Mientras la Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta sobre una posible epidemia de fiebre amarilla en Sudamérica, luego de que se registrar cientos de casos y alta mortalidad en Brasil, Perú y Bolivia, el gobierno de Milei agrava la situación. El gobierno anunció que “prepara un plan de acción”, pero en realidad sigue ajustando a la salud, al punto de quitar la gratuidad de la vacuna, e incluso fue cuestionado por expertos que se reunieron con el Ministerio de Salud de la Nación y advirtieron que las medidas son insuficientes frente al riesgo de expansión del virus.
Sucede que, mientras la amenaza crece, el gobierno argentino decidió eliminar la gratuidad de la vacuna contra la fiebre amarilla para la mayoría de la población. Solo se mantendrá gratuita en algunas provincias del norte —Formosa, Misiones, Corrientes y partes de Chaco, Jujuy y Salta—, dejando afuera a millones de personas que viajan o trabajan en zonas de riesgo.
La medida fue repudiada por todas las sociedades científicas del país —infectología, virología, microbiología, vacunología y medicina general—, que advirtieron que la restricción de la vacunación gratuita aumenta el riesgo de un brote urbano y pone en peligro al conjunto de la población. Cuando la inmunización no alcanza a la mayoría, no solo queda desprotegido quien no puede pagar una dosis, sino que se rompe el escudo colectivo que impide la propagación del virus. En otras palabras: el ajuste sanitario es un ataque directo a la salud pública de todo el pueblo trabajador.
El carácter criminal de esta política se agrava si se considera el cuadro general del sistema de salud: cierres de programas de prevención, despidos en hospitales, congelamiento de salarios del personal y una ejecución presupuestaria en caída libre. Expresión de esto es el desfinanciamiento del Hospital Garrahan, la suspensión de vacunas en campañas nacionales, la falta de insumos y medicamentos en hospitales públicos y el vaciamiento del Malbrán.
Según un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto real ejecutado en los principales organismos de salud se desplomó en los últimos dos años. El Instituto Nacional del Cáncer sufrió una caída del 58%, la Superintendencia de Servicios de Salud del 70%, el Hospital Posadas del 29%, y el Malbrán —clave para la vigilancia epidemiológica— del 22%. Los programas sanitarios también fueron arrasados: la prevención de enfermedades endémicas cayó 74%, la de enfermedades transmisibles e inmunoprevenibles 89%, y la atención sanitaria en el territorio directamente desapareció, con una reducción del 100%. En un contexto de amenaza epidémica, estos números reflejan el desmantelamiento deliberado del sistema de salud pública bajo el gobierno de Milei, que está transformando derechos elementales en privilegios de clase.
Las consecuencias de la fiebre amarilla recae con más fuerza sobre quienes no pueden pagar una vacuna, una consulta o un traslado. La única salida a esta política de barbarie es la organización independiente de trabajadores y profesionales de la salud junto a la población. Hace falta un plan nacional de vacunación gratuito, universal y urgente, bajo control de los trabajadores de la salud, junto con la reposición inmediata del presupuesto sanitario recortado y el cese de los despidos y cierres de programas.
La defensa de la vida del pueblo trabajador exige romper con el ajuste dictado por el FMI y aplicado por Milei. Frente a la fiebre amarilla y al vaciamiento sanitario, la respuesta es más organización, más lucha y más control popular sobre los recursos de la salud.
Camila García
No hay comentarios:
Publicar un comentario