La primera de ellas es que el acuerdo al que se arribó fue establecido en medio de una huelga indefinida. La huelga, de 21 días, en pleno desarrollo (más gremios se sumaban a la lucha, se salió del marco tradicional de las discusiones paritarias, en las que se dictan uno o dos paros de carácter aislado y con conciliaciones obligatorias que arregla la misma burocracia sindical. Las tres semanas de huelga, apoyada con piquetes y asambleas en las puertas de las plantas, fue el rasgo que marcó el vigor de la lucha y demostró la eficacia de la acción directa.
La segunda cuestión ha sido la reivindicación de un salario básico igual a la canasta familiar. La canasta familiar, como referencia salarial, ha desaparecido del horizonte de las direcciones gremiales y del propio Estado, que sólo mide las necesidades de la familia obrera a partir de la llamada “canasta de pobreza” – hoy, calculada $45.000, la mitad de las reales necesidades de sostenimiento de una familia trabajadora (vivienda, salud, educación).
Los trabajadores de la industria aceitera y de exportación de granos impusieron la reivindicación de un salario básico de $92.650 en la categoría inicial, que entrará en vigencia a partir de enero.
La clase obrera le torció el brazo a la patronal más poderosa del país. Los aceiteros contaban con un salario inicial de $68.678 al comenzar la huelga. Impusieron una revisión de salarios atrasados durante 2020. A partir de ello, se lleva el inicial a $70.823 en el mes de noviembre y a $74.118 en diciembre de 2020. El salario inicial de $92.648 a partir de enero de 2021 implica un aumento del 25% sobre el mínimo respecto al que se impuso al final de 2020.
El acuerdo incluye el pago de una suma extraordinaria remunerativa de $70.178 para todos los trabajadores aceiteros, que se abonará en dos cuotas durante enero y febrero. Es un aumento del 40% respecto del bono que habían percibido en 2020, de $52.000.
Estos bonos se vienen cobrando desde 2010. Siempre fueron aproximadamente equivalentes a un mes de sueldo y representan un valor similar al que se lleva el Estado anualmente por el impuesto a las "ganancias" sobre el salario, que afecta prácticamente a la totalidad de los aceiteros y recibidores de granos. El llamado bono de fin año, por lo tanto, traslada a la patronal el costo de esta confiscación impositiva. Por otra parte, las cámaras aceptaron pagar el llamado “Bono pandemia”, que desembolsarán en 9 cuotas de $10.000. El acuerdo incluye, además, una cláusula de revisión pautada para el mes de agosto de 2021. No se logró, en cambio, el pago de los días de huelga.
La huelga se generalizó a once gremios involucrados en la actividad, y se estaba transformando en una huelga general de todo el cordón. Las patronales lograron estirar en cuotas no remunerativas los pagos de los bonos de fin de año y las del bono “pandemia”, y diferir a abril el reconocimiento integral de los $92.650, que se empiezan a cobrar en enero, como salario básico. Lo que arrancó la huelga debe servir objetivamente de referencia para los demás gremios que participaron de la huelga, portuarios, Urgara y otros, y para el conjunto del país.
El ministerio de Trabajo se vio obligado a homologar, al cabo de la larga huelga, un aumento de salarios que le negó al conjunto del movimiento obrero. Las paritarias de 2020 con la anuencia de la inmensa mayoría de los gremios de la CGT y la CTA, han consagrado una depreciación enorme del básico, de privados y estatales, un festival de cuotas "no remunerativas" y la eximición de la actualización de las cargas sociales a las patronales.
Las patronales del Consejo Agroexportador tienen fuertes acuerdos con el gobierno nacional y también con el gobierno provincial de Perotti. El gobierno ha formado con ese Consejo una mesa sectorial para impulsar las exportaciones industriales. Este lobby ha obtenido un diferencial entre las retenciones a las exportaciones de materia prima sin elaborar y las industrializadas, y ahora el gobierno les ofrece un plan “plurianual" de estabilidad cambiaria y fiscal.
El 2020 termina con el triunfo de esta huelga vigorosa, a la que se suma la de los mineros de Loma Negra. En 2021 tendrá lugar la renovación de centenares de cuerpos de delegados y elecciones generales en los sindicatos.
El recrudecimiento de la pandemia reabre cuestiones vitales para los trabajadores como un nuevo cierre de las actividades no esenciales; el control obrero de los protocolos de salud; el aumento salarial de emergencia para el personal en labores esenciales y la re-apertura de todas las paritarias estatales que han sido brutalmente entregadas por la burocracia de los gremios del estado.
Juan Ferro
09/01/2021
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