Se pretende viabilizar el regreso en un cuadro de aumento exponencial de contagios del COVID 19, con abstracción de cuál vaya a ser la situación a mediados de febrero. Actualmente, se han superado los niveles de contagiosidad que transitamos durante los meses de octubre y noviembre del año pasado. Si bien lo llaman “segunda ola”, lo cierto es que la primera nunca pudo ser controlada.
“Estrategia”
El Gobierno de la Ciudad prorrogó el decreto 147 que establece a la educación como actividad “esencial”, pero no ha actualizado los protocolos correspondientes para el funcionamiento de las instituciones educativas, por lo que no hay precisiones sobre las medidas sanitarias que se tomarían para el regreso físico a las aulas. El gobierno porteño asegura que “la mayoría” de las escuelas se encuentra “en condiciones de reabrir”, cuando docentes y familias pueden dar cuenta de que la realidad es absolutamente al revés – lo desmiente, de hecho, la crónica falta de vacantes y la nula construcción de nuevas escuelas, siendo el hacinamiento moneda corriente en las escuelas estatales, sobre todo en el oeste y sur de la Ciudad. Tampoco hubo, durante la pandemia en 2020, obras de infraestructura que garanticen mejores condiciones edilicias y sanitarias. Por el contrario, el presupuesto aprobado para el 2021 recorta obras públicas, incluida la reparación y el mantenimiento de escuelas y hospitales.
Ahora bien, el problema más grave radica en la decisión del gobierno de que la “burbuja”, en esta oportunidad, sea “el grado”. Esto implica que los docentes -sobre todo en nivel primario y medio- irán rotando por diferentes grupos, lo que aumenta las posibilidades de contagio. La mayoría de la docencia se ve forzada a trabajar dos o tres cargos debido a que el salario se ubica en los $35.000 por cargo, insuficientes para poder vivir.
El gobierno asegura que habrá dos centros de testeos en toda la Ciudad para un regreso “seguro”, y que se dispondrán de medios de transporte para el traslado de estudiantes. Según Larreta, “hoy en el mundo entero es contundente la evidencia de la necesidad de que los chicos vayan a las clases con sus docentes y compañeros", obviando la evidencia contraria que llega de Estados Unidos y Europa.
Organicemos la defensa
La línea de HRL y su ministra Acuña es un nuevo desafío político contra la docencia.
Los sindicatos UTE y Ademys han rechazado la vuelta a la presencialidad en las condiciones presentes. UTE ha planteado la necesidad de establecer un índice para la apertura de edificios escolares, similar al implementado en EEUU, que tiene en cuenta el promedio de contagios durante 14 días, porcentaje de positividad y el movimiento de la curva. Este “índice” -similar al fracasado “semáforo” promovido por el ministro Trotta- según la conducción de UTE, permitiría la “implementación de estrategias responsables”. A su vez, reclaman un calendario de vacunación docente que hoy no existe. Sin embargo, el sindicato no organizó ni una asamblea durante todo el 2020; sus “propuestas” al gobierno porteño no han sido debatidas por la base de la docencia. Ademys, por su parte, ha rechazado la posición del gobierno porteño. La ´cruzada´ por el ´retorno a la escuela´ ha reunido a los responsables de la crisis educativa.: el gobierno nacional, el kirchnerismo, Larreta y el macrismo.
Durante todo 2020, la docencia intentó sostener -con sus propios recursos, a pesar de ganar salarios por debajo la línea de pobreza-, la continuidad pedagógica de sus estudiantes, mientras los gobiernos de las jurisdicciones no se hacían cargo de los problemas de conectividad ni de sobre carga de trabajo. Tal como sucedió durante toda la segunda parte del 2020, la organización entre docentes y familias será clave para frenar esta avanzada en contra de la salud y la educación.
Flor Palombo
21/01/2021
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