La noticia llegó después de que Martín Krause, quien fue elegido por Javier Milei para ocupar el puesto de ministro de Educación en un posible gobierno de La Libertad Avanza, haya prácticamente reivindicado a la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. Al otro día, en el debate presidencial, Milei negó los 30.000 desaparecidos de la dictadura de Videla utilizando los argumentos del genocida Massera. Estos discursos también han sido reproducidos por personajes como Patricia Bullrich o Mauricio Macri.
No es la primera vez que en Argentina aparece una iniciativa de este tipo. De hecho ya existen tres proyectos presentados en la Cámara de Diputados que proponen cárcel e inhabilitación para ocupar cargos públicos para aquellos que incurran en el negacionismo del terrorismo de Estado. El mismísimo Alberto Fernández, casi ni bien asumió el cargo de presidente, se puso como objetivo avanzar en esta dirección, tomando en consideración una propuesta de una organización de derechos humanos.
El Partido Obrero rechaza que se le otorgue al Estado la potestad de controlar y penalizar la opinión. Mucho menos al Estado que, como veremos, garantiza la impunidad de los genocidas, y que, bajo un ropaje democrático, ha asesinado a miles de jóvenes en las barriadas obreras, ha desaparecido obreros y no ha vacilado en reprimir brutalmente (y asesinar) a trabajadores que se rebelaron contra alguna injusticia.
Darle semejante poder al Estado burgués es peligroso para los trabajadores y sus organizaciones políticas, ya que en un futuro podría utilizarlo en su contra. Además, la ley colocaría un signo igual entre la clase capitalista y sus políticos, que desde el aparato estatal promueven la impunidad para los genocidas y la reinserción de las Fuerzas Armadas en la represión interna, y un simple trabajador.
En Alemania, por ejemplo, rige una ley que penaliza el negacionismo del genocidio nazi. Y no ha servido para absolutamente nada. Basta con ver cómo Alternativa para Alemania (AFD), un partido nazi, tiene puestos en el Estado alemán y al mismo tiempo pacta con los partidos que supuestamente defienden la “democracia”.
Derrotemos el negacionismo con la movilización popular
El negacionismo consiste en el acto de negar o relativizar el plan de exterminio contra la clase obrera llevado adelante por la burguesía nacional y su Estado entre 1976 y 1983. Las expresiones negacionistas pueden adquirir distintas formas: el rechazo de que haya habido 30.000 desaparecidos, la justificación de los secuestros y asesinatos de trabajadores y estudiantes, la trivialización de los hechos o la reivindicación de la teoría de los dos demonios.
La teoría de los dos demonios es un instrumento reaccionario utilizado para justificar el accionar de la dictadura genocida. Sus divulgadores colocan en un mismo plano el terrorismo de Estado y la acción de los grupos guerrilleros a la vez que dicen que hubo una guerra entre “dos bandos”. Lo cierto es que las organizaciones guerrilleras ya habían sido derrotadas por las bandas paramilitares que organizó el peronismo bajo la “democracia”, antes de que Videla tomara el poder. Bien visto, con este discurso se busca ocultar que la dictadura militar tuvo como propósito asestarle una derrota histórica al proletariado argentino, que venía de protagonizar luchas muy importantes (Cordobazo y el resto de los “azos”, las huelgas de junio y julio de 1975, etc).
Una ley estatal para penalizar el negacionismo serviría para ocultar que el Estado alimenta la impunidad progenocidas, que es el caldo de cultivo para que proliferen los discursos reaccionarios. Para derrotar al negacionismo fascistizante de los Milei y Bullrich se debe desarrollar una lucha política abierta e independiente contra la burguesía y su Estado, y ganar las calles con la movilización popular. El camino lo marcaron aquellos organismos de derechos humanos, movimientos políticos-sindicales y partidos de izquierda que marcharon contra el acto a favor de los genocidas que organizó la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel.
Abrir los archivos de la dictadura, algo que ningún gobierno hizo, permitiría demostrar ante los trabajadores (entre ellos los que han hecho suyos los argumentos negacionistas) los planes atroces de la dictadura y sus cómplices, el paradero de muchas de las víctimas, el carácter mafioso, súperexplotador y barbárico de la clase capitalista argentina, cuáles fueron todos los elementos de la dictadura que se reciclaron bajo el régimen democrático, entre otras cosas.
Los gobiernos de las últimas décadas han avanzado en el sentido contrario. Raúl Alfonsín absolvió genocidas mediante las leyes de Punto Final y Obediencia Debida; Carlos Menem hizo lo propio a través de los indultos; bajo el kirchnerismo se avanzó a cuenta gotas con los juicios contra los genocidas y Cristina Kirchner colocó a uno de ellos al frente del Ejército (César Milani); y Mauricio Macri y Patricia Bullrich buscaron liberar más genocidas a través del 2×1, pero su intento fue derrotado por una movilización popular.
Todos los políticos capitalistas, asimismo, quieren introducir a las Fuerzas Armadas en tareas de represión interna. Entretanto, solo una minoría de militares que cometieron crímenes de lesa humanidad fue encarcelada. Ni siquiera fueron juzgados los empresarios (UIA, Sociedad Rural, Came, etc) y los miembros de la curia que apoyaron e impulsaron el golpe genocida, o los personeros del PJ y la UCR que gobernaron junto a Videla y su tropa.
Organicémonos para terminar con la impunidad. 30.000 desaparecidos presentes, ahora y siempre.
Nazareno Suozzi
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