Desde la vuelta de la democracia fueron asesinadas 3773 personas por el aparato represivo estatal
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó el pasado 16 de noviembre el “Informe anual de la situación represiva”. Las cifras, que no son sólo números, son cada vez más alarmantes: desde 1983 se contabilizan 3.773 casos de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, y en proporción a la cantidad de habitantes, Santa Fe es la provincia que carga con más muertes en su espalda.
Como cada año, desde 1996, la Correpi (que es una organización política que activa en el campo de los Derechos Humanos, con especificidad frente a las políticas represivas del Estado) presentó en Plaza de Mayo el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado, la denuncia de los ataques que sufren a diario, con el constante hostigamiento que todo barrio pobre conoce, y la represión que sufren los trabajadores organizados y en lucha. Hasta el día de la presentación del archivo fueron asesinadas por las fuerzas represivas del aparato estatal 3773 personas desarmadas, esto desde la vuelta de la democracia en 1983. Casi el 59% fueron crímenes cometidos durante la gestión kirchnerista: 2.224 muertes entre los gobiernos de Néstor y Cristina.
Los datos recogidos por la Correpi durante 16 años de trabajo, lucha, militancia y organización, no han podido ser desmentidos ni puestos en duda por ninguno de los gobiernos denunciados por la represión estatal. Miles de asesinados por el gatillo fácil y la tortura, asesinados en la protesta social, cientos de presos políticos, miles de procesados por razones políticas, centenares de desaparecidos. Siempre en “democracia”. Los casos que incluye el archivo se cuentan desde el 10 de diciembre de 1983, aunque la información disponible sobre los años ochenta es poca e incompleta, y año a año se van sumando todos los casos que van apareciendo. Hasta hoy, se llevan registrados 182 asesinatos, y se especula que para fines de 2012 el número de casos será más estremecedor.
La recopilación de datos se hace cada vez más difícil ya que muchos casos no llegan a conocerse por la creciente invisibilización, especialmente los que afectan a los sectores más vulnerables de la sociedad. En muchas provincias sólo se cuenta como fuente lo poco que trasciende en medios de comunicación, con todo lo que eso implica: la estigmatización, la criminalización de la pobreza, y las realidades disfrazadas. La información es más completa en las localidades donde existe militancia, todas aquellas organizaciones que integran el Encuentro Nacional Antirrepresivo (ENA) contra la represión estatal. A pesar de la acción de estas organizaciones, aun no es fácil obtener los datos reales de los muertos por gatillo fácil, los asesinados en cárceles y comisarías o torturados, ya que éstos muchas veces no son recogidos por los medios, o son incorrectos.
La represión preventiva es la que se aplica a los sectores más humildes, más pobres, más vulnerables, a lo largo y ancho del país. Los crímenes cometidos contra jóvenes y pobres sólo trascienden cuando se hace escuchar la voz de los familiares, de las organizaciones, de la lucha popular. Del total de muertos por la represión estatal, el 46% fueron víctimas del gatillo fácil, mientras que un 39% fueron asesinados en cárceles, comisarias o bajo custodia. Cabe destacar que, según el archivo, casi la totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino “arbitrariamente detenidas por aplicación de las más efectivas herramientas de control social, la averiguación de antecedentes y los códigos de faltas y contravenciones”.
Ser joven y ser pobre: un delito
El 47% de los casos corresponde a menores de 25 años. Este indicador no es casual, los blancos de la represión son los más humildes, quienes viven en las villas y barriadas populares o quienes “encajan” con el perfil buscado. Si se suman los menores de 35 años el número alcanza unos 2900, supera el 77% del total. El periodista y luchador social Herman Schiller estuvo a cargo de la conducción del acto en la histórica Plaza de Mayo y rompió con el mito de la “policía gaucha que toma mates y conversa con la gente en el interior del país”.
La represión en la provincia de la bota
Quienes ejercen la represión, mayoritariamente son las policías provinciales: el 58% de las muertes registradas (2.163 casos).
La provincia de Buenos Aires lleva registrados 1.759 casos, seguida por Santa Fe con 465, y Córdoba con 265 asesinados por la represión del Estado. Buenos Aires acumula casi el 47% del total de muertes, muy por encima de Santa Fe (13%) y Córdoba (8%), pero la diferencia aparece cuando se compara con la cantidad de habitantes.
Como la diferencia poblacional de algunas provincias sobre otras es abismal, en el archivo de Correpi se calcula la incidencia de la represión estatal en relación a la cantidad de habitantes para tener una imagen más clara. De esta manera, la provincia de Santa Fe lleva la delantera, con un índice de 146 muertos por millón de habitantes. Tierra del Fuego sigue la lista debido a su escasa población: 135 asesinados por millón de habitantes. Tercera queda Buenos Aires, la provincia con más muertos, pero con un índice menor en relación a sus habitantes: 113 muertes.
En el informe se destaca que el hecho de que las dos provincias que encabezan la lista sean gobernadas una por el socialismo y otra por el ARI, confirma que las políticas represivas no son patrimonio exclusivo de una provincia ni de un partido político en particular: “son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante, gobierne quien gobierne”.
Los muertos de la protesta social
La represión selectiva es la que se aplica a quienes protestan contra el gobierno, contra las empresas, es contra quienes salen a la calle por pan, por vivienda, por defender sus territorios. Contra los que luchan.
Las muertes por la represión en manifestaciones, movilizaciones y reclamos suman 68 desde 1995. Durante el gobierno de la Alianza, con Fernando de la Rúa como presidente, fueron asesinadas 45 personas, de las cuales 39 cayeron el 19 y 20 de diciembre de 2001. Santa Fe fue la provincia con más muertes por la represión policial durante esos días: nueve personas perdieron la vida y tan solo en dos hubo condena para los autores materiales, pero quienes dieron la orden siguen caminando impunes.
Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner la escalofriante cuenta llega a 17 muertos por la represión a la protesta social. Sólo la Alianza carga con más muertes en la represión a movilizaciones populares que la actual gestión. Los gobiernos de Menem, Duhalde y Néstor Kirchner se llevaron dos vidas cada uno.
Muchos de ellos ya son mártires, ejemplos de lucha, símbolos, bandera. Claudio “Pocho” Lepratti, Carlos Fuentealba, Mariano Ferreyra, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, Teresa Rodríguez, Aníbal Verón, Roberto López, Daniel Solano, Cristian Ferreyra y Miguel Galván. Son sólo algunos de los nombres inmortalizados en la lucha.
El verdadero rostro del gobierno de los DDHH
El número es escalofriante: 3.773 muertos por la represión del Estado desde la vuelta de la democracia. Durante los gobiernos de Néstor y Cristina se registraron el 58,94% del total. La gestión de Néstor Kirchner se llevó 988 vidas y hasta la presentación del archivo, la Correpi lleva sistematizados 1.236 asesinados durante la gestión de Cristina Kirchner.
En la era kirchnerista se registran 19 casos de muertos por la represión de la protesta Además, durante los años 2009 y 2010 se dieron los índices más altos en la represión que terminaron en la muerte de 281 y 282 personas respectivamente. El 2012 todavía no superó las dos centenas de muertes, pero desde Correpi afirman que se superará esa cifra cuando se complete el año y se recojan los casos que demoran en ser conocidos.
El triunfo electoral de Cristina Fernández de Kirchner llegó con una nueva Ley Antiterrorista para cumplir con exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), controlado por Estados Unidos, a fines de 2011. Con esta ley, los inversores internacionales se aseguran ejercer control sobre los movimientos sociales que pudieran perjudicarlos. Esta ley se suma a otras sancionadas también por el kirchnerismo.
Con la aplicación de esta ley, se duplican las penas de cualquier delito “que hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Desde la Correpi destacan este hecho como la primera señal sobre lo que sería la política represiva para 2012. Cualquier persona que se movilice reclamando trabajo digno, vivienda, salario, salud, educación, por luchar contra el extractivismo, la megaminería, puede ser acusado de terrorista.
“A esta política de represión selectiva, aplicada a quienes protestan contra el gobierno o las empresas, se suma un claro perfeccionamiento de la política de represión preventiva aplicada a los sectores más humildes a lo largo y ancho del país”, denuncia el Informe anual de la situación represiva. Y sigue: “A la militarización de los barrios pobres del sur de la Ciudad de Buenos Aires, y del conurbano bonaerense, mediante los operativos ‘Cinturón Sur’ y ‘Centinela’, respectivamente, se agregó, durante este año, el desembarco de las Fuerzas Armadas en las villas miserias, en el marco del Plan Nacional de Abordaje Integral (Plan AHI)”. También destacan que para poder ejercer un grado de control represivo aun mayor en los sectores más pobres, han desplegado miles de gendarmes y prefectos a quienes “intentan lavarles la cara ante la sociedad haciéndoles cumplir algunos actos de beneficencia”, mientras se suman a los negocios de la droga, los robos y la prostitución.
La represión tercerizada, golpear sin mancharse las manos
También existe una realidad, otra modalidad, que es la represión paraestatal protagonizada por patotas, “generalmente de la burocracia sindical, y sicarios contratados por empresarios” que se benefician con el modelo “nacional y popular”. Correpi participa como representante de una de las querellas en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, en el que aseguran que se está demostrando la íntima relación entre los intereses de los empresarios, de la burocracia sindical y de los gobiernos de turno, incluido el kirchnerista. Los medios de comunicación invisibilizan, ocultan y tergiversan los hechos represivos presentándolos como enfrentamientos gremiales entre fracciones sindicales, y sacando del juego a las fuerzas de choque paraestatales.
El informe ratifica que “la represión es una política de estado, que hay miles de procesados por luchar; que hay presos políticos, trabajadores perseguidos, apresados y asesinados por luchar contra las patronales y las patotas; que aumenta la criminalización de la protesta, mientras el gobierno vota leyes ‘antiterroristas’ y manda gendarmes a espiar e infiltrar a los sectores organizados. Que hay desaparecidos, decenas de asesinados en movilizaciones populares; militarización de los barrios; gatillo fácil y ‘absoluciones fáciles’ para los asesinos de uniforme; torturas y asesinatos en cárceles, comisarías e institutos de menores”.
El accionar de los diferentes gobiernos desde 1983 ya se cargó 3.773 muertos por el gatillo fácil y la tortura en centros de detención, mayoritariamente, 197 desaparecidos, 68 asesinados por luchar y miles de militantes represaliados. “De una punta a la otra del país, el estado sigue disciplinando al pueblo, esté organizado o no”, afirman desde Correpi.
La Correpi defiende a los pobres, a los trabajadores y a los que luchan desde hace casi dos décadas. Su trabajo no se limita sólo a la sistematización de los datos disponibles sobre personas asesinadas por el aparato represivo estatal, sino que luchan para revertir la situación. Luchan por construir un futuro en el que no muera un pibe por día víctima del gatillo fácil. Luchan por los verdaderos criminales, los del crimen organizado, contra las fuerzas represivas del Estado. Su grito es “¡Contra la represión, organización y lucha!”. Y por los 3.773 caídos por la represión estatal, es necesario que ese grito llegue a todas partes.
Fabián Chiaramello
Cooperativa de Comunicación La Brújula
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