En octubre, el ministro de Interior y el gobernador de Jujuy viajaban a Estados Unidos a rematar los salares a las mineras multinacionales
En medio de la brutal represión en Jujuy para imponer la reforma constitucional reaccionaria de Gerardo Morales, Juntos por el Cambio buscó desnaturalizar las protestas del pueblo jujeño acusando falsamente al kirchnerismo y al gobierno nacional como su instigador. Lo cierto es no solo que el peronismo votó a favor de la reforma, sino que a unos y otros los une la entrega de las riquezas del país en su carácter de políticos capitalistas, como lo demuestra un hecho particular: meses atrás Wado de Pedro, el presidenciable de Cristina Kirchner, compartía con el gobernador Morales un viaje de negocios a Estados Unidos para rematar el litio a las mineras yanquis.
El episodio es esclarecedor de esa unidad de intereses. En octubre del año pasado se subían a un mismo avión Morales y de Pedro junto al resto de los mandatarios de las provincias del norte argentino, entre ellos los de los distritos que cuentan con emprendimientos de litio como Raúl Jalil de Catamarca, Ricardo Quintela de La Rioja y Gustavo Sáenz de Salta. En la agenda de ese viaje, que tuvo como guía al embajador yanqui Marc Stanley, ocupó un lugar destacado el encuentro con compañías mineras para ofrecer el codiciado “oro blanco”, además por supuesto de citas con funcionarios del Departamento de Estado que han manifestado varias veces los intereses estratégicos del imperialismo en este “mineral crítico”.
“Wado y Morales son socios en la entrega del litio, por eso el PJ de Jujuy apoya la reforma”, declaró desde allí Gabriel Solano, precandidato a presidente del Frente de Izquierda que viajó para apoyar la rebelión del pueblo jujeño. “Esta complicidad está lejos de reducirse al territorio provincial. Nadie actúa de esa forma sin una connivencia nacional. La prueba más fehaciente está en que, hace unos meses, fue el propio Wado de Pedro el que se fue de gira por Estados Unidos y se sacó una foto con Morales, el embajador yanqui y los gobernadores del norte”, remató el legislador porteño.
De hecho, aquella gira norteamericana había sido precedida por una en que el propio Massa se reunía con Livent, la minera estadounidense que por años subfacturó sus exportaciones desde Catamarca declarando precios de venta equivalentes a la octava parte de su cotización en el mercado internacional; una evasión millonaria y fuga de dólares. Como vemos, es una verdadera política de Estado, que nada tiene que ver con desarrollar al país. En Jujuy además tenemos la complicidad de la empresa provincial Jemse, que oficia de socio minoritario avalando el saqueo del litio por el gigante Orocobre y la japonesa Toyota.
No es un punto menor, teniendo en cuenta que el grueso de la reforma de Morales apunta a fortalecer un régimen de saqueo que tiene un trato especial con las mineras multinacionales que explotan los salares. La prohibición de la protesta busca coartar derechos democráticos elementales, en una provincia donde numerosas comunidades se han plantado en defensa de sus tierras y del acceso al agua, cuestionado por la actividad de las explotaciones litíferas, incluso con acampes para denunciar operaciones ilegales sin habilitación ni estudios de impacto ambiental como en el paraje Tanques en Susques. Ni hablar de la potestad de entregar a las mineras zonas habitadas por pueblos originarios, como denunció entre otras la comunidad quechua del departamento de Santa Catalina; un punto en que incluso el gobernador tuvo que recular anunciando en conferencia de prensa la eliminación de las modificaciones a los artículos 36 y 50.
No es mera casualidad que Gustavo Sáenz, el gobernador massista de la vecina Salta, venga de impulsar una ley antipiquetes, espejo de la ofensiva reaccionaria de Morales. Este mismo accionar represivo tiene de fondo los intereses de los grandes grupos capitalistas en provincias donde la pobreza azota a cerca de la mitad de la población. Todos ellos componen la Mesa del Litio, un cónclave de mandatarios que incluso ha llegado a confesar públicamente que las mineras pagan regalías muy por debajo de lo que deberían. Son, de hecho, los que actuaron como lobbistas de las multinacionales para enterrar la Ley de Humedales que se había consensuado en el Congreso, para que no haya ningún cuestionamiento a los emprendimientos en los salares.
Todo esto revela que el planteo de un sector de la burocracia sindical ligada al kirchnerismo reclamando que el gobierno nacional intervenga la provincia no es ninguna salida a los reclamos populares que expresó en las calles y rutas de toda la provincia el pueblo jujeño: el ministro de Interior que debería orquestar dicha intervención federal sería el propio Wado de Pedro. El intento de valerse de los sucesos de Jujuy para recomponer la polarización entre peronistas y macristas se choca de frente con la realidad. Para que se haga realidad la consigna de “abajo la reforma, arriba los salarios” hay que profundizar la movilización popular contra el régimen de Morales, y echar a los políticos capitalistas. Con esa perspectiva el Partido Obrero en el Frente de Izquierda apoya incondicionalmente el jujeñazo, y pelea por un paro general de todos los trabajadores del país.
Iván Hirsch
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