Sabag Montiel, condenado por el atentado contra Cristina Fernández

Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron condenados a diez y ocho años de prisión respectivamente por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández, cometido el 1 de septiembre de 2022. Fueron declarados culpables por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego. Los jueces desestimaron, en cambio, los agravantes de alevosía y “violencia de género en su modalidad de violencia política”, que había incluido la Fiscalía. Sabag Montiel deberá cumplir 14 años de prisión, ya que se le unificó la pena con una condena anterior por tenencia y distribución de pornografía infantil. Un tercer imputado, Nicolás Carrizo, el jefe de ´los copitos´, fue absuelto porque la querella y la fiscalía no formularon acusación. El juicio consumió 15 meses de debate durante los cuales declararon 157 testigos. El 9 de diciembre se conocerán los fundamentos de la sentencia. 

 Los defensores de Sabag Montiel y de Uliarte, por separado, habían pedido su absolución por considerarlos incapaces de afrontar un juicio. Los jueces hicieron caso omiso, aunque ambos imputados dieron muestras reiteradas de un comportamiento inusual. Las pericias psicológicas, aunque sin considerarlos inimputables, coincidieron en describir sus personalidades como “frágiles”. Las últimas palabras de Sabag Montiel fueron, de hecho, un desvarío. Su defensa había argumentado que el bombardeo mediático sobre la corrupción atribuida al kirchnerismo lo había persuadido de cometer el atentado. “Fue esclavo de su delirio mesiánico”, lo definió. Algo de eso dejó traslucir Montiel en su deshilachado discurso ante el tribunal. Aseguró que el caso fue “armado”, parangonó su situación con la muerte de Alberto Nisman e involucró a Lula en un supuesto pedido de extradición. Sus abogados también arguyeron que había tramado un crimen de cumplimiento imposible, ya que el arma con el que contaba no estaba en condiciones de ser disparada, lo que fue relativizado –estaba intentando cargar la bala en la recámara de su pistola cuando fue neutralizado por militantes de La Cámpora. Quedó acreditado que Montiel y Uliarte hicieron ´inteligencia previa´ entre los militantes apostados en los alrededores del edificio donde vivía Cristina Fernández. La ex presidenta declaró ante el estrado que en el juicio estaban ausentes los “ideólogos” del atentado. 

 La conclución de los jueces, sin embargo, fue que no hubo otros autores intelectuales más allá de la singular pareja; y que ésta habría tramado el ataque en soledad, aunque su móvil haya sido político. Desvinculado Carrizo, no se profundizó en las relaciones de ´los copitos´ con Revolución Federal y otras agrupaciones de la derecha anteriores al mileísmo, aunque todo lo describe como un grupo políticamente activo. El juicio fue caracterizado como “inusual”. “Incluyó testimonios inverosímiles y episodios de alta tensión”, afirma La Nación (9/10). Testigos que se desdijeron o sufrieron amnesia repentina, escenas bizarras. “El juicio fue también una ventana para observar los altos niveles de marginalidad a los que estaban expuestos los acusados y parte de su entorno” (ídem). 

 Pero sobre todo, deja una enorme cantidad de interrogantes sin resolver. No se registraron avances en la investigación sobre el rol de la Policía Federal y de la custodia personal de la expresidenta, que el día preciso del intento de homicidio no contaba con la presencia de su jefe, Diego Carbone. Tampoco sobre el rol de Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro de Seguridad.

 El teléfono celular de Montiel fue ´reseteado´ durante su cadena de custodia -en la que intervinieron varias fuerzas- y la información que almacenaba ya no podrá recuperarse. Tanto Montiel como Uliarte fueron detenidos sin intervención de la policía –el primero por los militantes K, la segunda por un secretario del juzgado, ante la indiferencia policial. 

 Por otra parte, la causa abierta a Gerardo Milman, a quien el asesor de un diputado K dijo haberlo escuchado alardear delante de dos secretarias, poco antes del ataque,”cuando la maten yo estoy camino a la costa”, fue archivada por la jueza Capuchetti, que se orienta ahora a investigar al testigo que lo involucró. Milman entregó su teléfono a la Justicia pero recién en mayo de este año accedió a entregar la clave para que que los investigadores pudieran acceder a él. Fue revisado por Gendarmería, sin la presencia de peritos de parte. 

 Una de las mujeres que habrían estado junto a Milman cuando pronunció la frase premonitoria, reconoció que los tres borraron información de sus celulares antes de entregarlos. Milman se destacó por sostener la tesis del autoatentado, levantada por un ala del PRO, pero nunca presentó ninguna pista que conduzca en ese sentido.

 Las incongruencias son llamativas: dos ciudadanos de a pie pudieron colocar una pistola a 15 centímetros de la cara de una ex presidenta fuertemente custodiada, pero las fuerzas federales fueron incapaces de preservar el teléfono celular del frustrado tirador. Los interrogantes sobre las responsabilidades políticas y policiales que rodearon el atentado siguen vigentes. 

 Jacyn 

 09/10/2025