El informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Ciudad de Buenos Aires estipuló que una familia tipo de Capital Federal necesitó ganar, en diciembre del 2022, al menos $235.000 para ser de “clase media”, más de $152.000 para no ser pobre y más de $83.000 para no ser indigente. Esto sin contar alquiler ni expensas.
En tanto, al comparar las cifras informadas para la canasta básica total (CBT) y la canasta básica alimentaria (CBA) en diciembre con las de noviembre se observa que estas tuvieron un incremento de 5,6% y 5,1%, respectivamente, consagrando un 100% anual, por encima de la inflación. Si a esto sumamos el precio de un alquiler, los cuales subieron un 98,2% en lo que va del año (también por encima de la inflación), el precio de las expensas, los montos podrían, de mínima, duplicarse.
En cambio, el último informe del índice Ripte (remuneración imponible promedio de trabajadores estables) sostiene que este aumentó en octubre a $174.436,90, lo que implica una anualización del 78,84% (inferior en 9,2 puntos a la inflación anualizada a este mes). Significa que los salarios corren por detrás de los precios y que estos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una pareja, ni que hablar de una familia tipo. Esto sucede producto de las paritarias a la baja que imponen las patronales, en complicidad con la burocracia sindical, para abaratar la mano de obra y acrecentar así sus márgenes de ganancia.
En el caso de los trabajadores informales la situación se agrava. A los monotributistas el gobierno les ha actualizado los topes por debajo de la inflación, logrando que muchos trabajadores tuvieran que recategorizarse, lo que implica pagarle un monto mayor al fisco, incluso a pesar de conservar el mismo poder adquisitivo. Lo mismo ha sucedido con el Impuesto a las Ganancias, el cual absorbe a un porcentaje cada vez mayor de la población asalariada. Así, el gobierno aprovecha la estampida inflacionaria, la cual él mismo atiza con aumentos en los precios regulados por el Estado, para aumentar la recaudación fiscal en pos de cumplir con las metas impuestas por el FMI, mientras los trabajadores ven caer en picada su capacidad de consumo.
Esta política ajustadora es seguida por el gobierno de la Ciudad, quien impulsa una política de depreciación de los salarios de docentes, municipales y residentes, a la que estos últimos enfrentaron con una huelga que duró meses para arrancarle los aumentos correspondientes, recorta presupuesto en esferas públicas fundamentales y aumenta los impuestos al consumo, es decir, los que pesan más sobre los trabajadores y sectores populares. Sin ir más lejos, tanto el ABL como patentes se actualizan por inflación –cosa que no ocurre con los salarios abonados por el gobierno. Algo similar ocurre con ingresos brutos, que se traslada a los precios y por lo tanto se actualiza también por inflación, y con el impuesto sobre las tarjetas de crédito.
La lucha en las calles es la única vía para recomponer los ingresos de todos los trabajadores, peleando por un salario mínimo igual a la canasta básica y por el desconocimiento de la deuda externa. Pongamos en pie una salida propia bajo banderas socialistas, en oposición a los políticos capitalistas que nos quieren hacer pagar la crisis.
Camila García
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