La confiscación al bolsillo popular persiste desde hace tiempo y gobierno tras gobierno.
El gobierno postergó la reunión del Consejo del Salario Mínimo para el 22 de agosto. Allí se encontrarán representantes de la UIA, de las centrales obreras, y del Ministerio de Trabajo para determinar el ingreso mínimo, vital y móvil, que oficia de referencia para la actualización de los montos de la asistencia social, y cuyo poder adquisitivo se ha ido pulverizando a lo largo de los años, frente a la inflación y a las sucesivas devaluaciones, asestando un enorme golpe al bolsillo de las familias trabajadoras. Veamos algunos números.
Si nos remontamos una década atrás nos encontramos con que esta caída viene desde hace tiempo y gobierno tras gobierno. Es una tendencia que se acentuó desde el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. En enero de 2012 el salario mínimo era de $2.670, y no percibió actualización ese año mientras la depreciación del peso fue de 14,4%; en 2013 el salario mínimo registró un aumento del 23% frente a una devaluación del 40%; y para septiembre de 2014 había subido un 33% más, pero el peso había perdido casi un 50% de su valor.
Esta tendencia se agravó en los años subsiguientes. Durante la era Macri, el salario mínimo pasó de $5.588 en diciembre de 2015 a $16.875 en igual mes de 2019, un incremento del 202%, cuando la inflación en esos cuatro años fue del 299,2% y la devaluación de casi un 500%. Asimismo, desde que asumió Alberto Fernández la inflación general acumula un 189,9% y la devaluación del dólar oficial un 125%, mientras el salario mínimo tan solo un 103%. Así, el salario mínimo que en 2012 equivalía a 620 dólares, hoy equivale a 338 dólares. Es una depreciación del 45%. Los números dejan claro que a la hora de ajustar a los trabajadores no hay grieta, independientemente del color o signo político, y son quienes continúan pagando la crisis con sus ingresos.
Ahora, mientras los allegados del oficialismo cargan las tintas sobre los “formadores de precios”, omiten que el gobierno es el primero en pisotear el derecho a comer de los sectores populares hundiendo sus ingresos. Sin ir más lejos, fue el propio gobierno el que fijó, junto a las cámaras empresarias y a la burocracia sindical, paritarias del 60% que ya son enterradas por la inflación, y un aumento del 45% para el salario mínimo, con índices inflacionarios que superaban el 60% en ese momento. Con la última cuota de agosto, este llegará apenas a los $47.850, por debajo de la línea de indigencia.
Además, gracias a que el salario mínimo es paupérrimo, los salarios promedios de algunos sectores no llegan a cubrir siquiera una canasta básica, como es el caso de los docentes, quienes perciben un salario promedio de $67.721, frente a una canasta básica total de $105.000. También es el caso del rubro de hotelería y gastronomía, que refiere un salario promedio de $58.883. Comercio, el sindicato con más afiliados en el país, tuvo entre junio y julio un salario básico de $87.188 para la escala más baja, y que llega a solamente $92.368 para la escala más alta. La peor parte se la llevan los informales, que ascienden a 5 millones de trabajadores y cuya remuneración media es inclusive más baja que el salario mínimo.
Este monto oficia de referencia para diferentes prestaciones que se cobran por Anses y programas del Ministerio de Desarrollo Social, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la AUE, el Potenciar Trabajo y las Becas Progresar, e incluso algunas jubilaciones. El Potenciar Trabajo está fijado en un 50% del salario mínimo, lo que justifica que el movimiento piquetero siga ganando las calles reclamando su universalización y un aumento inmediato. La remuneración de las trabajadoras de casas particulares también se estima con esa referencia. Incluso afecta a los jubilados que cobran la mínima y por ley no pueden percibir haberes debajo del salario mínimo vital y móvil (siempre y cuando no hayan accedido por moratoria), como sucedió este mes.
Mientras perdura tamaña confiscación al bolsillo popular, la agenda del gobierno gravita sobre los intereses de los grandes grupos económicos. En ese sentido es que Sergio Massa ha anunciado la reducción de los aportes patronales a las ramas de exportación como el agro, entre otras concesiones a los capitalistas. Además, se prevé un mayor ajuste y devaluación para cumplir con las metas impuestas por el FMI, con lo que las necesidades acuciantes del pueblo, lejos de ser atendidas, se agravarán. A todas luces, el poder político premia a los especuladores, en cambio, los trabajadores y jubilados tienen reservado un porvenir repleto de padecimientos.
Por todos estos motivos, la Unidad Piquetera movilizará a las puertas del Consejo del Salario para exigir un salario mínimo de 105 mil pesos, igual a la canasta básica total que mide el Indec, la cual está compuesta por los requerimientos básicos alimentarios de una familia tipo y los bienes y servicios no alimentarios, tales como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera. A su vez, la convocatoria a marchar el 17 de agosto tiene un carácter completamente diferente a la movilización que planea realizar la CGT. Mientras esta última sería contra los “formadores de precios” y en apoyo al gobierno, el Plenario del Sindicalismo Combativo llamó a movilizar en una columna independiente por aumento de salarios, de jubilaciones y de ayuda social; contra la entrega de la CGT y de las CTAs y por un paro general y un plan de lucha para enfrentar el ajuste de los Fernández y de su nuevo superministro Sergio Massa.
Camila García
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