El relato del “enfrentamiento” armado luego de un “ataque” de jóvenes mapuches en Villa Mascardi se cae a partir de un fallo de la Cámara de General Roca. Por ahora otros prefectos lograron zafar.
La Cámara Federal de General Roca, provincia de Río Negro, dictó un fallo que desautoriza de cabo a rabo el relato construido desde el 25 de noviembre de 2017 por el Ministerio de Seguridad de la Nación con la complicidad del gobierno peronista de la provincia y del juez federal Gustavo Villanueva.
En su sentencia, la jueza Marian Lozano y sus pares Richard Gallego y Ricardo Barreiro ordenaron la detención del efectivo de Prefectura Naval Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros de esa fuerza, bajo la acusación de matar con su fusil al joven mapuche Rafael Nahuel.
A su vez ordenó que se juzgue al prefecto por “homicidio agravado” y no por “exceso en la legítima defensa”, que es el cargo que le había aplicado en enero pasado el juez Leónidas Moldes.
Pericias mediante, Pintos quedó totalmente comprometido en el crimen, ya que se determinó fehacientemente que su arma fue la que contenía el proyectil homicida. Por eso la Cámara falló en su contra, dándole una vuelta de tuerca al procesamiento del prefecto.
Sin embargo Lozano, Gallego y Barreiro dictaron en el mismo fallo la “falta de mérito” de los compañeros de Pintos, que ese mismo día dispararon junto a él contra el grupo de jóvenes mapuches de la comunidad Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi.
“Falta de mérito” no significa “inocencia” ni “culpabilidad”, es decir que siguen sujetos a investigación judicial. Pero mientras tanto los albatros Carlos Sosa, Sergio Cavia, Sergio García y Juan Obregón gozarán de los beneficios de no ser procesados, tal como sí lo había dictado en enero el juez Moldes con los mismos cargos que pesaban sobre Pintos, “homicidio cometido con exceso en la legítima defensa”.
Vale recordar que en aquel fallo, el juez Moldes había procesado a los cinco prefectos pero por un delito que es excarcelable y que les garantizó la libertad durante todo este tiempo. Ahora a Pintos lo mandan a detener, pero sus compañeros y cómplices mejoran notablemente su situación.
Moldes también había procesado, en ese mismo acto, a los jóvenes Fausto Jones Huala y Lautaro González, miembros de la comunidad mapuche, por el delito de “usurpación” de tierras. Ellos son quienes cargaron con el cuerpo agonizante de Nahuel desde la montaña hasta la ruta luego de la balacera de Prefectura. En el caso de Jones Huala, fue detenido a mediados de marzo de este año y fue condenado en juicio abreviado a seis meses de prisión por haberse resistido con piedras al ataque de 114 balazos de los efectivos de Prefectura. La doble vara clasista y racista del Poder Judicial.
Nahuel murió de un disparo por la espalda el 25 de noviembre de 2017 en el terreno de Villa Mascardi. Los prefectos adujeron que patrullaban el lugar cuando fueron atacados por los jóvenes y que ejercieron su defensa con sus armas.
Pese a que por el momento la Cámara “salvó” a cuatro de los miembros de la patrulla asesina, el procesamiento con prisión preventiva del oficial Pintos por “homicidio agravado” no hace más que confirmar que el relato armado por Patricia Bullrich, su segundo en el Ministerio Pablo Noceti y la Prefectura Naval, acerca de la represión de parte de esa fuerza federal a un ataque armado de los mapuches, es insostenible.
¿Será procesada, juzgada y condenada la ministra (y varios de sus funcionarios) por mentir, encubrir asesinos y garantizarles su impunidad?
La Izquierda Diario
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