Un balance de los juicios contra genocidas en Argentina en 2011
Por Andrea Benites-Dumont
Y a poco de iniciarse un nuevo año parecería que se hubieran quemado los deseos de los primeros minutos… y sin tiempo de balance ni de estrenar la errada inocencia, estalla una vez más el espectáculo obsceno de politiquerías, hipocresías, violencia, atropellos…
Así el recuento de los juicios realizados en el año 2011 en Argentina, depara unas cifras de cuántos juzgados y tantos condenados. Hay que agudizar la lectura entre líneas, para encontrar los absueltos, los prófugos, los muertos, los ingresados en hospitales y clínicas privadas, los que están en sus casas… y los que están suspendidos y los que están pendientes de sentencias, y los que tienen permisos de fiestas y de vacaciones…
En el anuncio de los juicios que comienzan en este 2012, más allá de los juramentos demagógicos de aceleración de los mismos, se repite el análogo esquema procesal: por un número ínfimo de casos a un número ínfimo de represores, y no por centro clandestino de detención, ni por fuerza armada… no se amplían los criterios para poder concluir el proceso suspendido en el tiempo del dolor y de la ausencia, de tal modo que estos mecanismos judiciales hacen pervivir la continuidad amarga de la revictimización, en primer lugar de los testigos, de los sobrevivientes, y después, la de familiares, compañeros, amigos…
El sistema procesal ha sido acomodado a la funcionalidad de la impunidad. Según el informe de la Unidad Fiscal, hay en la actualidad 843 procesados, de los cuales 449 ya cuentan con una o más causas elevadas a juicio. Otras 141 tienen alguna causa con solicitud de elevación a juicio. En cuanto a la situación legal, del total de procesados existen 593 cumpliendo condenas y prisiones preventivas. La mitad de estos, está en cárceles comunes y el resto entre dependencias militares, en sus casas, en hospitales, en residencias y clínicas. Quizás 843 procesados pueda resultar una cifra impactante, siempre y cuando no se convoque a la memoria los 2.717 represores que fueron denunciados en una primera lista, incompleta, en 1979 (¡!).
Asimismo, varios de los máximos responsables tienen ya entre 80 y 90 años… difícilmente vayan a la cárcel, y varios de ellos irán directos –e impunes- a los cementerios… Esta suerte de camino judicial concluirá por finiquito natural. Mientras los archivos de la dictadura que encierran todos los atajos justicieros, siguen custodiados por el gobierno.
Parecería que lo dicho hasta aquí, que estas palabras, sólo se contienen en el sur del sur y que se aplican a 35 años de los hechos genocidas, pero sin embargo encuentran en 75 años en un aquí, en el sur del norte, un eco disgregado.
Los juicios calificados de “históricos” y que se recuentan en supra-instancias, y que acumulan menciones y premios, son utilizados como comparsas circenses en un mismo espacio y tiempo en que se legisla una ley antiterrorista que extiende los tiempos verbales de la impunidad y la represión. Siempre las leyes antiterroristas, con su sólo enunciado, originan terror, y para tal fin han sido concebidas por los estados, como elementos contundentes de disuasión, de persecución estatal. Y ocurre, que el gobierno argentino de los “derechos humanos” ha establecido una ley antiterrorista que, como tantas, desarrolla y legitima el poder de la represión. Una ley dirigida a coartar, demonizar, castigar y penalizar a los luchadores sociales que traspasan los límites establecidos desde la vacuidad de las consignas y de la autodenominación mesiánica de la representación popular plasmada en el aparato gubernamental. Organizaciones, asociaciones y fundaciones adictas a la Casa Rosada, han intentado disimular con rogatorias de misales, una aplicación “benigna” de dicha ley. Así, los trabajadores del subterráneo con el levantamiento de los molinetes (entrada gratuita a los viajeros) ya son terroristas.
Dentro de la sucesión de representaciones teatrales, vuelve a ponerse en primer plano la reivindicación de las islas Malvinas…!!! y en la declamación demandante de la soberanía, se invoca, en esto sí, a la Justicia.
Utilizando los fáciles disfraces populistas, se continúa en este año que despunta, la preservación de las fuerzas represivas como institución, para tirar de ella si la necesidad apremia.
Es falsario considerar que pueda existir una situación de derecho en la que la violencia no tenga expresión alguna. La memoria de las víctimas conlleva un significado complejo: es la memoria de la presencia permanente de la violencia, también la del Estado de derecho; es la memoria de la inaceptabilidad de una violencia instrumental para la constitución de una nueva situación de derecho; es la memoria que a pesar de que en condiciones de historia la presencia de la violencia es inevitable.
La estructura represiva no fue desmantelada, pero tampoco la económica, la empresarial, la judicial… la impunidad es entonces un fenómeno natural que se transita en lo cotidiano. Y lo aparentemente soportable, ampara y protege y se asienta en un subsuelo putrefacto.
Casapueblos-AEDD
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