No es un hecho aislado sino parte del avance de una política reaccionaria que encuentra eco en el gobierno de Milei, que además aplica un ajuste que afecta duramente a las mujeres.
El domingo 12 de octubre, Pablo Laurta fue detenido luego de asesinar a balazos a su expareja, Luna Giardina, de 24 años, y a su exsuegra, Mariel Zamudio, de 54. Tras el doble femicidio, secuestró al hijo que tenía en común con Giardina, en un hecho que conmocionó a Córdoba y reavivó el debate sobre los discursos de odio y su impacto concreto en la violencia hacia las mujeres.
Cuando se revisa el prontuario ideológico de Laurta, la noticia no sorprende a nadie. En redes sociales se presentaba como “antifeminista” y fue fundador del espacio Varones Unidos, un grupo dedicado a cuestionar las políticas de género y los derechos conquistados por el movimiento de mujeres. Bajo el discurso de combatir las “denuncias falsas”, Laurta y su organización impulsaban una narrativa basada en la victimización masculina, el negacionismo de la violencia de género y la reivindicación de valores conservadores.
Desde hace años, Laurta se autoproclamaba “presidente” de esta organización, que llegó a tener presencia tanto en Argentina como en Uruguay. En entrevistas y publicaciones, atacaba la ley de Violencia de Género uruguaya, denunciando una supuesta “asimetría legal” entre hombres y mujeres, y defendiendo el derecho de los varones a permanecer en sus hogares incluso ante denuncias judiciales, aunque fueran -según él- “falsas”. Su retórica coincidía con los postulados más reaccionarios de la extrema derecha, que busca deslegitimar la lucha de movimiento de mujeres y naturalizar las normas heterocispatriarcales.
Durante meses, la página de Varones Unidos difundió textos sobre “el caso Pedro Laurta”, presentándolo como víctima del sistema judicial cordobés. Allí se publicaron teorías conspirativas sin sustento, que acusaban a las mujeres involucradas de extorsión, explotación sexual infantil y estafa. Estas publicaciones, difundidas sin pruebas, fueron parte de una campaña sistemática de difamación y hostigamiento contra las víctimas del doble femicidio.
En sus redes, Laurta exhibía además una clara afinidad política con Javier Milei y Donald Trump, referentes de la ultraderecha liberal y reaccionaria. Participó activamente en actos y conferencias junto a Agustín Laje y Nicolás Márquez, autores del libro El libro negro de la nueva izquierda, texto de cabecera de los sectores más conservadores y antiderechos de la región. Laurta fue fotografiado en la presentación de esa obra en el Palacio Legislativo de Uruguay, donde Laje y Márquez reivindicaron abiertamente su lucha contra el feminismo y el movimiento LGBTQ+.
En videos que circularon por redes, ambos saludan a Varones Unidos con frases como “sigan adelante con esta cruzada que nos es común”, dejando en claro su apoyo a este tipo de agrupaciones.
El vínculo entre estos sectores se reforzó además cuando el femicida convocó en su cuenta de Facebook a participar del debate público que enfrentó a Agustín Laje con Gloria Álvarez sobre la ley del aborto, transmitido a través del perfil de Javier Milei.
No se trata de vínculos casuales. La red de articulación entre personajes como Laje, Milei, Márquez y espacios como Varones Unidos forma parte de una ofensiva ideológica que busca reinstalar discursos de odio bajo la apariencia de “debate cultural”. Detrás del discurso de la “libertad de expresión” se oculta una estrategia política que niega la violencia machista, persigue el lenguaje inclusivo, cuestiona los derechos sexuales y reproductivos, y desmantela las políticas públicas de género.
Este doble femicidio no es más que el resultado extremo de un clima social donde los mensajes de odio se legitiman desde las más altas esferas del poder. Mientras Milei intenta eliminar la figura de femicidio del Código Penal, recorta fondos a los programas de asistencia a víctimas y desmantela la Línea 144, su gobierno alimenta con discursos y gestos el mismo caldo de cultivo que habilita hechos como el de Córdoba.
En la provincia, el gobernador Llaryora se jacta de ser quien aplica la motosierra de Milei, aprovechando este planteo ideológico contra las mujeres para llevar adelante sus propias políticas de ajuste como el recorte al Polo Integral de la Mujer. Luna venía denunciando su situación de violencia, contaba con un botón antipánico y una orden de restricción, y de todos modos era acosada sistemáticamente por Laurta. Los protocolos legales estaban cubiertos y aun así el final fue fatal.
El caso Laurta expone una conexión directa entre la violencia misógina y la expansión de la ultraderecha. No es solo un crimen individual, sino el síntoma de un proyecto político que pretende hacernos retroceder décadas en materia de derechos y libertades. Los discursos de odio no surgen del vacío: son legitimados desde el Estado por un gobierno que reivindica el negacionismo, ataca las conquistas del movimiento de mujeres y alienta a los violentos con cada medida y cada declaración.
La única salida es organizar la fuerza de las y los trabajadores, de las mujeres y disidencias, para echar a Milei y a todo su séquito de cómplices reaccionarios y violentos. Solo con la movilización independiente y la lucha en las calles podremos frenar esta ofensiva contra nuestros derechos y abrir paso a una salida propia.
Agustina Serra
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