Integrantes de los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia fueron recibidos en Audiencia en la que entregaron el Informe sobre Criminalización de la Protesta 2001-2012 elaborado y publicado en marzo pasado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos – CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y Liberpueblo, Asociación por la defensa de la libertad y los derechos del pueblo. Por Asociación de ex Detenidos Desaparecidos.
Por ANRed - L (redaccion@anred.org)
Participaron de la audiencia, que se desarrolló ayer, Enrique Fukman y Veronica Jeria por la AEDD, Myriam Bregman por el CEPRODH, Nicolás Tauber por Liberpueblo, Martín Alderete por CADEP, Alejandra Giordano por CADHU, y Liliana Alaniz por APEL. Fueron recibidos por el Dr. Ricardo Lorenzetti.
Durante el desarrollo de la audiencia, Enrique Fukman y Verónica Jeria por la Asociación de Ex -Detenidos Desaparecidos informaron cómo se confeccionó el informe, que releva las causas judiciales abiertas en todo el país contra integrantes de más de 150 organizaciones entre los años 2003 y 2012. Fukman destacó la persecución centralmente dirigida contra gremialistas, pueblos originarios, reclamos y luchas por tierra y vivienda, y en los últimos dos años la profundización de la judicialización de las luchas contra la megaminería contaminante. Se destacó que a medida que aumenta la conflictividad sindical, aumentan la cantidad de delegados de base criminalizados.
A su vez, Verónica Jeria detalló la actividad desarrollada por el diputado neuquino Alejandro López quién tuvo la iniciativa de solicitar al poder Judicial que informe las causas relacionadas con la criminalización de la protesta y obtuvo la alarmante cifra de más de mil causas abiertas en la actualidad en esa provincia, con una fuerte acción persecutoria sobre los pueblos mapuches y sectores sindicales. Asimismo, los integrantes de la AEDD informaron sobre el alarmante aumento, a partir del año 2010, en la cantidad de personas asesinadas por luchar por sus derechos, la situación vivida en el parque Indoamericano donde en la causa penal donde se investigan los asesinatos provocados por la Policía Federal y Metropolitana no existen avances, mientras que avanza la causa judicial abierta contra Diosnel Pérez y Luciano Nardulli, acusados por el mero hecho de solidarizarse con el reclamo de vivienda y reclamar contra la represión y los asesinatos a manos de la Policía. Finalmente se refirieron sobre el agravamiento de la causa contra 24 integrantes de la comunidad Qom La Primavera en Formosa, y sobre la militarización que se está llevando adelante en esa provincia.
Myriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, informó sobre otro de los aspectos de la persecución: el espionaje del que están siendo víctimas los representantes sindicales de base. Dio cuenta de la causa conocida como Proyecto X y se refirió especialmente a la actuación del fiscal Paulo Starc, impulsor de la mayoría de las causas que padecen los trabajadores de la zona norte del gran Buenos Aires, así como el intento de detener a un abogado de su organización por un tema de mero trámite o del intento de detener a Hemosilla y a Coria, de Kraft, por tener muchas causas acumuladas y seguir manifestándose por sus derechos. También se refirió a la enorme cantidad de juicios de desafueros que están recayendo de mano de las empresas a la par que la justicia penal inicia procesos.
Nicolás Tauber de Liberpueblo se refirió a la situación en varias provincias del país, entre ellas la de Chaco y al caso de Mártires López. Tauber puso en conocimiento de la Corte que muchas de las causas relacionadas con el “proyecto X”, en especial las referidas a la lucha de los trabajadores de Kraft (ex Terrabussi) del año 2009, estarían llegando próximamente a la Corte Suprema y por eso es de nuestro interés que se conozca en qué marco se está dando este recrudecimiento de la protesta social. Se refirió también a la grave situación vivida en la autopista Panamericana hace unos días cuando el Secretario de Seguridad Sergio Berni comandó personalmente la represión llevando a más de 60 personas (incluidos 12 menores de edad) detenidas a Campo de Mayo.
Liliana Alaniz de APEL se refirió al asesinato de Mariano Ferreyra y a la actuación de las patotas, ligadas en muchos casos a las empresas. Destacó la situación de persecución que se vive en el ferrocarril Roca.
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