Pedraza, cuando fue detenido por el crimen de Ferreyra
La Cámara de Casación Penal fue inaugurada como filtro de maniobra durante el gobierno de Menem y se transformó en el tribunal penal más importante del país, última instancia para apelar los fallos de los tribunales inferiores antes de llegar a la Corte Suprema.
En 2007 el fallecido ex Presidente Kirchner la había cuestionado por el manejo de las causas sobre los genocidas. El kirchnerismo empujó entonces una renovación que fue parcial y el resultado es que hoy convive con el viejo elenco. El juez Eduardo Riggi es un elemento de la dictadura que continúa en funciones y hace poco estuvo relacionado con el intento de soborno para que José Pedraza fuera excarcelado.
En las diferentes salas de la Cámara de Casación se encuentran importantes juicios, por ejemplo la causa de las escuchas telefónicas que involucran a Macri y también las denuncias contra el juez Oyarbide. En Casación está depositado, sin respuesta por ahora, el último pedido de excarcelación en favor de José Pedraza.
El 29 de diciembre del 2011 se reunieron los Jueces de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos A. Nattiello, Horacio D. Piombo y Benjamín R.M. Sal Llargués, bajo la presidencia del primero de los nombrados, para resolver las causas 22.993, 22.994, 22.995, 22.996, 22.997 y 22.998, caratuladas “Fanchiotti, Alfredo Luis”; “Robledo, Francisco; Sierra, Antonio; De La Fuente, Mario”; “Acosta, Alejandro”; “Quevedo, Carlos Jesús”; “Colman, Lorenzo” y “Vega, Osvaldo Félix” s/ recurso de Casación (www.scba.gov.ar/casacion/Novedadesvarias.sentencia22993). Revisaron apelaciones a la causa conocida popularmente como La Masacre del Puente Pueyrredón. Los magistrados dictaron un fallo que da un espaldarazo a la impunidad de aquellos responsables de asesinato y prepara la jurisprudencia para otros.
La Cámara de Casación Penal de la PBA ese 29 de diciembre absolvió a Osvaldo Félix Vega, quien era en el “teatro de operaciones de guerra” en que transformaron al Puente Pueyrredón el 26 de junio de 2002, el superior directo del comisario Fanchiotti. Vega había sido declarado culpable del delito de encubrimiento agravado por el Tribunal de Primera Instancia. En esta nueva instancia fue absuelto, fruto de una forzada valoración de la prueba por parte de los jueces.
Vega estaba perfectamente informado de los hechos realizados por sus subordinados vía ‘handy'; los jueces sostienen que se encontraba "distante" de la estación Avellaneda y que, por lo tanto, no podía asegurar que "se mantuviese incólume la escena del crimen".
Esta absolución exculpa al superior inmediato de Fanchiotti y corta toda cadena de responsabilidad.
Piombo, uno de los jueces del tribunal, planteó -en minoría- incluso la absolución de Fanchiotti, a partir de una reivindicación del operativo represivo. Desde ese lugar detalla sin concesiones la responsabilidad del Estado nacional y provincial en la masacre.
Singularmente, afirma que no puede pensarse que los agentes policiales actuaran sin órdenes superiores específicas, por lo que atribuye la actuación de Fanchiotti al principio de obediencia debida.
La absolución de Vega, al igual que la del policía Robledo, constituye una amnistía parcial o total para gran parte de los imputados, confinando la responsabilidad en Fanchiotti y Acosta. El fallo tiene por objeto asegurar la impunidad de quienes impartieron las órdenes que costaron las vidas de Maxi y Darío, así como lesiones graves de tantos compañeros.
La represión ocurrida el 26 de junio de 2002 obedeció a un plan orquestado desde las más altas esferas gubernamentales, cuyos responsables políticos (Duhalde, Juan José Álvarez, Ruckauf, Solá, el recientemente asesinado gobernador de Río Negro Carlos Soria, en su carácter de jefe de Inteligencia y Luis Esteban Genoud entonces secretario de seguridad del Gobierno Bonaerense), jamás fueron llevados al banquillo de los acusados e incluso algunos fueron premiados como el caso de Genoud colocado como miembro de la actual Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La Cámara de Casación en diciembre de 2011 reforzó la impunidad del plan criminal del Puente Pueyrredón.
En 2012, en la segunda semana de enero, se produjo la elección del nuevo presidente de la Cámara de Casación Penal, Pedro David, coronando un compromiso estrecho entre “progres K” y conservadores.
Para que la nominación de David funcionara jugó un papel destacado Alejandro Slokar, kirchnerista y hombre de confianza del juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; dice La Nación del 14/1/2012 "se aliaron parte de los nuevos camaristas con un sector de los antiguos jueces, gracias a un acuerdo que tejió Slokar". El mismo matutino aclara que el debate que precedió a esta elección fue registrado en un acta no pública sino secreta para evitar que trascendieran las pujas internas del cuerpo.
Así la “renovación” del tribunal de justicia más importante del país ha seguido el camino de la conspiración y del pacto de espaldas al pueblo, un método que se hará sentir en sus próximos fallos entre ellos los de las causas relacionadas con el asesinato de Mariano Ferreyra
La “emboscada ejemplificadora” de Barracas también fue planificada y seguida telefónicamente pero esta vez y emblemáticamente desde un encuentro de Empresas tercerizadas del ferrocarril Roca, realizado el mismo día que se asesinó a Mariano, en los salones de la Unión Ferroviaria con la presencia del Secretario de Transporte Juan P. Schiavi quien le había reclamado a José Angel Pedraza y por extensión al Gallego Fernández (presentes en la reunión de tercerizadas) que se hicieran cargo de que el corte no se llevara a cabo.
Quienes planificaron la acción criminal hasta el último detalle ¿importa que estén o no presentes en la escena del crimen?
Para derrotar la caracterización jurídica forzada de que la distancia garantiza la impunidad de los planificadores, reclamamos: Que se inicie ya el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra y se unifique la causa con la de los policías que garantizaron la emboscada.
Convocamos a la ciudadanía a pronunciarse y movilizarse masivamente para garantizar el juicio y castigo a todos los responsables: Pedraza, UGOFE y la Policía.
Lisandro Martinez
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