La CGT ha manifestado que se opone a que las obras sociales sindicales se hagan cargo de los abortos de las trabajadoras afiliadas. El triunvirato le pedirá una reunión al ministro de salud, Adolfo Rubinstein, para manifestar su oposición y le exigirá explicaciones sobre los recursos que financiarían la ley, alegando que las obras sociales no podrán afrontar ese costo.
La elevación de los costos para las obras sociales es una tesis absolutamente falsa que los burócratas utilizan para sumarse a la campaña política de la Iglesia contra este derecho de las trabajadoras.
Desde que se supo la noticia y por iniciativa de representantes sindicales de la Coordinadora Sindical Clasista, se está girando un petitorio en repudio al boicot abierto por parte de la CGT, al reclamo de aborto legal del movimiento de mujeres. Las trabajadoras proponen que esta iniciativa sea firmada por el conjunto de delegadas y delegados sindicales que apoyan este derecho fundamental para las mujeres trabajadoras y denuncian que el estado caótico de las obras sociales sindicales es responsabilidad exclusiva de las políticas gubernamentales de devaluación y de la administración absolutamente irregular que llevan adelante las conducciones sindicales burocráticas.
El pronunciamiento burocrático es parte de una contraofensiva de los enemigos del aborto legal que se suma a las maniobras en el Senado para derrotar el proyecto de la Campaña que logró la media sanción en la Cámara de Diputados en el marco de una movilización de un millón de personas.
La diputada nacional del PO-FIT y secretaria general del Suteba Matanza, Romina Del Plá, precisó al respecto que "a los bloqueos del clero y el poder político en la conquista de este derecho para las mujeres ahora se suma la conducción de la CGT. Esta actitud es coherente con la destrucción salarial y los despidos que han habilitado. La conducción de la CGT le tiene pánico a la organización de las y los trabajadores, y estando de espaldas a nuestras demandas pretenden sustentar su poder sobre la base de alianzas con gobiernos y con el clero”.
A su vez, Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras y delegada sindical de APUBA-CGT (trabajadores no docentes) denunció que “la administración totalmente antidemocrática que lleva adelante la burocracia en las obras sociales beneficia al sector privado de salud, en gran medida monopolizado por sectores ligados al clero como se ha visto en pronunciamientos de empresas de salud contra el cumplimiento no solo de la ley futura que vamos a conquistar, sino de la legislación vigente sobre despenalización del aborto. Las obras sociales sindicales también se han resistido a los tratamientos de fertilización asistida, por la misma razón, la protección del negocio para las empresas de salud por sobre los intereses de las y los afiliados”.
Desarrollemos una gran campaña contra el boicot de la CGT como parte de la lucha por el aborto legal, por los derechos de las mujeres y para que no tengamos una muerte más por abortos clandestinos.
Prensa Obrera
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