La producción todo lo contiene, aun cuando existen restricciones en el lenguaje coloquial que lo reducen al plano de lo fabril. Solo a modo de ejemplo señalemos que cuando se dice “complejo sojero”, el principal colectivo productivo en las exportaciones argentinas, no solo se alude al poroto, sino también a “harina y pellets, combustibles, aceites y derivados”, o sea, mucho más que el producto extraído de la producción primaria de oleaginosas. Del mismo modo que el “complejo de la carne” incluye ganadería y frigoríficos. Más aún si consideramos el asunto en la diversidad de los lácteos, la producción textil o incluso el sector propiamente fabril en materia del complejo automotriz, siderometalúrgico, petróleo, petroquímico o relativo a la minería en su diversidad.
En lo extractivo primario y en lo fabril transformador se conjugan la diversidad de la producción material de bienes y servicios. En términos pedagógicos remitimos a lo primario, secundario y terciario en la conformación del aparato de producción de cualquier economía local. Esa producción supone transporte, comercio y financiamiento, sin perjuicio del vínculo con las diversas agencias estatales asociadas a la actividad económica en general, y en particular del sector aludido.
Los fabricantes y sus cámaras representadas en la Unión Industrial Argentina, la UIA, constituyen la institucionalidad visible de parte del poder corporativo del capitalismo local. Existen otros agrupamientos, de grandes empresas o de pequeñas y medianas, incluso agrupamientos en defensa de formas alternativas de organización de la producción. La vos más audible en el día de la industria, el 2/9, fue la de la UIA. En ella convive el núcleo del empresariado más concentrado de actuación local, buena parte asociada al capital externo en su dinámica económica regular. Se trata de parte importante del capital externo y local que actúa en el país, en una lógica en la que articula orientación al mercado local y mundial, vía importaciones y exportaciones.
Siguiendo el ejemplo del “complejo sojero”, el paquete tecnológico potencia la dependencia del capital local a la lógica de dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología, sin perjuicio de la dependencia financiera, tal como se demuestra cada vez que se visibilizan quebrantos o situaciones de falencia con acreedores transnacionales, tales como en los casos de Vicentin o ahora con el concurso del frigorífico de Cañuelas.
En cada conmemoración por el día de la industria se visibilizan las reivindicaciones patronales, tales como las necesarias reformas estructurales, laborales, previsionales, tributarias. La cuestión apunta a la reducción del costo de producción y a la búsqueda de mayores posibilidades de rentabilidad de la inversión. Se pretenden menos impuestos, menor incidencia del salario en el costo laboral y mayor flexibilidad para el ingreso y salida (despidos) de la fuerza de trabajo empleada. El objetivo es la mayor apropiación de la renta socialmente generada. Son reivindicaciones presentadas al poder político en la gestión del Estado, muy especialmente en tiempos electorales como los actuales.
A días de las elecciones de medio turno resultan de interés las reconfiguraciones del poder parlamentario y la capacidad de intervenir en las sucesivas disputas del poder ejecutivo, tanto como la capacidad de influencia sobre el poder judicial, bastión de última instancia del poder corporativo de los principales propietarios de medios de producción. En el fondo se juega un consenso social favorable a los intereses del capital más concentrado.
Otro orden productivo
El problema está más allá de las reivindicaciones del poder actual o en disputa sobre el orden de la producción local.
No es que da lo mismo favorecer o restringir el poder corporativo, sino que el interrogante que traemos al debate es si se puede modificar la orientación de la producción y circulación de bienes y servicios en general, con otra ecuación de beneficiarios y perjudicados.
Ello supone discutir, más que el crecimiento económico, el perfil productivo en el país, con qué objetivos y bajo qué formas organizativas concretas. El país cayó 9,9% su capacidad productiva en 2020 y se anuncia un crecimiento del 8% para el presente 2021. Más allá de lo cuantitativo, de si alcanza o no, lo que interesa es discutir el sentido de la producción, quiénes se benefician y quienes se perjudican.
¿Qué producción primaria, secundaria y terciaria? ¿Qué destinos se privilegian, el interno, el externo, o que combinación de ambos en función de la inserción internacional del país?
Entre otros temas supone discutir la “energía”, sean las fuentes tradicionales o las alternativas, no solo en el marco de la crisis ambiental o climática, sino en función de las necesidades apuntadas a resolver necesidades sociales y un adecuado metabolismo natural. Un enfoque de soberanía energética resulta esencial.
Como hemos sostenido, el debate incluye la articulación de propuestas productivas que atiendan la necesidad de resolver las dimensiones de la pobreza y el empleo. Por ello actuar bajo el horizonte de la soberanía alimentaria.
Se trata de pensar en otro orden productivo que articule necesidades insatisfechas con la posibilidad de potenciar las capacidades productivas ociosas en la población.
Nada de ello es posible desde la parcialidad, por eso insistimos en la usencia de una discusión que incluya producción y circulación en su conjunto, una reorganización del circuito integrado con precisiones respecto del lugar de la planificación y ejecución estatal.
Remitimos a un Estado que debe comprometerse en la participación activa de sujetos conscientes con la necesidad de construir la transformación socioeconómica. Ello supone el combate a toda forma tecnocrática o burocrática de ejercicio gubernamental.
Discutir el orden productivo y la circulación supone considerar un nuevo “modelo de desarrollo”, es decir la reorientación del consumo de la sociedad y del propio Estado; el ritmo de la inversión, entendida como lógica de acumulación social del excedente económico. Una dimensión inversora que incluye las esferas de lo público y lo privado, especialmente lo autogestionario, cooperativo o comunitario; pero también el tipo de inserción internacional.
Pensar alternativamente la producción y la circulación sugiere avanzar a contramano de la creciente mercantilización de la vida cotidiana. Por eso se trata de pensar y actuar más en derechos. La des-mercantilización ocupa el centro de la propuesta relativo a otro orden económico.
Todo lo señalado requiere de financiamiento, convocando a discutir el orden monetario, fiscal y financiero, objetando la lógica funcional a la dominación de los organismos internacionales y la banca trasnacional.
La soberanía monetaria implica discutir los mecanismos de emisión y absorción vía tributos, superando la lógica actual de endeudamiento del Tesoro o del Banco Central. En ese marco debe estimularse una profunda reforma financiera, sobre la base de desarmar el entramado organizado desde la dictadura militar, que enlaza deuda pública y extranjerización del sistema financiero.
Me señalan que el poder no lo permitirá y ello es irrefutable, convalidado por la historia local y global. Pero, al mismo tiempo señalar que sin pensar en términos alternativos, en tanto horizontes a construir, que permitan caminar en la búsqueda de nuevas formas de organización social, una realidad emancipada no será posible. La crítica y las propuestas para otro orden productivo prefiguran la primera instancia de un proyecto autónomo con epicentro en la solución de necesidades insatisfechas.
Julio C. Gambina. Doctor en Ciencias Sociales de la UBA. Profesor Titular de Economía Política en la UNR. Integra la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA.
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