Lo penoso es que la mayoría de los personajes allí reunidos gastaban bromas entre sí, gestos cómplices y risotadas, empeñados en demostrar como un manojo de sujetos impunes imponían a medio millón de personas un escandaloso aumento del 50% en TSG, cuando el gobierno señala que el costo de vida sólo aumenta un 9% por año.
En su edición del 11 de enero de 2012, La Defensa de Lanús informaba que en la última sesión ordinaria del año pasado, en el Concejo Deliberante se trataron dos temas muy importantes para los contribuyentes: el aumento de las Tasas de Servicios Generales (ex ABL) y el presupuesto anual. Lo penoso es que la mayoría de los personajes allí reunidos gastaban bromas entre sí, gestos cómplices y risotadas, empeñados en demostrar como un manojo de sujetos impunes imponían a medio millón de personas un escandaloso aumento del 50% en TSG, cuando el gobierno señala que el costo de vida sólo aumenta un 9% por año.
Estos partidos políticos cuyos integrantes votan para que sean las víctimas quienes paguen el saqueo público a que se somete a la Nación ya no pueden encubrirse tras el velo hipócrita de “la justicia social”, porque la redistribución del ingreso está dedicada a reforzar a los monopolios que operan en la Argentina dependiente para desfondarla y en segundo término para enriquecer al propio funcionariado público.
“El jefe de Gabinete Juan Abal Medina acumuló $1.374.529 según la declaración jurada presentada. Hernán Lorenzino (Economía) y Norberto Yahuar (Agricultura) atesoraron $855.381 y $725.816 respectivamente. Juan Manzur quien declaró un patrimonio de $6.722.827, el ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman: $4.925.863 pesos de patrimonio. La ministra de Industria Débora Giorgi $2.397.800, el titular de la Cartera Justicia $2.064.842. El ministro de Planificación Julio de Vido $2.115.338, Florencio Randazzo $1.8059.704, Arturo Puriccelli $1.718.074, Enrique Meyer $1.374.012, Nilda Garré $1.185.252, Carlos Tomada $1.173.645. (www.agenciacna.com 13/1/2012)
Mientras los funcionarios públicos se van forrando de guita, hay 10 millones de pobres en la Argentina “Nacional y Popular”, "un cuarto de la población permanece en estado de privación no obstante los ocho años de elevado crecimiento" (Observatorio de la Deuda Social Argentina, 23/1/2012).
El rol que juegan los Concejales en este drama social es de mandaderos organizados que actúan para producir una transferencia espectacular de recursos económicos del bolsillo de los obreros al de los capitalistas.
La alta tasa de desigualdad social existente es una situación premeditada y el impuestazo votado por los concejales y el Intendente de Lanús, va en ese sentido. La desregulación implacable de los mercados y el ascenso del capital financiero han dejado en pelotas a quienes antes se encubrían con “la justicia social”.
La Dictadura Militar con el genocidio –no podrían haberlo hecho de otra forma– impuso una estructura impositiva regresiva donde pagaba más impuestos el que menos poder adquisitivo tenía. Este saqueo que el régimen llamado democrático nunca revisó ni le interesó modificar, continúa vigente hasta el día de hoy. Así la propia recaudación impositiva aumenta la desigualdad social.
Los expertos en el sistema tributario argentino lo consideran excesivamente procíclico, distorsivo y regresivo. Incluso el impuesto a las ganancias considerado progresivo por excelencia, debido a la alta evasión de los grandes contribuyentes se convierte en regresivo. Por la monopolización económica que existe en nuestro país hay ramas enteras de la economía en manos de pocas empresas que son formadoras de precios, por lo que esos grandes contribuyentes en lugar de pagar su impuesto a las ganancias como individuos trasladan sus obligaciones a sus compradores a través de los bienes y servicios que proveen. Por lo tanto los impuestos que deberían pagar los individuos que concentran grandes ganancias en su actividad lo terminan pagando los más llanos consumidores, incluso los desocupados. (“La desigualdad y los impuestos” José Nun, Editorial Capital Intelectual).
De todo este circuito de inequidad tienen perfecto conocimiento los funcionarios que votan y llevan adelante este proceso contrario a las necesidades populares. Las conclusiones de Carlos Marx hace más de siglo y medio en relación a que el enriquecimiento del capitalista en lugar de beneficiar al trabajador significaba mayores privaciones para el y su prole, se han vuelto a manifestar en nuestro país luego de una década de recuperación. El Capitalismo y su desenvolvimiento no traen aparejada ninguna prosperidad colectiva, por el contrario dilapida el esfuerzo de millones de horas de trabajo humano preparando las condiciones para la próxima y devastadora crisis social.
La dirección económica que se le imprime a un proceso histórico y la elección de la clase social que se apuntala aplicando el gasto público a su favor, tienen su correlato y su íntima relación con respecto a que clase social paga los impuestos y quienes sostienen el Estado.
José Nun -un funcionario k- señala que el pago del impuesto a las ganancias de las personas físicas en el país tiene una evasión que es récord mundial. Y compara que en los países centrales la cifra de contribuyentes que pagan ese tributo es del 72% mientras que en la Argentina no llega al 30%. Quienes no pueden escapar de ninguna forma al pago de este impuesto son los trabajadores.
El programa de los trabajadores plantea:
Derogación de los impuestos al consumo y a la vivienda única. No al Impuesto a las ganancias a los trabajadores, impuestos progresivos al Capital.
No al pago de la guardia ciudadana, siempre organizada con la escoria del “gatillo fácil”. Disolución del aparato represivo. Que los organismos de DDHH seleccionen y organicen la seguridad.
Basta de enriquecimiento de los funcionarios públicos, salario para el Intendente y Concejales igual al del Oficial múltiple metalúrgico.
Apertura de los libros contables municipales para revisar los contratos de la recolección de residuos y de otros servicios, de los cuales somos clientela cautiva.
Asambleas populares que planifiquen y controlen las obras públicas estableciendo como prioridad un plan de viviendas populares y armen el presupuesto municipal a partir del cobro a los grandes evasores y el impuesto progresivo a las grandes fortunas.
Salario mínimo igual al costo de la canasta familiar $6400. Pase a planta permanente todo el personal municipal que trabaja en negro.
Lisandro Martinez
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