El Tarifazo

La conferencia de prensa que detalló la quita de subsidios al gas, la luz y el agua tuvo dos características notables. En primer lugar, reunió -sin peleas- a los representantes de la Cámpora, el massismo y el presidente. Ese coro armonizó un mensaje único: presentaron a la quita de subsidios como un acto de justicia social. En una vieja maña del seudoprogresismo, una confiscación a la clase trabajadora fue relatada como “eliminación de privilegios”. 

 Sin embargo, los números del tarifazo, confrontados con la estructura social de la Argentina, demuestran lo contrario. Según los funcionarios, sobre 13 millones de hogares estimados en el país, el aumento de tarifas impactará sobre unos ocho millones. De esta cifra, cuatro millones corresponden a los que no solicitaron el subsidio, y los otro cuatro son los llamados “sectores medios”, que recibirán subsidio hasta un cierto tope de de gas y luz consumidos. El aumento para el primer grupo será del 170%. Para el otro grupo, “intermedio”, ese incremento resultará del orden del 50%. Los funcionarios estimaron la reducción de subsidios resultante en 2023 en unos 4.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Ahora bien: esta suma -que engrosará las arcas de los concesionarios de energía- ¿proviene acaso de la población propietaria, no asalariada o genéricamente “privilegiada”? 

 Veamos: de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), un ingreso superior a la canasta familiar sólo puede encontrarse en un 10% de los hogares del país. Ello representaría, entonces, no más de 1,3 millones de hogares. (En rigor, sólo una parte de ese 10% -probablemente no más de 1 millón de hogares- cuente con un ingreso que cubre las necesidades integrales de una familia). Sin embargo, los hogares que no pidieron el subsidio representan 4 veces esa cifra: esto significa que de los 4 millones de supuestos “privilegiados” (los que no llenaron el formulario) hay al menos 3 millones que pagarán el tarifazo pleno -170%- ¡sin ganar la canasta familiar! Algunos se preguntarán “por qué no se inscribieron”, y las razones son varias. El régimen impositivo argentino indulta regularmente a los grandes capitalistas con blanqueos y moratorias, pero no sigue la misma vara con el llamado “monotributista”. En muchos casos, esta figura encubre una relación laboral precaria: ponerla de manifiesto en un formulario oficial, por parte del trabajador involucrado, hace temer el despido por parte del patrón que precariza. Por estos motivos, millones de trabajadores con ingresos medios o bajos desistieron de llenar el formulario. 

 En cuanto al llamado sector “medio” esta denominación es un eufemismo para caracterizar a las familias trabajadoras cuyos ingresos están igual o levemente por encima de la línea de pobreza, y bastante por debajo de la canasta familiar. Se trata de otros 4 millones de hogares. 

 Repasando la cuenta tenemos que unos 3 millones de trabajadores que no ganan la canasta familiar pagarán un 170% de aumento tarifario, y otros 4 millones que bordean la canasta de pobreza tendrán aumentos del 50%. La cuenta se completa con los 5 millones que pagarán la tarifa social, sí. Pero serán afectados por el tarifazo, indirectamente, al pagar los productos de la canasta que serán afectados por la suba de tarifas en la producción industrial y el comercio. El aumento de tarifas, en consecuencia, será costeado por el corazón de la clase obrera argentina. 

 En la misma conferencia de prensa, los funcionarios exhibieron los precios “spot” exorbitantes del gas importado, como justificativo de esta confiscación. Otra impostura, pues, en primer lugar, sólo el 15-20% del gas consumido se importa, el resto resulta de producción local. En segundo lugar, el fluido sólo representa una parte de la tarifa total –el resto es el costo del transporte y la distribución, concesiones privadas sobre inversiones ya amortizadas y de carácter público. En tercer lugar, y en el caso de la electricidad, el gas es sólo un combustible para la generación de energía, y para una parte de ella. 

 Ampulosos para presentar los datos del gas “en tiempos de guerra”, los funcionarios camporistas, massistas y albertistas no aportaron un solo dato respecto del real costo de extracción y transporte de la energía en Argentina, un dato celosamente guardado por los monopolios petroleros y concesionarios. A todos ellos, la gestión camporista de Kicillof-Galluccio los premió en Vaca Muerta con contratos de extracción de gas que superan entre dos y tres veces los reales costos de exploración y producción. 

 El tarifazo, por lo tanto, es un gran rescate de los monopolios energéticos y la patria contratista, a cuenta de la clase obrera.

 Marcelo Ramal

18/08/2022