En la Provincia de Buenos Aires fallecen siete de cada diez adultos mayores internados por coronavirus. El estremecedor dato lo confirmó el ministro de Salud bonaerense en una conferencia de prensa donde habló de la complicada situación de la provincia. Para Daniel Gollán, las medidas del gobierno funcionaron porque “se cortó la subida exponencial de casos de Covid-19”. Sin embargo, resulta difícil para los funcionarios ocultar los números de muertes, que hoy tienen un promedio diario de 384.
Luego de dos semanas de una “meseta” y una leve disminución en la cantidad de contagios, el día de ayer se vio una importante subida, con más de 26 mil casos, de los cuales 12.211 corresponden a la PBA y 3.170 a CABA. Esta recaída muestra las limitaciones de las medidas implementadas por el gobierno, justo cuando llega el invierno y las bajas temperaturas. También refleja otro problema que se vio durante toda la pandemia, que es el subregistro: los fines de semana y los lunes por lo general los números son menores, como se nota en que el domingo se registraron 11 mil contagios, una diferencia de 15 mil con los del último martes.
Los pronósticos indican que el invierno recrudecería las circunstancias, ya que aumenta la concentración de gente en lugares cerrados, lo que significa un aumento en la transmisibilidad del virus. Es un escenario que debería combatirse con la puesta en marcha de una política de rastreo masivo de casos (testeos) y vacunación.
Nada de eso está en la agenda del gobierno. Las consecuencias en caso de que no se tomen medidas están a la vista. El incremento en la mortalidad, particularmente de los mayores, es un anticipo del escenario catastrófico que se puede alcanzar. El ministro Gollán aceptó que el 70% de los pacientes mayores que ingresa a la UTI termina falleciendo, y lo relacionó con la aparición de cepas más virulentas y peligrosas.
Nada dijo del aumento en la ocupación de camas (ahora 5.389 en el país), que implica que los enfermos graves estén cada vez más tiempo buscando una plaza o directamente mueran esperando una. Otros, por su condición y la falta de recursos, directamente pasan a cuidados paliativos, aunque necesiten un respirador.
Si bien bajó la ocupación de camas exclusivas de Covid-19, aumentó la del resto de las patologías que requieren internación y que fueron dejadas de lado durante el año de pandemia. Los profesionales de la salud deben atender también a aquellos pacientes con patologías crónicas, lo que -sin un aumento en las contratación de personal- genera una enorme sobrecarga. En definitiva, no tienen respiro ni cuando bajan mínimamente los casos.
Además, la escasez de personal es un factor que agudiza los contagios: muchas veces son los mismos quienes atienden a los pacientes en salas Covid como no Covid, que en sintonía con la falta de elementos de protección y la sobrecarga laboral favorece la transmisión. Esto sin mencionar que en salas de espera y guardias se mezclan todo tipo de pacientes sin un criterio de separación. Es la contracara del ajuste del presupuesto en salud que han denunciado los profesionales.
La deficitaria campaña de vacunación también aporta su grano de arena a la situación. A cinco meses del inicio de la misma, han llegado unas pocas más de 10 millones y a cuentagotas. Varias provincias se quedaron sin vacunas antes de la llegada del último cargamento. Ahora cayó además el acuerdo que el gobierno firmó por la vacuna Sinopharm, puesto que China decidió cesar la exportación. Se abrió un diálogo con distintos laboratorios para producirla acá, aunque de ninguna manera esto garantiza prioridad para Argentina. Es una confesión lapidaria de que había condiciones para completar en el país la fabricación de las vacunas, a pesar de lo cual se firmaron contratos leoninos con la farmacéuticas y se montó un negociado con Sigman.
En este escenario, la puesta en marcha las de una vacunación masiva mediante la incautación de las dosis fabricadas acá y la intervención de los laboratorios con capacidades para amplificar dicha fabricación tienen que ser parte de un programa del conjunto de la clase obrera, así como la política de testeos masivos, centralización del sistema de sanitario y aumento de presupuesto en salud.
Lucía Cope
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