Lorenzetti, quien ostentó la presidencia de la Corte durante 10 años, tampoco puede exhibir gala de cortesía y buenos modos porque en abril de 2015 adelantó la elección de presidencia varios meses y se hizo votar, incluso desempolvando a Fayt, que en esos momentos se encontraba en una suerte de licencia no declarada.
Con estos métodos cortesanos, toda la fraseología de la clase dominante respecto a la “voluntad popular”, “la igualdad ante ley” o “gobierno del pueblo” cae en saco roto sin la posibilidad de apelación. Toda la decisión recayó en tres jueces que no fueron votados en ninguna elección con participación popular, cuyos cargos son vitalicios, sus ingresos en varios casos superan el millón de pesos por mes -sin pagar ganancias y retirándose con una jubilación de privilegio-, que se autogobiernan y autodesignan en posiciones estratégicas del Estado, puesto que el presidente de la Corte Suprema forma parte de la línea de sucesión presidencial en caso de acefalía.
Es de esta forma como se estructura de arriba para abajo un Poder Judicial cuya misión no es la de salvaguardar los derechos conculcados a los y las trabajadores, sino la de ser la última instancia de defensa de la propiedad capitalista de los medios de producción. Nunca mejor dicho que la democracia burguesa es la dictadura del capital contra los trabajadores.
Naturalmente que este régimen cortesano permite la componenda, la traición y la saltimbanquiada, cuestión que así es desde 1860 hasta aquí. Sin embargo, es necesario dejar en claro a todo trabajador que aquí no hay una disputa en relación a la agenda política de ajuste que encaran la clase capitalista y sus partidos. Es que mientras a algunos de los cinco cortesanos se los ve votando por el 2×1 para genocidas, a otros se los ve formando otras combinaciones de votos para avalar el régimen de las ART de la muerte.
Asimismo, es dable analizar lo ocurrido en los últimos años donde reinó el golpe palaciego como método de designación, pues habla en última instancia de la crisis del régimen social capitalista y sus partidos. En 2018, varios meses antes de que venciera el mandato de Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte, un acuerdo entre Rosenkrantz, Rosatti y Elena Haigthon de Nolasco lo desbancó y resolvió una presidencia de Rosenkrantz y una vice de Haigton. En esa oportunidad solo Maqueda salió a bancar Lorenzetti.
Luego de poco de tiempo de celebrada la maniobra golpista del macrismo, rápidamente Rosatti abandonó ese trío y junto a Lorenzetti y Maqueda formaron una “mayoría peronista”, donde incluso llegaron a emitir acordadas sin la presencia del presidente y el vicepresidente por las cuales quitaron muchas atribuciones de la presidencia de la Corte, pasando a una suerte de modelo “colegiado” -léase camarilla.
Para esta elección, la Casa Rosada prefería abiertamente a Lorenzetti. Si bien Rosatti proviene del peronismo, se fue en malos términos de la cartera de Justicia que detentó bajo el gobierno de Néstor Kirchner. Como se pudo saber, Rosatti no llega con un acuerdo con Lorenzetti, sino enfrentado a Lorenzetti y con un bloque con Rosenkrantz y Maqueda.
Por su parte, si bien nominalmente el macrismo da un paso atrás porque pasa de una presidencia de la Corte a una vicepresidencia, lo cierto es que la falta de una mayoría a Ronsenkrantz le había vaciado de contenido su mandato. De esta forma, Rosenkratz sale de su asilamiento anterior, en un momento muy necesario para él, dado que se encuentra muy comprometido en la causa de la mesa judicial de Juntos por el Cambio, en la cual se encuentra prófugo el operador judicial macrista Pepín Rodríguez Simón, con quien se constató que tuvo al menos 46 llamados telefónicos.
Maqueda ha mantenido una táctica orientada a conservar la enorme caja que administra en la Obra Social del PJN. Va moviendo sus apoyos o quita de acompañamiento en función de sostener ese fabuloso fondo de recursos. Pero Maqueda y el interventor que colocó se encuentran en su peor momento puesto que hay investigaciones en Comodoro Py por desvíos de fondos y otros delitos, así como que se han ganado el rechazo de todo el poder judicial, desde el primer camarista hasta el último ordenanza, pues han paralizado y vaciado la atención de la obra social.
Como se ve, detrás de la antidemocrática elección de Rosatti no solo está el realineamiento de las distintas fracciones de la burguesía, sino también los intereses de camarilla que prevalecen en el mundo cortesano. Es indudable que cualquier verdadera democracia política es incompatible con el régimen judicial y político actual.
La propuesta de Eugenio Zaffaroni, de elevar el número de jueces a 15 o 17 no resuelve problema, como lo demuestran los propios casos de países latinoamericanos que invocó como modelo a emular. Además, de avanzarse por ese lado, sería por medio de las componendas y la rosca del PJ y JxC en el Senado.
El Partido Obrero y el Frente de Izquierda plantean terminar con privilegios de la casta judicial y que los jueces y magistrados sean electos por el voto popular reservando el derecho de revocatoria. Se trata de un planteo de transición para avanzar a un gobierno de los y las trabajadores que desmantele este podrido sistema judicial capitalista e incorpore al conjunto de la clase obrera a la administración de justicia para que sea también una palanca en la lucha por la transformación socialista del país y de América Latina.
Facundo Miño
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