El final de la campaña electoral ha servido para que, desde todos los rincones de la “grieta”, asome la propuesta de la eliminación de las indemnizaciones por despido. El planteo, que implica la virtual derogación del actual régimen laboral en Argentina, fue lanzado por Rodríguez Larreta en el curso de un reportaje, y enseguida refrendado por el escolta de Vidal en la lista macrista de CABA, Martin Tetaz. Pero desde la otra “orilla”, Facundo Moyano, un pollo de Sergio Massa, respaldó la propuesta, que también había insinuado semanas atrás cuando renunció a su banca.
“¡Flexibilización!” salieron a denunciar los corifeos del kirchnerismo. Con un solo detalle: que el autor intelectual del proyecto que abole las indemnizaciones es “Teddy” Karagozian, un empresario textil que se “desilusionó” del macrismo cuando las megadevaluaciones del 2018/2019 cargaron los pasivos empresarios con otra mochila – la de las deudas en dólares. Ya formado el Frente de Todos, pasó a formar parte de los apoyos empresariales de Alberto Fernández.
El proyecto de Karagozian sustituye las indemnizaciones por un fondo constituido con aportes patronales y administrado por el Anses. Sus recursos se formarían con un aporte de hasta la doceava parte de un salario (8,33%), que pasan a engrosar una “cuenta” de la que el trabajador dispondrá en caso de despido, renuncia o retiro. En ese caso, el trabajador retirará sumas mensuales equivalentes al último salario percibido, y a razón de un mes por cada año trabajado. La proporción del aporte patronal respecto del salario se va reduciendo a medida que aumenta la antigüedad del trabajador, hasta un piso del 2%. Los impulsores de la mochila señalan que, de ese modo, el proyecto “premia” a las patronales que retienen a los trabajadores, y castiga a aquellas empresas que cuentan con una alta rotación – al obligarlas a realizar aportes más cercanos al máximo del 8,33%.
Los críticos y los defensores de este “Mochila” han colocado en la balanza diferentes aspectos económicos y financieros que debieran colocarse en la balanza de trabajadores y patrones. Por caso, el trabajador pierde el derecho a la percepción integral de la indemnización y pase a cobrarla en cuotas mensuales. Además, el trabajador más golpeado por la “mochila” sería el que cuenta con mayor antigüedad, ya que allí es donde el patrón hará la mayor diferencia entre la “cápita” y una indemnización que acumularía muchos años trabajados. Por lo tanto, los despidos de mayores de 50 años estarán a la orden del día, con un agravante: en la agenda fondomonetarista hay otra “mochila”, la del aumento de la edad jubilatoria.
Los voceros de la patronal arguyen que la “mochila”, considerada en un horizonte de tiempo, podría implicarles el desembolso de una suma mayor a la que resultara de pagar indemnizaciones – ello, porque la “cápita” de la mochila se paga por el conjunto de la nómina laboral, y -se supone- el número de despidos en el tiempo será inferior a ese plantel total de trabajadores.
Pero es justamente en esto -en el pago anticipado de un “seguro” por despido de todos y cada uno de los empleados- donde reside el mayor elemento extorsivo de la mochila. Al pagar la “cápita”, el patrón tiene habilitado el despido incondicional, en cualquier momento y circunstancia. Es más: cuanto más despida, mejor habrá sacado provecho de las cápitas pagadas. Se podrá decir, es cierto, que si rota mucho el personal resulta sancionado con una cápita mayor (recordemos que ella sube cuando el personal es de reciente contratación).
Pero ese “castigo” es compensado, primero, con el pago de salarios “jóvenes”, que apenas se aproximan al básico. Luego, y mucho más importante: con el reforzamiento de la extorsión patronal al interior de la fábrica, habiendo sido liquidado el derecho indemnizatorio. La eliminación de ese derecho es una alteración crucial de las relaciones de fuerza entre el capital y la fuerza de trabajo al interior de la fábrica. Ante cualquier reclamo por salarios o condiciones laborales, la patronal podrá colocar sobre el colectivo de trabajadores la espada de Damocles del despido, que ya está “pago”.
Rescate estatal
El régimen de mochila prevé que el fondo de despidos esté bajo la administración del Anses. Como ocurre con todos los fondos de origen empresario bajo tutela estatal, en esta mochila también hay gato encerrado. Ocurre que, al menos durante todo un período, los aportes de la mochila al fondo podrían no alcanzar para pagar los despidos. Si el Estado paga la diferencia para “facilitar” la puesta en marcha del nuevo régimen, asistiríamos a un gigantesco financiamiento estatal de los despidos, concentrados naturalmente en los trabajadores de mayor antigüedad y edad. Otra variante sería “respetar los derechos” de los que ya están trabajando, y cargarle la ´mochila´ a los que ingresan al mercado laboral. Esta escisión aceleraría una política de retiros de los trabajadores con derechos y antigüedad, como viene ocurriendo en los últimos años, y particularmente, durante la pandemia del Covid.
Al fin y al cabo, los que se embanderaban con “la creación de empleo” no tienen otra cosa para ofrecer que un régimen de abaratamiento del despido. La cantinela sobre el “costo laboral” no tiene lugar, pues ese “costo” ha llegado a niveles irrisorios en Argentina, medido en dólares o en poder de compra. El compromiso, directo o indirecto, de todos los bloques políticos y fracciones del capital con la liquidación del derecho indemnizatorio, ha aportado un factor clarificador para los trabajadores en este último tramo de la campaña electoral. Necesitamos desembarazarnos de la “mochila” del capital y sus políticas.
Marcelo Ramal
11/09/2021
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