Algo más que un golpe a las FARC

La muerte del jefe guerrillero "Mono Jojoy" no fue el resultado de una acción de combate, sino de una operación de inteligencia. Es lo que, por otra parte, viene ocurriendo desde antes incluso de la ejecución del líder guerrillero Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. La versión de que le habrían instalado un GPS en las botas refleja también un grado importante de infiltración. Nada de esto sería posible sin la acción del Comando Sur del Pentágono y de la extensión de la red de espionaje electrónico de Estados Unidos y de la IV Flota, que fue revitalizada para realizar este tipo de patrullaje en Sudamérica. Existe una clara complicidad de parte de los gobiernos latinoamericanos, que lejos de denunciar esta infracción a las soberanías nacionales, participan de maniobras conjuntas con el ejército norteamericano. En el caso de Ecuador, hay pronunciamientos oficiales que testimonian la colaboración del gobierno de Correa con el combate contra la guerrilla. Correa ha recibido, a cambio, una apertura del crédito norteamericano a Ecuador.
La propaganda oficial presenta esta última ejecución de un jefe de las Farc como otro paso en la pacificación de Colombia; así parece interpretarlo también una mayoría de la población, que es bombardeada en forma sistemática por la versión interesada de los medios de comunicación. Todo indica, sin embargo, que las consecuencias serían un agravamiento de la violencia social en el campo. La contrainsurgencia colombiana está vinculada al paramilitarismo, principalmente al que se encuentra asociado a la expulsión de campesinos, el desplazamiento de millones de personas y el acaparamiento de tierras por viejos y nuevos latifundistas. El gobierno ha anunciado, incluso, un plan de redistribución de tierras que retornaría a los campesinos las que les fueron usurpadas por paramilitares. Este planteo sería el principal motivo de fricción entre Santos y el ex presidente Uribe -que ha hecho de su estado natal, Antioquia, un gran latifundio paramilitar. Esto demuestra, sin embargo, la agudeza del conflicto agrario, aunque nada asegure que ese plan de redistribución será efectivo para desarmar la resistencia de los usurpadores. La guerra oficial contra las Farc está vinculada en forma directa a la expropiación de trabajadores agrarios y a la consolidación de grandes haciendas capitalistas.
Además de atizar el conflicto agrario, los éxitos del gobierno contra la guerrilla fomentan el asesinato de sindicalistas y luchadores en las ciudades -que son eliminados muchas veces con acusaciones falsas de relación con la guerrilla. El despojo de su condición de parlamentaria a la conocida mediadora en el canje de prisioneros, la senadora Piedad Córdoba, es una muestra de que la ofensiva contra las Farc forma parte de un plan general contra la seguridad personal de los opositores al gobierno. Los vínculos del partido de Uribe-Santos con los paramilitares han sido probados en sede judicial.
En lugar de caracterizar lo ocurrido como una acentuación de la violencia estatal (lo mismo ocurre en Honduras), la mayor parte de los gobiernos y de la propia OEA han enviado saludos de felicitación al gobierno de Santos -sin mosquearse por el aspecto macabro de congratularse con la muerte de alguien que consagró su vida a una lucha determinada, que en muchas ocasiones fue interlocutor en las negociaciones con diferentes gobiernos e incluso con la directiva de la Bolsa de Nueva York. La autonomía que habría conquistado América Latina, según diversos charlatanes de moda, como una consecuencia de la "declinación del Imperio", es una soberana impostura. Más allá de nuestras completas diferencias políticas con las Farc, que no son una expresión del marxismo sino del nacionalismo pequeño burgués y de un militarismo a ultranza, denunciamos que la ejecución de sus dirigentes forma parte de un plan que tiene por dirección al imperialismo, que promete mayor violencia política contra los luchadores y busca una reversión del ascenso de los movimientos populares en América Latina.

Jorge Altamira
Prensa Obrera