El monto no incluye alquiler ni expensas.
Según el Indec, el precio de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó, durante diciembre, un 5%, consagrando un aumento de 103,8% anual. En tanto, la Canasta Básica Total (CBT) subió 4,5% en diciembre, acumulando un aumento de 100,3% en el año. Ambas incrementaron su precio por encima de la inflación, la cual alcanzó el 94,8% durante 2022. Esto significa que la política antiinflacionaria del gobierno y el acuerdo de precios con los capitalistas han fracasado, y que el único bolsillo que continúa pagando la crisis es el de la población trabajadora.
Un grupo familiar, integrado por una pareja con dos hijos, necesitó de $67.187 para comprar la comida indispensable y no caer en la indigencia, un monto que no llega a cubrir el salario mínimo. El mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $152.515 para no ubicarse por debajo de la línea de la pobreza, es decir casi 3 salarios mínimos. Estos números no incluyen alquiler ni expensas, los cuales además han percibido aumentos siderales producto del fracaso de la Ley de Alquileres y de la especulación inmobiliaria que el propio gobierno promueve.
En tanto, los ingresos de los trabajadores no corrieron la misma suerte, sobre todo porque, en general, las patronales, en complicidad con el gobierno y la burocracia sindical, cerraron paritarias por debajo de los niveles inflacionarios. El objetivo es abaratar la mano de obra mediante la licuación de su costo por parte de la inflación. En paralelo, la ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, avanzó en el recorte de casi 160 mil planes Potenciar Trabajo para arrimarse a la meta fiscal que impone el FMI, probablemente el ingreso más importante de miles de familias pobres. Asimismo, el gobierno se vale de la escalada de precios para aumentar la recaudación fiscal mediante impuestos al consumo, como es el IVA, o el impuesto a las tarjetas de crédito en CABA.
A esto se suman las denuncias por incumplimiento del programa Precios Justos por parte de las cadenas de supermercados. Ahora el gobierno sumó al sindicato de Camioneros y organizaciones sociales afines, como Barrios de Pie, a verificar que las empresas cumplan con el programa. Los mismos que atentan contra los ingresos de los trabajadores en las discusiones paritarias, y que apoyan los recortes en la asistencia social, ahora posan de paladines contra la inflación.
Queda claro que las medidas improvisadas del gobierno para contener la estampida inflacionaria continúan sin surtir el efecto esperado. A su vez, es quien atiza los niveles inflacionarios con sus propias políticas, en favor de los intereses del capital financiero y de los capitalistas locales, mientras descarga la crisis sobre los trabajadores. La lucha en las calles es la única vía para recomponer los ingresos, peleando por un salario mínimo igual a la canasta básica, apertura y aumento de los programas sociales y por el desconocimiento de la deuda externa.
Camila García
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