En estas horas, cuando exponen sus alegatos los fiscales, querellantes y defensores, el debate jurídico se concentra en una cuestión crucial; a saber, si le corresponde a los acusados la cadena perpetua, y si esa sanción extrema se hará extensiva a todos ellos. Los fiscales y los abogados de la familia de Fernando se han empeñado en demostrar que hubo una acción de patota que actuó con alevosía, y que hubo un plan criminal. Los últimos videos presentados por los querellantes refuerzan el planteo de la alevosía; en cambio, es más controvertida la tesis de una acción planificada. Del lado de la defensa se apuntará a presentar el asesinato como un hecho accidental en los marcos de una pelea entre dos grupos. Los defensores han presentado un conjunto de nulidades y chicanas que, de no prosperar en este tribunal, serán usadas en la apelación a los tribunales superiores. Dentro de unos años, y sin la conmoción popular que hoy rodea al juicio, buscarán lograr que se aminoren las penas que se dicten en primera instancia.
Agitación política
En la agitación política que rodea al juicio, se manifiestan diversas corrientes. La más notoria levanta la consigna “sin perpetua no hay justicia”. Algunas coberturas mediáticas mencionan la sórdida acogida que les esperaría a los futuros condenados en las cárceles. Esta referencia deja en evidencia el estado criminal que prevalece en el Sistema Penitenciario Federal. Algunos observadores periodísticos y judiciales se preguntan “qué va a pasar” si el tribunal no aplica la sanción máxima. ¿Una reforma penal a favor de un endurecimiento de penas? No es en torno a esto que se debate en Dolores, sino a las pruebas que acreditan una posición u otra. Violencias criminales ocurren todos los días, en especial el ‘gatillo fácil’, pero son ocultadas a la opinión pública o desaparecen rápido de las luminarias. Siempre hay “cárcel y bala” para un pequeño ladrón, aunque el punitivismo penal denuncie que hay una puerta giratoria que lo devuelve a la calle.
Crimen y Estado
En un texto enviado al periódico New York Dayly Tribune (1853) Marx señalaba: “Desde Caín el mundo no ha sido intimidado ni mejorado por el castigo”. Enseguida, polemiza sobre el delito con la filosofía alemana, que presenta a la pena como producto de la propia voluntad del criminal. Si éste, decían los hegelianos, ejerce su “derecho” a delinquir, la sociedad, con el castigo, defiende su derecho ´original`. Marx señalará que este punto de vista del delincuente como un “ser libre y autodeterminado”, no es más que una versión refinada de la ley del talión (“Ojo por ojo”..). El que mata, es matado. Y concluirá con esta reflexión: “¿qué estado de sociedad es aquel que no conoce mejor instrumento para su propia defensa que el verdugo y que proclama (…) su propia brutalidad como ley eterna?
Esta refutación, por el jóven Marx, del “derecho abstracto” que reivindicaba la corriente neohegeliana, viene a cuento del asesinato de Fernando Báez Sosa. La condena que dictará el tribunal, de acuerdo a cómo interprete las pruebas exhibidas en el debate y la legislación penal vigente, no pondrá fin a las muertes provocadas por patotas. Eso no puede ocurrir en una sociedad en agonía, que celebra sus estertores con una violencia individual y política cada vez más brutal, y con la organización cada vez más sofisticada del delito. Esos estertores se manifiestan en la amenaza nuclear que encierra la guerra de la OTAN contra la Rusia proimperialista, por un lado, y la tensión con China y la mayor parte de los pueblos de la periferia semicolonial, del otro.
Como socialistas, nuestra tarea no es jugar de suplentes del tribunal, ni defender una ‘aplicación correcta’ del código penal de los estados capitalistas o el - muchas veces- peor de las burocracias stalinistas y sus sucedáneos. Ese código penal defiende la gran propiedad y el régimen de explotación, y los privilegios de camarillas. Nuestra tarea es desnudar el carácter de clase de esa violencia, como una determinación inseparable de la sociedad en la que se ejerce. Es denunciar también la violencia judicial, en especial la que se organiza en los bastidores, para mantener libres a las grandes corporaciones estafadoras o a las llamadas ‘familias del poder”. El estado actual, tribunal y reo, no puede hacerse un juicio político a sí mismo.
El conflicto de relatos del juicio contra el grupo que, con responsabilidades individuales a determinar, asesinó a Fernando Báez Sosa, está condicionado por los procesos que se siguen a Cristina Kirchner. Del lado oficial se describe a un tribunal que debe dictar sentencia apegado a las pruebas; por su parte, el lado ‘destituyente’ reivindica la soberanía del poder judicial y de sus sentencias. El abogado Fernando Burlando ya es presentado como futura compañía electoral de Massa.
Fernando Báez será victimizado varias veces más todavía para servir al relato de uno y otro. Nuestro lugar, como socialistas, no es el de militar en el concierto estratégico del orden existente, sino enlazar las circunstancias de este juicio a una crisis de alcance general.
Marcelo Ramal y Pablo Busch
26/01/2023
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