Morales se apalanca en el acuerdo que llegaron CFK y Sergio Massa para asumir como superministro para esta avanzada contra las organizaciones sociales. Este ataque es levantado por todo el arco político patronal. El planteo de auditar las organizaciones sociales y transferir los planes sociales a las provincias e intendencias ya ha tenido avances concretos: en el mes de julio, 210.000 beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo que solicitaron cambiarse de unidad de gestión fueron reasignados a unidades de gestión gubernamentales (Clarín, 2/8).
El reclamo de Morales sobre el mentado ‘Estado paralelo’ montado por la Tupac Amaru, con recursos nacionales y sin ningún tipo de control, hoy debería poner al propio gobernador en el banquillo a rendir cuentas. Hoy ese “Estado paralelo” es controlado en su mayor parte por el propio gobernador. Luego de la detención de Sala, ha integrado a la mayoría de sus lugartenientes, un sector muy importante con base territorial, particularmente en Alto Comedero; todas las cooperativas y los complejos deportivos han pasado al control del Estado. Sin embargo, los complejos están abandonados y las piletas sin mantenimiento y cerradas; han cerrado la bloquera, la textil y la metalúrgica. Tampoco hay planes de viviendas.
El proceso de integración al Estado de los ex dirigentes de Sala y la política de utilización de trabajadores precarizados en el Estado, ya funciona hace rato en la provincia, lo cual no ha devenido en ninguna reactivación económica ni por asomo. Además del manejo de más de 50.000 planes sociales -algunas fuentes llevan el número hasta 80.000-, la provincia cuenta con unos 40.000 planes provinciales que se denominan ´contingencia´ y que representan un monto fijo de entre 5.000 y $7.000 en negro, por eso lo puede cobrar cualquier persona designada por el gobierno, sea desocupado o no.
Este año también, el gobierno emitió un decreto por el cual todos los capacitadores del área de educación pasaban a prestar servicios directamente a la SUCEPPI -la unidad ejecutora y coordinadora de planes sociales-, abandonando las tareas vinculadas al ámbito educativo para prestar servicios en cualquier tarea que la secretaria le designe. También ha decidido institucionalizar la pobreza de los empleados municipales, otorgando un falso "pase a planta" de empleados precarizados que cobran ingresos muy inferiores al salario mínimo oficial.
Como se ve, Morales ha armado una fenomenal estructura de trabajadores precarizados, fuera de convenio, bajo flexibilización laboral y sin lugar a reclamo por sus derechos. Este cuadro no ha mejorado la situación socioeconómica provincial, sino que la ha empeorado.
La provincia de Jujuy ha armado su propio ente ejecutor para utilizar a compañeros que cobran un plan social para distintas tareas. Esto debería ser advertido y señalada su ilegalidad, ya que bajo este mecanismo el Estado se convierte en una gran "organización social", con recursos sin control, que va mantener el cuadro de precarización de los trabajadores, en vez de absorberlos como trabajadores del Estado. Con todos los límites señalados sobre la economía popular impulsada por algunas organizaciones, la “economía popular” bajada desde el Estado es un atropello que no podemos dejar pasar.
Ninguna auditoria universitaria va a controlar al Estado, que tiene carta blanca para su avanzada contra los trabajadores. Tampoco van a auditar las condiciones de trabajo en las empresas, la pata renga del Plan Empalme. La universidad nuevamente se pone al servicio de los gobiernos y explotadores.
Los indicadores de la DIPEC (Dirección Provincial de Estadísticas y Censos) dan cuenta de una realidad social que se encuentra al nivel del resto de la región y del país. La utilización de miles de compañeros en tareas en intendencias y dependencias públicas sin pagarles un salario no ha modificado un ápice el cuadro de pobreza y miseria, es más, este cuadro se ha acentuado en el último período.
La pretensión de la creación de nuevos puestos de trabajo es ajena a la realidad: la provincia no va a absorber más trabajadores y las tareas que realizan ni siquiera establecen una relación de dependencia con el municipio/provincia. Para el gobierno los trabajadores son artículos no reutilizables: use y tire.
El gobierno provincial insiste en el pasaje y control de todos los planes sociales a sabiendas de que ha fracasado: lo que busca es la desorganización de un sector que se moviliza sistemáticamente contra el hambre, por trabajo y contra los atropellos.
Por una salida de conjunto
El pasaje del control de la asistencia social al Estado y la contraprestación laboral que éste exige deben ser puestos a debate entre las organizaciones sociales, pero también entre los trabajadores ocupados. Una avanzada en este sentido también supone un impacto negativo para los trabajadores estatales, municipales, de la construcción y demás, a la hora de reclamar mejoras en las condiciones laborales o aumento salarial: el gobierno se va a valer de los trabajadores precarizados como mano de obra para oponerse a cualquier reclamo y establecer una pelea de pobres contra pobres para bajar convenios y reclamos.
Mientras el gobierno apunta a “emparejar” para abajo, tenemos que dar una respuesta contundente y de conjunto los trabajadores ocupados y desocupados.
Por la unidad de los que luchan, por un aumento salarial equivalente a la canasta familiar y ajustado por inflación, por el pase a planta, por el 82% móvil, por trabajar genuino, por una bolsa de trabajo y salario de convenio. Por el reconocimiento de comedores y merenderos.
Por el apoyo, solidaridad y movilización frente a todos los reclamos. Por un congreso provincial de trabajadores ocupados y desocupados para discutir una salida de los trabajadores. Por un congreso obrero y la huelga general.
Iñaki Aldasoro
08/08/2022
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