Diaz Bessone: "Aniquilar significa reducir a la nada, exterminar, matar"

Díaz Bessone repitió "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión". E insistió con que debería ser juzgado por un tribunal militar. Desmintió a Feced.
Por José Maggi

El ex Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército Ramón Genaro Díaz Bessone declaró ayer ante el Tribunal Oral Federal Nº 2, en el marco de la causa por terrorismo de estado que lleva su nombre. En un larga exposición les recordó a los presentes que "que en la Argentina se había vivido una guerra ya que un gobierno constitucional había ordenado aniquilar a la subversión, y que por ende no cabía un juicio de un tribunal federal, sino de uno militar, porque no se habían cometido delitos penales, sino que se habian aplicados políticas de estado que no pueden ser sujetas a revisión judicial". Y aclaró por si había dudas que "al derrotar a la subversión salvamos al país de un régimen castrista". Díaz Bessone negó que hubiese tenido bajo su mando a la policía santafesina, con cuyos integrantes comparte el banquillo de esta causa. Y no dudó en desmentir al fallecido comandante de Gendarmería e interventor de la policía Agustín Feced "quien incurrió en falsedades al decir que yo le había dado una orden verbal para disponer de esa fuerza".
Al anciano militar que exhibe dificultades para hablar, para escuchar y para ver, se lo pudo ver en todo momento consultando un escrito especialmente preparado con resaltadores. Sus palabras fueron seguidas con atención por Gonzalo Miño, su abogado defensor. "En una guerra al enemigo no se lo asesina, sino que se lo mata, no se lo priva ilegalmente de su libertad y se lo tortura, se lo captura y se lo interroga", prosiguió Bessone.
Se resguardó en "los decretos de un gobierno democrático que dio libertad de acción para operar contra el enmigo y sus apoyos clandestinos". "En una guerra no se le pide una orden a un juez para actuar, como no se le pidieron para tirar bombas en Hiroshima y Nagasaki", dijo sin inmutarse el veterano represor.
Después trató de refutar el concepto usado por la fiscalía que lo acusa de participar en "un plan sistemático ilegal", "no fue tal sino un plan legítimo de un gobierno democrático", apuntó. "Si voy a ser juzgado por delitos militares que cometí como Comandante del Segundo Cuerpo, pido ser juzgado por el Código de Justicia Militar", agregó.
Para el militar "este es un juicio político y no un juicio penal, en donde se toman como ciertas, por ejemplo, las denuncias de la Conadep
(Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) ante quien solo bastaban las simples denuncias sin investigación alguna" dijo para desmerecer al organismo que enumeró las atrocidades cometidas por el gobierno militar.
Después se enfrascó en explicar que "hubo decretos como el 2770/ 75 del gobierno de Isabel Perón que creó el Consejo de Seguridad Interior presidio por ella y fijó las competencias del Consejo de Defensa presidido por el ministro de Defensa que coordinaba la ejecución de las medidas contra la subversión. Entre ellos los gobernadores, que disponían de sus policías provinciales. Si yo tuve dominio del hecho, podría hablar de la figura del partícipe necesario, pero cuánto más lo son los miembros del Poder Ejecutivo y los gobernadores de provincia".
Se detuvo en recordar el decreto 2772/75 que establecía "que las fuerzas armadas bajo el Comando Superior del presidente de la nación ejecutará las operaciones necesarias para aniquilar a la subversión, y por más que se quiera distorsionar el sentido es reducir a la nada, matar al enemigo. En tiempos de paz se ordena detener, poner a disposición de autoridad, en tiempos de guerra no. Obtener información, no es una actividad ilícita y hoy tan menospreciada" remarcó.
Aseguró que "jamás requerí el control operacional de las fuerzas policiales de la provincia". Y concluyó "todo lo que pueda declarar el comandante Feced no goza de ninguna garantía porque está viciada de falsedades. La falsedad de Feced surge claramente porque fue designado interventor de la UR II el 8 de abril de 1976 por decreto y puesto en funciones después, jamás pudo estar en reunión conmigo en marzo".