en las urnas y en la lucha de clases para ganar a los trabajadores a este programa de salida. 

 Sofía Hart

Milei tuvo un triunfo electoral, pero crece el desencanto con el régimen político


El oficialismo perdió casi 4.800.000 de votos en dos años, pero juntó más que el peronismo colaborador. El gobierno nacional obtuvo una victoria en las elecciones legislativas, sumando más del 40% de los votos en todo el país y superando al peronismo en la mayoría de las provincias. Sin embargo, este triunfo no puede ocultar la caída significativa de votos desde las generales de 2023 hasta la actualidad, con una pérdida de 4.774.933 votos (entre La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio), dando cuenta de un desencanto con el conjunto del régimen político, incluyendo al electorado oficialista y al del peronismo colaborador que perdió más de 1.500.000 votos. La izquierda que enfrenta en las calles el ajuste creció casi 150.000 votos absolutos de una a otra elección. 
 El dato se desprende de comparar lo resultados de las Elecciones Generales de 2023 con las Elecciones Legislativas 2025, donde La Libertad Avanza (7.884.336 votos) y Juntos por el Cambio (6.267.152) totalizan juntos 14.151.488 votos en 2023, contra los actuales 9.376.555 sumados por LLA y un puñado de votos sueltos de los restos del PRO. 
 De una elección a otra, tan solo en dos años, el gobierno perdió un tercio de sus votos, con un factor importante en la caída de la participación electoral (del 77,65% al 67,9%), imponiéndose sobre el peronismo que ofició de “oposición colaboradora” hasta el último día. 
 Los números de esta elección dejan planteado que el gobierno no representa una fuerza en ascenso, perdiendo el impulso de los primeros días de gobierno, sino que accede a una victoria con un fuerte descontento con el ajuste en marcha y una situación económica que no levanta y se hunde cada vez más, lo que condiciona toda la agenda reaccionaria que Milei tiene planteada. 
 La condena electoral a las fuerzas colaboracionistas también se expresó en el fracaso nacional de Provincias Unidas -un rejunte de gobernadores y fuerzas para negociar el ajuste con Milei-, que tan solo cosechó 1.140.936 votos (4,96%) a pesar de los aparatos que lo integran, pagando el costo de replicar el ajuste en sus provincias, con poca diferenciación como un espacio “independiente”.
 El peronismo, que apostó a repetir el resultado de las recientes elecciones bonaerenses sin ningún sobresalto, sufrió una derrota y una pérdida significativa de votos, con una lista que aglutinó a una representación política ausente en la lucha real contra el ajuste -con un discurso centrado en el Congreso- y una burocracia sindical desmovilizada y colaboradora con el ajuste de Milei sobre los salarios y condiciones laborales.
 Los referentes de Fuerza Patria no rechazaron la extorsión de Trump, con una campaña deslucida y candidatos de poco peso, quienes se pasearon por los medios mostrándose como “digeribles” ante el establishment y partidarios de la reforma laboral antiobrera. Incluso bajándole el peso del apoyo del aparato de los intendentes en la provincia de Buenos Aires. Mostrándose junto a la dirigencia de una CGT que pacta el ajuste con el gobierno. 
 En un cuadro donde las principales fuerzas perdieron una cantidad abultada de votos, ante el desencanto electoral de la población, el Frente de Izquierda Unidad consolidó su electorado, sumando casi 150.000 votos y totalizando 853.680 votos a nivel nacional, ubicándose como tercera fuerza en CABA y provincia de Buenos Aires, conquistando 3 bancas en el Congreso de la Nación. 
 Estamos ante una victoria que expresa los límites del gobierno de Milei y de un peronismo colaborador que no representa ninguna alternativa para los trabajadores. La izquierda se proyecta como una fuerza que conquistó su autoridad política luchando en las calles y que tras estas elecciones plantea reforzar la lucha hasta derrotar a este gobierno ajustador y las reformas reaccionarias que tiene en carpeta. 

 Marcelo Mache

La reforma laboral antiobrera como política de Estado y cómo la enfrentamos


Las fuerzas políticas patronales insisten en esta línea de ataque contra los trabajadores. 

 La reforma laboral antiobrera que tiene en carpeta el gobierno de Javier Milei, y que plantea devolver a los trabajadores a condiciones de semiesclavitud, no representa ninguna novedad en el escenario de las iniciativas de las fuerzas políticas patronales, con diferentes avanzadas e intentos recientes, tanto durante el macrismo, como con el gobierno del Frente de Todos, demostrando que en definitiva se trata de una política de Estado para los capitalistas. Sin embargo, a pesar de la complicidad de la burocracia sindical, se toparon más de una vez con la resistencia obrera. 
 Uno de los antecedentes más recientes de esta intentona contra los trabajadores se produjo a finales del 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, cuando los planes de reforma laboral del gobierno cedieron debido a las jornadas del 14 y 18 de diciembre, que con la movilización obrera y popular frente al Congreso contra la reforma jubilatoria golpearon de lleno a un gobierno que tras triunfar en las elecciones legislativas y el acuerdo con la CGT creía contar con el suficiente capital político y la fuerza para imponer una reforma que suprimía y cercenaba derechos y conquistas laborales. 
 No se trata de un patrimonio exclusivo de los gobierno de derecha: previo al gobierno de Macri el kirchnerismo había hecho lo suyo, con una orientación que en los hechos hizo proliferar la precarización y flexibilización laboral, con un esquema de empresas tercerizadas y contratos temporales y basura -estos últimos utilizados extensamente en el sector público- para desconocer derechos de los convenios colectivos de trabajo y favorecer a las patronales en detrimento de los trabajadores. Justamente, el gobierno se vale de la masa de trabajadores por fuera de los convenios y la formalidad laboral, multiplicados durante el kirchnerismo, para "fundamentar" su reforma laboral reaccionaria. 
 Actualmente, los referentes del kirchnerismo, con Cristina a la cabeza, hacen apología de la reforma laboral y de la necesidad de “modernizar” las leyes laborales y el Estado, coartando derechos sindicales y modificando los convenios para adaptarlos a las “nuevas realidades”: todos eufemismos para respaldar los reclamos patronales de adaptar las condiciones laborales y los salarios a las necesidades del mercado. 
 El macrismo, que no pudo avanzar con una reforma antiobrera estructurada en un proyecto de ley o un paquete legislativo, hizo algunos intentos concretos, como la adenda flexibilizadora del convenio petrolero para los no convencionales que flexibilizó las condiciones de trabajo de los obreros, aumentando los accidentes de trabajo y riesgos de siniestros fatales (dejando casi una decena de trabajadores muertos en apenas dos años), entre otras cosas, en vistas a garantizar el negocio de las petroleras, particularmente en los yacimientos de Vaca Muerta, sin que esto redundara en ninguna mejora salarial ni beneficio para los trabajadores. 
 Las dificultades para imponer una reforma integral contra los trabajadores llevó a la consigna patronal de las reformas “convenio por convenio”: una premisa que fue pasando de gobierno en gobierno, con la lógica de modificar cada régimen en particular, introduciendo allí las reivindicaciones patronales. 
 Durante el gobierno de Alberto Fernández esta política tuvo su clímax con la reforma laboral en la multinacional Toyota, donde la patronal impuso la extensión de la jornada laboral a los sábados y la modificación de la jornada de trabajo, con la colaboración d ella burocracia sindical del Smata y el respaldo del gobierno nacional. Esta reforma fue utilizada como “vidriera” para avanzar con el ajuste convenio por convenio. 
 Esta orientación encontró en los hechos la resistencia de los trabajadores -no así de la burocracia sindical que pactó y negocio con las patronales-, con medidas de acción y conflictos gremiales, como el de los trabajadores del neumático y el Sutna contra las patronales de la industria y su intento de imponer y modificar condiciones de trabajo. Y de distintos sectores gremiales que movilizaron y salieron a las calles en 2017 contra las reformas macristas. 
 Es la respuesta que plantea el Frente de Izquierda Unidad y el clasismo contra los planes de ajuste de Milei -que cuenta con la colaboración del peronismo y la burocracia sindical-, enfrentando las reformas antiobreras en los lugares de trabajo, formando agrupaciones antiburocráticas y clasistas y movilizando de conjunto para derrotar la agenda reaccionaria del gobierno y los capitalistas. La reforma laboral antiobrera es una cuestión de Estado para los capitalistas, derrotarla es una tarea de clase, de los trabajadores, para evitar un deterioro en las condiciones de vida y de trabajo y abrir paso a las reivindicaciones obreras y populares. 

 Marcelo Mache

lunes, 27 de octubre de 2025

Milei le agradece a Trump y admite el chantaje al pueblo argentino


Milei agradeció en su red social X a Trump por el rescate que le brindó a su gobierno de cara a las elecciones legislativas de este domingo, en las que logró imponerse. Es un reconocimiento de que la votación del pueblo argentino se realizó en medio de un chantaje del imperialismo norteamericano.
 El respaldo de Estados Unidos fue un factor importante en el triunfo de Milei. El gobierno trumpista chantajeó al pueblo argentino diciéndole que si no votaba por el oficialismo libertario iba a retirar todo tipo de “asistencia” al país dando el último empujón a una fuerte devaluación y dejando que su economía termine por desmadrarse por completo. Milei y Caputo se pasearon por Washington pidiéndoles a los mandamases del norte dinero y apoyo para pilotear la enorme crisis económica y social reinante. 
 En este contexto aparecieron los anuncios del salvataje por 20.000 millones de dólares (swap) y de un supuesto envío de otros miles de millones provenientes de bancos como el JP Morgan. El gobierno colocó a Pablo Quirno al frente de Cancillería, un exjerarca de ese banco, quien anunció la recompra de bonos de deuda vía JP Morgan para revalorizar activos y que ciertos fondos buitre puedan terminar de hacer ganancias y abandonar el barco antes de que se hunda. 
 Además de otorgarle al imperialismo el manejo de la política cambiaria y exterior, el gobierno acordó con el FBI llevar adelante una política para avanzar en un reforzamiento del espionaje contra los luchadores y la oposición. Milei y su séquito, asimismo, pretenden entregarle a la burguesía norteamericana la explotación de tierras raras y otros recursos naturales, colocándose como su peón en la disputa por el mercado mundial que mantiene contra China. Un intento que se verá atravesado por crisis políticas y alineamientos al interior de la propia burguesía nacional, que tiene negocios aceitados con el régimen chino. 
El peronismo en ningún momento postuló un programa para hacer frente a este chantaje de Estados Unidos. No planteó ningún tipo de medida de defensa nacional, porque es una fuerza capitalista incapaz de romper su subordinación -y la de Argentina- al imperialismo. Tanto es así que su candidato bonaerense, Jorge Taiana, fue parte de la delegación que, cuando gobernaba el Frente de Todos, se reunió con la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, junto a la propia Cristina Kirchner. Hasta Axel Kicillof tildó de infantil el planteo de romper con el sometimiento al FMI. 
 El Frente de Izquierda, por el contrario, cerró su campaña electoral con un acto frente a la embajada norteamericana rechazando esta presión de Trump y denunciando que Milei le había entregado el control del gobierno a la Casa Blanca. Es la única fuerza que plantea un programa antiimperialista y de defensa de los intereses de los trabajadores, con medidas como el repudio de la deuda externa fraudulenta y la ruptura con el Fondo Monetario, y la nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control obrero para cortar la sumisión a las multinacionales y el capital financiero internacional. 
 Ahora, con la votación obtenida como una línea de resistencia, la izquierda tiene la tarea de militar a fondo en los lugares de trabajo, estudio y en los barrios con el objetivo de preparar al pueblo para enfrentar la ofensiva de Milei y los capitalistas, lo cual requiere superar la orientación entreguista y conciliadora del peronismo y la burocracia sindical. 

 Nazareno Suozzi

El triunfo de Milei redobla la ofensiva capitalista con las reformas antiobreras


Solo los trabajadores podemos derrotarla. 
 Desde el búnker de LLA, Milei dijo que va por la reforma laboral. 

Javier Milei, envalentonado con el triunfo electoral, ratificó el rumbo de reformas antiobreras, presentándolas como una vía "para hacer grande a la Argentina". Es una declaración de guerra contra los trabajadores y sus conquistas, porque las mismas no solo no van a revertir la desinversión capitalista y generar empleo sino que ni siquiera despejan la inviabilidad de la política económica ni la perspectiva de una nueva devaluación. 
 En el búnker de La Libertad Avanza, el presidente dijo en su discurso que "Durante los próximos dos años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina. Ahora estamos enfocados en llevar a cabo las reformas que la Argentina necesita para consolidar el crecimiento y el despegue definitivo". Como vemos, se vale del resultado de los comicios para reforzar el ataque contra los trabajadores, algo que fue saludado por la plana mayor de la burguesía nacional, la cual no desiste, sin embargo, de presionar por una salida devaluatoria. En ese sentido se pronunció el desarrollador inmobiliario Eduardo Constantini, quien afirmó que “El dólar no debería irse al piso de la banda porque no es bueno para la economía real". Así las cosas, el triunfo del oficialismo no disipa la posibilidad de un salto cambiario que destruya los ingresos populares. 
 Mención aparte merece la presentación de la reforma laboral como un requisito para destrabar inversiones y crear puestos de trabajo. Si reparamos en las consecuencias que tuvo la Ley Bases vemos que esa afirmación es absolutamente falaz: la misma eliminó numerosos derechos laborales, sin embargo, no trajo ninguno de los beneficios prometidos. Por el contrario, desde que asumió La Libertad Avanza proliferó la descapitalización de las empresas y se perdieron 275.927 empleos formales; además, el trabajo no registrado alcanzó su máximo registro. El "camino reformista" que pregona Milei solo redunda en una mayor explotación obrera. La fuga de capitales seguirá su curso, por eso mismo, la devaluación aparece como una consecuencia inevitable más tarde o más temprano. 
 A su vez, Milei descontó el aval de la oposición para aprobar esas reformas, al mencionar que "Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia". Paso seguido, aclaró que "hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos". De estas declaraciones, el pueblo debe concluir que la única forma de derrotar semejante ofensiva es a través de la movilización, sin depositar confianza alguna en la fuerzas políticas del régimen que sostienen al gobierno, incluido el peronismo, que, a través de Itai Hagman, se pronunció a favor de que las Pymes accedan a "regímenes laborales especiales", donde se vulneren los derechos obreros. La propia Cristina Kirchner, en una de sus cartas, habló de "modernizar las relaciones laborales", lo que, en criollo, significa barrer con los convenios. 
 Una lucha a fondo contra esos planes antiobreros también implica superar a las burocracias sindicales, que no dudarán en entregar los convenios colectivos de trabajo, como ha ocurrido en todos los gremios donde hubo flexibilización. Sin ir más lejos, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT, dijo hace algunas semanas respecto a la intención del gobierno de avanzar en la reforma laboral que "Para darse ese lujo van a tener que ganar las elecciones muy bien”, condicionando la defensa de las conquistas obreras a un triunfo electoral de Milei que finalmente obtuvo. 
 Hasta el secretario de Trabajo, Julio Cordero, felicitó a la CGT por haber colaborado con el gobierno desde que comenzó su mandato. Finalmente, esos burócratas son responsables de que Milei haya remontado electoralmente, en la medida que desarticularon la respuesta del movimiento obrero contra la derecha y le dieron la espalda a todas las luchas.
 Con todo, no es cierto lo que dijo el mandatario en una entrevista de que "lo peor ya pasó". Para los trabajadores, lo peor está por venir, por eso debemos prepararnos para las batallas que se avecinan y volcarnos a la acción directa, la única manera de ganar esta pulseada. La victoria de Milei en las urnas no es un cheque en blanco del electorado para que profundice su agenda reaccionaria; debemos anoticiarlo de eso como lo hicimos con Macri en aquellas jornadas del 14 y el 18 de diciembre de 2017 que marcaron el ocaso de su gobierno. Las bancas conquistadas por el Frente de Izquierda estarán al servicio de promover esa rebelión popular.

 Sofía Hart

14 TONELADAS T2E39 | Todo sobre las elecciones

Vanina Biasi frente al Juez Llorens, denunciando el genocidio palestino

Scott Bessent gana las elecciones de medio término en Argentina



El montaje de un Protectorado financiero. 

 Los períodos de crisis agudas de régimen político se caracterizan por los virajes y desplazamientos políticos igualmente bruscos. En medio de una crisis industrial manifiesta, de una fuga de capitales y una cesación de pagos en puertas; en medio de las fracturas de la camarilla libertaria y las denuncias de corrupción, el Gobierno cosechó el 41 % de los votos y la mitad de las bancas en juego. Ningún pronóstico advirtió estos resultados; los más optimistas -para el Gobierno- ofrecían el pronóstico de una derrota moderada. Hace sólo 45 días, el Gobierno había perdido por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, y muchos más en la tercera sección electoral. Ayer ganó por medio punto en el territorio bonaerense, o sea que descontó 16 puntos a su favor frente al segundo, Fuerza Patria, y obtuvo un cuasiempate en la tercera. En el interior, el Gobierno derrotó al oficialismo provincial en Córdoba, Santa Fe, Salta y varios otros distritos donde había perdido, incluso en forma holgada, como en Santa Fe. Para citar un caso ilustrativo, FP perdió 26 puntos en Berazategui; los intendentes se ‘desentendieron’ de las elecciones, con plena conciencia de que favorecían a la lista liberticida, probablemente con la intención de decapitar a Cristina Kirchner de la presidencia del Partido Justicialista. 
 Para seguir la pista de este giro, LLA se apropió del grueso de la diferencia en la participación electoral, con respecto a las elecciones desdobladas, que pasó del 58-61 % al 68,3 por ciento; entre siete y diez puntos electorales. Una parte importante del ausentismo salió a votar, fundamentalmente el conservador, por temor a una derrota del oficialismo nacional. En las escuelas de la zona norte del conurbano, típica de clase media alta, ayer hubo largas colas, en tanto en septiembre estaban semivacías. Otro aspecto fue el ‘castigo’ a los contubernios armados por el kirchnerismo en varias provincias, como en Salta o Santa Fe, en Catamarca y Tucumán –con Urtubey, en la primera, y el ‘perotismo’ en la segunda-, para calificar como fuerza nacional. Urtubey, gobernador durante tres períodos, se hundió al 13 % de los votos. La peronista Natalia de la Sota, en Córdoba, y Caren Tepp, nacional y popular, en Santa Fe, no satisficieron las expectativas de los sondeos previos. 
 Más allá de los vericuetos de los votos, el resultado electoral del domingo 26 es una victoria del operativo financiero internacional montado por Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y Donald Trump para detener, al menos por el momento, un default de Argentina. Bessent quebró financieramente a los bancos y fondos nacionales que apostaron por una devaluación, mediante diversos procedimientos. La prensa internacional coincide en comparar este operativo con el que quebró a la libra esterlina, en 1992, en una pugna con el Banco de Inglaterra, con la participación del mismo Bessent. Quienes, en Argentina, apostaron 7 millones de dólares en los mercados de futuros han recibido una paliza, porque ahora, cuando venzan esos contratos entre el martes y el viernes próximos, deberán devolver los préstamos, a altas tasas de interés, que recibieron para hacer esa apuesta. Lo mismo ocurre con aquellos que pasaron depósitos de pesos a dólares o que suscribieron bonos ‘linked’ al dólar, en lugar de hacerlo por bonos en pesos a tasas del 70 al 100 % anual. Bessent paró una megadevaluación vendiendo dólares y poniendo los pesos a tasas de interés locales. Apoyó esta operación con un acuerdo de canje por 20 000 millones de dólares, entre el Fondo de Estabilización de Cambios de EE. UU. y el Banco Central de Argentina. El freno a la devaluación facilitó la salida al exterior de los Fondos de Cobertura de Estados Unidos invertidos en Argentina. Una operación similar, aunque de menor envergadura, impidió la quiebra de la convertibilidad, en 1994, y sirvió para la reelección de Menem. Como escribe La Nación: “De hecho, la estrategia de Bessent estuvo a contramano de la conducta de la mayoría de los argentinos que, en los primeros ocho meses del año, último dato disponible, desarmaron posiciones en pesos superior a los 17.400 millones de dólares, según el Informe de Evolución del Mercado de Cambios del Banco Central”. A todo esto, hay que agregar la llegada a Argentina del presidente del banco JP Morgan, el número uno de Estados Unidos, para organizar un fondo de otros 20 000 millones de dólares, para asegurar el pago de los vencimientos de deuda externa en 2026. Para una parte de la población, esa intervención norteamericana fue un éxito internacional de Milei y Caputo (ex JP Morgan), porque evitó un colapso económico inmediato, si se producía una derrota electoral de magnitud. La crisis, sin embargo, prosigue abierta porque el dólar sigue barato y se abaratará en los próximos días y porque la inversión industrial sigue súperplanchada. Caputo ha anunciado una cadena de privatizaciones. 
 Pero los límites de la victoria electoral son acotados; la maniobra financiera es cada vez más atacada en Estados Unidos, donde ese mismo Tesoro está cerrado por falta de acuerdo legislativo para el Presupuesto 2026. En los finales de mes subsiguientes, hay contratos de futuro a vencer, con la posibilidad de reanudar la presión contra el peso. La especulación continúa, mientras la depresión industrial se acentúa. La elección no ha removido la crisis: bajó la temperatura, no se resolvió la enfermedad. Argentina tiene pago de deudas por casi 20 000 millones de dólares en 2026. Dos días antes de las elecciones, decíamos en estas páginas: “Las camarillas financieras de Milei y Trump apuestan a una prosecución de la política de deflación monetaria, sin que importe la depresión industrial y comercial que ha provocado. El Banco Central seguirá ajustando la moneda con tasas de interés altas. Será el continuismo del 'carry trade': atraer dólares mediante altas tasas de interés. Sería probar suerte con el abismo, con la expectativa de que no flaquee el apoyo de los bancos. Estos procedimientos no rescatan a Argentina, sino a los fondos internacionales que han invertido en Argentina. Temen que lo contrario -una devaluación, un alza de la inflación y una ola de reclamos salariales- simplemente derriben al gobierno” (“Virajes de último momento”, 24/10). 
 Las elecciones han dado un aval (por ahora, claro está) al Protectorado financiero y político del dúo Bessent-Trump sobre Argentina. Pero, sobre todo, ponen en evidencia una crisis en el interior de la burguesía misma, porque el movimiento devaluatorio y en buena parte proteccionista de una parte del capital local no ha encontrado una expresión política adecuada a sus propósitos. “Poner freno” a Milei no constituye un programa alternativo. El kirchnerismo fue el primero, mucho antes de Milei, en señalar que el futuro de la economía local se encontraba en Vaca Muerta y la minería; el primer RIGI, en 2014, fue el acuerdo YPF-Chevron. Frente al poder establecido, con fuerte apoyo del imperialismo norteamericano, el engendro improvisado como Fuerza Patria no planteó un “orden” alternativo. El agravamiento de la guerra comercial ha acentuado esta encerrona, porque Milei no puede romper la dependencia de Argentina con China sin provocar grandes perjuicios y choques intercapitalistas, ni el kirchnerismo romper amarras con el imperialismo yanqui; de hecho, no se ha pronunciado sobre la instalación de un protectorado financiero. El electorado fue obligado a optar entre dos expresiones en decadencia. El impasse se ve con claridad en el fiasco de Provincias Unidas. La clase obrera, sin embargo, no ha captado esta situación de impasse o encerrona, aunque la intuya. Lo hará, sin duda, con el agravamiento de la crisis social que anuncian las nuevas medidas del Gobierno.
 Milei confunde la victoria de la operación de rescate político que montaron Bessent y Trump, con una ratificación del mandato político al gobierno. En poco tiempo se comprobará que ambas cosas están en colisión. El acuerdo comercial que Trump ha ofrecido a Argentina excluye a sus dos productos de exportación al mercado estadounidense: el aluminio y el acero, incluso en sus derivados. 
 La realización periódica de elecciones no significa que el régimen constitucional se haya robustecido. Ocurre, incluso, todo lo contrario. El aparato estatal es un chaleco de fuerza. Hay un gobierno por decreto, que veta leyes y que incumple las que se ve obligado a promulgar. La Corte Suprema y el Poder Judicial en general están completamente sesgados. El pacto de Lago Escondido, entre medios, jueces y fiscales, se cumple a rajatablas. El Poder Ejecutivo está surcado por negociados y narconegocios. La aspirina electoral no puede superar una situación que requiere el bisturí, instrumentado por una clase obrera despierta, no anestesiada. 

 Marcelo Ramal y Jorge Altamira 
 27/10/2025

Pretenden convertir a Gaza en una “zona de reconstrucción”, controlada por un Protectorado internacional y el estado sionista


El objetivo siguiente es el cambio de régimen en Irán. 

 En una sola semana se han amontonado en Tel Aviv el vicepresidente estadounidense, JD Vance; los responsables de la política de la Casa Blanca en Oriente Próximo, Steve Witkoff y Jared Kushner, y el secretario de Estado Marcos Rubio. Kushner es yerno de Trump y el autor del ultimátum de 20 puntos presentado por Trump. Es también el responsable del proyecto de convertir a Gaza en la Riviera oriental del Mediterráneo y del establecimiento de un Protectorado encabezado por el masacrados de Irak, Tony Blair.
 Rubio a la vez que explicó su viaje como un intento de reforzar el alto el fuego dijo que ‘los norteamericanos’ no eran quienes para impedir que Israel bombardeara Gaza como bombardea El Líbano (donde también hay un alto el fuego). En línea con la posición del carnicero de Tel Aviv, Rubio calificó a la UNRWA, el organismo de la ONU encargado del socorro a los refugiados, como “una filial de Hamas”. El aviso de que “no jugará ningún papel en Gaza” constituye una violación al acuerdo de cese del fuego. Conclusión: la hambruna y el genocidio continúan 
 Vance y Kushner, en cambio, anunciaron que Estados Unidos e Israel pretenden mantener dividida Gaza en dos zonas, la que está ocupada por el ejército sionista -y abarca el 58 % del territorio- y el resto. “La reconstrucción solo se llevaría a cabo en el lado israelí hasta que Hamas pueda ser desarmado y destituido del poder”, adelantó el Wall Street Journal (22/10). La operación de limpieza militar fuera de la zona ocupada consiste en destruir la totalidad de los túneles construidos por Hamas y la resistencia islámica. Netanyahu ha asegurado que ninguna formación militar extranjera podría llevar a cabo esa tarea -sólo el ejército sionista-. La masacre continúa 
 Los palestinos son empujados por el ejército hacia una supuesta “zona segura”, que es un territorio árido, sin agua potable, imposible para cualquier actividad productiva. Esta situación deja a los palestinos a expensas de la ayuda humanitaria, que Israel deja entrar con cuentagotas.
 (La infame “Línea Amarilla” definida por Trump, no es ninguna línea: abarca más de la mitad del territorio gazatí y está ocupada por el ejército sionista. Se extiende hasta las fronteras con Israel y rodea por el Norte y el Sur a los palestinos.) 
 Philippe Lazzarini, el jefe de la UNRWA, advirtió que la situación sigue siendo dramática. Aunque en la frontera tienen comida para tres meses, dijo, Israel no la deja entrar. Las tiendas de campaña y los sistemas de desalinización de agua también siguen en Egipto o en Jordania. “Hasta ahora no se nos ha permitido llevar un solo convoy, como a muchas otras ONG internacionales”, agrega. 
 Limpiar de escombros y bombas a Gaza tomará hasta 30 años, según un funcionario del grupo de ayuda Humanity & Inclusion, que describe el enclave como un "terrible campo minado sin cartografiar". El asedio israelí -lo pregona Netanyahu- impedirá que entre la maquinaria indispensable para remover los escombros, construir viviendas, hospitales, cañerías o plantas potabilizadoras de agua. 
 Ese es el carácter de la paz de Trump. Esperan que este cerco mortífero precipite el éxodo de los habitantes a los “paraísos” que le tienen preparado Trump y Netanyahu (Somalía, Sudán del sur, etc.) 
 El vicepresidente JD Vance y Jared Kushner (que es también titular del fondo fiduciario para la “reconstrucción” de Gaza) insistieron en que hasta que no se “destituya” a Hamas no se destinarán fondos por fuera de la Línea Amarilla. La confesión de que avanzarán en el genocidio es también la admisión del fracaso de dos años de sus intentos de aniquilar a la resistencia palestina. Hamas ha dicho que no dejará las armas 
 Kushner acaba de recibir miles de millones de dólares de fondos soberanos (estatales) extranjeros, y ahora está negociando “acuerdos de paz” que faciliten sus planes inmobiliarios en nombre de Estados Unidos. Su flamante empresa, Affinity Partners, ha recaudado más de 4.800 millones de dólares, principalmente de fuentes de Oriente Medio
 Sólo el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita invirtió 2.000 millones de dólares en Affinity Partners. También aportaron Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Los gobiernos árabes han invertido sumas siderales en el “fondo de reconstrucción” -los planes inmobiliarios- de Kushner-. La solución de los “dos estados” quedaría, improbablemente, reducida a una fracción de la actual Cisjordania, y al Protectorado de Gaza.
 Affinity Partners obtiene más de 80 millones de dólares anuales en comisiones y aspira a alcanzar un fondo de 25.000 millones de dólares, utilizando el 80 % de su financiación mediante deuda.
 La "nueva Gaza", recordó Vance, sería “protegida por una fuerza internacional que estabilice la región”, de la que participarían, entre otros, Egipto, Qatar, los emiratos y Turquía. Esta opción fue repudiada de plano por el gabinete confesional de Netanhayu, que no quiere resignar la exclusividad del control militar en la región. 
 “(U)na Gaza dividida aborda las dificultades aún sin resolver de desarmar a Hamas y establecer un gobierno alternativo que cree un entorno seguro para los miles de millones de dólares de inversión necesarios para la reconstrucción”, opina WSJ, el diario de Rudolf Murdoch, un fascista que apoya a Trump. 
 "A veces resulta muy difícil para los israelíes admitir que Hamas aún existe y es el actor dominante en Gaza", explica Michael Milshtein, exjefe del Departamento de Asuntos Palestinos de la Inteligencia Militar Israelí. “Confiar en actores sospechosos -clanes, milicias, bandas, muchos de ellos criminales, muchos de ellos afiliados a ISIS (el grupo Estado Islámico), muchos de ellos implicados en atentados terroristas contra Israel- y considerarlos una alternativa a Hamas es una ilusión" (BBC 23/10). Trump ha dejado abierta una rendija para permitir que Hamas ejerza una función policial de orden, junto al Protectorado internacional, en una transición que será acompañada por las oligarquías árabes. 
 Milshtein alude a las bandas de delincuentes cooptadas por Israel para robar alimentos, disparar a las filas de hambrientos y generar caos. Algunos de sus cabecillas fueron fusilados por Hamas en estos días. 
 El domingo pasado, en una abierta ruptura del alto el fuego, el gobierno israelí descargó 153 toneladas de bombas sobre Gaza, según dijo el propio Netanhayu en el Parlamento. Los ataques duraron 9 horas y sembraron el terror, dejando 50 muertos y 150 heridos. 
 Los sionistas justificaron la ofensiva porque Hamas habría violado la tregua (sic) en tres incidentes consecutivos y disparado contra sus tropas en Rafah, que está prácticamente despoblada y bajo control israelí. 
 Hamas desmintió el enfrentamiento y el periodista palestino Younis Tirawi reveló que el primer incidente se produjo porque una de las excavadoras contratadas por Israel para demoler hasta la última vivienda de Rafah atropelló un artefacto explosivo. 
 Los otros dos aluden a un enfrentamiento entre distintas facciones de la banda Abu Shabab. Los sionistas quedaron entre dos fuegos cuando quisieron proteger a su esbirro Yasser Abu Shabab, un delincuente de larga data vinculado al narcotráfico. Cooptado por Israel, asaltó camiones de ayuda para revender los alimentos y más tarde se sumó a la Fundación cuya distribución de comida terminó en el asesinato de varios miles de palestinos que pugnaban por una caja de comida. En noviembre de 2024, la tribu Tarabin de la que es originario lo repudió públicamente.
 La paz y la estabilidad en Medio Oriente no están más que en las rimbombantes declaraciones de Trump mientras prepara un rediseño de la región que colabore con su avance imperialista en el escenario mundial. El objetivo siguiente es el “cambio de régimen en Irán”. 

 Olga Cristóbal 
 24/10/2025

Elecciones legislativas 2025 - Bunker del Frente de Izquierda Unidad

domingo, 26 de octubre de 2025

La clase obrera: elecciones y después


El domingo 26, una parte considerable de la clase obrera votará por “poner un freno a Milei”, o sea por Fuerza Patria, en muchos casos sin mayor convicción. Incluso cuando Fuerza Patria (entonces Unión por la Patria) es la principal responsable por el ascenso de Milei. Los cinco cambios de nombre registrados por el partido Justicialista (antes peronista) desde 2003, son evidencia de la inconstancia política del kirchnerismo. No pasa de la maniobra política. En las elecciones actuales, la incorporación de candidatos que ya fueron macristas (Urtubey) e incluso ‘libertarios’ (Jalil, Jaldo y otros) se explica por el propósito de disputar los votos como fuerza o partido nacional, algo que no ocurría antes de estos entuertos. Quiere pelear como alternativa política de conjunto, aunque el conjunto sea una bolsa de gatos.
 Pero la crisis financiera; los acuerdos de canje de monedas con Trump y Bessent; la pelea de mercado por la devaluación; la depresión industrial; todo esto pone al kirchnerismo ante la obligación de adelantar sus tiempos de 2027 al lunes próximo y las semanas subsiguientes. La confrontación con una crisis agotadora de sistema supera su capacidad de respuesta y de acción. Incapaz de forzar una cuestión de poder con la camarilla de Milei, el JP Morgan y Donald Trump, rápidamente pondrá a luz esa impotencia y provocará el estallido de diferencias internas que tienen larga data. Oponer a la confiscación descomunal que provocará esta suerte de segunda etapa de Milei, el palabrerío de la justicia social, obviamente no alcanza. La burocracia de la CGT será la primera en “frenar”, no a Milei y sus tutores extranjeros, sino cualquier desafío político serio. La desilusión de la clase obrera con el kirchnerismo no demorará dos años, hasta las eventuales elecciones de 2027. Ellas podrían adelantarse si la crisis se lleva puesto al liberticida.
 Argentina ya ha dado varios pasos en la convulsión económica y social, como lo muestra el vaciamiento de dólares por parte de la burguesía y la pequeña burguesía acomodada, y como lo muestran las luchas muy importantes de jubilados, organizaciones de salud y organizaciones de discapacitados, y las huelgas parciales y plantones en las fábricas, incluso ocupaciones, en varias industrias. La inflación erosiona los salarios y jubilaciones, y la depresión industrial el empleo. 
 De cara a un ascenso de la acción de masas, el kirchnerismo es un freno. No lo son, por supuesto, numerosos militantes y simpatizantes del kirchnerismo, que ocuparán, muy probablemente, las primeras filas de esa lucha. Desde el lunes en adelante es más necesario que nunca desenvolver una gran politización de la clase obrera, o sea una comprensión de la crisis terminal en su conjunto. Es el callejón sin salida del capitalismo para las masas explotadas, y un derrumbe del régimen político. La consigna de un gobierno de trabajadores debe ser la conclusión de toda la actividad de propaganda y agitación política. 
 La consigna de huelga general, primero por medio de la propaganda, juega un rol objetivo muy claro ante luchas parciales crecientes –en este caso como agitación-. En el terreno de la acción, es necesario promover la formación de comités de huelga, comités de lucha y autoconvocatorias. En los sindicatos, la crítica a la burocracia sindical y sus acciones de aparato debe ser todo lo severa que corresponde a las circunstancias.
 Es con esta perspectiva que hemos participado en estas elecciones como fuerza política independiente, ajena a compromisos oportunistas paralizantes. Advertimos que la peor conciliación de clases es cuando se abre una oportunidad revolucionaria. La “unión del campo popular” es una gigantesca trampa, porque busca atar a la clase obrera a compromisos con otras clases. La clase obrera debe esforzarse, mediante la lucha y un planteo político claro, por ganar a las clases medias. La construcción de un partido revolucionario de la clase obrera es el eje de una estrategia victoriosa. 

 Comité Editorial
 25/10/2025

La crisis financiera a 24 horas de las elecciones.


Las elecciones de medio término de mañana no solamente han adquirido una importancia política que supera el alcance de las ejecutivas del pasado reciente. Han cobrado una magnitud internacional, al punto que es seguida por la prensa extranjera a un ritmo diario. En Estados Unidos han desatado una polémica de primer orden en momentos en que el Tesoro ha suspendido los pagos de salarios y gastos corrientes por el impasse suscitado en torno al Presupuesto 2026.
 En la serie de artículos publicados en el Financial Times se destaca el que lleva la firma de la reconocida periodista Gillian Tett, que advierte que la intervención del Tesoro norteamericano en la crisis financiera de Argentina, lejos de convertirla en Grande De Nuevo (MAGA), la precipitaría a un default una vez más (MADA). Denuncia al secretario del Tesoro, Scott Bessent, por desafiar la ley de la gravedad en materia financiera por el intento de impedir una devaluación que ya está descontada por el mercado. En una incursión más aguda en el análisis, señala que la “geoeconomía” de Trump, en referencia al uso geopolítico del dólar, pondría fin a la hegemonía monetaria internacional de Estados Unidos. Califica a la tentativa como el ejercicio de un imperialismo financiero, en el cual incluye las sanciones en serie contra un número elevado de países y en especial Rusia, China, Venezuela e incluso Brasil. Señala que es dudoso que Milei pueda evitar una crisis financiera y un default, incluso si cuenta con una ayuda estadounidense. En otros términos, dice, “si el paquete de EEUU fracasa en detener una crisis de mercado en Argentina, no solamente se va a perjudicar Milei, sino que también repercutirá mal en Washington mismo”. Tett describe la intervención norteamericana en el escenario de derrumbe financiero de Argentina como una lucha desesperada del imperialismo estadounidense por mantener la supremacía mundial. Pone, de este modo, a la crisis local en un contexto histórico de crisis del capitalismo mundial. La crisis no es un episodio que se resolverá el lunes próximo, cualquiera sean las variantes en los resultados electorales, sino toda una etapa de convulsiones políticas y sociales.
 Bessent y Caputo, de todos modos, enfrentan una coyuntura explosiva, porque gran parte de la dolarización de activos de las últimas semanas son contratos que vencen entre el 28 y el 31 de octubre próximos. Hay 7 mil millones de dólares en el mercado de futuros a la espera de la devaluación del peso; otros tantos de miles de millones en bonos que se ajustan por el dólar; 35 mil millones en depósitos en dólares que prefirieron apostar a la devaluación, en lugar de dejarlos a altísimas tasas de interés en pesos; y por último, aunque no menos importante, los 2 mil millones de dólares que el mismo Bessent destinó a la compra de pesos para contener su caída. Si la inversión de Bessent termina en pérdidas, sería el notición internacional en los mercado, con independencia de las cifras en juego. Los cinco días hábiles de la semana próxima serán el campo de una lucha encarnizada entre devaluadores y antidevaluadores, para que cualquier variación importante del tipo de cambio se traslade a la semana siguiente. En tal caso, el “lunes negro” podría pasar del 27 de octubre al 3 de noviembre. Los especuladores saldrían derrotados, pero la devaluación eventual sería un mazazo para los trabajadores activos y pasivos. 
 La cuestión de la devaluación del peso no sólo está cruzada por la estabilidad monetaria sino, fuertemente, por la crisis industrial. “La cadena de pagos está rota”, informó un empresario a El Cronista. Con encajes superiores al 60 %, los bancos han dejado de prestar, mientras tampoco pueden recuperar lo prestado. La íliquidez se ha acentuado como consecuencia de la absorción de pesos, por parte del Banco Central, a cambio de la venta de dólares. Los únicos prestamistas son las Fintech, cuyas reglas son algo más que flexibles, con rendimientos abusivos. Una devaluación podría agravar la situación antes que los dólares frescos vuelvan al mercado para comprar pesos devaluados. Milei y Caputo han manifestado repetidamente su desinterés por la situación industrial, en función de su opción por la minería, Vaca Muerta y otras opciones de dudosa perspectiva. En contraste con la apuesta a la hegemonía descendente del dólar, China ha monopolizado numerosas cadenas de producción internacionales, con una autonomía relativa del mercado global. La depresión industrial y la asfixia monetaria, sin embargo, tienen el potencial de disparar una crisis social y política que rivalizaría con la desintegración que causaría una devaluación. Entre 1999 y 2001, la crisis industrial y la asfixia financiera de la convertibilidad fueron factores eficientes en la promoción del Argentinazo. Quienes propugnan una dolarización inmediata de la moneda, alegando que régimen monetario del peso es la causa de la inestabilidad, ignoran que demolería a la industria –o la proponen precisamente con ese propósito-. La dolarización en un régimen de patrón dólar declinante es un despropósito. 
 En este escenario ha hecho su aparición el JP Morgan, la banca donde se entrenó Bessent, que ya logró que Pablo Quirno, el secretario de Economía, fuera ascendido a Canciller. El Morgan pretende armar un consorcio internacional de bancos para financiar la recompra de una parte de la deuda externa de Argentina en los mercados secundarios –es decir, no a valor de face sino al muy inferior de mercado-. El anuncio de la operación elevaría, claro está, la cotización de esos bonos. Argentina cambiaría una deuda por otra, pero a cambio de fuertes garantías de repagos, incluso patrimoniales, o sea con prima de embargo territorial. La operación sería respaldada por el estado norteamericano. La iniciativa del Morgan se encuadra en una definición global del banco, que ha anunciado la inversión de 1.5 billones de dólares en la formación de cadenas de producción para pelear el mercado a China -desde la minería y los recursos estratégicos a la industria de armamentos y de guerra-. El Morgan tiene el propósito (así lo ha anunciado públicamente) de convertirse en el financista de la guerra comercial, financiera y militar de Trump. Ha participado, con el Citi y el Santander, en el mandatario de la compra de pesos por parte de Bessent. De prosperar este proyecto, Argentina se convertiría en una colonia financiera monopolizada por los principales bancos y fondos de cobertura (Black Rock, Pimco y otros). Como se ha convertido en práctica habitual en el mercado, la masa de bonos podría ser empaquetada, eventualmente, con otros títulos en circulación, transformando el “riesgo argentino” en un riesgo de las Bolsas internacionales y en la ampliación potencial de una crisis financiera global. Donald Trump y Jimmy Dimon encerrarían a Argentina en la cadena de la guerra mundial. 
 Mientras se desarrollan estos acontecimientos, Brasil anuncia el default de tres grandes compañías y la caída del mercado de deuda pública. La prensa lo compara con el default de dos compañías norteamericanas First Brand y Tricolor, que al igual que el resto de las empresas internacionales se encuentran apalancadas con deudas muy elevadas. 
 Argentina es un espejo de la economía capitalista mundial. 

 Jorge Altamira 
 25/10/2025