Ese reclamo de libertad para un condenado sólo podría tener sustento jurídico en un indulto presidencial, algo que Alberto Fernández rechaza. Una vinculación de esta campaña con los juicios que enfrenta la Vicepresidenta sería cuestionable si tenemos en cuenta lo que Raúl Kollman ha escrito en Página/12: “Las causas del lawfare (…) se desmoronan. Los procesos judiciales contra la expresidenta y miembros de su gobierno se siguen desarmando ante testimonios y peritajes. Las acusaciones a CFK se desinflan pese a la campaña mediática” (10/11). Esta certeza ha recibido una suerte de confirmación del lado menos inesperado. En efecto, el ‘magnettoista’ Eduardo van der Kooy, en su columna del domingo, escribe que “La habilitación”, por parte de la Corte, de “uno” de “nueve pedidos de nulidad y apelaciones que no resuelve”, “demoraría y hasta podría deslindar a la vicepresidenta del proceso” (que involucra a Lázaro Báez). ¿La Corte podría demoler el ‘lawfare’? Los juicios orales y públicos ya instalados, retruca “Tuni” Kollman, solamente servirían para desvirtuar con mayor contundencia las acusaciones a Cristina Kirchner. Cartón lleno: ¿por qué entonces la campaña para que Boudou quede libre o al menos pase los cinco años que le restan en su mansión familiar? Desde estas páginas nos volvemos a pronunciar en defensa de Luis D’Elía, como lo hacemos desde 2002, que intervino contra la comisaría de La Boca, por la compliciad de la policía con el asesinato de un activista popular.
El abanico de la guerra judicial es más amplio que lo descripto. El gobierno – o el kirchnerismo, como se quiera , ha logrado imponer una mayoría en el Consejo de la Magistratura, la encargada de designar y enjuiciar a los jueces. También puede manejar con mayor comodidad el traslado de jueces. Carlos Pagni, en La Nación, lamentó este avance enorme como un éxito estratégico del oficialismo. Para lograr este ‘gambito de dama’, el gobierno contó con la ayuda de un operador judicial del macrismo, Daniel Angelici – que acaba de recibir como recompensa una licencia para explotar el juego online del ex ‘soviético’ Kicillof, claro que acompañado de Cristóbal López, el del hipódromo de Palermo, que financia sus inversiones con dinero de la AGIP. Lejos de ‘limpiar’ Comodoro Py y la trama de jueces federales, el oficialismo ha comenzado a saborear las ventajas de la manipulación.
El desenlace de todas estas operaciones determina un enfrentamiento con la Corte Suprema. Más allá de la necesidad de un árbitro judicial afín, en sus disputas por corrupción, el gobierno necesita operar una contrarrevolución judicial, para liquidar la jurisprudencia acumulada en materia previsional, laboral y sanitaria, para cumplir con su propósito de convertir a la previsión social en un sistema de pensión a la vejez; cesar con los aportes patronales; flexibilizar los convenios colectivos y, como se manifiesta en las últimas semanas, establecer un seguro de salud, no solamente estatal sino también privado, y concentrar la atención sanitaria en menos manos.
La remoción de la Corte tiene un antecedente importante, cuando Néstor Kirchner hizo renunciar a la de la ‘servilleta’ de Menem, para instalar otra que diera su aval la pesificación asimétrica que siguió al derrumbe de la convertibilidad. No solamente esto, para que legalice el fraude bancario de 2002, cuando la Justicia y el Banco Central autorizaron la adulteración de los balances de los bancos, para respaldar su rescate financiero. Ahora se exhibe una planteo diferente, que es la creación de un Tribunal Superior, que se encargaría de la administración de justicia, reservando a la Corte una función de control constitucional. Los Fernández citan con jactancia el ejemplo de España, con la expectativa de que nadie recuerde que la Corte Constitucional española condenó la lucha de los nacionalistas catalanes como sedición y dictó duras penas de prisión. Se trata de algo mucho peor que el ‘lawfare’, pues fue una guerra judicial y militar contra la democracia de las naciones que se encuentran en el estado español.
La obtención de una mayoría en el Consejo de la Magistratura, con la complicidad de operadores macristas, deja al descubierto la intención de pactar una amnisitía política (no judicial), para que se cancelen los juicios contra unos y otros. La fuga de capitales de 2018 fue un gran desfalco, arreglado con los fondos Templeton y Pimco, que precisamente compraron bonos en pesos para financiar al gobierno, a cambio de piedra libre para sus operaciones financieras. Más allá de esto, el espionaje de los servicios macristas, el Correo, las cuentas off-shore, los dineros de Gabriela Michetti, dejan mucha tela para ‘compensar’ las corruptelas de unos y otros, si no mediante un ‘gran acuerdo nacional’, al menos con un pacto en los tugurios.
Los negociados no cesan tampoco ni en medio de esta pelea por negociados. Roberto Navarro, kirchnerista de paladar negro, ha denunciado que Victor Santa María acapara una pauta de publicidad oficial que no le corresponde. Aquí hay mucho más para escabar, porque el dueño del Suterh, se queda con canales abiertos y de cable y otras menudencias capitalistas, mientras enfrenta a los trabajadores de Página 12 por salarios. Casinos, juegos, pautas publicitarias, vaciamientos empresariales, como el de Vicentín – que no encuentran resolución por la manifiesta falta de voluntad de los Fernández y de Perotti, probablemente para no enfriar el noviazgo oficial con el Consejo Agro-industrial.
Es necesario el desenmascaramiento de los latrocinios de unos y otros; de las complicidades que anudan; de sus proyectos judiciales reaccionarios; de la subordinación de toda la política corriente a la renegociación de la deuda eterna con el FMI.
Jorge Altamira
11/01/2021
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