La minería de arenas silíceas para el “fracking” petrolero se ha transformado en una de las actividades más lucrativas en la medida que Vaca Muerta continúa incrementando su producción: +23% en el primer trimestre 2023 contra el mismo período 2022 y +29% anual en términos de barriles (Ministerio de Energía de Neuquén, 2/5/23).
En una reciente mesa debate organizada por el Observatorio Petrolero Sur se presentó el exhaustivo informe Sed de arena de la periodista Valeria Foglia. Allí se informa que, para fracturar la roca madre, se utiliza una mezcla a presión de agua, arena y químicos. La cantidad de arena varía según la cantidad de fracturas, por ejemplo la petrolera Vista, de Galuccio, ex CEO de YPF, solo en un pozo de Bajada de Palo consumió 14.000 toneladas de arena (350 camiones) para sus 55 fracturas.
Hoy en Neuquén existen 2.000 pozos produciendo por “fracking” y se estima que la extracción se multiplicará exponencialmente cuando estén produciendo a su máxima capacidad, calculándose para 2030 una demanda de 8 millones de toneladas de arena al año. La demanda internacional de arenas silíceas está agotando un recurso crítico, cuya escasez afectaría a la industria del vidrio y la construcción.
Entre Ríos concentra el 70% de la producción con 15 plantas, entre las más grandes se encuentra Arenas Argentinas del Paraná, que se instaló en un sitio Ramsar (humedal protegido por acuerdos internacionales). Su propietaria es la belga Jan de Nul quien durante 20 años de concesión dragó y administró la llamada Hidrovía, siendo denunciada por la gigantesca destrucción ambiental en el lecho del Paraná producto del sobredragado, recurso utilizado frente a las pronunciadas bajantes de este río. La otra gran planta de extracción (El Mangrullo de YPF) se encuentra en Ibicuy.
Contaminación
Las areneras no solo depredan y destruyen áreas protegidas sino que contaminan el aire con partículas microscópicas de sílice que provocan afecciones respiratorias incurables, como la silicosis y el cáncer de pulmón, a sus trabajadores y la población aledaña. Además utilizan centenares de millones de litros de agua mensuales que extraen ilegalmente de acuíferos como el Guaraní y envenenan con floculantes, un producto químico que utilizan para separar la arena ultrafina requerida por el fracking de otros componentes que, según la OMS, es una sustancia tóxica que compromete el sistema nervioso central.
Las poblaciones y las organizaciones ambientales y sindicales han presentado innumerables recursos legales que duran años y no terminan en fallos condenatorios. Las empresas apenas si presentan Certificados de Aptitud Ambiental elaborados por ellas mismas. No existen audiencias públicas antes de habilitar su instalación en zonas urbanas. No se sabe ni quien las controla.
En Ibicuy, el enorme flujo de camiones que parten por día con rumbo al sur del país ha provocado la destrucción de los caminos. Según la Fundación Cauce “actualmente se encuentran operando ocho empresas que se ubican dentro del ejido municipal y, según los últimos datos relevados, las empresas declaran despachar por día, a través de camiones bateas, 4.000 toneladas de arena con destino final la localidad de Añelo.
En otras palabras, desde Ibicuy salen aproximadamente 250 camiones diarios que permiten fracturar y extraer hidrocarburos en Vaca Muerta. Del valor total que transporta cada camión (aproximadamente U$S 6.000 si tenemos como referencia el valor de la arena en U$S 200) el municipio recibe por tasa municipal 4 dólares por camión. El mayor reclamo de los vecinos de Ibicuy es la degradación del principal acceso al municipio, la Ruta 45 (inaugurada en 2012), provocada por el intenso tráfico de camiones bateas que arruinó en pocos meses el pavimento y hasta el día de la fecha continúa con un estado intransitable.
El exceso de carga de los camiones no sólo arruina la infraestructura vial (puentes, pavimento o señalización) sino que también conlleva una serie de aspectos negativos para la municipalidad como son los accidentes de tránsito (solo en 2020 fallecieron diez personas en este tramo), mayores demoras de los vecinos para trasladarse, presencia de gran cantidad de arena en la calzada y menores incentivos para la llegada del turismo. Este escenario provocó múltiples protestas de los vecinos y cortes de la ruta nacional 12 para exigir a las autoridades las obras correspondientes y un plan estratégico para adecuar la actividad a la vida de los pobladores.
Solo para dimensionar el impacto económico que tiene el excesivo tráfico de carga en la infraestructura vial, podemos tomar el costo final de la obra de bacheo que se realizó en 2021, que costó $290 millones (el equivalente a diez años de tasa municipal por extracción de arenas) y que al día de la fecha ya está roto nuevamente.
El procesamiento de arena ejerce presión sobre las capas freáticas locales, lo que pone en riesgo a los ciudadanos comunes. El uso del agua potable proveniente de las napas de la Formación Talavera, la misma de la que se abastecen los vecinos, se utiliza para el proceso de lavado de arena. La cantera El Mangrullo (perteneciente a YPF S.A), está consumiendo en solo dos horas de producción lo mismo que todos los vecinos de Ibicuy en todo un día. De aquí surge una real preocupación social referida a la capacidad de carga y filtrado de las napas y la posibilidad de que acumulativamente los nueve proyectos mineros estén afectando un bien común y la vida de las personas.
Ante este escenario, las organizaciones sociales, productores agropecuarios y vecinos autoconvocados llevaron a cabo diferentes acciones para exigir información y restringir la actividad en el ejido municipal de empresas que no contaban con las habilitaciones correspondientes y los Certificados de Aptitud Ambiental. Esta movilización logró durante 2022 que el Juzgado Federal de Gualeguaychú dispusiera el cese de actividades de nueve canteras de arenas silíceas y cuatro plantas de lavado ubicadas en Ibicuy y Gualeguaychú por 45 días, dados los reiterados incumplimientos ambientales y la falta de respuesta a las intimaciones realizadas.
El costo del transporte ha llevado a las petroleras a abastecerse de canteras en zonas más cercanas como Río Negro y Chubut. Pedro Perez Pertino, integrante de la Asamblea Socioambiental de Fiske Menuco, Río Negro, denunció que la Secretaría de Minería no proporciona la información sobre las características de las nuevas canteras autorizadas que se abren en zonas fiscales ni hay registros de las explotaciones privadas, por lo que solo un trabajo minucioso del movimiento ambiental ha logrado detectarlas. Se confirma así que los acuerdos de Escazú, como todos los compromisos ambientales internacionales, son papel mojado.
La política de los gobiernos kirchneristas y macristas es idéntica. Asociados a los capitales mineros y petroleros el cuidado del ambiente y fundamentalmente del agua ya ni siquiera es mencionado para las campañas electorales. Los candidatos Unidos para vender la Patria van como Massa a Estados Unidos y China para regalar el litio o Wado que va con 7 gobernadores a Israel para traer a Mekorot, la empresa que deja sin agua a la población palestina para expulsarla de sus tierras.
La Diputada Romina del Plá presentó un pedido de informes elaborado junto al Comité de Solidaridad con el Pueblo de Palestina acompañado por los diputados del FIT-U. Allí se denuncian los acuerdos, todavía secretos, de las provincias y de Aysa con esta multinacional sionista y convoca para el 14 de julio a una Audiencia Pública con representantes de las asambleas que luchan en los territorios por el agua y el ambiente. Será otra instancia, como ocurriera con la Audiencia del Paraná, para debatir cómo ponemos en pie un movimiento ambiental independiente, sin expectativas en falsas soluciones capitalistas ni en los laberintos de la justicia burguesa, y con una agenda de lucha y movilización nacional.
Fernando Olub
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