Los diarios del mundo hablan de que Lula ha tenido en las últimas semanas varios traspiés importantes donde fueron derrotadas sus propuestas en votaciones parlamentarias.
La realidad es que el nuevo presidente brasileño ha impulsado un programa de ajuste contra el pueblo. En primer lugar, con una ley de techo presupuestario. Fue impuesta por el golpe que llevó al gobierno a Michel Temer, con un límite “infranqueable” en el gasto estatal, prohibiendo todo tipo de aumento salarial y toma de personal por el Estado. Fue continuada por Bolsonaro. Y Lula, que había prometido -en su campaña electoral- derogar este corset antiobrero y anti gasto social en el presupuesto estatal, lo vuelve a convalidar con otro nombre. “El mismo perro con casi el mismo collar”. Todo este esquema de contención del gasto gubernamental es para achicar cualquier tipo de déficit primario de las finanzas (se compromete a que en el 2024 el déficit será igual a cero y a partir de ahí habrá superávit fiscal de 1% cada año). El propósito es ¡garantizar el pago de la deuda pública con el capital financiero nacional e imperialista!
Unos 1.700 millones de reales de “ajustes” presupuestarios han sido quitados a los ministerios y redireccionados a pagar las coimas a los diputados parlamentarios (bajo el eufemismo de presupuesto secreto para obras), cosa que… también Lula había prometido derogar definitivamente en la campaña electoral.
El otro rubro de ataque es el “ambientalista”, el de defensa del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. Esta ha sido una bandera central de campaña electoral de Lula y su Frente Amplio. Muchos de los que se querían dejar engañar sobre el rol progresista de Lula afirmaban que, si bien este no planteaba la recuperación de las conquistas obreras arrebatadas por el bolsonarismo, sí ponía un coto a la depredación ambiental y al exterminio de comunidades indígenas.
A tal fin, Lula creó dos ministerios -de Medio Ambiente y de los Pueblos Indígenas- poniendo a su frente a izquierdistas-progresistas de la alianza Rede-PSOL (integrantes del Frente Amplio oficialista).
Pero… el parlamento ha votado leyes abiertamente contrarias a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. Si bien el gobierno de Lula presentó proyectos limitada y formalmente “progres”, la Cámara de Diputados votó ataques abiertos contra estos temas. Por ejemplo: disminuyó la jerarquía de los nuevos ministerios de Pueblos Indígenas y de Medio Ambiente, quitándole funciones trascendentales que pasaron a manos de otros ministerios y disminuyendo drásticamente su presupuesto de funcionamiento. Dejándolos formalmente como “cáscaras vacías de contenido”, solo aptas para sacar declaraciones genéricas y homenajes a la “naturaleza”. Las propias ministras de estas carteras protestaron diciendo que Lula tendría que haberse involucrado más para defender las prerrogativas con los que fueron constituidos.
Pero los ataques más abiertos fueron “flexibilizando” las normativas para iniciar nuevas explotaciones sin cumplimentar las condiciones de protección ambiental. Así, se abrió la puerta para que se inicien perforaciones petroleras en la llamada “Mata Atlántica” y otras. Y lo más importante: se reduce drásticamente el reconocimiento a los derechos de adjudicación de tierras a los pueblos indígenas. La Cámara de Diputados votó que solo se reconocerían derechos indígenas sobre aquellas tierras que ya estaban ocupadas hasta 1988. No solo dejan fuera a territorios ancestrales que venían siendo reclamados desde más de medio siglo; sino que habilita, incluso, a desalojar aquellas tierras que fueron ocupadas hace décadas.
El paquete de leyes anti indígenas y contrarias a la defensa del medio ambiente contra la depredación impulsado por terratenientes y el llamado agronegocio, ha sido impulsado por el llamado Frente Parlamentario Agrario que reúne en forma transversal a los diputados que defienden los intereses de este “agropower”. Y fue articulado directamente por el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira. El gobierno no fue derrotado, había dado libertad de voto en varios de estos proyectos y decenas de diputados del frente oficialista votaron por las modificaciones reaccionarias. Empezando por el partido del vicepresidente, Geraldo Alckmin, y siguiendo por diputados del partido, también integrante del oficialismo, de la ministra de Planificación y Presupuesto, Simone Tebet, que votaron las leyes antiobreras, anti indígenas y anti ambientalistas. Pero también, votaron a favor decenas de miembros de la propia bancada del presidente Lula, del PT. Se trata de una política de Estado continuadora de los ataques de Temer y Bolsonaro y que engloba no solo al llamado Centrao (bloque centroderechista amalgamado) sino a diputados del oficialista PT e incluso de sectores bolsonaristas.
La bancada del PSOL –que dirige los ministerios arriba citados y también la vicepresidencia de la Cámara- luego de “luchar” por modificar algunos de los puntos más retrógrados, decidió no apoyar las leyes reaccionarias. Es solo un saludo a la bandera, para mantener la vigencia de su pertenencia al gobierno Lula.
El repudio y la reacción de sectores de las comunidades indígenas fue inmediato. El 30, cientos de indígenas del pueblo guaraní mbya, de la Tierra Indígena Jaraguá, bloquearon la carretera Bandeirantes, marchando hacia el río, para realizar allí un acto. Fueron fuertemente reprimidos por la policía con helicópteros, gases, balas de goma, etc.
La salida “express” de estas leyes se debe a que el 7 de junio la Corte de Justicia tenía que definir la constitucionalidad de los reclamos de tierras presentados judicialmente. De 3 miembros de esa Corte, uno era favorable a los reclamos de los pueblos indígenas y otro los rechazaba. El miércoles 7 tendría que definirse el tercer miembro, desempatando.
El agropower con el parlamento detrás ya votó. La central obrera (CUT) dirigida por el PT de Lula en cambio ha convocado… a una ¡radio abierta!
Este no es un traspié de Lula, ha sido una entregada lisa y llana. Que abre nuevas perspectivas antiobreras y antipopulares.
Lula se ha apresurado a realizar una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Lira, para “consensuar” una política permanente de gobierno. Lira planteó que está dispuesto a que Lula “consensue” con él y el Centrao. Se trataría ya no de un Frente Amplio con sectores de la derecha, sino de un cogobierno sui generis del gobierno Lula-Alckmin, con Lira y el Centrao.
Nadie se puede engañar. Ya denunciamos durante la campaña electoral el carácter derechista que había asumido la candidatura presidencial de Lula en el “frente de la esperanza” con la derecha. No solo no ha recuperado ninguna de las reivindicaciones obreras (derogación de la reforma laboral y previsional antiobreras, etc.), sino que está salvando y reforzando los avances reaccionarios del bolsonarismo.
Por supuesto, el PSOL, corrupto por su participación en ministerios y con funcionarios en los gobiernos nacional, estaduales y municipales, se lamenta de los “errores” de Lula, pero llama a –más que nunca- cerrar filas en torno al gobierno para impedir el avance del bolsonarismo.
El PSOL ha devenido directamente en ser un partido de gobierno. Esto ha llevado a la desmoralización de activistas obreros, estudiantiles y ambientalistas que confiaron en la verborragia de Lula. E incluso a que la pequeña corriente de la UIT-CI, la Corriente Socialista de los Trabajadores, anunciara su renuncia al PSOL (de lo cual hablaremos en próxima nota).
La lucha por la independencia política y organizativa de los trabajadores está más que nunca a la orden del día. Implica no solo la superación del PT, del PCdoB, del PSOL y de todos los partidos oportunistas, sino colocar como enemigo directo de las masas al gobierno frenteamplista burgués de Lula, para defender (y recuperar) las conquistas obreras y de las masas. Reclamar que los sindicatos y las organizaciones de masas rompan con el gobierno y sus partidos y avancen en un plan de lucha para derrotar la “ofensiva ajustadora”.
Rafael Santos
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