La cifra de u$s3.500.000.000 es, en la historia nacional, la más alta indemnización que el Estado debería pagar por fallo a los afectados por la contaminación de la cuenca Riachuelo Matanza. Azora que la Suprema Corte, por los volúmenes de dinero en juego, haya delegado en Luis Armella la ejecución de esa sentencia sin ejercer control alguno. El dislate ha permitido que empresas vinculadas con “su señoría” obtengan contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental.
El desmanejo de los créditos internacionales ya preanunciaba dolos de distinta índole. Ahora ha salido a la luz la malversación porque el aparato kirchnerista ha resuelto desprenderse de Luis Armella, quien proviene del riñón duhalde/scioli y recién habría sido descubierto por Horacio Verbitsky como un corrupto que hace negocios para sí y su familia, a partir de su función pública. Como toda operación política que se precie el caso fue puesto en pantalla -por encargo- en C5N bajo el título “Los negocios millonarios del Juez Luis Armella en torno al Riachuelo”.
La hipocresía es un vicio que afecta la memoria de Verbitsky y también de la Suprema Corte de Justicia. Desde hace 7 años la comisión de vecinos “Foro Regional en Defensa del Río de la Plata, la Salud y el Medio Ambiente” viene denunciando públicamente y ante la justicia no sólo al Juez Armella sino también al secretario de ambiente Juan José Mussi, quienes armaron en Ranelagh el emprendimiento comercial minero “Tosquera Arroyo las Conchitas”, que en 2005 puso ilegalmente en funcionamiento la empresa “Canteras del Sur” perteneciente a Gildin S.A. Para iniciar el negocio Mussi obligó al HCD de Berazategui a modificar la zonificación de veinte hectáreas donde se ubicaría la actividad minera (Ordenanza 3991). Al dia siguiente a través del decreto 1566 Mussi autorizó la explotación industrial en ese lugar. Esta no era ni es una zona rural sino que está a 500 metros del Barrio Marítimo, un complejo habitacional de 5000 vecinos y a 200 metros de la Escuela 3.
En 2006 los vecinos denunciaron ante la Secretaría de Minería la ilegal designación de predio rural en zona urbana y lograron, luego de varias protestas y denuncias judiciales, que dicha Secretaría clausurara el emprendimiento. La empresa apeló y luego de pasar por varios jueces fue Armella quien permitió siga funcionando su tosquera, única proveedora para las obras del riachuelo vía Acumar.
El acuerdo comercial Mussi/Armella se robusteció mediante amenazas a quienes denunciaron la violación de leyes a la explotación minera. El intendente montó una campaña de pronunciamientos reclamando la tosquera, cuya implantación anómala en el ámbito urbano violaba cualquier disposición de protección del medio ambiente, degradando la tierra y contaminando las napas.
El enjambre de empresas vinculadas a Armella, sus familiares y amigos son entre otras Gildin SA, Compañía Constructora M&T SA, Tierras Provinciales SA y Vial Rogo Constructora SA. Además estas empresas, junto a la Constructora San Martín 264 Bernal SA, están estrechamente ligadas con las obras de limpieza del Riachuelo que ordena “su señoría”.
Armella "es quien ordenó se concluya la construcción de la subestación Rigolleaux, ignorando el reclamo de los vecinos y en complicidad con el ENRE y el Municipio de Berazategui, permitió la militarización y represión de la barriada. Es el Juez que nunca respondió la medida cautelar interpuesta por los vecinos en defensa de la salud y la vida, es el mismo que tardó 60 días en declararse incompetente ante un recurso de amparo y así permitió que Edesur termine las obras” (fororiodelaplat.wordpress.com).
Armella fue convocado por el gobierno nacional, vía Nilda Garré y Schiavi, para que armara una causa por “sabotaje y extorsión” sin pruebas, contra obreros que reclamaban que el Gobierno cumpliera actas que había firmado luego del asesinato de Mariano. Verbitsky fue quien le dio letra al funcional Juez Federal desde Página 12 el 26/12/2010, para que actuara contra quienes habían cortado las vías en Avellaneda el 23/12/2010.
Armella es un “todo terreno” a la hora de los negocios y de torpedear los reclamos populares. Verbitsky en su campaña “purificadora del kirchnerismo” señala con mucho atraso, una connivencia entre el Juez Federal con Patricio Mussi, Intendente de Berazategui, en el control del Sindicato de Trabajadores Municipales. “La semana pasada, Armella dispuso intervenir el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui y convocó a nuevas elecciones, como reclamaba Mussi (hijo), quien se resiste a pasar a planta permanente a los contratados" (Página 12 2/9/2012).
El Centro de Estudios Legales y Sociales, del que Verbitsky es uno de los miembros fundadores, es desde el 2004 “Amicure” de la Suprema Corte en temas ambientales; cuando la Corte nombró al hoy sospechado de peculado Juez Armella para que llevara adelante la aplicación del “histórico fallo Riachuelo” 8/7/2008 ni Verbitsky ni el CELS se manifestaron públicamente en contra, a pesar de los antecedentes.
La elección de la Corte Suprema en cuanto al juez de aplicación del fallo Riachuelo/Matanza es una crisis en sí misma ya que el principal socio de Armella, el portugués Rodrigues da Silva, en 1997 fue condenado a tres años de prisión en suspenso por destruir carátulas judiciales, cambiar causas de juzgados, utilizar sellos falsos y no pagar la tasa de justicia, en combinación con un oficial primero del Juzgado Civil y Comercial Nº 5 de La Plata.
En reunión con los periodistas, el Juez de la Corte Ricardo Lorenzetti señaló que “hasta ese momento ni los Intendentes ni la Acumar se han quejado del juez”, la tribuna de “Clemente” podría agregar que no sólo no hay quejas sino que “la barra” quiere que se aplique el “siga, siga”, como hacen los árbitros del fútbol ante las acciones más ilegales.
El Juez de la Corte Carlos Fayt, fue más a fondo y dio una salida “honoraria” al escándalo: “Pobre muchacho, se va a pegar un tiro”.
Lisandro Martínez
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