miércoles, 31 de enero de 2024
El Congreso se empantana; la miseria y la bronca crecen
El gobierno ha ratificado la sesión del Congreso que debería tratar la ley ómnibus. La decisión, sin embargo, no está acompañada de una certidumbre sobre su resultado. Milei sólo ha ratificado la convocatoria ante la necesidad de cerrar el capítulo interminable de los tironeos y postergaciones por la ley. Se trata, también, de clausurar el escandaloso capítulo del dictamen trucho de mayoría, que fue firmado en blanco por los diputados y que ha terminado en la Justicia.
La sesión maratónica tiene final incierto. Varios bloques han pedido dividir la sesión, con sucesivos cuartos intermedios, para ordenar los sucesivos empantanamientos en la discusión de la ley.
El retiro del “paquete fiscal” ha agravado el impasse. Por un lado, el gobierno se encargó de anunciar que la recaudación manca de los derechos de exportación sería reemplazada por mayores ajustes, entre otras áreas, a las provincias. Por el otro, los gobernadores se complotaron para reclamarle al gobierno una parte del impuesto especial a las importaciones –“PAIS”- que fue incrementado hace un mes. Aunque el ministro Francos les aceptó el reclamo, después Milei lo desautorizó, dejando al ministro del Interior al borde de la renuncia. La pelea de rapiña por este impuesto es significativa, pues su valor se incrementa con la suba del dólar. Estos choques han puesto en evidencia que las finanzas provinciales están el default, algo celosamente oculto hasta ahora. Todavía está en el recuerdo la reivindicación de Córdoba en el debate presidencial. La Rioja ha emitido moneda propia.
Jubilaciones
Las otras medidas oficiales para resarcirse de la caída del paquete fiscal acentúan la catástrofe social y económica. Los “cerebros” de Caputo quieren subir el impuesto a los combustibles, otro impulso a la inflación. Pero la gran apuesta del gobierno para la ejecución del ajuste es la licuación de las jubilaciones. En las actuales condiciones, el sostenimiento de la fórmula de movilidad “Fernández-Massa-Guzmán” -que excluye a la inflación en su cálculo- implica una confiscación a los jubilados todavía mayor a la perpetrada en los últimos años. La consultora “Equilibra” estima “un ajuste de hasta 4,4% del PBI, con mucho margen para moderar esa caída con bonos y, aun así, achicar el gasto a expensas de los haberes” (El Cronista, 29.4). En un plano más general, los recortes compulsivos están conduciendo a una situación que roza la paralización económica.
En este cuadro, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, ha sacado de la manga un viaje a Estados Unidos para pedirle al FMI que sostenga el acuerdo con Argentina -virtualmente caído. La visita incluye a los cuarteles generales de la CIA. En medio de las guerras imperialistas en curso, el socorro financiero se tramita a cambio de alinear a Argentina en la OTAN.
La sesión
Los choques y divisiones atraviesan a todos los bloques. La votación “en general” será seguida por múltiples rechazos de artículos en particular. En el PRO, el operativo clamor que en las últimas horas se ha desatado para que Macri vuelva a presidir el partido, en oposición a Bullrich, anticipa una división que podría afectar esas votaciones particulares. En el bloque que preside Pichetto, la dispersión es todavía mayor. Milei, por su parte, ha vuelto a blandir la amenaza del plebiscito. Pero esa espada está cada vez más mellada.
Los trabajadores
Desde el paro del pasado 24 hasta hoy, la CGT se ha llamado a silencio. La burocracia hace seguidismo al peronismo acéfalo, que va perdiendo gobernadores, legisladores y a ex candidatos como Scioli. Daer dijo en el acto del paro que la política de la CGT es la Unión Nacional -con Milei adentro. Pero las urgencias obreras se multiplican en medio de la desorganización económica. Es el caso de las suspensiones en las automotrices, por falta de insumos; los despidos en el neumático (Bridgestone) y en la UOM (Ternium); y los que tienen lugar como consecuencia de la paralización de la Construcción. La situación salarial amenaza con explotar por el lado de la UTA.
Llamamos a impulsar en los lugares de trabajo y estudio y en las asambleas y las calles una huelga general que termine con el DNU y el proyecto ómnibus.
Marcelo Ramal
30/01/2024
Universidades: Milei corta los adelantos en cuenta para las universidades
La medida fue adoptada por el kirchnerismo tras el derrumbe del gobierno macrista. Este mecanismo de adelanto se realizaba sin costo alguno. Los rectores y las federaciones docentes señalan que este atraso genera una alteración en el pago habitual de los haberes docentes. En los casos más extremos, la Universidad de San Luis señala que desconoce cuándo podrá hacer efectivo el pago. El rector de la Universidad de Rosario, que la UNR tiene firmado un convenio con el Banco Nación por los próximos cuatro años para continuar con este adelanto de haberes.
Otras universidades nacionales que poseen acuerdos con bancos privados han ofrecido sostener el sistema de adelantos sin intereses. En otros casos, como el de la Universidad de Quilmes, la gestión universitaria ha anunciado que utilizará fondos propios.
Como la medida alcanza a los bancos provinciales, generaría un impacto en diversos niveles del Estado -comenzando por las administraciones provinciales- pero alcanzaría a médicos y profesionales de diversos organismos, como Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El sistema de que “se paga cuando se recauda el dinero”, habilita retrasos mayores o incluso el pago en cuotas de los salarios por falta de dinero.
La mesa directiva de ATE anunció una reunión de urgencia ante esta situación. Las federaciones docentes (CONADU, CONADU Histórica) reclaman contra el ahogo presupuestario y el congelamiento de las paritarias. Los docentes e investigadores han conformado una importante columna en la movilización al Congreso el pasado 24 de enero.
El funcionamiento de las universidades para el 2024 se encuentra profundamente cuestionado. La prórroga del presupuesto 2023 significa una reducción del 75%, sin contar la inflación del verano, de los fondos estatales a las casas de estudios. El presupuesto universitario viene siendo reducido sistemáticamente en los últimos años, lo que ha redundado en un creciente avance de los convenios privados con multinacionales o la creación de espacios arancelados (cursada a distancia, posgrados). El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama un aumento de fondos del 300% para lograr mantener abiertas las universidades durante todo el ciclo lectivo.
El gobierno de los “mesadineristas” ha colocado a la universidad en el centro de sus ataques, en favor del desarrollo de una privatización más acelerada. Es necesaria una respuesta de conjunto, o sea, una huelga general. La promoción de reuniones, asambleas, coordinaciones y todo tipo de iniciativas autoconvocadas serán el ámbito propicio para impulsar acciones de lucha y la unidad docente-estudiantil.
Joaquín Antúnez
30/01/2024
Salud mental: paremos lo que sería un retroceso histórico
El gobierno de Milei puso en agenda la pérdida de todo tipo de derechos: entre ellos, los de la salud mental. Este último mes ha sido objeto de debate y denuncias públicas por parte de un amplio sector de profesionales de todo el país por los intentos de modificación a la Ley Nacional de Salud Mental, contempladas en la llamada Ley Ómnibus. A estas críticas se sumó una declaración de la OMS señalando que viola tratados internacionales para la protección de personas con padecimientos mentales.
Los medios intentan generar polarizaciones entre familiares de personas con padecimientos mentales y profesionales y organismos en relación a la necesidad de recursos, la realidad de base no cambia. En nombre del reclamo al Estado del cumplimiento a rajatabla de la ley y la creación de dispositivos, las políticas de este gobierno y los anteriores se basaron en la subvención de instituciones privadas para personas con necesidad de alojo; por ejemplo, en el caso de los consumos problemáticos. Esto generó la proliferación de espacios como comunidades terapéuticas, que no cuentan con seguimiento profesional acorde a las necesidades de los usuarios.
El proyecto de ley muestra un desconocimiento absoluto en materia de internaciones. La actual ley de Salud Mental es clara en la diferenciación de aquellas personas que son voluntarias, donde media un consentimiento informado, y las que son involuntarias. Este último caso no inhibe la posibilidad de internación: la misma depende de la evaluación de un equipo interdisciplinario conformado por al menos dos profesionales de distintas disciplinas. Si se aprobaran las modificaciones de la Ley Ómnibus, se correría el riesgo de otorgarle al Poder Judicial la decisión sobre el destino de la vida y la libertad de las personas con sufrimiento mental.
Lo mismo ocurre en el caso de los abogados defensores (artículo 22 de la actual ley), que podrían establecer si una persona continúa o no internada. Nos preguntamos: ¿en qué aspecto de la ciencia médica, psicológica o social se basaría dicha decisión? Esta posibilidad de caer en la arbitrariedad nos retrotrae a finales de la década del 70, cuando aún no se había sancionado la ley de control de la internación. Las actuales modificaciones a la 26.657 parecen una copia fiel de la ley de esa época. En nombre de la ‘libertad’ y la ‘modernización’, en lugar de garantizar derechos, regulan las internaciones. Estamos frente a un retroceso histórico en materia de prácticas. Así prima la internación como eje en las intervenciones, y se desplaza a segundo plano el acompañamiento ambulatorio, la rehabilitación psicofísica, y la promoción de lazos sociales.
La defensa de los derechos de profesionales, de personas con padecimientos y familiares depende de la organización para discutir estas problemáticas. Defendamos y promovamos las autoconvocatorias y la creación de coordinadoras. Conquistemos los recursos necesarios para arribar a buenas prácticas en salud mental.
Silvia Allocati y Lucas García
30/01/2024
martes, 30 de enero de 2024
El acceso a la lectura
En primer lugar, hay que señalar que, con precio único y ahora sin él, el problema para los trabajadores es que los salarios están muy por atrás de la canasta familiar y cayendo brutalmente. Los aumentos de precios y el cuasi congelamiento de salarios aleja los bienes de las familias obreras. No sólo no hay tiempo libre para leer, es imposible comprar libros.
“A partir de la devaluación que llevó el dólar a más de 800 pesos, el precio del papel dio un salto del que cuesta encontrar un precedente cercano. Algunos editores cuentan que las imprentas están pasando presupuestos con un 80% de aumento, o incluso más.”, publicó Perfil, el 7 de enero de 2024. La burocracia de los sindicatos funciona como una pared frente a las iniciativas de lucha por el salario que van preparando los trabajadores. Podríamos señalarla, también como la fuerza imprescindible del estado, para mantener los libros separados de los lectores.
La lucha por un aumento de salarios del 100%, el salario igual a la canasta familiar, indexado por inflación es también la lucha por la cultura, la literatura y el arte. Las movilizaciones contra las medidas de Milei van en el sentido de la defensa de esta actividad y de los trabajadores de la cultura.
Milei, la industria del libro y la crisis
La política de Milei en este aspecto, es la “liberación” del “precio de tapa” a raíz de la derogación de la ley 25.542, que establecía un precio único en el país, para cada libro. Esto llevará a un aumento mayor en los precios bajo el dominio de las editoriales monopólicas que prevalezcan, Y tal como ha escrito la compañera Eugenia Cabral, a través de los canales de venta de los supermercados y las grandes cadenas de librerías podrán realizar ventas de best sellers o libros de autoayuda, a precios menores que las librerías más pequeñas. Las librerías, que son las que también venden literatura diversa y de nuevos autores, no se podrán sostener y con ellas caerán las editoriales más chicas, también.
Es así que la derogación de la ley de precio único despertó el rechazo de la mayoría de las empresas. La Cámara Argentina del Libro, que agrupa unas 400 Pymes, emitió un comunicado al respecto, señalando: “…son las grandes cadenas, plataformas y grandes superficies las que acaparan el mercado de venta del libro, eliminando a la competencia, concentrando el mercado, determinando qué se lee y, por consiguiente, qué se publica”. La Feria de Editores (FED) que agrupa a las llamadas “editoriales independientes” también se opone.
Este rechazo no cuenta con la firma de la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), constituida por los principales conglomerados dominantes, entre ellos, Yenny y Cúspide, como se observa en su directorio, además de Planeta, Penguin Random House y otras empresas multinacionales de origen español. En definitiva, Milei desde el estado, rescata a los monopolios multinacionales de la industria del libro, agravando la crisis que ya existía, con la muy posible quiebra de empresas más chicas y la imposibilidad del acceso a la lectura de literatura, de parte de la población.
De dónde venimos
La crisis de la industria del libro viene de hace varias décadas. aún con la ley de precio único, promulgada bajo el gobierno de la Alianza, cuando Domingo Cavallo era ministro de economía,
La concentración monopólica y extranjerización comenzó en la década de los años noventa y no cesó.
“…mercado de libros con una tendencia “bestsellerista”. Estas transformaciones marcaron el punto final en la lógica del negocio de tradición familiar, así como de las empresas editoriales nacionales que apuntaban además a exportar la literatura nacional hacia otras regiones. Con la importación de títulos y la imposición de nuevas formas de comercialización, los actores transnacionales desarrollaron una concentración en la edición y en la cadena de comercialización y una reestructuración del consumo con nuevas estrategias de venta y publicidad (Schavelzon 2002). Esto coincide con las características de la producción cultural a nivel global que, por un lado, se homogeneiza de acuerdo a patrones globales (como, por ejemplo, la proliferación de libros del género editorial de “autoayuda”, 2014, La Industrias Editorial Argentina. 1990-2010: Entre la concentración económica y la biodiversidad. Ezequiel Saferstein y Daniela Szpilbarg, CEDINCI–UBA–CONICET. text
Solo para mencionar un ejemplo, el grupo español, Planeta compró casi 20 empresas editoriales y librerías, entre 1998 y 2000.
Esto lejos de favorecer a la industria, la empeoró y enmarcada en la crisis económica “de 2015 a 2019, la producción de libros había caído en la Argentina sostenidamente, de 83 a 35 millones de ejemplares…Los cinco grandes grupos editoriales del país concentran, por otra parte, el 40 % de los ejemplares producidos por el sector comercial.”, Página 12, 5 de mayo 2022.
Según la Cámara Argentina del Libro, en el período 2016-2021 la tirada promedio de cada lanzamiento se redujo en más de un tercio (de 2,700 a 1,700). 38 % de los libros nuevos tiene una tirada inferior a 600 ejemplares.
En relación a la materia prima papel, Página 12 publicó el 4 de junio de 2023: “La concentración económica es uno de los rasgos del sistema de producción capitalista. Y la producción papelera no es la excepción. En la Argentina, este insumo clave es manejado por dos fabricantes: Ledesma, propiedad de la familia Blaquier/Arrieta, y Celulosa Argentina, dirigida por el salteño José Urturbey. La oferta local es completada por la provisión de tres firmas importadoras. Las editoriales nacionales denuncian una situación abusiva en este terreno con cartelización de precios, desabastecimiento y rentabilidad excesiva. Los aumentos desmesurados en el precio del papel (incluso en dólares) incrementaron la incidencia de este insumo en el costo del libro del 30 al 54 por ciento. En otras palabras, la materia prima cuesta más que el trabajo de autores, editores, diseñadores, imprentas y encuadernadores sumadas. En enero de este año, la CAL denunció aumentos en torno al 150 por ciento de papel obra, ahuesado y ecológico y del 300 por ciento para el papel ilustración para tapas de libros y para interiores de libros infantiles. Los típicos problemas de un mercado oligopólico se potencian por la reconversión a escala global de la industria papelera. El crecimiento del comercio electrónico incentivó a una mayor fabricación de papel de embalaje y cartones ondulados en desmedro de los productos gráficos” text
En este marco, el precio de los libros subió en 2023, más que la inflación.
Sobre el fenómeno de las “editoriales independientes”, los editores más pequeños manifiestan que la FED (Feria de Editores) solo se plantea como competidor de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y que cobra muy caro los stands, en su propia feria, impidiendo el ingreso a editoriales nuevas que son los que más promueven a autores que publican por primera vez, desconocidos hasta el momento. También reclaman el trato discriminatorio de parte de las librerías que reciben sus publicaciones en consignación, no informan de las ventas y no devuelven los ejemplares que indican como no vendidos. Además, aplican la ley de precio único para impedir que pueden acceder a sus libros a menor precio la población de localidades más humildes y del interior del país.
Nada que haga prevalecer la cultura. Es, simplemente, la vieja práctica del pez más grande que se come al más chico, es la ley del capital. Y sus partidos, que han gobernado todos estos años.
Capitalismo o libros
Antes de Milei y con Milei, el libro es transformado en una mercancía, un objeto comercial y no un producto cultural. Frente a la crisis capitalista internacional que golpea en Argentina, Milei rescata a los monopolios internacionales desde el estado, a través de medidas que les liberan las manos para la especulación y alejan a esta mercancía de la población.
En Latinoamérica, la revolución de 1959, en Cuba fue la experiencia más a fondo. La confiscación del capital logró un impulso enorme a la cultura. Volvieron los escritores a Cuba, recibieron salario por escribir y se desarrolló un programa para la edición de libros desde la imprenta estatal. Se publicaron más de 100.000 ejemplares de El Quijote, para 6 millones de habitantes, donde el 70% era analfabeto. Los motivos por los cuales se vive hoy un retroceso enorme en Cuba, aún en este terreno, tienen que ver con los límites de la dirección no socialista de esta revolución, pero es un indicador notable: ningún avance en el acceso a los libros vendrá sin afectar al capital, menos con su salvataje.
La apertura de las cuentas de los monopolios y la nacionalización bajo control obrero de la industria del libro, el salario para los escritores y artistas, sin la menor injerencia del estado en la creación, la selección de las publicaciones bajo decisión de las organizaciones de los propios escritores son medidas imprescindibles para que el libro no sea una mercancía, sino patrimonio real de los trabajadores. El ataque a la cultura forma parte del pinochetazo de Milei al que los trabajadores debemos frenar. La masividad de una actividad humana es la que permite su desarrollo real.
Hay que luchar por la derogación del DNU y la huelga general, en defensa de nuestra vida y nuestra cultura y del arte y luchar para que las mayorías tengan en sus manos, también, la producción y así, el acceso a los libros, a la lectura.
Silvia Jayo
14/01/2024
Héctor Bidonde, arte y política contra la injusticia
A partir de entonces, aunque estudia en el Conservatorio Provincial de La Plata y después toma clases con los maestros Agustín Alezzo y Augusto Fernandes, también comienza a militar en la izquierda. Se afilia a la Asociación Argentina de Actores (1965), pero a menudo asiste al vanguardista Instituto Di Tella atraído por las obras de Roberto Villanueva y Marta Minujin. Por lo visto, el gremialismo y el happening no se juzgaban muy contradictorios en esos años. Actividad política y ficción artística tampoco fueron consideradas ocupaciones inconciliables desde los tiempos de la lucha por la Independencia en el siglo diecinueve, hasta que el posmodernismo pudo instalar en los 90 la presunta inutilidad de la opinión política en el discurso de las artes y la literatura. Felizmente, muchísimos artistas y escritores no escucharon esos cantos de sirena.
Como actor, él mismo dijo preferir la poética realista, corriente que es visible en sus trabajos para la televisión (Nosotros y los miedos, Compromiso, Gasoleros, La banda del Golden Rocket) y el cine (No habrá más penas ni olvidos, La noche de los lápices, Puan). En teatro, en cambio, tanto interpretó papeles bajo la dirección de Fernandes, Norma Aleandro, David Stivel, Carlos Gandolfo y Manuel Ledvabni (bajo cuya dirección en Canciones maliciosas recibió el premio María Guerrero), como participó en la puesta de Mujeres soñando caballos, dirigido por Daniel Veronese, en 2003. En los años 80 comenzó a acercarse, sobre todo en la apreciación artística, a las dramaturgias innovadoras de Bartís, Audivert, Daulte, Spregelburd, sin perder la base de su formación proveniente de Stanislavski.
En 1957 inició su militancia política en el grupo trotskista Palabra Obrera, dirigido por Nahuel Moreno. Siempre se mantuvo cercano a corrientes de izquierda. En 2003 fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el partido Autodeterminación y Libertad, que dirige Luis Zamora; después simpatiza con Bloque del Sur y en 2015 presenta su candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el eslogan “Un ‘Cacho’ de cultura para la Ciudad”, por la alianza Movimiento Socialista de los Trabajadores-Nueva Izquierda.
Para esa candidatura, Bidonde participa en un video de propaganda partidaria que dura 1 min 38 s y tiene como modelo la escena final de la película Cinema Paradiso. En el texto, expresa con mucha emoción una frase que lo retrata a él mismo en su doble calidad de actor y militante: “La injusticia, esa abominable indiferencia del poder hacia la vida…”. Una definición certera de la injusticia en el sistema de clases del capitalismo, especialmente en esta horrible etapa de descomposición, crisis y crueldad que muestra en las guerras actuales la peor cara de los opresores y explotadores: el peligro de la guerra nuclear.
Eugenia Cabral
21/01/2024
Incendio voraz en Parque Nacional Los Alerces
Desde hace cinco días un brutal incendio afecta ya 1000 hectáreas del Parque Nacional Los Alerces en la provincia de Chubut, cerca de la ciudad de Esquel.
No pudieron usarse durante toda la jornada de este domingo los escasos medios aéreos porque el humo que está estancado impide la visibilidad. El incendio está activo y, según declara el responsable de incendios y emergencias, "esto va para largo, va a haber para muchos días”.
El incendio comenzó con dos focos muy próximos uno del otro, en la zona del Arroyo Centinela, a la altura de Bahía Rosales del lago Futalaufquen. Ambos se unieron transformándose en un solo incendio, que pasó de afectar a 65 hectáreas de monte nativo hasta 1000 hectáreas y continúa expandiéndose.
La catástrofe tiene varias causas: la voracidad capitalista, en este caso por las tierras de las comarcas andinas para aplicarlas a la explotación forestal, minera, turística e hídrica. Otra es la escasez de medios de combate al fuego, tanto de “herramientas” como de personal. Y, por supuesto, el cambio climático que lleva la temperatura a niveles nunca vistos. 2023 fue el año con temperaturas más altas de la historia y 2024 arranca con perspectivas de superar esas cifras.
Una vez más, se sospecha que el incendio fue intencional, como fueron los recientes de la provincia de Corrientes o los de la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires y tantos otros. La provocación del fuego procura arrasar con los territorios para rebajar su valor e iniciar así grandes negocios. Es lo que ya sucedió en la comarca andina en 2021 cuando se quemaron diez mil hectáreas en terrenos que había adquirido una maderera. (https://politicaobrera.com/6293-incendios-en-la-patagonia)
El gobernador Ignacio Torres -del PRO- dio una conferencia de prensa en Esquel, en la cual acusó al pueblo mapuche y anunció que hará las denuncias judiciales correspondientes. Integrantes del pueblo mapuche tehuelche repudian esos dichos y denuncian negocios inmobiliarios y hasta la construcción de una represa hidroeléctrica en la región por parte del magnate Joe Lewis, que sigue expandiendo sus dominios cordilleranos.
La escasez de recursos de combate viene siendo denunciada por los responsables de las brigadas que combaten el fuego en la zona cordillerana, quienes insisten con el pedido de medios aéreos, como aviones hidrantes y helicópteros, por considerarlos "herramientas imprescindibles" ante el riesgo que presentan las altas temperaturas y la aparición de los primeros incendios. Los medios aéreos no solo arrojan agua sobre el fuego, sino que trasladan personal, en regiones sin caminos y de difícil acceso. (Telam 27/12/23). Comunicados oficiales, por lo contrario, hablan de la provisión de todas las herramientas necesarias.
Brigadistas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) vienen reclamando desde hace años por sus condiciones laborales. Un reclamo esencial es la jubilación anticipada por ser un trabajo insalubre y de riesgo. Se jubilan a los 55 años, cuando ya sus fuerzas están muy menguadas. También un adicional, la entrega de indumentaria y herramientas, el pago de viáticos y el pase a planta de todo el personal.
El presidente anunció en su discurso inaugural que modificaría la ley 26815 de Manejo del Fuego, que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales en el ámbito del territorio nacional. El anuncio no podía ser más oportunista al mismo tiempo que inoportuno.
El ministerio Cabandié del gobierno FF fue uno de los más repudiados por la desidia e inoperancia en su área.
El Ministerio del Interior absorbió el antiguo Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible en el gobierno de Alberto Fernández, que rebajó a Subsecretaría.
Los incendios, los negocios capitalistas y la ruina del medio ambiente atraviesan todas las gestiones capitalistas.
Elena Florín
29/01/2024
lunes, 29 de enero de 2024
Cancelaron las plataformas educativas Conectar Igualdad y Educ.ar
Sujeto a la avanzada antiobrera y antieducativa contenida en el DNU, la Ley Ómnibus y el conjunto de la política del gobierno de Milei, se acaba de sumar un nuevo embiste contra la educación. Se trata del bloqueo de las plataformas Educa.ar y de Conectar Igualdad.
Los sitios del programa educativo y el portal web que le provee material a docentes y alumnos, figuran sin acceso. Luego de multiplicarse las quejas de los usuarios en redes sociales, con diversas expresiones de preocupación y consultas sobre lo ocurrido, la Secretaría de Educación justificó la restricción, mediante una comunicación interna, informando que ambos sitios web ingresaron en “modo construcción” y “hasta nuevo aviso”.
En la web de Conectar Igualdad se encuentra una placa en gris y la leyenda “sitio en mantenimiento”. Situación similar en el portal Educ.ar. “¿Cuándo volverán a estar disponibles los materiales didácticos?” y “¿para cuándo la página nuevamente activa?”, son algunas de las preguntas que pueden leerse en la cuenta oficial de Educ.ar en X (antes Twitter).
Educ.ar produce contenidos desde el año 2000. Además de unos 20 mil recursos educativos y decenas de miles de contenidos, cuenta con más de 200 aplicaciones y servicios de asesoramiento en proyectos tecnológicos. En 2005 incorporó el Canal Encuentro, el primero de televisión del área educativa, al que le siguió la señal de contenidos infantiles Paka Paka, en 2010. Es una Sociedad del Estado y figura en el Anexo I del proyecto de ley ómnibus, entre las empresas estatales o mixtas que el gobierno quiere “entregar al mercado” o desmantelar.
El Programa Conectar Igualdad ofrece recursos tecnológicos a las escuelas del Estado y elaborar propuestas educativas para incorporar esos recursos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, mientras que Educ.ar es un portal educativo oficial que lleva a cabo la integración de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo. Funcionan con software libre, un sistema independiente de los gigantes del mercado informático (Ámbito 27/11).
“Nos enteramos el viernes -explicaron trabajadores de Educ.ar al portal Tiempo Argentino-. Supuestamente está en mantenimiento el sitio 'hasta nuevo aviso'. Nos dijeron que es porque quieren revisar los contenidos, pero ni siquiera hay autoridades nombradas.”
“Revisar los contenidos” solo puede significar adecuarlos a la perspectiva anticientífica, antiobrera y clerical que signa el gobierno de Milei. No hay que olvidar que el actual secretario de Educación, Carlos Torrendell, es un hombre de la Universidad Católica Argentina, asesor del Episcopado, defensor a ultranza de la educación privada porque, dice, preserva a los estudiantes de “los intereses e ideologías de turno de quienes ocupan el nivel directivo burocrático del aparato estatal” (Infobae, 30/11/23).
Torrendell, un militante contra el aborto legal, se ha pronunciado sistemáticamente contra el laicismo en educación y es un enemigo declarado de la ESI.
Lejos de tratarse de un caso aislado, existe una sólida línea de continuidad entre quienes gobiernan y gobernaron. Por un lado, en 2018 y a través de un decreto, el gobierno de Macri puso fin al Plan Conectar Igualdad que benefició con la entrega de equipamiento a millones de estudiantes, además del despido de 130 trabajadores entre sociólogos, cientistas de la educación y técnicos, quedando el programa reducido a reparar computadoras. En su lugar, se creó el Plan Aprender Conectados que redundó en una muy limitada cantidad de gabinetes por escuela, con escasas máquinas para el total de alumnos.
Por otro lado, la sanción del presupuesto 2023 a cargo de Fernández-Fernández y Massa, implicó la ejecución de una rebaja del presupuesto educativo de $50.000 millones de pesos. Mediante la resolución 826/2022, le quitó $15.000 millones al programa “Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles”, $30.000 millones al programa Conectar Igualdad y 5.000 millones al de Infraestructura y Equipamiento. Por si eso fuera poco, dicho presupuesto autorizó el descuento de Ganancias del 40% de las cuotas de los colegios privados.
Esto no hubiera sido posible, de no haber contado con la complicidad de la burocracia Celeste, cuando Alesso-Baradel-Graciano han convalidado todos los ajustes educativos.
En primer lugar, a través de la estrategia entreguista y del desvío parlamentarista ante el gravísimo golpe que implicaría el contenido del DNU y la Ley Ómnibus en materia educativa, el desmantelamiento presupuestario que ya está en marcha y que afecta no sólo a los salarios docentes demolidos por la inflación, sino a las partidas para programas educativos.
Sergio Escalas
28/01/2024
domingo, 28 de enero de 2024
La gran patronal exportadora derriba el paquete fiscal de Milei
Lo que ha sido presentado como una confrontación entre el gobierno nacional y las provincias, centrado en la aplicación de derechos de exportación, es algo sustancialmente diferente. Como lo demostró el realineamiento del gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, la crisis política ha sido desatada por la ‘rebelión’ de la ‘patria exportadora’ –en el caso tucumano, la oligarquía agraria e industrial del limón y los citrus. Pullaro, el mandatario de Santa Fe, no escondió que su acción respondía a los intereses exportadores de la provincia –agrarios e industriales. Esto mismo fue aún más manifiesto en Córdoba, donde el gobernador reunió en asamblea a la patronal local. Luego de una apreciación del dólar del 118%, las patronales exportadoras no han querido ceder siquiera una tajada de la sobre renta producida por la devaluación. En cierto modo, el reclamo de los exportadores es igualar las condiciones que rigen en la industria petrolera y minera, que se queda con toda la renta internacional. La patronal en su conjunto apoya el DNU y el mamotreto ómnibus en lo que concierne a la liquidación de los derechos laborales y previsionales (FGyS), entre ellos el derecho político de manifestación y de huelga, y a la desregulación del salud y a la privatización de empresas estatales. El éxito de la asonada de las patronales contra el paquete fiscal modifica el panorama político –de un lado porque debilita a un gobierno anti-obrero y, del otro, anima al resto de las clases sociales a luchar por sus propios objetivos y reivindicaciones.
El fracaso del paquete fiscal constituye un revés para el FMI y para el acuerdo que había acabado de cerrar Caputo con el Fondo. El FMI ha sido el impulsor fundamental de la mega-devaluación y de la ampliación de las retenciones tanto a exportaciones agrarias como industriales. Los dos compromisos de Milei con el FMI –déficit fiscal cero y acumulación de reservas internacionales por 10 mil millones de dólares– han sufrido un fuerte revés. Debería comprometer, en principio, el giro de fondos prometido por el Fondo para el pago de intereses y principalmente de la deuda externa con acreedores privados y el propio FMI. Caputo mismo había dicho hace un par de días que con la devaluación y el paquete fiscal había impedido una declaración de default. Argentina retorna de este modo a los últimos días de corrida cambiaria del ex ministro kirchnerista Martín Guzmán. Los analistas del mercado de capitales, consultados por los diarios del país, ya han expresado su preocupación con la apertura del mercado de cambios el lunes próximo.
Los voceros del kirchnerismo y del FITU han advertido, con cierto realismo, que en los asientos restantes del ómnibus ‘libertario’ figura la delegación de poderes al gobierno, lo cual lo facultaría para hacer por decreto lo que no ha logrado en una parte del proyecto de ley. Pero la crisis del paquete fiscal ha provocado un cambio de posiciones. Entrevistado por América24, Pedro Pesatti, el vicegobernador de Río Negro, señaló que sus legisladores nacionales no avalarán una delegación de poderes que permitiera al gobierno meter por la ventana lo que no pudo por la puerta, ni nada que significara una contrariedad para las economías provinciales. Pichetto se animó a más –a reclamar una gobernanza de coalición, al menos en el Congreso. Es, secundariamente, un planteo para atraer a parte del peronismo a romper con el kirchnerismo y formar un bloque de oposición ‘amigable’. Esta postura, sin embargo, si fuera mantenida, es un veto al gobierno por decreto.
En las últimas dos semanas se han ido desplegando los elementos de una crisis política mayúscula –en última instancia prerrevolucionaria. El afán de alcanzar el ‘equilibrio macroeconómico’ ha provocado una desorganización económica hiperinfalcionaria y un manifiesto desequilibrio político. La clase obrera recibirá todo el impacto de esta crisis –no solamente en el nivel de vida sino también en la acción política y la organización. Muchos seguramente ya están pensado: ‘Si la patria exportadora logró voltear el capítulo fiscal del mamotreto, ¿por qué no podríamos nosotros voltear el paquete laboral, el ue proscribe derechos y, en esta lucha, recuperar las conquistas perdidas en la última década y media?
Manos a la obra.
Jorge Altamira
27/01/2024
La “125” de Caputo y Milei
Caputo retiró los puntos de la megaley relacionados al aumento de las retenciones, nuevos impuestos, el blanqueo de capitales y los cambios en la movilidad jubilatoria. La renuncia a esos ingresos implica, según los especialistas, el equivalente de un 1,5% del PBI, la tercera parte del déficit fiscal que el gobierno se comprometió a llevar a cero ante el FMI. En la conferencia de prensa, Caputo aclaró lo evidente -que no renunciaba a ese déficit cero y que los ajustes deberán venir por el lado del gasto. En la fila de esos recortes, aparecen en primerísimo lugar los jubilados: al dejar intacta a la “vieja” movilidad jubilatoria, el gobierno se embolsará entre 15 y 20 puntos de los haberes en el reajuste del primer trimestre de este año. Este resultado se obtiene de la diferencia entre la inflación galopante de estos meses y el índice de movilidad, que desconoce a la inflación. Para el reajuste siguiente, en marzo, estará el impacto de la devaluación que todos descuentan y que desatará otro salto inflacionario. Con la renuncia a la suba de impuestos, Caputo-Milei se aferran al “método” Massa-Cristina-Alberto para ajustar -es decir, la confiscación inflacionaria de las jubilaciones y, por la misma vía, de los gastos sociales y salarios estatales. O sea que los apóstoles de la estabilidad monetaria han prorrogado y amplificado al régimen hiperinflacionario nacional y popular. Milei acaba de decirle a la CNN que estamos “cada vez más cerca de la dolarización”, como consecuencia de la pulverización de la moneda nacional. Para dolarizar necesitará, sin embargo, reunir reservas internacionales suficientes, lo cual está lejos de ocurrir.
Más allá de esa licuación , los ajustes de gasto deberán ir más lejos -con ese propósito, los mesadineristas Caputo y Posse asumieron el control completo de la llamada “infraestructura”. La suspensión de los impuestazos y del blanqueo deberá ser compensada, por ejemplo, con una acentuación de los tarifazos y con un plan de privatizaciones y enajenaciones, que no excluye al Fondo de Garantía del Anses. Caputo le ofrecerá a los gobernadores “coparticipar” en los recursos que aporte la liquidación del Fondo -lo mismo podría ocurrir con el producido de otras privatizaciones parciales, como la del Banco Nación.
Crisis política
Pero nada de esto disipa a la crisis de poder que deja planteado el empantanamiento de la ley ómnibus. Ocurre que el retiro o la postergación de la suba de impuestos y el blanqueo agiganta la importancia de la delegación de poderes que los opositores dialoguistas acordaron ceder por al menos un año. A nadie escapa que, desde el punto de vista institucional, los impuestos o recortes drásticos deberán seguir ahora la vía de los decretazos. Los opositores tendrían que otorgar unas facultades especiales en materia impositiva, que servirán para ejecutar sumariamente las cuestiones que ellos objetaban en la ley -por ejemplo, la suba de retenciones. En su “amable” conferencia de prensa, Caputo anticipó que la ausencia de un acuerdo acentúa la necesidad del régimen de decretos, sin demora alguna. Por lo pronto, la retirada fiscal de Caputo deja colgado de un pincel al “flamante” acuerdo con el FMI, sustentado en la promesa de mayores ingresos fiscales. El fracaso del acuerdo parlamentario transforma al ajuste de Caputo -Milei en la promesa de un ajuste, que dependerá de los futuros decretos y los eventuales -y por ahora improbables- acuerdos parlamentarios para la aprobación de leyes fiscales por “separado”. Ni qué decir que los “mercados” podrían recibir este nuevo escenario con un pulgar para abajo, cuando les toque abrir el lunes.
Horas antes de la conferencia de Caputo, el inefable Pichetto se había ocupado de descartar un acuerdo por la megaley, y reclamó “una coalición” (de gobierno). Pero esa coalición no es el régimen de decretos de los mesadineristas Caputo y Posse. Pichetto ha reclamado otro régimen político. Si esa tesitura domina al flamante rejunte de gobernadores, la ley ómnibus seguirá en el pantano y Caputo deberá volver a su mesa de dinero particular. La coalición que promueve Pichetto, y la “voz alzada” de los gobernadores, en nombre de los intereses pesqueros, sojeros, petroleros y mineros, insinúa un gobierno alternativo al de la enclenque experiencia libertaria. Ninguno de ellos, sin embargo, tiene una salida para la bancarrota financiera de Argentina diferente a la ultrarreaccionaria de Caputo-Milei.
La clase obrera
Los medios o voceros del kirchnerismo, de la burocracia sindical -y también del FITU, que siguen como una sombra a los anteriores- se han apresurado a atribuirle al paro del miércoles la crisis política de los días siguientes. Han celebrado al recule fiscal de Caputo como una victoria propia. Ello no puede sorprender, porque las acciones de la burocracia y el pejotismo han sido presididas por una consigna de unidad nacional –“la patria no se vende”. En la “patria”, revistan los explotadores de la soja, el citrus, el litio o el gas, que defienden sus prerrogativas de clase, mientras apoyan la liquidación de los derechos laborales y democráticos que surge del DNU y la megaley. Es la unidad con los gobernadores y los intereses sociales que se encarnan en ellos.
Desde el punto de vista de sus consecuencias, el viraje oficial sólo ha redistribuido las fichas al interior de los explotadores. En cierto modo, Caputo-Milei han vivido su propia “125” -tuvieron que retroceder frente al capital agrario y exportador y otros intereses capitalistas similares. Pero la ley ómnibus mantiene en pie a la criminalización de la protesta social, mientras que la reforma laboral del DNU apenas ha sido suspendida por precarias resoluciones judiciales. Mientras tanto, el gobierno y las patronales les han impuesto a trabajadores y jubilados una gigantesca confiscación inflacionaria de salarios y jubilaciones, que se agravará con los próximos tarifazos y devaluaciones. Son esos enormes “méritos” y servicios al gran capital los que podrían llevar a la oposición dialoguista y a la burguesía a rescatar a la megaley y al propio gobierno de Milei.
Es necesario considerar este escenario de conjunto para promover, con una enérgica agitación y organización, una acción general contra el gobierno usurpador. El programa que puede desarrollar esa lucha es el aumento inmediato de salarios y jubilaciones, el retiro incondicional del DNU y la megaley del Congreso, la defensa del derecho de organización, movilización y huelga, terminar con el gobierno usurpador. En cambio, la burocracia sindical tramita la defensa de sus propios privilegios y los intereses capitalistas que campean detrás de los gobernadores. El camino son las autoconvocatorias y coordinadoras y la preparación de una huelga general.
Marcelo Ramal
27/01/2024
sábado, 27 de enero de 2024
La mesa de dinero de Caputo y Posse toma el control del gobierno “agónico”
Pero si persistiera un empantanamiento de la megaley, Milei y Caputo han dejado entrever su plan B –un reforzamiento de los ajustes-. Este es el sentido de las amenazas de “dejar a las provincias sin plata”. El que ´filtró´ estas afirmaciones, el exministro Ferraro, ya había cerrado acuerdos con las provincias para la conclusión de obras públicas iniciadas. Ahora, Caputo plantea un “golpe económico sobre el golpe”, con mayores recortes. Para consumarlo, se ha convertido en el “superministro de la caja”, según lo caracterizó un portal nacional en las últimas horas.
El “renunciado” Ferraro es un exduhaldista que participó de la fracasada “iniciativa público privada” en materia de obra pública durante el gobierno de Macri. Ahora, este filón le ha sido arrebatado por la pandilla de comisionistas financieros encabezada por Luis Caputo y Nicolás Posse, que ha asumido el control del gabinete nacional.
“Público-privada”
Cuando Caputo fue llevado al gobierno libertario traía bajo el brazo la promesa de un socorro financiero internacional más o menos inmediato –incluso por parte del propio FMI-. Pero esos recursos nunca aparecieron; la única cosecha del financista hasta ahora son los 3.700 millones de dólares “otorgados” por el FMI con el único propósito de cancelar los próximos vencimientos de deuda con el propio organismo.
Ahora, Caputo y Posse se han encaramado sobre toda la infraestructura -obras viales, transporte, comunicaciones, minería, energía- con el propósito de montar el rescate financiero que hasta ahora fracasó. Para ello, anuncian la implementación de la “iniciativa público privada”. Este régimen habilitó a la financiación de las obras mediante la emisión de deuda y a pagar con cargos específicos de las tarifas a cobrar (peajes, energía, transporte). Es un pasaporte seguro a la sobrefacturación de obras y, naturalmente, a la dolarización integral de tarifas –única vía para el repago de los préstamos contraídos-. En Inglaterra, en España y otros países, la “iniciativa público privada” fracasó estrepitosamente, bajo el peso de corruptelas diversas, tarifas intolerables y quebrantos que terminaron siendo enjugados por el Estado. Los únicos “beneficiarios” han sido los fondos internacionales que participaron de las operaciones de préstamos, convertidas luego en deuda pública. Es el “negocio” predilecto del autor del bono a 100 años.
Para cualquier financiamiento por esta vía, Caputo deberá ofrecer la garantía de ir hasta el final con los tarifazos, algo que también ha quedado bajo su égida. El superministerio tendrá, además, la llave de las privatizaciones.
En cualquier caso, la lucha de rapiña que encierra la crisis de gabinete ofrece aristas más amplias. La “banda” de Posse-Caputo quiere pegar una voltereta en la licitación de las represas hidroeléctricas de Santa Cruz, por ahora adjudicadas a empresas de China.
Milei no ha desmentido, siquiera formalmente, la amenaza de dejar a las provincias “sin plata” -incluso celebró un tuit que confirmaba esa decisión-. Está amenazando con perpetrar un golpe político y avanzar en un gobierno de camarilla fundado en los ´mesadineristas´ del gabinete. En el mismo día en que echó a Ferraro, Milei-Caputo resolvieron entregar el manejo de la salud -obras sociales y prepagas- a un directivo de OSDE, uno de los cuatro monopolios de la medicina privada. El gobierno de camarilla que se refuerza con esta crisis de gabinete coloca a la crisis política en un escalón superior.
Marcelo Ramal
26/01/2024
COVID-19: ¿la pandemia ha terminado?
Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en inglés), los contagios por COVID están aumentando en todo el mundo, con un aumento del 52 por ciento en el último mes que probablemente sea mayor debido a la disminución de los reportes y al desmantelamiento de los sistemas de seguimiento. (WSWS, 12/01) Este rebrote confluye con la predominancia de una nueva variante, JN.1, que fue clasificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una variante de interés (VOI, por sus siglas en inglés) y se está estudiando si podría tener una mayor capacidad de transmisión o una mayor capacidad para evadir el sistema inmunológico. Esta variante es un linaje descendiente de BA.2.86, y la muestra más antigua se recolectó el 25 de agosto de 2023 (Infobae, 3/01).
La variante JN.1 del COVID-19 se ha convertido en la dominante en Estados Unidos, con un aumento significativo de casos en el último mes. Los datos del último reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) indican que para fines de diciembre, JN.1 representó entre el 40% y el 50% de los casos de COVID-19 en el país, en comparación con el 7% a fines de noviembre. A su vez, los datos sobre aguas residuales de Estados Unidos indican que más de 2 millones de personas se infectan con COVID-19 cada día (WSWS, 11/01). Las hospitalizaciones semanales en EE.UU. aumentaron un 20% en la semana que finalizó el 30 de diciembre, en comparación con la semana anterior, y se han más que duplicado desde la primera semana de noviembre. Gran parte de este aumento está afectando a las personas de 70 años o más, que corren un mayor riesgo de muerte por la infección (WSWS, 11/01).
España desde fin del 2023 se encuentra atravesando una “tripledemia”, una combinación de infecciones de tres virus diferentes, COVID-19, Influenza A y RSV, un virus que puede causar bronquiolitis que afecta principalmente a los niños. El último informe publicado el 4 de enero por el Instituto de Salud Universitario Carlos III afirma que la tasa de infecciones respiratorias se sitúa ya en un total de 952,9 casos por cien mil habitantes a nivel nacional, un 78 por ciento más que hace un mes. (WSWS, 12/01). En algunas regiones el número es mayor, y por esto, los hospitales se encuentran recibiendo una enorme presión ya que las hospitalizaciones aumentaron un 60 por ciento en una semana y los servicios de emergencias se encuentran saturados por la alta demanda de pacientes. Las previsiones epidemiológicas calculan que al menos 4.000 personas morirán a finales de febrero (Ídem, 12/01). Frente a esta situación, el gobierno ordenó medidas como el uso de barbijos en los centros de salud. En Alemania, también se registra una nueva ola de contagios de Coronavirus desde diciembre del 2023. En México: el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) registra en su último conteo unos 200.000 casos de contagios por covid-19, cuyo concentrado está en Ciudad de México, con 21.425 casos activos (El País, 16/01).
En la Argentina, En las últimas tres semanas, se verifica un incremento con un promedio de 1751 casos semanales. En la segunda semana de enero se registraron 2583 casos confirmados de COVID-19, y 3 casos fallecidos, de acuerdo al boletín epidemiológico nacional.
En relación a la vacunación (única medida adoptada en los últimos tiempos para hacer frente al virus), la OMS refiere que la inmunidad de la población sigue siendo heterogénea a nivel mundial y, por lo tanto, el potencial de escape inmunológico de JN.1 depende de los antecedentes inmunológicos de la población analizada. Uno de los efectos que generó la declaración del “fin de la pandemia” es que se bajen las alarmas, lo que está produciendo que el número de personas que se aplican las dosis de refuerzo se reduzcan, además hay una nula campaña de vacunación. La población está expuesta a volver a infectarse, lo que puede provocar consecuencias en la salud: según estudios (The Gauntlet, 22/12/23), quienes padecieron COVID-19 presentan más riesgos de sufrir un ataque cardíaco y embolia pulmonar. Otra cuestión importante es el COVID prolongado: A principios de este año, el Dr. Tedros de la OMS declaró públicamente: que se estima que 1 de cada 10 infecciones resulta en una condición post COVID-19, lo que sugiere que cientos de millones de personas necesitarán atención a largo plazo. Efectivamente, los estudios encuentran consistentemente una prevalencia de COVID prolongado en tasas de dos dígitos, que generalmente oscilan entre el 10% y el 20%. Las consecuencias de la pandemia, no pueden medirse sólo por el número de muertes, las cuales tampoco pueden dejarse de lado (Ídem, 22/12/23).
El desmantelamiento de las políticas para el seguimiento, prevención y tratamiento de Coronavirus, ha dejado a la población librada a su suerte. La nueva ola de contagios tira por la borda las políticas llevadas adelante hasta el momento por los gobiernos capitalistas y la OMS. Como únicas medidas, además de la vacunación, se están retomando las recomendaciones del uso de barbijos y ventilación en los centros de salud y hospitales, pero no así la realización de testeos de forma masiva. El sistema capitalista expone a la población al deterioro de su salud día a día. Como hemos dicho en estas páginas al comienzo de la pandemia, la lucha contra el capital es una cuestión de vida o muerte.
Soledad Domínguez
26/01/2024
Cómo seguimos después del paro nacional
Comenzando por Plaza Congreso, donde se congregaron cientos de miles de personas abarcando desde la Avenida Entre Ríos hasta la 9 de Julio y numerosas calles aledañas. Pero además en el interior se destacaron las masivas movilizaciones en Córdoba, Rosario, Neuquén, Bariloche, Tucumán, Salta, y otras, donde en muchos casos se trató de las concentraciones más numerosas de los últimos años. En la Plaza Congreso se destacó la columna independiente organizada por el sindicalismo combativo, el movimiento piquetero, la asamblea de Unidos por la Cultura y la izquierda, que reclamó un plan de lucha hasta derrotar el plan Milei.
La masividad de la movilización, en el marco de un paro que la burocracia sindical no organizó en los lugares de trabajo, tuvo que ver con el proceso que se viene desarrollando contra el gobierno de Milei y que se abrió con la movilización del 20 de diciembre convocada por el plenario de Parque Lezama del movimiento piquetero sumando al sindicalismo combativo y la izquierda, que desafió el protocolo de Bullrich. Al anochecer de esa jornada, un masivo cacerolazo ganaba las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclamando un paro nacional. El reclamo se volvió a hacer presente en la movilización a Tribunales del 27, un día antes de que el confederal anunciara la fecha del 24 de enero. Durante todo enero numerosas asambleas populares, la asamblea de Unidos por la Cultura y diversos agrupamientos debatieron impulsar el paro y la movilización, culminando en la gran jornada del 24.
Como hemos señalado en Prensa Obrera el choque del gobierno de Milei con la burocracia, disparado por el DNU que rompió una negociación previa con los gordos, fue el detonante del paro general. En la deliberación obrera y popular de cara al paro tuvo un peso importante el desprestigio de una CGT que viene pactando con todos los gobiernos y que en cuatro años de gobierno de Alberto Fernández no convocó un solo paro nacional, dejando pasar todos los ataques al salario, las condiciones de trabajo e incluso los pactos de ajuste con el FMI que llevaron la pobreza a nivel récord. Por eso se fue ganando lugar la necesidad de una movilización independiente, que se expresó por ejemplo en la asamblea de Unidos por la Cultura donde la moción de movilizar en forma independiente superó a la de encolumnarse con la CGT, defendida por los sectores del peronismo pero también por un sector de la izquierda (el PTS).
En ese proceso ocupó un lugar central el plenario de ocupados y desocupados, convocado por el Sutna, la AGD y el Frente de Lucha Piquetero en El Jagüel el 20 de enero, al que se sumaron diversas representaciones sindicales (comisión interna del Hospital Italiano, directivos de Cicop, Sitrarepa, minorías del Subte y de Foetra, juntas internas de ATE del Garrahan y Economía, entre otros) y aún de la cultura, en el cual se votó la columna independiente y unitaria con el planteo central de exigir una continuidad del plan de lucha, donde convergieron todos los sectores de la izquierda y de DDHH. Expresó la decisión de las organizaciones que estuvieron a la cabeza de la lucha por todos los reclamos populares en la última etapa de deliberar para colocar con fuerza este planteo en la plaza del paro.
Tomar en las manos de los trabajadores la organización del paro fue un punto totalmente central. Es que la burocracia viene de años de desmovilización, producto de sus pactos con las patronales, que pesaron incluso contra el propio paro en la jornada del 24. En la vereda opuesta, el Sutna realizó asambleas fabriles en todos los turnos, que permitieron un paro total en las plantas y una importante movilización. La AGD UBA concurrió con una importante columna de 200 compañeros, así como también la junta interna del Hospital Garrahan junto a otros sectores de salud. Igualmente la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, con una columna importante de más de cien compañeros. El fenómeno se repitió en la planta gráfica Morvillo y dentro de columnas sindicales como las de Foetra, el Subte, no docentes o Alimentación.
Crisis
Mientras se desarrollaba el paro y la previa, el gobierno avanzaba con todo tipo de atropellos y fundamentalmente con la complicidad de la oposición patronal en el dictamen para la sanción de la “Ley Ómnibus”. Es que la totalidad de los bloques del Congreso están condicionados por fuertes lobbies patronales que quieren que el proyecto se apruebe, para que pase la reforma laboral, la represión y cláusulas antihuelgas para condicionar la capacidad de lucha de los trabajadores, y para habilitar enormes negociados.
A pesar de esta presión, el gobierno acumula crisis de todo orden para sancionar el proyecto. El dictamen de mayoría se votó en el plenario de comisiones sin tener el texto, que fue modificado posteriormente a la sesión. Además, se modificó la composición de las comisiones para obtener las mayorías necesarias. Incluso así, el dictamen salió con la complicidad del PRO, de un sector del radicalismo y del bloque encabezado por Miguel Pichetto, pero con mayoría de disidencias parciales. La sanción del dictamen, sin embargo, no resuelve el tratamiento de la ley, como lo mostró la amenaza de Caputo a los gobernadores de cortar transferencias a las provincias si no se vota el proyecto tal cual está formulado en los puntos que tienen que ver con las jubilaciones, retenciones y el paquete fiscal.
La crisis se concentra en tres puntos: el aumento de retenciones, que rechazan los diputados radicales; la modificación de la fórmula jubilatoria, que plantearía un ajuste por inflación recién desde abril golpeando a las jubilaciones que son de miseria; y la delegación de facultades al Ejecutivo, que cuestionan incluso muchos de los bloques intermedios. El gobierno defiende a muerte todos estos artículos porque comprometen su política de “déficit cero”, la clave para las garantías que pretende dar a los acreedores y al FMI.
Pero estos choques en torno a la ley dicen mucho sobre el carácter de la oposición a Milei. Los diputados radicales, que se ponen el cuchillo entre los dientes contra las retenciones a las exportaciones, están sin embargo reclamando que se restituya el Impuesto a las Ganancias a los salarios, porque es coparticipable. Mientras se critica en el Congreso la eliminación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los gobernadores negocian a cambio que parte de ese fondo vaya a pagar las deudas previsionales de las provincias. Gran parte de la pelea patronal en torno al proyecto es por cómo se distribuyen los beneficios de una brutal expropiación contra las masas. El gobierno de Milei y Caputo representa en última instancia a una camarilla del capital financiero, que pretende llevarse la parte del león y busca la asociación con toda la clase capitalista en base a ampliar la torta patronal en contra de los trabajadores.
Por eso ninguno de los bloques patronales critica la doble vara penal del proyecto, que penaliza con prisión efectiva las acciones de lucha mientras deja carta blanca a la clase capitalista a la que exime de cualquier tipo de sanciones.
Los gobernadores no solamente chocan con el gobierno por las finanzas provinciales, en virtud de las cuales reclaman restituir el reaccionario Impuesto a las Ganancias contra los salarios. Sino que además defienden los lobbies capitalistas de sus provincias. Por eso se “dieron vuelta” los tres diputados del Tucumán de Jaldo, que abandonaron el bloque del PJ para pactar el apoyo a la ley a cambio de resguardar los beneficios de las empresas azucareras de la provincia. Lejos de defender “a sus provincias”, los gobernadores defienden los intereses de las oligarquías provinciales.
Vamos por la derrota del proyecto
El plan de Milei implica un golpe integral a toda la clase trabajadora. Detrás de este engendro de ley reaccionaria vienen los tarifazos que el gobierno ya planifica para marzo y abril. El efecto de la devaluación ya se agotó por la inflación brutal de diciembre y enero. Por lo tanto, está planteado un nuevo salto cambiario que va a volver a golpear salarios y jubilaciones. La inflación monumental que procede a saltos confisca una parte cada vez mayor de los ingresos populares. Por eso el gobierno pretende avanzar a marcha forzada en la sanción del proyecto, antes de que las facturas, la inflación y una nueva devaluación coloquen nuevos factores de crisis y de intervención popular.
La derrota del proyecto del gobierno es entonces una pulseada central. Está en juego el derecho a movilizarse, los salarios, las jubilaciones, una nueva reforma laboral y un megapaquete de entrega al capital financiero. Por eso lo que correspondería es un nuevo paro nacional y una movilización el martes, en la jornada del tratamiento de la sesión. El movimiento popular debe ganar las calles masivamente para golpear la sanción de este engendro reaccionario. A contramano de esta necesidad, la CGT no anunció ninguna medida de continuidad del plan de lucha. Por eso urge una agitación por un paro nacional, y autoconvocarnos con todos los sectores que quieren enfrentar este proyecto para movilizar masivamente el próximo martes en fecha de la sesión en el Congreso.
Juan García
Abajo el plan motosierra en Trenes Argentinos
Hasta el pasado miércoles 24, día del paro nacional convocado por la CGT, no se habían designado las nuevas autoridades de Trenes Argentinos, pero ya estaban en marcha las primeras medidas de ajuste del nuevo gobierno. Es decir que fueron instrumentadas por el directorio nombrado por Massa durante la presidencia de Alberto Fernández.
En primer lugar, se dispuso el cierre del turno noche de boletería, se rescindieron los contratos con las empresas recaudadoras y se redujeron las estaciones donde es posible practicar la recarga de tarjetas Sube. Con estas medidas, una parte considerable del personal especializado en esto se encuentra sin tareas.
En segundo lugar, se redujo aproximadamente una décima parte de los servicios en los ferrocarriles de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires. En el Mitre, hay 32 servicios menos, 25 en el Sarmiento y 150 en el ferrocarril Roca. El ferrocarril San Martín ya había reducido sus servicios en épocas de pandemia.
Según la empresa, estas medidas se tomaron “por razones de estacionalidad y con el objetivo de aplicar un uso racional del material rodante”, pero para todos los ferroviarios son un achique que pone en disponibilidad a una parte considerable del personal y crea las condiciones para habilitar despidos.
Los ferroviarios y el paro nacional
En este contexto, se extendió entre los compañeros un repudio generalizado a la modalidad del último paro nacional de la CGT. Que la medida comenzara recién al mediodía y el transporte se extendiera hasta las 19 hs generó mucha reprobación y aún más cuando se supo que los servicios de larga distancia funcionaron durante toda la jornada.
Ninguna confianza existe en que los gremios ferroviarios adopten medidas en defensa de los compañeros. Todo el mundo tiene fresco en la memoria que, bajo el macrismo, los sindicatos se integraron al directorio de Trenes Argentinos, y, desde allí, dejaron pasar los retiros voluntarios y el despido liso y llano de mil trabajadores de la disuelta Ferrobaires.
Para detener el plan motosierra de Milei y una privatización de Trenes Argentinos, es imprescindible que intervengan los trabajadores. Impulsemos asambleas para organizar la defensa de todos los puestos de trabajo y del servicio. Abajo los tarifazos, arriba el salario. Por la reapertura inmediata de la paritaria salarial. Por un salario inicial igual a la canasta familiar, indexado a la inflación. Abajo el DNU y el proyecto de Ley Ómnibus.
Jorge Hospital
La amenaza de Caputo y el lobby de los gobernadores
Una negociación de espaldas a los intereses populares.
En medio de las negociaciones del gobierno con la oposición para allanar la sanción de la Ley Ómnibus el ministro Luis Caputo desató un cruce político con los gobernadores, tras amenazar vía Twitter con ejecutar fuertes recortes en los giros de fondos a las provincias en caso de que el proyecto sea mutilado en los puntos fundamentales del ajuste fiscal: suba de retenciones a las exportaciones y robo a los jubilados.
“Me reuní con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”, tuiteó el ministro de Economía. Así, bajo la consigna de que “el déficit cero no se negocia”, Caputo advierte que en caso de frustrarse puntos importantes de la Ley Ómnibus el ajuste será compensado con otras partidas sensibles a las arcas provinciales. La extorsión es una muestra de debilidad, horas después de haber reunido las firmas para el dictamen de mayoría, ya que el número de votos para la aprobación en los términos que pretende el gobierno todavía aparece como difícil de alcanzar.
Caputo busca meter presión a los gobernadores cuyos legisladores o no apoyaron o firmaron con disidencias parciales el dictamen oficialista, lo cual podría llevar a que la ley se apruebe en el recinto pero con la poda de artículos clave. Es una bravuconada en medio de una negociación abierta con los mandatarios provinciales en torno a los fondos coparticipables, que según analistas cayeron en la primera quincena del año un 7,5% (El Cronista, 24/1). Esa caída se suma a los recortes en obra pública y giros discrecionales.
Es un tema que fue puesto sobre el paño desde el comienzo, y que el oficialismo pretende zanjar con el envío del proyecto para reponer el Impuesto a las Ganancias sobre los salarios, ya que es un gravamen que se coparticipa. Esto porque a los gobernadores no les preocupan los laburantes de “sus provincias” sino los recursos fiscales que manejan, y por lo tanto son permeables a sacrificar a los asalariados de sus lares como moneda de cambio. Finalmente, son quienes vienen ajustando en salud y educación y avanzando con despidos.
Lo mismo puede decirse del intento del gobierno de liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses y su traspaso al Tesoro. En medio de los discursos que despotrican contra el robo que sufren los jubilados, había trascendido un acuerdo con los sectores del radicalismo, el PRO, el pichettismo y bloques provinciales para habilitar la transferencia del FGS, pero luego de saldar las deudas previsionales con los distritos. Una entrega en regla. Como sea, finalmente ello no se incorporó en el dictamen y la cuestión sigue en el tintero.
Distinto es cuando están en juego los intereses de los capitalistas que dominan las “economías regionales”. La pulseada en torno a las retenciones a la soja, el maíz, la carne y otras exportaciones industriales está al rojo vivo. Pullaro de Santa Fe y Llaryllora de Córdoba cerraron filas con los sojeros contra la suba al 33% de ese gravamen, y al 15% en el caso del maíz y el trigo. Incluso, un diputado schiarettista denunció que el dictamen que finalmente salió desconoce lo acordado sobre no eliminar los cortes para biocombustibles.
Otros, en cambio, se anotaron a favor la exención de pagar esos derechos de exportación sobre varios cultivos, mientras que la minería y el petróleo quedaron con las bajas alícuotas que tributan hoy, de entre el 4,5% y el 8%. Así se allanó el gobierno el apoyo de los tucumanos que responden al peronista Jaldo, a cambio de eximir a los limones o desistir de eliminar las promociones a los azucareros. Lo mismo puede decirse de los misioneros, que actuaron como representantes de las yerbateras. Incluso buscan tentar también al gobierno justicialista de Catamarca, agente de las mineras.
Milei pretende así, por la vía de la extorsión pero también de la zanahoria a los lobbies capitalistas, reunir el apoyo necesario entre los gobernadores para destrabar la Ley Ómnibus. Claro que, entre las necesidades de caja y los negocios que sí se afectan, es un camino empinado sobre terreno escabroso. Lo que está claro es que la defensa de los intereses populares no puede quedar en manos de los mandatarios ajustadores y sus legisladores, que ofician de empleados de las oligarquías provinciales, y por eso es vital la movilización obrera para derrotar esta ofensiva. Necesitamos un nuevo paro nacional para el martes y un plan de lucha hasta enterrar el plan Milei.
Iván Hirsch
viernes, 26 de enero de 2024
El capital reclama más “libertad” para destruir el medioambiente
En primer lugar, las modificaciones de la Ley de Bosques favorecen a los grandes terratenientes que se verían habilitados para desmontar hectáreas que eran previamente protegidas. Es el caso de Eduardo Elsztain, titular del pulpo IRSA que controla la firma Cresud para la explotación de granos, cereales, carne y caña de azúcar. En Salta, Elsztain ya desmontó 120.000 hectáreas y aguarda desmontar otras 150.000 hectáreas más que hoy están protegidas por esta ley. Se estima que ya lleva desmontadas 1 millón de hectáreas en todo el país. Elsztain es el dueño del Hotel Libertador que ofició de vivienda para Javier Milei durante su campaña.
Otros empresarios que se favorecen con la actividad de desmontes son Mauricio Macri y su empresa SOCMA, que pretende desmontar 10.000 nuevas hectáreas en Jujuy en la finca Yuto, y hasta el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que posee hectáreas en el departamento de Copo (Santiago del Estero).
Según lapoliticaonline (22/01) habría cambios en la propuesta original sobre la ley de bosques por una "defectuosa redacción" y una "confusión evitable". Habrá que esperar la versión definitiva para saber qué alcance tiene realmente, pero el propósito de ofrecer nuevas porciones de tierra para el lucro privado es manifiesto.
En el mismo sentido están las modificaciones de la Ley de Quemas. Viale recordó que recientemente se ha prendido fuego un 12 % de la provincia de Corrientes y otro tanto ha sucedido en Rosario, con el objetivo de convertir pastizales en zonas aptas para el cultivo. Comparó lo sucedido con lo promovido por Bolsonaro en Brasil que causó un desastre manifiesto en la Amazonia. Festejan las empresas forestales y el agronegocio.
El DNU vigente hasta el momento ya derogó la ley de tierras rurales, que establece un límite del 15 % de la tierra rural para la posesión por parte de extranjeros, prohíbe que un mismo titular extranjero acumule más de 1000 hectáreas en la zona núcleo (sur de Santa Fe y Córdoba y norte de Buenos Aires) y determina que personas o empresas extranjeras no podrán adquirir territorios ribereños o que contengan cursos de agua de envergadura.
En cuanto a la Ley de Glaciares -que prohíbe la minería sobre glaciares o ambientes periglaciales-, el beneficiario directo con las nuevas modificaciones es el pulpo minero Barrick Gold, que había denunciado a esta ley por inconstitucional, perdiendo el litigio en 2019 en la Corte Suprema. La Barrick explota las minas de oro en Veladero, en San Juan, y Pascua en la Cordillera de los Andes y también exige que se recategoricen zonas protegidas. Los Kirchner han sido socios estratégicos de la Barrick y su explotación con cuantiosos beneficios fiscales. CFK se ha reunido personalmente con Peter Munk, el CEO de la multinacional, durante su presidencia y vetó una primera ley de glaciares en 2008. En el transcurso de la explotación minera, Barrick Gold ha arrojado arsénicos como el cianuro y el mercurio a los ríos. Estas modificaciones pasarían intactas en las negociaciones que se están llevando a cabo en el Congreso (ídem).
Sismos en Vaca Muerta
Además, entonces, de establecer la “libertad” para quemar, desmontar, envenenar, existe la libertad para generar sismos. El 21 y 22 de enero se produjeron dos sismos en la localidad de Añelo, en Neuquén, la ciudad cabecera más importante de la explotación de gas no convencional de Vaca Muerta. Uno de ellos tuvo una magnitud de 3,9 en la escala de Richter. Se trata de “sismos inducidos” como consecuencia de la operación del fracking. Este método consiste en perforar la roca hasta alcanzar la ubicación de los hidrocarburos, detonar la roca con explosivos y luego inyectar gigantescos volúmenes de una mezcla de agua, arena y productos químicos a presiones extremas. En 2023 se registraron 67 sismos inducidos (vacamuertanews, 22/). La población aledaña a Vaca Muerta ha sufrido deterioros en las viviendas y viven con temores constantes a los temblores.
El Observatorio de Sismicidad Inducida ha puesto en duda si YPF, una de las principales empresas que explota el yacimiento, está ejecutando sus protocolos antisísmicos. Es que los controles sobre la actividad sísmica -que ya no se niega- están enteramente a cargo de las propias empresas y están garantizados por cláusulas de confidencialidad, lo cual fue cedido de esta forma por el Estado.
La ley Ómnibus, establece entre otras cosas la liberación de precios a las empresas exportadoras de petróleo y gas en toda la cadena productiva, para su alineamiento con los precios internacionales, y mantiene un límite reducido en la obligación de volcar la producción para el abastecimiento interno. Vaca Muerta y el fracking son la nave insignia.
El medioambiente, una “propiedad” para lucrar, al menos por un tiempo
Viale mencionó en su alocución un dato importante: el desarrollo del extractivismo es proporcional al desarrollo de la pobreza. La clase obrera es extorsionada con limitadas fuentes de trabajo, extensas jornadas de trabajo, salarios de miseria, al tiempo que extensiones enteras del suelo se contaminan y transforman en verdaderos páramos. La CGT le ha dado la espalda a defender integralmente a la fuerza de trabajo y al entorno natural, por ello no reclama por estos cambios introducidos en el DNU y la ley ómnibus.
Milei se ha declarado enemigo de la llamada “agenda ambientalista” la cual, sin embargo, está lejos de ser una barrera protectora de la naturaleza. Las consecuencias están a la vista con la proliferación de sequías, inundaciones, brutales tormentas, incendios, olas de calor extremo y sismos inducidos. Al mismo tiempo, estas secuelas -muchas de ellas irreparables- establecen limites económicos; Alberto Fernández se autoconvenció que el naufragio de su gobierno fue obra de la pandemia y de la sequía. Para un sector definido del capital que apoya efusivamente a Milei, terminar con las leves restricciones que establecen las normativas ambientales significaría establecer nuevos mojones de ganancias que deben producirse rápido y a corto plazo. Con otra libertad fundamental: la de remitir utilidades a las casas matrices -como ya lo tienen la megaminería y el petróleo--.
Es por ello que el DNU y la ley ómnibus deben ser derribadas enteramente. Solo un gobierno de trabajadores que desplace del poder al capital podrá establecer las formas productivas que aseguren el cuidado sustentable del medioambiente.
Emiliano Fabris
24/01/2024
Tucumán: Jaldo, el ´dialoguista´
Cuando finalmente se produjo el triunfo de Milei y su asunción al gobierno, Jaldo fue el primer gobernador justicialista en desearle éxito y mostrar las medidas adoptadas en Tucumán acordes a los anuncios de ajuste contra los trabajadores a nivel nacional.
Con el envío del proyecto de ley ómnibus y diversas disposiciones que afectaban a la producción citrícola, azucarera y del bioetanol, se produjo un choque. Jaldo salió con los tapones de punta a reclamar la eliminación de todo tipo de retenciones a la actividad citrícola y sus derivados, a lo que el gobierno nacional accedió. De la misma manera decidió dar marcha atrás con la derogación de la ley azucarera, que entre otras cosas protege con aranceles especiales la posibilidad de importación de azúcar. En relación a la producción de bioetanol, en la ley ómnibus se desregulaba la producción y se abría la puerta para que las empresas petroleras pudieran ingresar al negocio. El tema aún está en discusión. Se ha acordado que se mantiene por ahora el porcentaje del 12% como componente de las naftas, sigue abierto el reclamo de la proporcionalidad del 6% proveniente como derivado de la producción azucarera y 6% de la producción de maíz, el precio y la injerencia de las petroleras en el negocio.
En este marco de negociaciones y con la promesa de restitución de fondos por 120 mil millones de pesos como resultado de la reversión del impuesto a las ganancias, la revisión del plan de obras públicas y la promesa de autorizar, por vía del Banco Central, que los bancos provinciales locales puedan otorgar créditos al gobierno para cubrir posibles desequilibrios de las cuentas, que Jaldo salió a cruzar al gobernador de La Rioja, Quintela, declarando que en Tucumán no iba a ser necesario implementar la emisión de cuasimoneda.
Finalmente, Jaldo ordenó a los representantes del oficialismo tucumano que votaran a favor del dictamen con las modificaciones que se habían acordado hasta ese momento. Si bien el único que podía proceder en ese sentido era el diputado Agustín Fernández (que integra la comisión de Hacienda y Presupuesto), era una señal de que, en la sesión plenaria de Diputados, el proyecto iba a tener los votos de los cinco diputados nacionales peronistas por Tucumán. Sin embargo, el giro jaldista autoproclamándose como parte del peronismo “dialoguista” precipitó una crisis, pues dos de los diputados -Yedlín y Cisnero- declararon que se oponían a la ley ómnibus. El gobierno tucumano decidió impulsar la conformación de un minibloque provincial, denominado “Independencia”, conformado por tres diputados con la pretensión de usarlos en nuevas negociaciones con el gobierno nacional.
Paralelamente, las cámaras empresariales de la provincia -Federación Económica de Tucumán (FET), la Unión Industrial de Tucumán (UIT), la Acnoa (la Cámara que agrupa a los empresarios del limón)- salieron a atacar el paro del 24. El gobierno de Jaldo comenzó a aplicar el protocolo represivo de Milei y Bullrich con retenes donde se demoraba y se identificaba a los pasajeros de los ómnibus que pudieran llevar asistentes a la concentración prevista en la Plaza Independencia. La fuerzas federales y provinciales desalojaron y detuvieron a trabajadores limoneros que estaban cortando la ruta 38 en la localidad de Lules.
Jaldo justifica este giro declarando que de la misma manera procedió Manzur cuando el gobierno era presidido por Macri, ordenando a los representantes peronistas tucumanos en el Congreso que debían apoyar diversos proyectos de ley del oficialismo a cambio de ayudas financieras y de apoyo a demandas de los grandes capitalistas locales.
Daniel Blanco
25/01/2024
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