El sistema represivo

I. La estrategia del sistema capitalista consiste en preservar su dominación en una situación de consenso de las clases oprimidas y explotadas. El consenso de los explotados (que Gramsci llama fase hegemónica del capitalismo) facilita el aumento de la rentabilidad del capital y reduce los costos políticos de la opresión.
Para lograr el consenso el capitalismo cuenta con sus “aparatos ideológicos”: las elites políticas, el sistema educativo, los “especialistas” de todo tipo (economistas, juristas, académicos, “politólogos”, sociólogos, historiadores, filósofos, periodistas y los medios masivos de comunicación que vehiculizan, como información, seudoanálisis, debates, entretenimientos, etc., las distintas variantes de la ideología de las clases dominantes).
Pero las clases dominantes, que son muy previsoras, tienen preparado un vasto arsenal, que incluye lo jurídico (estado de sitio, leyes antiterroristas, incriminación de la protesta social, etc) hasta el recurso puro y simple a las fuerzas armadas y policiales, a grupos paramilitares y parapoliciales, a bandas armadas de desclasados, a espías y provocadores infiltrados en los movimientos sociales, etc., para los momentos en que el consenso de “los de abajo” se resquebraja, crecen las protestas y las luchas y el sistema no quiere o no puede seguir haciéndole concesiones reales o vendiéndole espejitos de colores.
Son múltiples los ejemplos que se podrían dar de distintas épocas y países.
II. Argentina no es una excepción. No hay discontinuidad, hayan sido gobiernos conservadores, radicales o peronistas, desde la ley 4144 de residencia de 1902 y las diferentes variantes de leyes “antisubversivas” que siguieron a dicha ley hasta la actualidad, como la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de Kirchner en julio de 2007. Ahora espera tratamiento en Diputados un proyecto de la oposición para “mejorar” la ley antiterrorista de 2007.
Otras formas “institucionales” de represión fueron, en el seno de la Policía, Orden Social y la Sección Especial de represión al comunismo, creadas en el decenio del 30. La última, célebre antro de torturas, continuó funcionando durante todo el primer gobierno de Perón y por sus mazmorras pasaron estudiantes, profesionales y militantes sindicales, hombres y mujeres.
Las formas de represión directa variaron según las épocas: represión policial o militar (matanza de trabajadores en Plaza Lorea el 1º de mayo de 1909 (presidencia de Figueroa Alcorta), semana trágica en Buenos Aires en 1919 y matanzas de la Patagonia en 1921 (primera presidencia de Hipólito Yrigoyen); sucesivas dictaduras militares : 30-32, 43-45, 55-58, 66-73 y 76-83; bandas armadas como la Liga Patriótica Argentina, que actuó en el decenio del 30, la Alianza Libertadora Nacionalista, que durante el primer gobierno de Perón se especializó -con total impunidad- en el asesinato de militantes comunistas y socialistas, la Triple A del período peronista 73-76, las barras bravas (un fenómeno relativamente nuevo) y, desde el primer gobierno de Perón hasta ahora, los pistoleros de la burocracia sindical.
Los orígenes de la burocracia sindical se remontan a 1946. Cipriano Reyes fue uno de los artífices del 17 de Octubre de 1945 contribuyendo decisivamente desde su liderazgo en los Frigoríficos, a movilizar a los trabajadores de todo el cinturón industrial de Buenos Aires. En las elecciones que ganó Perón en 1946, el Partido Laborista, fundado el 24 de octubre de 1945 por sindicalistas de todo el país de diversos orígenes y del que formaba parte Reyes, fue la base orgánica que permitió el triunfo peronista. No obstante, el 23 de mayo de 1946, antes de asumir la presidencia el 4 de junio, Perón decidió la disolución del Partido Laborista y de los otros partidos que contribuyeron a su elección y su unificación en un partido único, origen del Partido Peronista. Reyes fue uno de los pocos que resistió la orden y se mantuvo en su banca de diputado nacional durante dos años criticando en diferentes aspectos la política del Gobierno.
Perón no podía aceptar la autonomía de un Partido constituido sobre bases casi exclusivamente sindicales de distintas procedencias, que lo apoyaría pero también controlaría el cumplimiento del programa político.
Reyes fue objeto de un atentado en el que murió su chofer hasta que su resistencia terminó abruptamente en setiembre de 1948 cuando fue acusado de tramar un atentado contra Perón y su esposa, encarcelado y salvajemente torturado, hasta que recuperó su libertad al ser derrocado Perón en 1955.
El proyecto de Perón era el de un movimiento político-sindical totalmente domesticado y controlado desde el Estado.
“Las masas obreras que no han sido organizadas presentan un panorama peligroso, porque la masa más peligrosa, sin duda, es la inorgánica. La experiencia moderna demuestra que las masas obreras mejor organizadas son, sin duda, las que pueden ser dirigidas y mejor conducidas en todos los órdenes (...)” Por el contrario, “esas masas inorgánicas, abandonadas, sin una cultura general, sin una cultura política, eran un medio de cultivo para esos agitadores profesionales extranjeros. Para hacer desaparecer de la masa ese grave peligro, no existen más que tres caminos, o tres soluciones: primero, engañar a las masas con promesas o con la esperanza de leyes que vendrán, pero que nunca llegan; segundo, someterlas por la fuerza; pero estas dos soluciones, señores, llevan a posponer los problemas, jamás a resolverlos. Hay una sola forma de resolver el problema de la agitación de las masas y ella es la verdadera justicia social, en la medida de todo aquello que sea posible a la riqueza de su país y su propia economía, ya que el bienestar de las clases dirigentes y de las clases obreras está siempre en razón directa de la economía nacional. Ir más allá es marchar hacia un cataclismo económico; quedarse muy acá es marchar hacia un cataclismo social. (...)” (Perón, 1944, discurso a los patrones en la Cámara de Comercio).
Con ese objetivo, Perón aplastó, por todos los medios cualquier intento de autonomía del movimiento obrero, originado dentro o fuera del peronismo y durante su primer gobierno reprimió con dureza, incluidos asesinatos y desapariciones, las huelgas obreras: de gráficos, ferroviarios, azucareros de Tucumán, bancarios, etc.
Así, bajo la égida directa de Perón, se gestó la burocracia sindical, con vertientes mafiosas, criminales y empresariales que subsiste hasta hoy como un cáncer, no sólo en el seno del movimiento obrero sino en la política argentina en general.
Por ejemplo, al presidente Illia (1963-1966), que salió de la casa de Gobierno (echado por la Policía) tan pobre como entró, que anuló los contratos de concesión de áreas petrolíferas firmados por Frondizi, que durante su gestión logró reducir la desocupación del 8,8% al 5,2%, producir una significativa redistribución de los ingresos basada en un crecimiento del PIB del orden del 9 por ciento anual y que tuvo el presupuesto de educación más elevado de la historia argentina (25%), la burocracia cegetista le hizo una guerra total.
La misma burocracia que estuvo presente, con la luz verde de Perón, en la asunción de Onganía, el dictador que sucedió a Illia.
Después de la dictadura militar 66-73, el 25 de mayo de 1973 asumió Cámpora , que duró 49 días en el Gobierno, hasta el 13 de julio de 1973. Durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, abogados, periodistas, etc. La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) en su informe “Nunca Más” contabilizó 458 asesinatos durante ese período (19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975), obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A” dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón y secretario privado de los dos últimos.
Entre los primeros atentados atribuidos a la “Triple A”, se cuentan el perpetrado contra el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del peronismo de base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes de sufrir el atentado una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como “enemigo público número uno”.
Ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba.
En agosto de 1974 el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro.
También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca.
En octubre de 1974 la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar , el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una “ceremonia militar” presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez.
En marzo de 1974, fue derrocado el Gobernador de Córdoba, Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El presidente Perón, en lugar de reponer en su cargo al Gobernador Obregón Cano y al vicegoberndor, Atilio López, que también era secretario general de la CGT de Córdoba, intervino la Provincia. Atilio López fue asesinado seis meses después en Buenos Aires, el 16 de setiembre de 1974.
El 20 de marzo de 1975 el Gobierno peronista realizó un amplio operativo represivo con 4000 efectivos militares y policiales en Villa Constitución, Santa Fe, donde había varios conflictos gremiales, deteniendo a muchos ciudadanos y a 150 activistas y dirigentes sindicales. La filial de Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica fue intervenida por el Gobierno, con el aval de la dirección nacional del gremio, encabezada por Lorenzo Miguel.
La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, etc. antes de la dictadura del 76-83 y durante ella se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales, que denunciaban a los activistas sindicales a las fuerzas represivas. Uno de ellos, José Rodríguez, fue señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que siguió dirigiendo SMATA hasta poco antes de morir en noviembre de 2009.
Se puede afirmar que la burocracia sindical, corrupta, mafiosa empresarial y prebendaria, en asociación de interés mutuo con las sucesivas cúpulas peronistas, ha sido y sigue siendo, junto con otros aparatos represivos y también ideológicos, uno de los principales y más eficaces reaseguros de la persistencia de un sistema exacerbado de explotación, de opresión y de sumisión al capital transnacional. Ya sea neutralizando las luchas y la organización de los trabajadores con medios más o menos pacíficos y, si se hace necesario, a punta de pistola. “Haciendo tronar el escarmiento”, como decía Perón.

Las “barras bravas”

El 10 de octubre de 2007 se publicó en el sitio de la Deutsche Welle World (http://www.dw-world.de) una entrevista al periodista alemán Ronny Blaschke, que realizó una amplia investigación y escribió un libro sobre el vandalismo y la violencia en el fútbol.
Blaschke afirma que en algunas regiones de Alemania (y en muchos lugares del mundo) hay seres humanos que apenas tienen una perspectiva, muchos son jóvenes de 17, 18 ó 19 años, desempleados, que salen de la escuela a buscar una nueva comunidad que les de confianza y fortaleza. En la órbita del fútbol se encuentran con otras personas que tienen sus mismos problemas. Así que a través de lo que sucede en el deporte compensan esta falta de perspectiva. A la pregunta de qué paralelismo puede haber entre lo que sucede en Argentina y el hooliganismo en Alemania Blaschke respondió:
“Casi no existe ninguno. Estuve el invierno pasado (en 2006) en Buenos Aires, y uno puede comparar lo que ahí sucede con la situación de los estadios polacos y parte de los italianos. Ahí se combina la criminalidad con una corrupción rampante. No quiero menospreciar los problemas que tenemos en Alemania, pero aquí la situación es prácticamente inocua si la comparamos con Argentina. En ese país, los capos, quienes dirigen a las barras, se coluden con fuerzas de seguridad a fin de ingresar droga y permitir la venta de estupefacientes en los estadios. Así se ha podido producir un enorme negocio en torno de los ultras y los más violentos. Algo parecido, aunque no tan extremo, ocurre en Italia. En Argentina y otros países, la ideología de estos grupos es básicamente la de la guerra; defienden sus territorios, sus mercados para la cocaína. Por ello, las batallas en los estadios son muy similares a las que se ven en los barrios problemáticos en Argentina. Yo diría que las "Barrabravas" de Argentina son el caso más grave de hooliganismo en todo el mundo, y no sólo en Sudamérica. Durante mi viaje estuve también en Rio de Janeiro, y ahí existen fenómenos similares. Pero uno mira la estadística y ve que cerca de 250 personas han muerto en o alrededor de los estadios de fútbol en Argentina. Eso no pasó en ningún otro lado, ni siquiera en la Inglaterra de los años setenta”.
En 2009 el Gobierno argentino financió el desplazamiento a Africa del Sur y la estadía de unos 300 miembros de las barras bravas.
Las barras bravas de Argentina son las más numerosas del mundo y la media de la edad de sus miembros es bastante superior a la de otros países.
Hay que concluir pues que las barras bravas argentinas no son un mero fenómeno de marginalidad social, sino que se han “profesionalizado” y forman parte del universo de negocios ilegales, violencia y represión promovido y financiado por empresas del “capitalismo de amigos del Gobierno” y por el mismo Gobierno para que actúen cuando se los requiera como fuerza de choque contra los trabajadores y los movimientos sociales.
III. El asesinato de Mariano Ferreyra proyectó a la luz del día todo este nefasto entramado y el Gobierno y Hugo Moyano centraron su estrategia en “despegarse” del hecho, así fuera sacrificando algunos peones, consciente del enorme costo político de aparecer directa o indirectamente involucrados.
La Presidenta Cristina Kirchner declaró: “Algunos buscaban un muerto, pero como no lo pudieron lograr, pasó lo que pasó”. No explicó quiénes podían ser esos “algunos” pero el mensaje estaba implícito: oposición “destituyente”, “zurdos” y otros “agitadores”.
Pero en materia de víctimas de la represión parece que la Presidenta conoce sólo estadísticas tipo INDEK, pero no las que publica CORREPI en base a minuciosos estudios.
En el informe de noviembre de 2009 de CORREPI, (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) se dice, entre otras cosas: « Los números confirman que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el trabajo encomendado a los militares de la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del nuevo sistema político. A partir de 1983 ya no se reprimiría tanto en forma abierta y selectiva, sino silenciosamente, con masividad y sin repercusión pública. La dictadura cumplió la tarea, iniciada años antes, de aniquilar la resistencia de trabajadores organizados altamente combativos, de organizaciones revolucionarias y de grupos políticos radicalizados. Reemplazados los gobiernos militares por los “presentables” gobiernos “democráticos”, cobró central importancia esta “represión preventiva”, cuyo objetivo es disciplinar a la clase de cuyo seno surgen la resistencia y la confrontación. Así, los gobiernos que administran el estado argentino tratan de garantizar que “Nunca Más” el sistema de explotación capitalista sea cuestionado seriamente en el país. Qué mejor, para alcanzar ese fin, que atemorizar al pueblo por medio de castigos ejemplares aplicados cotidianamente, potenciados por un alto grado de naturalización hacia el interior de la clase reprimida y de invisibilización hacia afuera.
El informe de CORREPI proporciona las siguientes cifras sobre las víctimas directas (asesinados) de la violencia estatal: 2826 casos desde 1996 hasta 2009. 51% víctimas del gatillo fácil, 33% en la cárcel, comisaría o bajo custodia, 2 % en protestas sociales y el resto en diversas circunstancias. Y el informe agrega: “Desde el 25 de mayo de 2003, el gobierno peronista de los Kirchner, que gusta definirse como “EL GOBIERNO DE LOS DDHH”, ha matado con el gatillo fácil, la tortura, en cárceles o comisarías, a 1.320 personas: 928 entre el 25/05/2003 y el 10/12/2007 y 392 desde entonces”.
La baja proporción de los asesinatos estatales en protestas sociales está explicada en el mismo informe: “Párrafo aparte merecen las estructuras de seguridad, custodia o vigilancia privadas, generalmente dirigidas por miembros de alto rango del aparato represivo oficial, en retiro o en actividad. Sus integrantes, en la mayoría de los casos, son también personal de las fuerzas, incluyendo exonerados, disponibles o suspendidos por delitos diversos, lo que hemos probado una y otra vez, desmintiendo lo que declama la letra de las leyes y reglamentos. A ello se suma el accionar cada vez más visible de patotas paraestatales, en general dirigidas o compuestas por elementos de choque vinculados a la estructura del partido de gobierno (punteros barriales, “batatas” sindicales o miembros de barras bravas de fútbol), que toman en sus manos, en apariencia “privadas”, la represión a los trabajadores organizados por fuera de las burocracias. Este mecanismo, que ha usado con particular predilección el gobierno asumido en 2003 y reelecto en 2007, tiene la enorme ventaja de poner al aparato represivo oficial a resguardo de eventuales críticas, al tiempo que sirve para anatemizar la organización independiente de los trabajadores. Siempre que pueden, ante los ataques de las patotas, los medios titulan “batalla entre sectores sindicales”, sin distinguir, deliberadamente, entre las burocracias oficialistas y los delegados o comisiones internas no burocráticas».

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)