Las estrategias de las empresas médicas contra la IVE

El domingo 24 de enero entró en vigencia la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego del veto de Alberto Fernández a alguno de los artículos, para satisfacer a los sectores clericales. En las últimas horas, empresas de medicina privada -algunas confesionales- reconocieron que están investigando cómo eludir el cumplimiento de la IVE (Clarín, 26/1). Ya en 2018 habían informado que no practicaría abortos se aprobara o no el proyecto de ley. 

 Mater Dei, el Hospital Austral, Bazterrica, la Clínica del Sol y otras similares, denuncian que la ley no admite, en forma taxativa, la objeción de conciencia institucional. Pero sí admite que todos los profesionales de una misma institución sean objetores. Por otro lado, si carecen de equipos alternativos, solamente ven obligadas a efectuar una derivación antes de diez días. Objetivamente eso “ES” objeción institucional.

 "Estamos muy tristes y preocupados con esta ley, que atenta en forma directa contra nuestra misión, visión e ideario institucional”, insiste Enrique Camerlinck, director general del Sanatorio Mater Dei. Camerlinck, de todos modos, adelanta que todos los médicos empleados en la institución son “objetores”. ¡Qué gran libertad de conciencia laboral debe encerrar esa coincidencia! 

 La estrategia judicial -recursos de amparo, judicialización de los médicos- ha sido la más utilizada por católicos y evangélicos para bloquear los abortos no punibles. “Alguna institución podría ir y demandar al Estado por obligarlos a hacer algo en contra de lo que está dentro de sus estatutos. Y hay otras instituciones que van a apelar y hacer amparos judiciales en la medida en que se vaya presentando la situación”, dijo Fernando Cesín de “Médicos por la Vida” a Clarín. En La Nación de ayer, el juez Mariano Borinsky impulsa una reforma del Código Penal que dé al traste con el derecho al aborto. 

 Off de record, voceros del clericalismo adelantan que “dejarían de atender embarazadas”, para no arriesgarse a tener que derivar a alguna solicite la IVE. Es conocido, sin embargo, que en muchas clínicas privadas los abortos ya se realizan a cambio del pago de aranceles acordados. La desregulación de las Obras Sociales, por otro lado, ha convertido a las clínicas privadas en “prestadoras” de salud, que buscarían ejercer un poder de veto en la interrupción del embarazo frente a los contratistas de sus servicios. 

 La amenaza de las clínicas va a repetirse en las clínicas y hospitales del interior del país. Semanas antes de que se votara la IVE, en Rawson, corrieron a la única médica que cumplía las ILE.

 Las amenazas directas o indirectas a los trabajadores de la salud que están a favor de la IVE existen han recrudecido. Pesa la amenaza de despido, el cese del contrato, el desplazamiento a otros puestos. Es fundamental que se tienda un puente entre las mujeres y los trabajadores de la salud, y con el movimiento obrero. 

 Valu Viglieca 

 28/01/2021