Desde la posesión del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos -dueño de los principales mass-media y gran latifundista- hemos asistido a una gran operación mediática que busca presentar “diferencias” entre la administración de Santos y la de Álvaro Uribe, vinculada al paramilitarismo, a la tortura y a las violaciones de los derechos humanos. La estrategia es hacer creer que Santos se desmarca de esos niveles de barbarie. Sin embargo, cabe recordar que fue ministro de defensa de Uribe y responsable de los mal llamados “falsos positivos”, es decir, ejecuciones extrajudiciales practicadas por el ejército de Colombia. Asimismo, el gobierno de Santos promueve la “Ley de Tierras”, que busca legitimar el despojo: los millones de hectáreas de tierras robadas a víctimas y desplazados por el terrorismo de Estado están a punto de ser legalizados a manos del gran capital. Por Azalea Robles.
Por ANRed - L (redaccion@anred.org)
“En los hornos crematorios, los criaderos de caimanes y las fosas desaparecieron a muchas víctimas de la contra-reforma agraria en Colombia” (Sobreviviente del terrorismo de Estado colombiano)
Desde la posesión del nuevo presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dueño de los principales mass-media y gran latifundista, hemos asistido a una gran operación mediática que busca presentar “diferencias” entre la administración de Santos y la administración de Uribe. La administración de Uribe quedó públicamente evidenciada como una administración llena de paramilitarismo, de tortura, de violaciones a los derechos humanos... Y la estrategia es hacer creer que Santos se desmarca de esos niveles de barbarie: algo que pretenden lograr con el monopolio de los mass-media. Sin embargo cabe recordar que Santos fue ministro de defensa de Uribe y responsable de los mal llamados “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales practicadas por el ejército de Colombia. Los militares raptan a jóvenes, los disfrazan de guerrilleros y los asesinan, luego los presentan como “guerrilleros dados de baja en combate”. Este crimen lo ejecutan los militares para “mostrar resultados” en su guerra anti-insurgente, y también para asesinar a los civiles que “incomodan” (léase sindicalistas, maestros, líderes campesinos, etc.)
Los mass-media se encargan de difundir la mentira, ya que en Colombia los medios de difusión masiva dan por cierto lo que les dicen sus fuentes militares... La mediatización de los muertos que son supuestos guerrilleros es macabra: muestran cuerpos alineados, semidesnudos, tirados en el suelo... De esta forma se moldea a la opinión pública en la deshumanización de los guerrilleros. La directiva presidencial 029 impulsa los “falsos positivos” al estimular a los militares a “presentar cadáveres”, ya que reciben prebendas económicas o permisos por cadáveres presentados.
Las organizaciones de víctimas denuncian más de 5000 casos de “falsos positivos”. La Fiscalía está investigando unas 2.000 ejecuciones extrajudiciales cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, pero reina la impunidad. Los “falsos positivos” son crímenes de lesa humanidad y evidencian hasta qué punto los montajes, las mentiras y los crímenes integran el Estado colombiano, que entra en la categoría conceptual de Estado Terrorista. Es una triste y verificable evidencia, aunque el grado de horror la haga parecer inverosímil; la ONU y otros organismos saben de estas prácticas y siguen complacientes con el Estado colombiano.
Los “falsos positivos” son asesinatos reales que sirven para crear realidad virtual. Los mass-media tienen un rol particularmente bélico en Colombia, al actuar como legitimantes de un régimen genocida, llegando al punto de ocultar fosas comunes gigantescas, como lo han tratado de hacer con la mayor fosa común del continente americano, ubicada detrás de la base militar de la Fuerza Omega en la Macarena, Meta, que contiene al menos 2000 cadáveres, y que ha sido denunciada por observadores internacionales, ONGs, de Derechos Humanos y por familiares de víctimas de desaparecidos. Los Mass-media ocultan los crímenes del Estado colombiano y se prestan para todos los montajes que preconicen los militares, como la mediatización de muertos campesinos disfrazados de guerrilleros.
La construcción de una realidad virtual, que opera como una escenografía que tapa la realidad objetiva, es un componente fundamental de la guerra en Colombia. Y en este texto queremos tratar una falsimedia clave, ya que busca engañar acerca de una de las cuestiones más fundamentales de la iniquidad y la guerra en Colombia: la cuestión de la tierra.
Para limpiar la imagen del gobierno de Santos, los mass-media buscan hacer creer en Colombia y el mundo que Santos “devolverá la tierra a los desplazados” y “operará una reforma agraria”. Nada más alejado de la realidad, aunque las apariencias se basen en andamios puestos ad-hoc para basar la propaganda. El argumento de este gobierno de “la reparación a las víctimas”, a las que dice que se les devolverían las tierras usurpadas, ha sido denunciado como una utilización cínica de los desplazados, por organizaciones de víctimas como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, y por opositores como el senador Robledo.
Concretamente lo que busca la Ley de Tierras de Santos es legalizar el despojo de las tierras. Es la consolidación de la contra-reforma agraria.
Los millones de hectáreas de tierras robadas a las víctimas y desplazados por el Terrorismo de Estado en Colombia están a punto de ser legalizados a manos del gran capital, mediante una maroma leguleya muy astuta del actual gobierno de Juan Manuel Santos.
Es el mismo cinismo que fue aplicado en Colombia mediante los famosos "diálogos de Ralito ’entre’ gobierno y paramilitares", algo que fue popularmente calificado de monólogo, dada la realidad de la Estructura paramilitar como Herramienta de guerra sucia del propio Estado. El paramilitarismo es la herramienta de guerra sucia del Estado colombiano y recibe también financiación y asesoría de multinacionales y latifundistas; es una herramienta implementada para eliminar opositores y desplazar a inmensas cantidades de personas de zonas de alto interés económico.
Hoy en día son más de 6 millones de hectáreas de tierras que han sido arrebatadas a las víctimas y desplazados; en Colombia hay más de 4,5 millones de desplazados. El MOVICE y otras fuentes hablan de más de 10 millones de hectáreas usurpadas, el gobierno habla de 3,5 millones de hectáreas.
La ley de Tierras de Santos contiene varias artimañas, veamos concretamente en qué consiste la norma:
La norma dice que en ciertas zonas del país escogidas por el gobierno se tramitarán restituciones de tierras, en un lapso limitado.
Si la persona despojada no quiere la tierra, el Estado le propone un título de tesorería que terminará en una venta baratísima de su tierra.
Según investigaciones la gran mayoría de los desplazados (hasta el 80%) temen regresar a sus tierras, dado que las regiones han sido consolidadas por el paramilitarismo, y reina un régimen del Terror.
Lo anterior evidencia que lo que es mostrado como la restitución de los predios de tierra a las personas despojadas mediante la violencia, esconde justamente el despojo definitivo de estas personas.
La Ley de Tierras se presenta en los mass-media como lo que no es.
En Colombia debe haber restitución de tierras a los desplazados; pero la Ley de Tierras de Santos no busca eso. Primero: No en todo el país se aplicará la ley, sólo en los territorios que el gobierno decida (zonas de consolidación paramilitar-militar). Con lo cual los desplazados no podrán efectivamente ir a vivir en zonas dominadas por sus victimarios. Segundo: La política agropecuaria de este gobierno es la continuidad de la política del gobierno de Uribe, en cuanto a que es una política neoliberal, que promueve el latifundio, el capital extranjero, la mega minería, los mono-mega-cultivos, la desprotección del campesinado y del sector nacional del agro frente a los productos subsidiados de USA y UE: una política de aniquilación de la soberanía alimentaria.
Se va a desmontar a la UAF (Unidad Agrícola Familiar) para montar grandes plantaciones en la altillanura. Se entregarán más tierras a multinacionales extranjeras. El Banco Mundial promueve la concentración de tierras y preconiza la titulación como etapa previa a la constitución de dichos monopolios. La titulación de tierras está siendo promovida por el gobierno ahora, cuando siempre la desechó; obviamente ahora la motivación es lograr traspasar las tierras de las manos campesinas a las manos del gran capital. El Banco Mundial preconiza: "Hay que promover la movilidad de los derechos de propiedad".
La política agropecuaria del gobierno de Juan Manuel Santos de fomentar el latifundio y el ‘libre comercio’ conlleva la ruina agraria: más empobrecimiento, más desplazamientos masivos de poblaciones, más hambre y miseria, en un país cuya mayoría de la población vive ya en condiciones de miseria.
El 68% de la población de Colombia vive en la pobreza e indigencia. La concentración de la riqueza es escandalosa: Colombia es el 11º país con más desigualdad social del mundo (puesto número 11 de coeficiente GINI de desigualdad), y es el país más desigual del continente americano. Hablamos de que hay, según las cifras más clementes, 8 millones de indigentes y 20 millones de pobres. Mueren anualmente más de 20 mil niños menores de 5 años por desnutrición aguda (cifras de UNICEF), de cada 100 madres desplazadas gestantes, 80 padecen desnutrición crónica. Simultáneamente, y correlativamente a esta miseria, un solo banquero, Sarmiento Angulo, controla el 42% del crédito nacional y declaró ganancias de 1.250 millones de dólares en el último bimestre de 2009.
Esta injusticia social y miseria se va a profundizar con la política agropecuaria del gobierno de Santos, que seguirá con los TLC y el ‘libre comercio’. El Artículo 53, referente a la política agraria de la administración de Santos, habla de promover la gran producción empresarial. Se apuntala el modelo del gran latifundio y la minería de extracción multinacional.
Con la Ley de Tierras de Santos se trata de oficializar cambios de propiedad: y ya no (únicamente) por la vía del despojo, sino por la vía...digamos "licita". Ahí está el cinismo. Después de centenares de masacres, y de haber creado zonas del terror militar-paramilitar, zonas de no retorno, se busca crear una situación de no retorno jurídica. Se ha ocultado la terrorífica realidad acerca de la Ley de Tierras de Juan Manuel Santos. Es una ley que va también a desmantelar las escasas últimas leyes de protección al pequeño campesinado, como la UAF (Unidad Agrícola Familiar). La UAF es una ley que limita los predios, limita las dimensiones descomunales.
Así se expresó el senador Jorge Enrique Robledo acerca de este tema, en el debate del proyecto de ley de tierras, en plenaria del Senado, septiembre de 2010:
“El presidente Uribe se lamentaba por no poder montar haciendas en los llanos orientales de 45.000 hectáreas; se quejaba de no poder eliminar la UAF, que es una medida del mundo campesino, una medida relativamente pequeña de tierra y que le estorbaba decía el doctor Uribe (...) En el artículo 69 (referente a la política agraria de la administración de Santos) se dice que se desmontará a UAF”
Hay que denunciar esta Ley de tierras cómo lo que es: una etapa fundamental del despojo, la legalización sin vuelta atrás por la vía jurídica.
El Terrorismo de Estado en Colombia y el modelo extractivista de saqueo al medio ambiente y de despojo contra campesinos, indígenas y afro-descendientes se consolida con Santos, no en vano algunos lo denominan “el nuevo gerente de los intereses USA y UE en Colombia”. Persiste el Terrorismo de Estado como la garantía de eliminar opositores al saqueo.
Terrorismo de Estado en Colombia es:
Sólo en los 3 últimos años, han sido desaparecidas más de 38.255 personas por el Terrorismo de Estado en Colombia. Se estiman ahora en 250.000 personas desaparecidas (secuestradas y torturadas) por el Terrorismo de Estado, bajo la lógica de “disuadir la reivindicación por el terror” (El Estado busca que el terror perdure al desaparecer el cuerpo, pues prolonga así la angustia en los sobrevivientes).
La eliminación física de todo un partido político: la Unión Patriótica (UP). Más de 5.000 personas de la UP asesinadas por el Estado.
Más de 4,5 millones de personas desplazadas de sus tierras mediante las masacres de los militares y sus paramilitares, dentro de la Estrategia Estatal de “tierra arrasada”, para vaciar el campo de población y ofertar así a las multinacionales terrenos de alto interés económico, baldíos de reivindicaciones y habitantes.
10 millones de hectáreas de tierra han sido así robadas a las víctimas y desplazados y ofertadas a multinacionales, gran latifundio y nuevos gamonales paramilitares, el escándalo del “agro ingreso seguro”, viene a consolidar este robo a las víctimas.
Más de 2.704 sindicalistas asesinados. El 60% del total de sindicalistas asesinados en el mundo son asesinados en Colombia por las herramientas del Terrorismo de Estado.
La mayor fosa común de Latinoamérica, un hallazgo dantesco, que sin embargo aún no suscita el repudio internacional que se merece el régimen colombiano: más de 2000 cadáveres de desaparecidos por la fuerza Omega del "Plan Colombia".
Empleo de una Herramienta Paramilitar para inyectar el Terror en la población, con el fin de acallarla, docilizarla y desplazarla, una herramienta de horror que practica violaciones masivas, descuartizamientos con moto-sierra, empalamientos y horrores escalofriantes: Terrorismo de Estado. Un Informe de la Fiscalía de Justicia y Paz de febrero 2010 indicaba que los paramilitares aseguran haber perpetrado 30.470 asesinatos en unos 15 año y el drama se vislumbra aún más dantesco. Varios paramilitares han testificado acerca de la naturaleza estratégica de la Estructura paramilitar para el propio Estado colombiano, y dado decenas de nombres de generales, empresarios, multinacionales, políticos fomentadores de paramilitarismo y aún no hay la merecida y urgente condena internacional del Estado colombiano, que, impune, continúa con esta practicas genocidas.
Miles de fosas comunes con miles de cadáveres de colombianos masacrados por el paramilitarismo del Estado: los paramilitares han dado algunas coordenadas de las fosas con el fin de poderse así acoger a la “Ley de Justicia y Paz”, ley confeccionada bajo la dirección de uno de sus mayores promotores: Uribe. Una Ley que les consigue la impunidad si muestran “arrepentimiento”. Ya en abril 2007, cuando se cumplía el primer año de búsqueda de fosas comunes, la Fiscalía había recibido 3.710 denuncias de sitios en donde hallarlas; pero la mayoría no se había podido explorar, según el Estado, por “falta de recursos”. Los familiares de miles víctimas esperan que se efectúen los análisis de ADN a los cadáveres y restos encontrados, pero el Estado justifica su inoperancia aduciendo “desbordamiento” y “falta de recursos”... recursos que si tiene a la hora de costear a militares y paramilitarismo.
Hornos Crematorios y criaderos de caimanes de la herramienta paramilitar del Estado y multinacionales, donde los paramilitares han desaparecido a miles de personas.
Miles de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas el escándalo de los “falsos positivos”: los militares raptan a muchachos jóvenes, los disfrazan de guerrilleros y los asesinan, y presentan los cadáveres como “guerrilleros dados de baja en combate”. Los mass-media se encargan de difundir el montaje.
Más de 7.500 presos políticos, muchos de ellos víctimas de montajes judiciales, práctica común contra luchadores sociales
Centenares de auto-atentados, otro tipo de “falsos positivos”, por parte de las fuerzas policiales y militares que han puesto bombas en pleno Bogotá para poder así crear la base para montajes mediáticos de desprestigio contra las guerrillas. Estos auto-atentados fueron preconizados por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) como consta en documentos desclasificados.
Las violaciones de derechos humanos se profundizan en lo que se evidencia como un país ocupado: en Colombia se han implantado 7 bases militares estadounidenses y el Estado colombiano les ha otorgado a los marines total inmunidad para todos los crímenes que cometan en Colombia. Ya hay varios casos de niñas raptadas en las bases militares y violadas durante semanas, que están en la impunidad total, pues los marines tienen “carta blanca” para violar, torturar y asesinar en Colombia.
La violencia de la arremetida del gran capital, en su ansia por no perder a Colombia como valiosa “bodega de recursos”, ha implantado y mantenido a ese engendro que es hoy el Estado colombiano.
Hace años que ese Estado criminal no existiría sin la “ayuda” descomunal de USA y UE, sin haber endeudado al pueblo colombiano para sufragar los gastos militares, y sin su Estrategia paramilitar de Terrorismo de Estado. Sin sus apoyos militares y mediáticos, el Estado colombiano no hubiera podido perpetrar tanta barbarie; y el pueblo colombiano hubiera logrado su verdadera independencia, su emancipación de tanta codicia, muerte y dolor.
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