viernes, 1 de enero de 2021

La vieja-nueva ´modalidad´ para confiscar las jubilaciones

En paralelo al debate en el Senado del proyecto de legalización del aborto, la Cámara de Diputados sancionó en la noche del martes -por 132 votos positivos a 119 negativos- la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Esta viene a reemplazar los aumentos por decreto -discriminados según el escalafón- que venían rigiendo desde que asumió el binomio FF, tras suspender la fórmula aprobada por Macri y los gobernadores durante las jornadas calientes de diciembre de 2017. Aquella actualizaba los haberes de acuerdo a la inflación, cuando la expectativa era que el crecimiento económico superara la indexación de precios. De paso, se postergaba por un periodo la aplicación del reajuste, un ´ahorro´ de unos $100.000 millones a expensas de los jubilados. Ahora que la economía está inmersa en una recesión, la nueva fórmula calcula los aumentos jubilatorios en un 50% en base al índice de salarios (RIPTE) y en el 50% al de recaudación de la ANSES. La nueva fórmula no contempla tampoco ninguna compensación por lo perdido frente a la inflación en los últimos cuatro años (entre un 19,5% para los que perciben la mínima y un 24,5% para el resto del escalafón). La nueva fórmula afecta a un universo de 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo (AUH) y Pensión Universal al Adulto Mayor (PUAM). Durante 2020, el gobierno decretó aumentos trimestrales ($1.500 más 2,3%, 6,12%, 7,5% y 5% en marzo, junio, septiembre y diciembre, respectivamente) que achataron la pirámide de haberes afectando en mayor medida a los beneficiarios de mayores ingresos. La ´nueva´ fórmula es similar a la que rigió durante la mayor parte del kirchnerismo, entre 2008-2017, con la diferencia de que los incrementos serán trimestrales y no semestrales como con aquella. 
 El oficialismo del Frente de Todos asegura, sin sonrojarse, que cualquier pérdida frente a la inflación se verá compensada, de hecho, por el ahorro que significa para los jubilados el plan de remedios gratis que implementó el gobiern – el ultralimitado y restringido plan Remediar. El salario diferido de quienes trabajaron toda su vida es sustituido por el asistencialismo que perpetúa la miseria. 
 Los diputados del oficialismo prometen que si el país y los salarios crecieran, los jubilados percibirían haberes por arriba de la inflación. Esto en medio de un derrumbe generalizado de todos los indicadores sociales y económicos y una devaluación en puerta. Pero además, la ley incluye como tope lo recaudado por el Anses. “La fórmula cuenta con el mismo tope que tuvo entre 2008 y 2017, sólo que antes aplicaba en septiembre porque los aumentos eran semestrales, y ahora será en diciembre. Esto significa que se observa la evolución de los recursos totales de la Anses y se los aumenta en un 3 por ciento, para otorgarle sustentabilidad al sistema, según el Gobierno” (Página/12, 30/12). En la última de las cuatro actualizaciones anuales pautadas por ley, en diciembre, se van a comparar los tres aumentos anteriores (que tomarán la variación de los salarios y la recaudación impositiva) con la recaudación total de la Anses, y si la segunda es inferior a la primera, “se reduce el aumento jubilatorio dándose el porcentaje que surge de la recaudación de la Anses” (www.mdzol.com, 30/12). El tope es una suerte de reaseguro frente a las luchas salariales del movimiento obrero que superen o empaten la inflación, como acaban de conquistar los trabajadores de las cerealeras en el Cordón de San Lorenzo, corazón económico del país. 
 La ´desindexacion´ de la economía que promueve el gobierno solo afecta a las jubilaciones y salarios, como lo confirman la nueva fórmula y el patrocinio oficial sobre paritarias a la baja, su reemplazo por sumas fijas y ´no remunerativas´ (es decir, por las que las patronales no aportan cargas sociales -en desmedro de la caja de ANSES- ni cuentan para el cálculo del aguinaldo). El ataque perpetrado contra las jubilaciones es la piedra de toque de la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. El recorte de aportes patronales, la generalización del empleo en negro y la desocupación crónica, han vaciado las cajas de ANSES, cuyo flujo de ingresos cada vez depende más de la recaudación impositiva. Esto ha llevado al Estado a considerar las jubilaciones como un ´gasto´ en el ejercicio presupuestario. En la negociación con el Fondo, el ´recorte´ del déficit fiscal ocupa un lugar central. Este tendrá lugar, en los planes oficiales, a costa de los jubilados y de quienes sobreviven con la asistencia social que también paga la ANSES. El 85% de los jubilados cobra la mínima de $19.000. La pauperización de una gran masa de trabajadores se agrava de la mano del gobierno que venía ´a poner plata en el bolsillo de la gente´. 
 La CGT no ha abierto la boca sobre la reforma jubilatoria, excepto para apoyarla. Fueron a almorzar con Fernández a cambio de fondos multimillonarios para las Obras Sociales, sin decir una palabra de está nueva fórmula de saqueo. El conjunto de los diputados sindicales del oficialismo ha votado a favor de esta nueva confiscación a los jubilados.
 La lucha contra la nueva fórmula de movilidad debe ser tomada como consigna por el conjunto del movimiento obrero, como parte de la lucha salarial. La victoria de la huelga de los aceiteros puede marcar un giro en este sentido. En la agenda obrera, la defensa del 82% móvil, la jubilación mínima equivalente al costo de la canasta familiar, por un Anses dirigido por trabajadores y jubilados, restitución inmediata de los aportes patronales, ocupan un lugar destacado. Quienes dicen que pagar esas jubilaciones es inviable, están confesando sus propia inviabilidad al frente del país. 

 Pablo Busch 
31/12/2020

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