Uruguay: un gobierno jaqueado por escándalos vota una reforma jubilatoria antiobrera

El Senado de Uruguay acaba de votar la reforma jubilatoria enviada por el gobierno de Lacalle Pou, el que ingresará a la cámara de diputados a mediados de febrero. El gobierno espera completar la aprobación de la ley a mediados del año 2023. La reforma consiste en incrementar la edad de retiro de los trabajadores a los 65 años, mientras que rebaja la fórmula de cálculo de las futuras jubilaciones y al mismo tiempo obliga a todos los asalariados a volcar parte de sus aportes a una administradora previsional privada (AFAP). Es un triunfo parcial para un gobierno que viene en caída en las encuestas de opinión pública, luego de diversos escándalos y golpes políticos sufridos en el curso del año 2022. Hay que recordar que el año comenzó con un referéndum en torno a una “ley de urgente consideración” (LUC) que intentaba generar un marco para un ataque al movimiento obrero; a fines de marzo el gobierno logró evitar la derogación de 135 artículos de esa LUC por un escaso 1%. Tras la votación, Lacalle Pou proclamó que iría por la reforma de la seguridad social, buscando alinear a todos los partidos de la coalición derechista, que vacilaban al respecto. El referéndum se dio en un marco de apoyo prácticamente unánime a Lacalle por parte de las distintas fracciones burguesas, en una situación de boom de exportaciones a China y con precios internacionales record para los productos agropecuarios. Sin embargo, el año culmina con un enlentecimiento de la economía, especialmente de las exportaciones, un estancamiento en la producción y crecientes quejas por el llamado “atraso cambiario” (demandas de devaluación de la moneda, que se ha apreciado frente al dólar). Algunas fracciones de la pequeña burguesía (como el grupo “Un solo Uruguay”, en el que se organizan pequeños comerciantes y productores rurales) han tomado un talante crítico respecto al gobierno, que se manifiesta incluso en la oposición de USU a la reforma jubilatoria. “Un solo Uruguay” había ganado la elección del representante empresarial en el Banco de Previsión Social (BPS) contra todas las grandes cámaras patronales –pese a que el Frente Amplio le había dado su apoyo a la lista del gran capital. En términos generales se mantiene un apoyo al gobierno de parte de la mayoría de la clase capitalista (una reciente encuesta del semanario Búsqueda entre altos ejecutivos y empresarios determinó que un 73% apoyaba la gestión del gobierno). La coalición derechista que triunfó en 2019 es muy heterogénea –expresa las contradicciones y las disputas intercapitalistas– pero ha logrado mantenerse unida al menos hasta ahora. Más allá de algunos amagues de disidencia del partido Cabildo Abierto (liderado por el ex Comandante del Ejército Manini Ríos), y de una profunda crisis en el Partido Colorado, todos los socios derechistas apuntan a mantenerse unidos al menos hasta las elecciones e incluso especulan con la posibilidad de presentarse en 2024 en forma unida en un “lema electoral” común (aunque no es muy probable). Se podría decir más que nunca que no los une el amor sino el espanto. La aprobación de la reforma jubilatoria es precisamente un mandato del capital financiero y de la burguesía de conjunto, que demanda se destinen más recursos del Estado a garantizar el pago de la deuda externa y a los subsidios a los capitalistas. Lacalle Pou ha logrado en plena pandemia reducir el gasto estatal y el déficit de las finanzas públicas, ganando el aplauso del FMI. Sin embargo, el gobierno y en particular el presidente Lacalle han sido duramente golpeados por episodios de corrupción, en particular el descubrimiento de que el jefe de la custodia presidencial lideraba una banda criminal desde la propia casa de gobierno –y con fuertes ramificaciones hacia la Policía y otros organismos estatales. Todos los días aparecen nuevas derivaciones y denuncias, que ponen en jaque al gobierno. Han debido renunciar varios altos jerarcas de la policía, y recientemente también debió renunciar la vicecanciller por otro escándalo en torno a un pasaporte entregado a un narcotraficante que está prófugo. Por otra parte, son coincidentes todas las encuestas en cuanto a la caída de apoyo a Lacalle y al gobierno. En este contexto, el gobierno está jugado a cumplir con su anuncio de marzo y sacar adelante la reforma jubilatoria. Fracasar en este terreno lo colocaría como un gobierno acabado, y aceleraría la crisis política.

 La “oposición” frenteamplista 

 La aprobación de esta ley reaccionaria, en un cuadro político de creciente desprestigio del gobierno, sólo puede ser posible gracias a la colaboración de la “oposición”. En el Senado el Frente Amplio se ha negado a votar la ley “en general”, aunque le ha dado aprobación a una veintena de artículos (en un proyecto que tenía más de 300). La oposición centroizquierdista tuvo un intenso debate respecto a cómo comportarse en el parlamento, en tanto algunas fracciones pretendían rechazar la totalidad del articulado e incluso retirarse de sala al momento de la votación, planteo que contó con el apoyo de 1/3 de su plenario nacional (y buena parte de los representantes de “comités de base”). Desde el ala derecha vinculada a Danilo Astori (ex vicepresidente y ex ministro de Economía en los gobiernos del FA), pero también desde el MPP de Mujica y desde el propio Partido Comunista, se ha impulsado y acordado un planteo que busca enfrentar los planteos de hacer una oposición más decidida. El PCU es la corriente mayoritaria hoy en la central sindical PIT-CNT, en la cual está aliada a sectores de la derecha del FA, y viene asegurando una estrategia que contiene la movilización de masas y pretende canalizar todas las protestas en el marco de las elecciones de 2024. Hay que recordar que tanto Astori como Mujica fueron de los primeros en plantear el aumento de la edad de retiro, ya en los meses previos a las elecciones de 2019. Incluso ya en 2014 el programa de gobierno del Frente Amplio planteaba el aumento progresivo de la edad jubilatoria. También durante quince años de supuesto “progresismo”, se mantuvo vigente el régimen mixto (que incluye la privatización parcial del sistema previsional). Recientemente, el senador Mario Bergara (posible precandidato por el ala derecha del FA) recordó que el programa de la coalición de centroizquierda no incluye la eliminación de las AFAP (administradoras privadas). Bergara también centra la crítica en que el proyecto del gobierno descarga todo el costo sobre los asalariados, aunque no expresa como buscaría “repartir” el costo con los empresarios. Durante los gobiernos frenteamplistas, los aportes patronales fueron reducidos del 12% al 7,5%, y se generaron más exoneraciones impositivas; actualmente, más del 26% de los aportes patronales están exonerados, sobre todo para grandes multinacionales y empresas instaladas en zonas francas. Dentro del Frente Amplio se está conformando un bloque en torno al Partido Socialista, que plantea la eliminación de las AFAP y que critica que el aporte obrero duplica el aporte empresarial (a diferencia de lo que sucede a nivel internacional e incluso regional), pero olvida denunciar al propio Frente Amplio que mantuvo e incluso agravó esta situación. El PS viene atravesando una larga crisis, a partir de que su ala derecha fue desplazada de la secretaría general y de la mayoría de su dirección, lo cual ha provocado una sangría de dirigentes. Recientemente, se hizo pública la renuncia del ex candidato presidencial del FA, Daniel Martínez. Tanto la Juventud Socialista como los sectores sindicales que permanecen en el partido, han adoptado un discurso “anticapitalista” y declaran rechazar la mera “restauración del ciclo progresista”, y su planteo de “construcción de una corriente socialista en el movimiento social y de un espacio político poscapitalista (…) dentro del Frente Amplio” equivale a postularse como rueda de auxilio y rastrillo electoral de izquierda al servicio de la dirección burguesa del FA. El PS está encolumnado detrás de la actual Intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, la cual no levanta ningún planteo “poscapitalista” sino que defiende mantener las AFAP (jubilación privada). Mientras el gobierno votaba la reforma jubilatoria, José Mujica se venía reuniendo en secreto con Lacalle, y a partir de ese acercamiento se anuncia que el ex presidente frenteamplista concurrirá a la asunción de Lula junto al presidente uruguayo. El gesto de Mujica es un intento de bajar las tendencias a la polarización, de más está decir que Mujica no necesitaba la invitación de Lacalle porque ya estaba invitado por el propio Lula. “Pepe” Mujica ha publicado hace poco un libro junto al expresidente Julio María Sanguinetti (colorado), y se postula como un apoyo para restablecer las deterioradas relaciones de Lacalle con sus socios en la región (generada por la pretensión de acordar un TLC con China o integrar a Uruguay al acuerdo Transpacífico). 

 Lucha de tendencias en el PIT-CNT

 El 15 de noviembre, en el marco de un paro parcial y una marcha del PIT-CNT contra la reforma jubilatoria, hizo uso de la palabra la compañera Karina Sosa –hace poco electa presidenta del sindicato del BPS, ATSS. La oratoria de ATSS fue resistida por la mayoría del PIT-CNT, aunque finalmente no pudo ser impedida (se impuso por 15 votos a 14, y varias abstenciones). El sindicato del BPS viene llevando una campaña contra la reforma jubilatoria y contra el mantenimiento de las AFAP, y no descarta la posibilidad de impulsar un plebiscito a través de una reforma constitucional en 2024 para intentar derogar el régimen de jubilación privada. En su discurso frente a miles de trabajadores movilizados, Karina Sosa reivindicó “la huelga” como el camino para enfrentar la reforma del gobierno. A comienzos de diciembre, en la Mesa Representativa del PIT-CNT, algunos sindicatos propusieron votar un paro general de 48 horas y un plan de movilización para enfrentar la reforma, y también preparar la posibilidad de un plebiscito constitucional. El planteo fue rechazado por la mayoría de la central sindical. Algunos de los sindicatos que impulsaron este planteo, también realizaron un acto frente al Ministerio de Trabajo –con el planteo de unificación de las luchas en curso, y también agitando la necesidad de un plan de lucha contra el gobierno. Aunque algún sindicato dirigido por el PS apoyó esta moción (en particular, FANCAP, sindicato de trabajadores de la petrolera ANCAP) los sindicatos mocionantes no están dirigidos por corrientes del FA en su mayoría. El debate instalado en los sindicatos sigue siendo confuso y puede resultar abusivo hablar de “lucha de tendencias” en tanto no existe un bloque definido que impulse en forma clara y sistemática una campaña dirigida a la base del movimiento obrero para quebrar la parálisis que impone la dirección frenteamplista. Sin embargo, es innegable que esta deliberación incipiente expresa en forma deformada una tendencia que anida en la base sindical y en la juventud, y que ya se ha expresado recientemente en la huelga educativa. 

 ¿Huelga general? 

Este año estalló una importante lucha estudiantil y docente, que surgió superando los bloqueos de las direcciones frenteamplistas (y en particular del PCU). Los centros de formación docente de todo el país (magisterio, profesorado) salieron a la lucha contra la reforma anti-educativa del gobierno. Se produjeron ocupaciones estudiantiles (apoyadas por docentes) en localidades del interior donde no existen hace años gremios de estudiantes, y por supuesto también en Montevideo. La lucha contagió a los docentes de secundaria, y a la Universidad. La burocracia del PCU se oponía a la huelga, pero durante un breve período no pudo evitarla. El activismo de los gremios estudiantiles y los sindicatos docentes debate la posibilidad de no iniciar las clases en marzo, para enfrentar la reforma de la enseñanza y ahora también la reforma jubilatoria (que comenzará a ser tratada en la cámara de diputados a fines de febrero). El debate en la cúpula sindical en torno a la “huelga”, al “paro general de 48 horas” o el “plan de lucha”, es otra expresión de las tendencias a la lucha que emergen desde abajo, pese a las direcciones sometidas al FA. La burocracia frenteamplista les opone la convocatoria a mediados de 2023 de un “nuevo Congreso del Pueblo”, donde busca generar una “alianza más amplia” al servicio de una acumulación electoral en 2024. Los dirigentes mayoritarios del PIT-CNT plantean que el gobierno debe “pagar el costo político” de aplicar la reforma jubilatoria, en otras palabras: no se plantean derrotar el paquete del gobierno sino explotar electoralmente la indignación que genera en los explotados… mientras lo dejan pasar garantizando la parálisis del movimiento obrero. La discusión de un posible plebiscito en 2024 que defienden ATSS y algunos sindicatos, es atacado desde el FA y la dirección del PIT-CNT, con el argumento de que lo más importante es garantizar un triunfo electoral del FA. El Frente Amplio quiere volver a ganar el apoyo del gran capital y el imperialismo, y debe mostrar a los banqueros que no se somete a presiones sindicales incluso si eso lo beneficiara electoralmente. Al contrario de lo que espera la dirección actual del PS, que es un FA más a la izquierda, todo el proceso “progresista” latinoamericano muestra a una centroizquierda más derechizada y más sometida al imperialismo que nunca. El PT de Uruguay viene llevando una intensa campaña contra la reforma jubilatoria, y colocando el planteo de la huelga general para derrotarla, así como para enfrentar la reforma educativa reaccionaria. El año 2023 se plantea como el escenario de una intensa deliberación en las organizaciones de masas, y de grandes enfrentamientos con el gobierno de Lacalle Pou. Al calor de estas luchas, es necesario poner en pie una alternativa obrera y socialista, que de expresión consciente a las tendencias de la clase obrera a la lucha contra el régimen social y político capitalista. 

 Rafael Fernández - Partido de los Trabajadores (Uruguay) 

 05/01/2023