La media sanción al proyecto de ley del Servicio Cívico Voluntario, que votó por una ajustada mayoría el Senado de la Nación, vuelve a poner en debate el derogado servicio militar, pero también el lugar que una sociedad democrática le da a los jóvenes en situación de riesgo.
El servicio militar obligatorio, previsto en la ley 3948, fue derogado en Argentina, luego del "caso Carrasco", que expresó el rechazo de la sociedad civil a los continuos malos tratos que sufrían los soldados en los cuarteles.
El conscripto Omar Carrasco se incorporó el 3 de marzo de 1994 al Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en la localidad de Zapala, provincia de Neuquén, y a los tres días fue reportado como desaparecido, y considerado desertor. Cuando sus padres lo van a visitar en su primer franco interno, recién entonces les comunicaron su desaparición y comienzan a buscarlo, con la absoluta inacción de los militares y la justicia federal de Zapala. El cuerpo del joven se encontró un mes después en los fondos del cuartel. Un año y medio después fueron condenados por su homicidio, el subteniente Ignacio Canevaro y dos soldados, Cristian Suárez y Víctor Salazar, el primero a quince años de prisión y los dos restantes, a diez años.
Pero esa condena no había agotado las responsabilidades por el crimen, pues era evidente que no había sido la acción aislada de un subteniente y dos conscriptos, en el "verdugueo" habitual a un soldado recién incorporado. Su agonía y posterior muerte ocurrió en un hospital militar, y su cadáver permaneció oculto un mes en las instalaciones castrenses. Era evidente la intervención de personal de mayor jerarquía que la de los acusados, pero nadie más fue imputado ni condenado por el crimen de Carrasco, que pasaría a la historia como el que provocó la derogación del servicio militar obligatorio.
A los pocos meses del crimen del soldado, en agosto de 1994, el entonces presidente Carlos Menem firmaba un decreto suspendiendo el servicio militar obligatorio, que sería luego derogado por ley y se implementaba en el país el sistema de voluntariado militar rentado.
Rechazo a la colimba
En aquellos años, la mayoría de la sociedad, en particular los jóvenes, se pronunciaron a favor de esa medida, con la lógica resistencia de las Fuerzas Armadas, que vieron así recortado su poder y, sobre todo, un enorme presupuesto que debía destinarse al mantenimiento de miles de conscriptos, pero que era utilizado discrecionalmente por los militares, generalmente en beneficio de la jerarquía y en desmedro de los soldados.
El apoyo a la derogación de la "colimba" (por "corre, limpia y barre", las tareas que debía hacer el conscripto), evidenciaba no sólo el rechazo a los maltratos que sufrían los soldados en los cuarteles militares, expresado en los famosos "bailes" -humillaciones y vejaciones encubiertas bajo la excusa de la "disciplina militar"-. Era también la expresión del profundo rechazo de la mayoría de la sociedad hacia las FF.AA., que unos años antes habían gobernado el país con la dictadura militar más cruel, con miles de desaparecidos, bebés robados a sus madres en cautiverio, presos, exiliados y una profunda crisis económica.
¿Voluntario o a la fuerza?
El proyecto aprobado en Senadores no explica cómo se manifestará la "voluntariedad" de este servicio cívico. Es difícil pensar que jóvenes a los que ni la familia ni la escuela pudo contener, que han caído en adicciones seguramente por innumerables problemas familiares, sociales, ligados a la pobreza o a la falta de oportunidades, manifiesten prestamente su consentimiento para concurrir a los cuarteles a recibir educación y aprendizaje en oficios.
La propuesta pasó por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara de Senadores pero no por la de Educación. Esto es inadmisible y revela la verdadera intención de la ley, que tiende más a la "corrección" que a la educación. De otra manera, no se entiende por qué no se estimula el aprendizaje de oficios u otras carreras cortas o tecnicaturas, en establecimientos educativos especiales para albergar y contener a estos adolescentes y jóvenes, en situación de vulnerabilidad, con personal docente capacitado.
Es evidente, aunque sus defensores se esfuercen en negarlo, que aquí se está expresando una voluntad de utilizar la "manu militari" para la educación de estos chicos. Si no, ¿por qué a los cuarteles? Como bien reflexiona el docente universitario Norberto Alayón, en el diario Página 12 del lunes 4, será porque para estos senadores el destino de "los jóvenes pobres es el disciplinamiento cuartelario y para los jóvenes pudientes los colegios y universidades privadas".
Más discriminatorio
Luego de casi veinte años de derogado el servicio militar obligatorio, este servicio cívico es peor que aquél, pues tiene un contenido más discriminador. Es que la "colimba" era para todos los jóvenes varones, quienes eran destinados a cada una de las tres armas de las FF.AA. según el número de sorteo que les tocaba. Hoy, para que los manden al servicio "voluntario", los jóvenes deberán ser previamente calificados en "riesgo" o en una situación de "vulnerabilidad social", ambas situaciones casi siempre asociadas a la pobreza y la marginalidad.
El proyecto aprobado en Senadores fue impulsado por el vicepresidente Julio Cobos, basado en una experiencia similar que desarrolló cuando era gobernador K en la provincia de Mendoza, en 2004. Hasta 2007, según Cobos, se habían inscripto unos 4.500 jóvenes con una deserción de alrededor del veinte por ciento, pero el kirchnerismo dijo que era el doble. Los jóvenes recibieron capacitación en instalaciones militares, pero debido al escaso número de inscriptos el programa fue eliminado en 2009.
Este servicio, según el proyecto está destinado a jóvenes de 14 a 24 años sin trabajo y con estudios incompletos, considerados en situación de "riesgo social". Se utilizará la capacidad ociosa en cuanto a talleres y otros espacios que tienen las Fuerzas Armadas. El plan durará un año y cada joven recibirá una beca de 540 pesos.
Otra experiencia
En lugar de mandar a estos jóvenes en riesgo, que no estudian ni trabajan, a los cuarteles, existen otras experiencias dignas de ser tenidas en cuenta por los legisladores. En Cuba, que tiene un excelente sistema educativo, que llega a la mayoría de la población, tuvo hace algunos años un diagnóstico preocupante en cuanto a jóvenes que habían desertado del sistema educativo formal, y que no trabajaban ni estudiaban, constituyendo un problema social, en particular porque solían frecuentar sitios turísticos, siendo presa fácil de la prostitución.
Al gobierno cubano ni se le pasó por la cabeza que estos jóvenes debían ir a los cuarteles a disciplinarse o educarse, al contrario, impulsó un abanico de carreras cortas, con fuerte contenido social, como tecnicaturas en trabajo social y en acompañamiento terapéutico.
A esos chicos, que provenían de familias humildes, o con problemas serios de conducta, a los que había expulsado la escuela y antes que hiciera lo propio la sociedad, se los indujo (no a la fuerza, sino con persuasión y trabajo conciente) a estudiar esas carreras, que luego servirían para trabajar con niños y jóvenes de parecida problemática a la suya. Y la experiencia fue exitosa, aunque no exenta de dificultades en su desarrollo, como lo cuentan con franqueza los propios cubanos.
Una cosa es segura; no será llevando a los jóvenes en riesgo o en situación de vulnerabilidad, como se los incluirá en una sociedad que pretende ser más justa y equitativa. Salvo que la verdadera intención sea sacarlos de circulación y que los eduquen a la vieja usanza: "a palos".
Irina Santesteban (LA ARENA)
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