Uno de los principales reclamos es la renta básica: un salario familiar igual al mínimo mensual vigente, de 908.526 pesos (250 dólares). Este programa complementaría los programas sociales. Desde sectores de la burguesía dicen que se necesitarían cuatro reformas tributarias como las que planteó el exministro Carrasquilla” – el detonante de la rebelión popular. “Un salario mínimo para millones de personas, que pueden ser 20 o 30 millones según se entiende de su propuesta, valdría unos 80 billones”, mientras que “el recaudo tributario total del gobierno son 140 billones de pesos” (el tiempo, 16/5). Esta observación pone de relieve una debilidad del programa del CdP: quienes deberían financiarlo son los contribuyentes, no las patronales en forma directa, mediante el aumento de salarios. El enfoque del CnP es “populista”, no es “clasista”. El conjunto de su estrategia está dictado por la colaboración de clases.
La alcaldesa de Bogotá plantea, en su página web, una “renta básica” de solo 120.000 pesos (30 dólares), que se entregan en caso de no recibir otras asignaciones. El salario mínimo ($908.526) cubre el 60% del nivel de pobreza ($1.310.000) y el 25% de la canasta básica familiar ($3.488.577) según el DANE. La mayoría de los jóvenes cobran el mínimo. En marzo el desempleo juvenil era de 23,5%. Son los que sostienen los puntos de resistencia. La primera línea, que enfrenta el ataque de la policía,; la segunda que la refuerza; y la tercera línea, que se hace cargo de los auxilios médicos.
El otro proyecto que generó gran rechazo popular es proyecto de ley 010, mejor conocido como la reforma de salud, que aunque está paralizado en el Congreso, puede ser movilizado con la “mermelada” (corrupción). El proyecto, denuncian gremios y la Federación Médica Colombiana, autoriza el desvío de fondos públicos al sector privado. Permite la formación de grandes consorcios farmacéuticos para recibir estos “incentivos” e introduce el concepto de “prima”, avanzando en la privatización del servicio. Las “primas” –sin tope– cubren lo que no está en el “plan básico” de salud.
Sin embargo, los subsidios estatales al capiital no dejan de fluir. En Colombia, el sector salud se financia en más del 75% con recursos públicos. Se calcula que el estado gira a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) $800.000 por año por afiliado. Los gremios denuncian la “liquidación del hospital público”. La reforma habilita contratos “flexibles”.
La gestión de la pandemia de Duque ha sido un fracaso (sin pruebas, vacunas, cercos epidemiológicos) pero ha enriquecido a los prestadores de salud privada.
En relación a la educación,hay 890.000 jóvenes que acumulan deudas con el Icetex (instituto de préstamo a los estudiantes). El título universitario no garantiza más que uno o dos salarios mínimos (menos de 500 dólares).
El CNP reclama que se investiguen todas las denuncias de abusos y violaciones. Hay más de 50 muertos y más de 500 desaparecidos. La violencia sistemática contra las mujeres evidencia un plan de guerra. En respuesta, las mujeres son protagonistas de la primera línea y en los piquetes cantan “el violador eres tú”, en referencia al estado. Ante eso, el CNP propugna la feminización de la policía y promueve que las policías formen la primera línea de contención de las manifestaciones. Otro planteo, la protección de la industria, pretende atender a la quiebra del capital mediano en la crisis. La principal medida para ello, la nacionalización sin pago de los bancos y de los pulpos del comercio exterior, no figura, sin embargo, en las reivindicaciones.
El programa del CNP tiene correspondencia con su política, que es arribar a un acuerdo nacional, incluido el gobierno si es posible, o fracciones del gobierno. La oposición patronal ni se anima a considerar esa posibilidad mientras las masas sigan en las calles, y no logrará nada del gobierno si consigue sacarlas de ellas. En esto consiste el freno de mano de la poderosa movilización popular.
Emiliano Monge
19/05/2021
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