Hoy se cumple un nuevo aniversario del Malón de la Paz, donde comunidades kollas de Jujuy y Salta marcharon a pie hasta Buenos Aires para exigir al presidente Perón la restitución de sus tierras ancestrales. Pasaron 73 años y ningún gobierno se las entregó. Hoy el reclamo sigue vigente.
Pasaron 73 años del llamado Primer Malón de la Paz y el reclamo de las comunidades originarias por la restitución de sus territorios y la entrega de sus títulos comunitarios sigue vigente. En aquel entonces, un 15 de mayo de 1946, más de 150 integrantes de comunidades kollas de Jujuy y Salta iniciaron una marcha hasta Buenos Aires que duró casi tres meses. El propósito de semejante hito fue la demanda de restitución de sus tierras al primer gobierno de Perón.
El impulso para la marcha se produjo por el hartazgo por parte de los indígenas que soportaban el hostigamiento y sometimiento de terratenientes vinculados al poder político que se hicieron de haciendas en las tierras de las comunidades. Además las expectativas generadas por el triunfo de Perón (que asumiría días después de que comience la marcha), quien había prometido una reforma agraria y la expropiación de tierras en la puna para los indígenas, al cual vieron como una oportunidad inédita para presentar sus reclamos. El cobro de arriendos se realizaba, en muchos casos, por la fuerza, obligando a integrantes de las familias a trabajar en ingenios azucareros como en San Martín de El Tabacal, ubicado en Orán, Salta, del cual era dueño el terrateniente Robustiano Patrón Costas, quien fuera candidato a presidente por el Partido Demócrata.
Luego de 81 días de caminata los kollas llegaron a Capital Federal a principios de agosto luego de recorrer más de 2 mil kilómetros. Fueron recibidos por Perón, sus funcionarios y una multitud de personas, con mucha prensa: la tapa de la Revista Ahora se titulaba “¡Por fin los coyas tendrán tierra!, mostrando demagógicamente a Perón con los líderes indígenas. Los kollas fueron paradójicamente alojados durante un mes en el Hotel de los Inmigrantes en el cual fueron custodiados por fuerzas policiales armadas de manera permanente. El reclamo de los indígenas no fue escuchado ni tuvo respuestas favorables.
A fines de agosto tropas de la Marina de Guerra arremetieron, por orden del gobierno, contra los manifestantes que dormían, golpeándolos y obligándolos a subirse a un tren que los llevó a Jujuy de madrugada sin ninguna respuesta a sus demandas. Los indígenas volvieron a sus territorios luego de ser reprimidos, vigilados por las fuerzas armadas para que nos se bajaran del tren, con la promesa de pronta entrega de sus títulos comunitarios que fueron desvaneciéndose con el tiempo y en el aire las palabras de Perón, que incluso puso en cuestión la representatividad de los indígenas maloneros.
Luego de varios años, Perón decretó dar inicio a la expropiación de las tierras, aunque las mismas nunca fueron expropiadas. La reforma agraria prometida no llegó. Las tierras puneñas pasaron de la órbita privada a la estatal y en algunos casos, hubo entrega de títulos individuales, pero de usufructo por una sola generación.
Segundo Malón de la Paz: el reclamo por las tierras continúa, las promesas perduran
Ya en el siglo XXI, 12 años después de la reforma de la constitución nacional de 1994 que reconoce derechos de los pueblos indígenas, se desarrolló el Segundo Malón de la Paz. Esta vez unas 120 comunidades de la provincia de Jujuy movilizaron en agosto del año 2006, desde la puna, quebrada y valles hasta el cruce de la ruta 9 y 52 a la altura de la localidad de Purmamarca, durante el gobierno peronista de Eduardo Fellner. El reclamo era el mismo que hace 60 años atrás: la restitución de sus territorios.
Unos mil indígenas rechazaron la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno provincial contra un fallo judicial -que fue inédito- a favor de las comunidades. El mismo reconocía los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que ocupan e instaba al gobierno a entregar los títulos de propiedad de las mismas en los próximos 15 meses. La medida contemplaba la entrega de 1,5 millones de hectáreas a comunidades kollas y guaraníes de diez departamentos de Jujuy.
Ante la falta de respuesta los indígenas cortaron las rutas durante varios días hasta tener respuestas del gobernador Fellner e incluso enviaron un escrito al entonces presidente, Néstor Kirchner, para que pueda interferir. La medida fue levantada con la promesa de entrega de 29 títulos comunitarios en el 2006 (un 25% según el gobierno) y el resto durante el 2007, las cuales otra vez quedaron en el aire.
Sin títulos comunitarios de sus tierras, el saqueo y la expulsión de los indígenas persiste
Actualmente autoridades de diversas comunidades originarias de Jujuy afirman que hasta el momento solamente se entregaron alrededor de 50 títulos comunitarios de tierras, habiendo en Jujuy más de 250 comunidades con personería jurídica y más de 300 que se reconocen como tales.
El Programa de Relevamiento Territorial Indígena (ReTeCI) iniciado en el año 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, fue denunciando por las comunidades y sus organizaciones por el bajo nivel de relevamiento y la enorme cantidad de fondos destinados. Esta situación llevó a una tensión constante y conflictos como sucede en Neuquén, Chubut, Río Negro, Formosa, Salta o Jujuy.
La restitución de las tierras ancestrales a las comunidades indígenas de Jujuy sigue siendo un derecho negado por los distintos gobiernos de turno, ya sea del PJ como del actual oficialismo cambiemita (UCR/FR), que siguen avalando un modelo de desarrollo productivo que va en detrimento de los derechos de los pueblos originarios y a favor del negocio capitalista de las empresas multinacionales vinculadas a la minería, el negocio de la energía solar, el turismo y la extensión de la frontera agropecuaria con el monocultivo de la soja o de la caña de azúcar.
El saqueo de los recursos naturales y la explotación minera por parte de multinacionales como la suiza Glencore en Compañía Mina El Aguilar, reúne casi 100 mil has. en territorio indígena y avanza la extranjerización de las tierras en esos territorios, como menciona recientemente un estudio (((http://www.chequeado.com/investigacion/quienes-son-los-duenos-de-las-tierras-en-la-argentina/))) que da cuenta de que el 26.1 % de las tierras del departamento de Humahuaca son extranjeras, 11.1 % más de lo permitido).
Además de negarles los títulos comunitarios de sus tierras, Gerardo Morales hizo votar en la Legislatura a principios del 2016 la Ley 5915, de Servidumbre, que avasalla el derecho de los pueblos originarios a la consulta libre, previa e informada (garantizada por el Convenio 169 de la OIT, aprobado por la ley 24.071) y del uso y manejo de sus territorios respetando su cultura, modo de vida y producción. Por debajo de las tierras ancestrales pasan gasoductos para generar millones en ganancias de empresarios con el negocio de los servicios esenciales, aunque las familias que viven ahí en su mayoría no cuentan con gas natural.
Se pretende desarrollar la producción de energía solar en esos territorios para que todo se lleven los empresarios chinos y el saqueo de minerales como el litio por parte de multinacionales como Toyota o Mitsubishi, mientras las familias de la puna y la quebrada engrosan las filas de la pobreza. Actualmente existen varios conflictos y denuncias de comunidades originarias, como las de la Cuenca de Salinas Grandes y Guayatayoc, que visibilizan distintos atropellos del gobierno, empresarios y terratenientes, sin garantizar si quiera la consulta previa, libre e informada.
La restitución y títulos comunitarios de las tierras ancestrales indígenas, un reclamo vigente
La prórroga de la Ley 26.160 que suspende los desalojos de las comunidades indígenas del país hasta que se culmine con el relevamiento territorial es un paso adelante para la entrega de los títulos comunitarios indígenas, aunque insuficiente ya que no los garantiza. Esta ley fue producto de la movilización y la lucha de los pueblos originarios durante años a costa de persecución, criminalización por luchar e incluso asesinatos, que avalaron todos los gobiernos de turno del PJ y la UCR o ahora la coalición Cambiemos.
El movimiento obrero jujeño, las mujeres y la juventud se han nutrido y son parte de las nuevas generaciones que descienden y son parte de esos pueblos, claves para poder generar la unidad entre trabajadores y sectores oprimidos de esta sociedad capitalista para conquistar este y otros derechos negados. Nuestro mejor homenaje a los indígenas que dedicaron su vida en la lucha por sus derechos, es plantear la alianza necesaria para su conquista, como también proponerse la conquista de una sociedad donde se termine con la explotación del hombre por el hombre pero también con la opresión de los pueblos.
Natalia Morales
Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales
* Nota escrita en mayo del 2018.
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