Así, valiéndose del Código Contravencional de su antecesor y socio político -Alfredo Cornejo- y de decretos y artículos del Código Penal que provienen de la dictadura militar de Onganía, en las últimas semanas ha impuesto multas a rabiar a distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas de izquierda que salen a las calles a protestar. Se ha destacado la cantidad de imputaciones que ha efectuado a distintos compañeros y compañeras, de distintos sectores en lucha: entre ellas la de la compañera Rosario Gómez Ledesma, del Polo Obrero Tendencia, y Joana Baez, del Frente Darío Santillán, por la movilización del 28 de julio en reclamo de fuentes de trabajo; también les han abierto causas a dirigentes del Polo Obrero oficial y del FITU, y llegaron a encarcelar al secretario general de ATE, Roberto Macho; por citar algunos ejemplos. Los medios de comunicación serviles de la provincia reciben jugosas sumas en concepto de pauta publicitaria a cambio de acallar voces y estigmatizar los reclamos, tratando de enfrentar a trabajadores contra trabajadores.
Pero claro, no todo se mide con la misma vara. El carácter persecutorio es elocuente porque en numerosas ocasiones, cuando ha sido el mismo gobierno o alguna organización acólita la que ha cortado el tránsito por algún evento de diversa índole, no se les aplica el archiutilizado art. 194 del Código Penal.
Pero a pesar de este avance del Estado sobre los derechos de l@s trabajadores, de las imposiciones autoritarias al extremo de enviar policías a los colegios en días de paro a tomar asistencia, o del amedrentamiento de superiores sobre trabajadores activistas, no pudo detener, un gobierno impotente, dos masivas movilizaciones al centro del poder gubernamental de la provincia -la Casa de Gobierno- para llevar los reclamos salariales y para romper el decreto miserable de aumento. El resultado, en lo inmediato, fue la reapertura de la paritaria salarial, y en lo mediato, un activo plan de lucha.
Es que si bien el gobierno -con la anuencia, al menos, de Carina Sedano (SUTE) y Gustavo Correa(CTA)- logró “enfriar" momentáneamente las discusiones, en los distintos plenarios realizados en estos días las voces disonantes se hicieron oír con fuerza, mostrando disposición a la lucha por recuperar todo el poder adquisitivo perdido en todo el último tiempo y conquistar un salario que se equipare al valor de la canasta familiar.
Entre la docencia, por estrecha mayoría, se impone lanzar un paro de 96 horas, por sobre el paro indeterminado, en caso de que no sean satisfechas sus demandas. Además de lo salarial, exigen que no se les descuenten los días de huelga.
Por parte del plenario interhospitalario realizado por ATE, ATSA y Judiciales en el Hospital Lagomaggiore, se decidió continuar con las medidas de lucha que ya llevan 72 días, que consisten en retención de servicios y guardias mínimas en efectores públicos y oficinas administrativas. Reclaman un bono fijo en blanco de acá a fin de año de $ 40.000 para todos los escalafones y servicios. En caso de no conseguir sus demandas, plantean intensificar su plan de lucha. Algo significativo que se dio en el numeroso plenario ,donde habían un@s trescientos delegad@s, es que uno de los cánticos que resonaba insistentemente, entre varios, era el siempre vigente “que se vayan todos", una demostración del malestar generalizado.
Este jueves y viernes se reúnen las paritarias nuevamente. En ellas se juega algo más que las postergadas mejoras salariales. Es el poder del pueblo trabajador organizado, rebelándose cuando las circunstancias lo han llevado a ese punto, a pesar de cualquier intento del gobierno por neutralizarlo. Ese debe ser el puntapié para organizar asambleas en distintos lugares de trabajo y edificios públicos, para llegar a conformar verdaderos congresos obreros que construyan la huelga general, para unificar todas las luchas, para el desprocesamiento de tod@s l@s compañer@s imputad@s por luchar y por la victoria de l@s trabajadores.
Martín Ortiz
18/08/2022
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