“El ataque a las psicopedagogas es parte del vaciamiento de la salud”

Entrevista a Laura Chaves, del colectivo de psicopedagogxs

Ante el intento del gobierno de recortar fuertemente la cantidad de profesionales habilitados para ejercer en el ámbito de la salud, por medio de legislaciones arbitrarias, Prensa Obrera entrevistó a la psicopedagoga Laura Chaves, que participó de una asamblea del colectivo de Prestadores Precarizados en Salud y Educación.
¿Cuál es la pelea que viene dando el colectivo de psicopedagogxs?
Es una lucha que se origina el año pasado cuando la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo encargado de regular a las obras sociales y prepagas, emitió de manera inconsulta la Resolución 887. En ella se cambian los requisitos del trabajo en perjuicio del trabajador, porque se estipula que, a diferencia de lo que ocurre desde hace décadas, ahora es necesario estar inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores para facturar y cobrar los tratamientos.
No obstante, para inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores hay que estar matriculado y tener título universitario, algo imposible para psicopedagogos y otros profesionales que brindan prestaciones de apoyo o complementarias, porque nuestros títulos no aplican para las categorías de matrícula nacional. Para peor, muchos somos egresados de institutos de formación terciaria, con un título cuyas incumbencias profesionales abarcan los servicios de salud, pero que es rechazado arbitrariamente por los organismos del Estado, bloqueando nuestro derecho a trabajar y a ejercer nuestra profesión.
Los psicopedagogos nos vimos seriamente afectados. Durante el año pasado, producto de la movilización del colectivo, hemos logrado la posibilidad de matriculación de la mayoría de nuestros títulos. Lo cual no es un detalle menor, pues significa que el Estado nos reconoce como profesionales del área de la salud. Vale aclarar que, en la Ciudad de Buenos Aires, la licenciatura de Psicopedagogía sólo se dicta en universidades privadas.
¿Cómo se organizaron?
La organización fue bastante difícil, como todas las organizaciones de lucha. Lo primero fue reunir la mayor cantidad de colegas y compañeras afectados por esta situación. Cuando fuimos a reclamar a la Superintendencia de Servicios de Salud, nos respondieron que era “una resolución tomada” y que no pensaban cambiarla. O sea que, con gran cinismo, nos dejaban sin trabajo, luego de años de ejercer la profesión, y nos mandaban a “seguir estudiando” en la esfera de la educación privada. Fue ahí que, después de varias movilizaciones, decidimos recurrir a la justicia y realizar un amparo colectivo. Se encuentra en el Juzgado en lo contencioso y administrativo N°5, a cargo de la jueza María Alejandra Biotti. Luego de un arduo proceso, en el mes de diciembre de 2018 se dictó una cautelar favorable para nosotros y, este mes, una ampliación de la misma. Con lo cual, las colegas que presenten el amparo van a poder inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores.
Por otro lado, quiero remarcar que esto fue posible por la movilización del colectivo de psicopedagogas, gracias al esfuerzo y organización que emprendimos. Entendemos que esta medida cautelar es fruto directo de esa lucha y movilización. Tiene muchas connotaciones positivas para nosotras, pero, ante todo, significa el resguardo y recuperación de nuestras fuentes laborales y el respeto por las incumbencias profesionales.
¿Cómo continúa esta lucha?
En principio, continuar apoyando la lucha por los colegas que faltan inscribir. Entendemos que la lucha es por la inclusión y reconocimiento de todos los profesionales, no sólo los psicopedagogos: también los psicomotricistas han sido afectados por esta normativa. Es una lucha que nos va a llevar mucho tiempo, pero estamos dispuestos a darla.
Por otro lado, comprendo, que este tipo de medida no es algo aleatorio y al margen de las políticas de ajuste implementadas por este gobierno, sino que forma parte de este ajuste brutal que estamos padeciendo. Desde que asumieron, quieren hacer pasar por “ordenamiento” lo que claramente es un “vaciamiento”. El ataque a las psicopedagogas es parte del vaciamiento de la salud. Si no, de qué otra manera podemos explicarnos los aumentos miserables que recibe nuestro colectivo de trabajo.
Para terminar, quiero decir que nos seguimos organizando por nuestros reclamos, junto a muchos otros trabajadores y colectivos del área, para manifestarnos contra las políticas de vaciamiento, recorte y precarización impulsadas por el gobierno.

Luciano Arienti